Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Expediente N° 01-26042

En fecha 31 de octubre de 2001, el ciudadano Alvaro Bonell Azulay, titular de la Cédula de Identidad N° 1.744.965, en su carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS IDENVE, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 10 de febrero de 1998, bajo el N° 39, Tomo 23-A-Pro., asistido por el abogado Luis Tadeo Bonell Ron, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 58.462, interpuso ante esta Corte recurso contencioso administrativo de anulación conjuntamente con acción de amparo constitucional, contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° SPPLC/048-2001, dictada en fecha 17 de septiembre de 2001 por la SUPERINTENDENCIA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA.

En fecha 5 de noviembre de 2001, se dio cuenta a la Corte y por auto de esa misma fecha, se ordenó oficiar a la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, con el objeto de que remitiera a esta Corte los antecedentes administrativos del caso, y se designó ponente al Magistrado César J. Hernández B., a los fines de que la Corte decida acerca de su competencia para conocer del presente recurso y eventualmente sobre la suspensión de efectos del acto administrativo impugnado.

Mediante decisión de fecha 13 de diciembre de 2001, esta Corte declaró su competencia, admitió el recurso contencioso administrativo de nulidad y procedió a declarar improcedente la solicitud de amparo constitucional cautelar.

En fecha 13 de febrero de 2002, visto que estando las partes a derecho ninguna procedió apelar la sentencia dictada por esta Corte en fecha 13 de diciembre de 2001, se procedió a remitir a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia copia certificada del mismo, a los fines de la consulta obligatoria a que se refiere el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

En fecha 6 de marzo de 2002, se pasó el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de la continuación de la causa.

En fecha 5 de junio de 2002, el Juzgado de Sustanciación de esta Corte libró el Cartel para el emplazamiento de los terceros interesados, de conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

En fecha 13 de junio de 2002, la recurrente consignó el Cartel publicado de acuerdo con la previsión contenida en el artículo 125 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

Por auto de fecha 9 de julio de 2002, el Juzgado de Sustanciación dejó constancia de la apertura del lapso para la promoción de pruebas, de conformidad con la previsión contenida en el artículo 127 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

En fecha 17 de julio de 2002, la abogada Jasmín Coromoto Sequera, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 36.105, actuando en su carácter de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil recurrente, consignó escrito de promoción de pruebas en el presente juicio.

En fecha 30 de julio de 2002, el abogado Homero Alberto Moreno, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 87.137, consignó escrito de oposición a las pruebas promovidas.

En fecha 8 de agosto de 2002, el Juzgado de Sustanciación de esta Corte admitió las pruebas promovidas por la recurrente, en cuanto a lugar en derecho salvo su apreciación por la definitiva, por no ser manifiestamente ilegal ni impertinente, desestimando los alegatos de la oposición interpuesta.

En fecha 14 de agosto de 2002, siendo la oportunidad fijada para la designación de los expertos, compareció la parte promovente y se dejó constancia que la representación judicial de la República no compareció; haciéndose la designación de rigor en la persona del ciudadano Ricardo Torassa Arobbio, titular de la cédula de identidad N° 5.596.086, e inscrito en el Colegio Nacional de Ingenieros bajo el N° 34.324.

En fecha 1° de octubre de 2002, el Juzgado de Sustanciación de esta Corte, visto el acto de designación de expertos en fecha 14 de agosto de 2002, acordó de conformidad con el artículo 457 del Código de Procedimiento Civil, la designación del segundo y tercer experto, para los cuales se designó a los ciudadanos Jorge Alí Triana Florez y Alexander Pedrique Leal, titulares de las cédulas de identidad Nros. 13.951.201 y 13.747.085, respectivamente, los cuales procedieron a la aceptación del cargo y a la juramentación de rigor, en fecha 8 de octubre de 2002.

Por auto de fecha 5 de noviembre de 2002, el Juzgado de Sustanciación de esta Corte ordenó librar un oficio dirigido a la Empresa Skylite 21, C.A., a los fines de que permita a los expertos designados proceder a practicar la experticia de rigor, vistas las imposibilidades denunciadas por éstos.

Mediante escrito de fecha 21 de noviembre de 2002, el abogado Daniel Benarroch, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 50.538, actuando en su condición de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil Skylite 21, C.A, expuso que “cumplo con notificarles que dicha asignación (sic) no cumple con las expectativas del caso”, refiriéndose a los expertos designados; y agregó que la prueba no puede ser suministrada por su Empresa por tener altos costos económicos, para finalizar concluyendo que, solicita “pruebas adicionales a las ya solicitadas por la parte recurrente”.

Mediante escrito de fecha 3 de diciembre de 2002, el abogado Alvaro Bonell Azulay, ya identificado, se opuso al pedimento formulado por el tercero interviniente.

En fecha 14 de enero de 2003, se dio inicio a la relación de la causa.

En fecha 29 de enero de 2003, en la oportunidad fijada para que tuviera lugar el acto de informes, la abogada Veronique Lucette González Serryn, actuando en su condición de representante judicial de la República, consignó el respectivo escrito de informes.

En fecha 26 de febrero de 2003, el abogado Alvaro Bonell Azulay, actuando en su carácter de autos, consignó igualmente su respectivo escrito de informes.

En fecha 8 de abril de 2003, se dijo “Vistos” y, se ordenó pasar el expediente a la Magistrada ponente.

Por auto de fecha 10 de abril de 2003, vista la elección de la nueva Directiva, la cual quedó conformada de la siguiente manera: Juan Carlos Apitz Barbera, Presidente; Ana María Ruggeri Cova, Vicepresidenta; y los Magistrados Evelyn Marrero Ortíz, Luisa Estella Morales Lamuño y Perkins Rocha Contreras, se reasignó la ponencia a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

En fecha 11 de abril de 2003, se pasó el expediente a la Magistrada ponente, a los fines de que dicte la decisión correspondiente en el presente caso.

Revisadas las actas que conforman el expediente, esta Corte pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I
DEL RECURSO DE NULIDAD

La recurrente fundamentó su pretensión, en los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

Que en fecha 1° de septiembre de 2000, introdujo una denuncia ante la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia sobre: “(…) a) las conductas de EL MUNDO DE LAS ALARMAS, empresa que ha venido publicitando a través de diversos medios ‘grabaciones de profundidad imborrable’ que son efectuadas con ‘punta de diamante’ y señala que se trata de ‘tecnología suiza’ (...); y b) la empresa SECURMARK Suiza, por mantener una página web en Internet en la cual anuncia grabaciones indelebles y que su máquina modelo IE3000A puede efectuar grabaciones con una profundidad que va desde 0,00 hasta 1 mm. de profundidad (...)”. (Mayúsculas de la parte recurrente).

Que la Resolución impugnada se halla viciada de falso supuesto, toda vez que la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia “(…) da por efectuada una denuncia que no existió”; al expresar en el acto administrativo impugnado que la recurrente denunció a la Sociedad Mercantil Inversiones Skylite 21, C.A. ante esa autoridad administrativa, siendo que su denuncia en realidad iba contra las Empresas El Mundo de las Alarmas y Securmark Suiza, “(…) y que la mención a la otra sociedad Skylite 21, C.A., es sólo en su carácter de representante exclusivo de la empresa suiza propietaria del método competidor de (su) producto”.

Que la Resolución impugnada, “(…) señala que se le requirió a la denunciante que consignara un vidrio templado para vehículos y se omite mencionar que posteriormente consta (...) que se consignaron dos (2) vidrios templados adicionales, obviando el que los tres (3) vidrios templados fueron grabados por Skylite”.

Que el acto administrativo recurrido identifica de manera errática a la persona nombrada como experto técnico en el procedimiento administrativo, toda vez que “(…) cita la Resolución (...) que en fecha 26 de marzo de 2001 se nombró como experto técnico de Fondonorma al ciudadano Ismael Enrique Valera, para luego afirmar que el 18 de abril de 2001 se le concede una prórroga de nueve días hábiles al ciudadano Ismael Díaz, cuando su nombre en verdad es Ismael Enrique Díaz Valera, cédula de identidad N° 6.965.204, lo que consta (...) en el expediente administrativo, en la oportunidad en que este perito de Fondonorma es juramentado en Procompetencia”. Aduce que esta confusión “(…) además de evidenciar una falta total de atención, cuidado o esmero en la instrucción del expediente, implica el basar su decisión en hechos falsos, pues de existir el ciudadano Ismael Enrique Valera, no es la persona sobre quien recayó el nombramiento (...)”.

Que hubo una omisión en la Resolución objeto del presente recurso de nulidad, por la cual se silenció el hecho de que “(…) IDENVE, C.A. (...) presentó un vidrio templado grabado por ella para que el mismo pudiera ser sometido a prueba de borrado por Skylite o por Procompetencia”. Sostiene que la falta de esta mención, genera el vicio de silencio de pruebas y desconoce el principio de globalidad de la decisión administrativa.

Que los vicios últimamente señalados también se hacen presentes en el acto impugnado, al no aparecer en su texto lo concerniente a la denuncia hecha por oferta engañosa, “(…) porque las grabaciones efectuadas con las máquinas de SECURMARK se borran debido a la poca profundidad que poseen, hecho que se alegó tanto en la denuncia original (...) como en la ampliación de la misma”.

Que al aceptar la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, el valor probatorio de la copia del título de patente titulada “Nueva Identificación para Vehículos, Procedimientos y Equipos”, omitió “(…) señalar que la citada patente contiene en su página siete (7), bajo el título de Profundidad de las Grabaciones, una especificación sobre la profundidad que deben tener las mismas para ser imborrables y la especificación de cómo se borran las grabaciones en los vidrios, y que allí se establece que las grabaciones que poseen menos de 0,2 mm. de profundidad se borran (...)”. Reincide con ello, sosteniendo los vicios de silencio de pruebas y desconocimiento del principio de globalidad de las decisiones administrativas. “De la misma manera yerra al no estimar la solicitud de medición de profundidad de las grabaciones de ambas empresas, lo que habría aportado en definitiva otro argumento sobre la falsedad de la publicidad desplegada”.

Que la aplicación que hizo la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia de las Normas Covenín, para determinar si el grabado de su competidora era imborrable, no guardaba correspondencia con la naturaleza de la controversia. Ello, por cuanto los parámetros de dureza que establecen dichas normas (como la prueba de ball drop, prueba de resistencia del vidrio al impacto, mediante pelota de hierro de cierto peso lanzada de 2.5 m. de altura sobre el vidrio), pierden eficacia técnica, toda vez que “(…) los vidrios, por el simple hecho de haber sido grabados o esmerilados, ya no cumplen con las citadas normas y por lo tanto no se puede pretender que para borrar una grabación en un vidrio templado para automóvil, haya que lograr también que el vidrio cumpla nuevamente con las normas que perdió a causa de haberlo grabado”. Se configura, concluye, un vicio de falso supuesto en el acto recurrido.

Que el objeto de la experticia practicada por Fondonorma (Informe N° 01) en sede administrativa, era distinto a demostrar la veracidad de lo alegado en la denuncia, “(…) se recuerda que el alegato fue y es que las marcas hechas con la punta de diamante, se pueden borrar. Nunca se esgrimió que eso se podría lograr con el producto que se menciona en el informe ni que el borrado se pudiera efectuar sin mediar alteración alguna a las propiedades del vidrio”. Señala que la importancia de determinar si se ha borrado o no la grabación, no obedece a si el vidrio permanece incólume, al contrario, atiende exclusivamente a la identificación del vehículo respectivo (finalidad esta que, aduce, no la contemplan las Normas Covenín). “Es irrelevante si después de borrada la grabación, el vidrio queda marcado, pues en la práctica la citada grabación resultará inútil para demostrar la identidad del vehículo. (...) Se debe impedir que empresas anuncien (...) que sus grabaciones son imborrables, cuando es algo muy fácil de hacer (...) con un esmeril se puede borrar la grabación en dos minutos”; como en efecto quedó demostrado en el segundo Informe de Fondonorma, que no fue valorado por la autoridad administrativa accionada.

Que la Resolución administrativa objeto del presente recurso de nulidad, atribuyó valor de plena prueba a documentos aportados al procedimiento administrativo por terceros, que no fueron ratificados posteriormente por sus correspondientes autores mediante una prueba testimonial, de acuerdo al artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por disposición del artículo 58 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Que al valorar como plena prueba la copia simple del contrato suscrito entre Securmark e Inversiones Skylite 21, C.A., la cual según afirma no había sido ratificada en el procedimiento administrativo, la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, infringió “(…) el artículo 429, en concordancia con los artículos 508 y 509, todos del Código de Procedimiento Civil, y causando indefensión a la parte accionada (sic) por menoscabo al examen de tal prueba”. Se configura así un falso supuesto, pues esa autoridad administrativa reconoció la validez probatoria de las copias simples, al no haber sido impugnadas en su oportunidad por el hoy accionante, “(…) cuando en realidad la ley no le reconoce valor probatorio alguno”.

Que la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia incorporó dentro de los elementos de juicio de su decisión, unas pruebas obtenidas en Internet, pero ignorando lo previsto en el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil en lo relativo a señalar en el acto administrativo, la forma de evacuación “similar o analógica” a una de las pruebas tarifadas, de esa información obtenida de Internet. Ello, invoca, le impide “(…) ejercer el control del medio empleado, viéndose en indefensión y violando su garantía del derecho constitucional del debido juicio y defensa”.

Que en contra de los criterios señalados por la doctrina relevante en la materia, la autoridad administrativa recurrida valoró como hecho notorio “(…) un aviso inserto en la Revista Estampas, encarte dominical del diario El Universal de fecha 20 de octubre de 2000”.

Que en la Resolución impugnada se atribuye un errado valor probatorio a la prueba denominada “De la reconstrucción de un hecho llevado a cabo por el funcionario instructor”. “Las facultades de que invistió al funcionario por él (Superintendente) designado, no pueden ser justificativas para después descalificarlo, sin que ello signifique una auto calificación. (...) La constatación si las grabaciones en el vidrio se borran o no, no requiere ningún conocimiento científico especializado, basta verificar el resultado de la prueba observada”.

II
DE LOS ARGUMENTOS DE LA RECURRIDA

En fecha 29 de enero de 2003, la abogada Veronique Lucette González Serryn, ya identificada, actuando en su carácter de representante de la República, consignó escrito de informes, en el cual expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

Que el recurso contencioso administrativo de nulidad debe ser declarado inadmisible, toda vez que, según arguye, se encuentra incurso en el supuesto de hecho a que se refiere el numeral 6 del artículo 84, en concordancia con el numeral 4 del artículo 124 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, esto es, en el sentido de que se denuncia que el recurso es “ininteligible y contradictorio”, dado que, según afirmó, la recurrente expresó que la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia “da por efectuada una denuncia que no existió”.

Que “(…) la ininteligibilidad y contradicción que caracteriza el presente recurso contencioso administrativo de nulidad, afecta el derecho a la defensa de mi representado en este juicio, al no estar establecido en forma clara, lúcida y diáfana los vicios en que la recurrente sustenta su pretensión”.

Que la Resolución impugnada, no se encuentra viciada de falso supuesto toda vez que, dicho organismo, en el caso concreto, ha ejercido sus facultades conferidas por ley, sin distorsionar los hechos o los elementos probatorios que han sido aportados al procedimiento administrativo.

Que “La Resolución N° SPPLC/048-2001, es el resultado del exhaustivo análisis y valoración de los hechos y las pruebas realizado por la Superintendencia. El hecho de que la misma no haya sido favorable a la recurrente no significa que la misma esté viciada de falso supuesto como pretende hacer ver la recurrente al señalar que Pro-Competencia ‘da por efectuada una denuncia que no existió; al expresar en el acto administrativo impugnado que la recurrente denunció a la Sociedad Mercantil Inversiones Skylite 21, C.A., ante Pro-Competencia, siendo que su denuncia en realidad iba contra las Empresas El Mundo de las Alarmas y Securmark Suiza, ‘(…) y que la mención a la otra sociedad Skylite 21, C.A., es sólo en su carácter de representante exclusivo de la empresa suiza propietaria del método competidor de (su) producto’”.

Que “Respecto a este alegato, esta representación observa que en fecha 17 de agosto de 2000, el ciudadano Alvaro Bonell Azulay, en su carácter de representante de IDENVE consignó por ante Pro-Competencia escrito de denuncia contra la Empresa SKYLITE, representante en Venezuela de la Empresa Suiza SECURMARK (…)”.

Que la denuncia que dio lugar a la apertura del procedimiento administrativo, consistió en que, la representación de Idenve, C.A, imputó que la Empresa Skylite efectuaba propaganda donde ofrecía grabaciones de vidrio con profundidad imborrable, incurriendo en publicidad engañosa, así como efectuando publicidad en descrédito del producto ofrecido por Idenve, C.A.

Que si bien es cierto que la referida publicidad que se encuentra en el expediente administrativo de la marca Securmark, emana del establecimiento El Mundo de las Alarmas y no de la Empresa Skylite, no es menos cierto, según afirma, que del contrato de representación entre Securmark y Skylite, se evidencia que esta última es la representante exclusiva para Venezuela.

Que es improcedente la denuncia de que la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia inobservó el principio de globalidad del acto administrativo, cuando según estimó la recurrente, no valoró las pruebas aportadas, ello, toda vez que, según aduce la representante de la República, la referida Superintendencia valoró exhaustivamente las pruebas fundamentales tales como, la experticia que corre inserta en el expediente administrativo, desechando tácitamente tan sólo aquellas pruebas que estiman no se constituyen en fundamentales para el resultado o conclusión que habrá de plasmarse en el acto administrativo definitivo.

Que resulta igualmente improcedente la denuncia de competencia desleal, por cuanto la mencionada Superintendencia determinó que Skylite, C.A. no usó publicidad engañosa destinada a señalar desventajas o riesgos del producto de Idenve, C.A., no existiendo así una práctica de competencia desleal que pudiere perjudicar el mercado, donde la conducta denunciada no impidió, restringió, falseó, o limitó la libre competencia.

III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Llegada la oportunidad para decidir, corresponde a esta Corte emitir su decisión de mérito sobre el fondo de la litis, previo a la consideración de los siguientes elementos que constituyen -neurálgicamente- el controvertido argumentativo, en cuanto a determinar o no si la Resolución que se impugna, esta es, la Nº SPPLC/7048-2001 de fecha 17 de septiembre de 2001, emanada de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, está viciada de nulidad por razones de ilegalidad, para lo cual habrá que analizar si: (i) De lo que consta en autos la Sociedad Mercantil Inversiones Skylite, C.A. incurrió o no en las prácticas contenidas en los ordinales 1º y 2º del artículo 17 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia y; (ii) Si la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia al momento de dictar su Resolución, inobservó o no las pruebas aportadas por la Empresa denunciante Idenve, C.A., previo a lo cual habrá que proferir sobre las defensas perentorias opuestas por la recurrida en torno a la inadmisibilidad de la acción planteada.

En efecto, se observa que la representación judicial de la referida Superintendencia, alegó la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto, toda vez que, según señala, el accionante incurrió en contradicciones insalvables en su escrito recursivo y que por tal motivo, devenía en inteligible la demanda; configurándose así el supuesto de hecho establecido en el ordinal 4º del artículo 124 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, el cual remite al ordinal 6º del artículo 84 eiusdem, señalando a su vez, que por tratarse de una denuncia de orden público, nada obsta para que esta Corte lo advierta, aún y cuando, la causa se encuentre en estado de sentencia definitiva.

En atención a ello, ciertamente observa esta Corte que el artículo 124 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con el artículo 84 eiusdem, consagran el deber del Órgano Judicial de examinar los supuestos de inadmisibilidad de los recursos que sean interpuestos.

Asimismo, debe advertirse que dado el carácter de orden público que revisten tales requisitos, los mismos pueden ser revisados en cualquier estado y grado del proceso, de suerte tal que la inobservancia de alguno de estos supuestos por parte de cualquier Tribunal, pudiere acarrear su denuncia mediante el recurso de apelación en los plazos y formas a que se contrae el artículo 162 y siguientes de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

En ese sentido, cada sentenciador deberá estimar, previo a la admisión del recurso contencioso de anulación, los siguientes elementos: (i) Que no exista recurso paralelo; (ii) Que de lo que se desprenda de las pruebas que hasta ese momento cursen en autos, devenga en evidente la cualidad e interés del recurrente; (iii) Que no exista prohibición de ley; (iv) Que el conocimiento de la acción corresponda a ese Tribunal; (v) Que no se hayan interpuesto acciones incompatibles o excluyentes, como tampoco, que se hayan formulado peticiones contradictorias; (vi) Que no exista precariedad en la documentación fundamental para la interposición inicial de la acción; (vii) Que el escrito recursivo no contenga conceptos ofensivos, irrespetuosos, ininteligibles o contradictorios, (viii) Que según se desprenda de autos, resulte incuestionable la representatividad del actor y, (ix) Que el recurrente haya agotado la vía administrativa. (Vid. Artículos 84 y 124 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia).

Lo que acarrea, que la parte que pretenda la firmeza del acto administrativo impugnado (en este caso, la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia y la Empresa denunciada en vía administrativa Skylite, C.A.), pudieren en cualquier estado y grado oponer cualquier motivo de inadmisibilidad que haya sido inobservado, como en efecto lo realizaron.

Así pues, se advierte que el único aparte in fine del artículo 124 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, estatuye que el acto que inadmita el recurso por la verificación de cualquiera de los supuestos contemplados en sus ordinales y, los previstos en los ordinales 1º, 2º, 3º, 4º, primera parte del ordinal 5°, 6º, 7º del artículo 84 eiusdem, deberá motivarse suficientemente, aplicándose lo previsto en el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pudiéndose apelar dentro de los cinco (5) días de ("audiencias") despacho siguientes, para ante el Tribunal competente.

En tal sentido, debe advertirse, que las oportunidades procesales con que cuenta un tercero opositor interesado o la autoridad de quien emanó el acto administrativo, para hacer valer las razones que fundamenten la declaratoria de inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo de anulación, bien “in limine litis”, o bien en la definitiva, son las siguientes: (i) De forma inmediata o sucedánea al tener conocimiento de la interposición del recurso contencioso administrativo de anulación; (ii) Desde el momento de la interposición del recurso hasta el auto de admisión, (iii) Dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a la publicación del cartel de emplazamiento, a que se contrae el artículo 125 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y, (iv) En estado de sentencia, al haberse dicho “Vistos”, por ser los motivos de admisibilidad de incuestionable orden público.

En ese contexto, el Órgano Judicial tiene el deber de examinarlos, pues de no hacerlo, incurriría en el vicio de infracción de norma por falta de aplicación de los artículos 124 y 84 antes señalados, siendo así susceptible de denuncia el fallo emitido mediante el recurso de apelación.

En efecto, tal y como se ha venido señalando, la jurisprudencia tanto de la Sala Político Administrativa de nuestro Máximo Tribunal de la República como de esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, han advertido sobre el carácter de obligatoriedad en el examen sobre los requisitos de admisibilidad de cualquier demanda o recurso, al reputarlos como motivos de orden público; al punto de que su incumplimiento puede ser alegado en cualquier tiempo por cualquier parte, o aún de oficio, con independencia de lo que exprese el auto de admisión, siendo a su vez, que dichos motivos de inadmisibilidad son taxativos.

Así, establecido lo anterior, se encuentra esta Corte compelida en proveer sobre la denuncia formulada por la representación judicial de la accionada sobre la pretendida contradicción e ininteligibilidad del escrito recursivo, pues, según afirmó, la recurrente expresó que la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia “da por efectuada una denuncia que no existió”, dado que, la actora arguye que no procedió a denunciar a la Empresa Skylite, C.A., sino a la sociedad El Mundo de las Alarmas y a Securmark Suiza.

Igualmente, en el decir de la representación judicial de la accionada, en el escrito recursivo no está establecido de forma clara, lúcida y diáfana los vicios en que la recurrente sustenta su pretensión.

En tal sentido, esta Corte observa que de la lectura detenida del recurso de nulidad conforme al rigor del artículo 124 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia, con el artículo 84 eiusdem (sujetos a interpretación restrictiva al ser una sanción procesal), se observa que el mismo no contiene una contradicción o ininteligibilidad de suficiente magnitud como para aparejar su inadmisibilidad. De hecho, la advertencia formulada por la recurrente, consistente en que no intentó denuncia en contra de Skylite, C.A., y que en su lugar la referida Superintendencia así lo estimó, en realidad encierra una denuncia recursiva sobre el fondo de la litis, al comportar una imputación de falso supuesto a la Resolución impugnada, lo cual, lejos está de configurar una contradicción.

En similar sentido, respecto a lo argumentado por el Órgano recurrido, en cuanto a la pretendida inexactitud y deficiencia en la técnica de denuncia de los vicios de nulidad que se invocan en el recurso; ello, en virtud de que, aún a pesar de que el mismo adolece del uso de ciertos métodos de estilo para las impugnaciones de actos en el contencioso administrativo, no obstante, según se observa, el recurso es lo suficientemente diáfano para colegir sus denuncias y pretensiones. Situación en descargo de la recurrente que se refuerza por la circunstancia de que, la técnica recursiva en el contencioso administrativo no se corresponde con el rigor y formalidad requerida y exigida para recursos extraordinarios como el de Casación y, huelga profundizar, sobre la posibilidad o poder que tiene el Juez Contencioso Administrativo de detectar, incluso de oficio, los vicios del acto que se impugna; pudiéndose, inclusive, apartarse de la calificación o denominación que de ellos efectúe el recurrente, y sin que eso obste para la declaratoria de nulidad que se pretende.

Con lo cual, por los asertos expuestos, se desestima la solicitud de declaratoria de inadmisibilidad opuesta por la representación de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia. Así se declara.

Ahora bien, concluido el análisis sobre las defensas perentorias, corresponde a esta Corte entrar sobre la resolución del fondo controvertido, para lo cual, observa que, la actuación verificada por la Administración (la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia) en el caso concreto, -en virtud de una denuncia de la hoy recurrente-, se encuadra en la típica consecución de una competencia de policía administrativa en el área económica, la cual de conformidad con la ley, tendrá atribuida la posibilidad de imponer sanciones por el quebrantamiento de la normativa especial que rige su ámbito de actuación, esta es, la contenida en la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia (en lo sucesivo: Ley Procompetencia), la cual instaura en nuestro ordenamiento jurídico -desde principios de la década de los noventa: 1992-, el régimen de libre competencia y antimonopolio.

Dicho régimen a su vez obtuvo consagración de rango constitucional, cuando el Constituyente de 1999 declaró que el régimen socioeconómico de la República se fundamenta -entre otros- en el principio de libre competencia (ex artículo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela); así como también, con el establecimiento de reproche y censura de todas y cada una de las actividades que se consideren restrictivas o contrarias de la libre competencia (Vid. Artículos 113 y 114 eiusdem).

En efecto, esto es, no otra cosa sino la constitucionalización del régimen de la competencia, irradiando su supremacía y rigidez a las normas legales promotoras y protectoras de la libre competencia y, entre estas, las referidas a sus tipos sancionatorios, tales como: el monopolio, el abuso de la posición de dominio, la competencia desleal y cualquier tipo de práctica concertada (horizontal o vertical, salvo las excepciones establecidas por ley).

Con lo cual, resultará consustancial con el ejercicio de tales actividades, que la propia Administración inicie o aperture procedimientos administrativos orientados a restablecer el orden que, como garante, debe preservar para el sano desarrollo de una parcela de la actividad económica, que necesariamente, se encuentre regulada por el Estado, bien sea de oficio, o a instancia de parte, en cuyo último caso, siempre resultará compelida en proveer sobre sus denuncias, mediante la apertura del procedimiento administrativo de rigor, tal y como en efecto así ocurrió en el caso concreto, por el cual, los representantes judiciales de la actora Idenve, C.A. efectuaron imputaciones por la comisión de ilícitos administrativos, en particular, la presunta realización de actos reputables como competencia desleal en los términos a que se refiere el artículo 17 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia.

En consecuencia, se advierte que la apertura de un procedimiento administrativo (en esta clase de regímenes que revisten efectos multipolares por la cantidad de agentes económicos involucrados), no sólo se justifica por la evidente garantía que significa para el particular imputado, sino también, por la necesidad que comporta -por el objeto tutelado para el Estado: el mercado y los consumidores- que se provee sobre las imputaciones (denuncia) que formule cualquier otro competidor dentro de un mercado relevante, y cuyas motivaciones sean, precisamente, la de cuestionar los modos de proceder del competidor y las afectaciones y daños que padezca por los primeros.

Ello así, se advierte que se observa que en los casos aperturados por denuncia, las imputaciones y petitorios del presunto afectado, por sí solas, relevan a la Administración de la carga que implica (a diferencia de los casos en que se actúa de oficio), de comprobar o verificar -de forma preliminar- aquellos elementos o indicios que produzcan una duda razonable sobre la comisión del hecho denunciado, capaces de justificar la apertura de un procedimiento de fondo.

Esto es, que habiéndose intentado una denuncia que satisfaga los extremos del artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la Administración tiene el deber de iniciar o aperturar un procedimiento administrativo de carácter controvertido (fisonomía triangular), otorgándosele, a ambas partes, todas y cada una de las garantías procedimentales, tanto, bien para el imputado, como también, para quien de conformidad con el ordenamiento jurídico (Constitución y ley), pretende el restablecimiento de su situación ante los pretendidos actos anticompetititvos (Vid. Sentencia de esta Corte de fecha 3 de mayo de 2001, caso: Polar-Regional); máxime aún cuando, por la especialidad de la materia (competencia), le resulta vedado al particular denunciante ocurrir por ante los tribunales ordinarios, dado que, dicho conocimiento carecería de jurisdicción, cuando la detenta, incuestionablemente, la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia (PROCOMPETENCIA), tal y como así ha sido establecido por la Sala Político Administrativa del Máximo Tribunal de la República (Vid. Fallo del 29 de enero de 2002, caso: Alfonso Rivas & CIA).

Ahora bien, habiéndose aperturado el procedimiento administrativo, bien de oficio o a instancia de parte, debe advertirse que, si bien se trata de una situación por la cual la Administración de Policía Económica se ve forzada en instaurar semejante procedimiento tendente a la imposición de una sanción a un particular por el quebrantamiento de la normativa impuesta para la explotación económica de alguna actividad, no obstante, dicha actuación sancionatoria, - en simple apariencia- sólo agotada en el ámbito administrativo, no escapa al debido respeto y apego a los principios que alimentan a todo el derecho sancionador, indistintamente la naturaleza jurídica que encierre el hecho repudiado por la legislación.

Esto último, en el sentido de que, si bien no se trata de la imposición de una sanción por la verificación de un hecho delictual, no obstante, en el momento actual del desarrollo de los derechos de los justiciables, dicha actividad, exclusivamente administrativa, debe sujetarse o respetar las garantías y derechos de los imputables, aún y cuando se trate de la imposición de una sanción por ilícitos meramente administrativos.

En tal sentido, dispone la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 49 (cuyo equivalente son los artículos 60, 68 y 69 de la Constitución de la República de Venezuela de 1961) una serie de garantías procesales, que toda autoridad debe observar, en los términos siguiente:

“Artículo 49.- El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones, judiciales y administrativas; en consecuencia:
1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley.
2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.
… omissis …
6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.
7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente”. (Subrayado de esta Corte).

Por otra parte, a nivel legislativo se observa, que el artículo 10 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, desarrolla la aludida garantía constitucional de la reserva legal en materia de sanciones, trasladándolo a los procedimientos administrativos sancionatorios, cuya manifestaciones pueden observarse en cuanto:

(a) La necesidad de una tipicidad expresa (nullun crimen nulla poenae sine lege), aún cuando, sí es susceptible de dejar cierta discrecionalidad en titularidad del funcionario sólo en lo que respecta al quantum de la sanción pecuniaria o no, con base al límite mínimo y máximo, no obstante, sujeta a los principios de la debida proporcionalidad, idoneidad y adecuación al supuesto de hecho de la norma que sirve de fundamento (ex artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos).

(b) El mantenimiento de medios y oportunidades de defensa durante todo el procedimiento (derecho a la defensa).

(c) La proporcionalidad y adecuación a los fines y supuestos de hecho de las normas punitivas. En ese sentido, la sanción debe ser proporcional a la infracción cometida y, en caso de ser posible, las medidas a ser tomadas para restablecer el orden infringido deben ser suficientes, evitando tanto los excesos como las carencias (ex artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos).

(d) La garantía de la irretroactividad de las normas sancionatorias; esto es, no pueden aplicarse nuevas tipificaciones a hechos ocurridos con anterioridad.

(e) Prohibición de la sanción reiterada por un mismo hecho (non bis in idem).

(f) El establecimiento de la carga de la prueba sobre el órgano que pretenda imponer la sanción, como una manifestación del principio de la presunción de inocencia mientras no se pruebe lo contrario.

(g) La necesidad de la debida subsunción del hecho imputado con el supuesto de hecho del tipo sancionador, esto es, el debido examen para la fijación del hecho consumado dentro de la norma que lo califica como ilícito administrativo.

Ahora bien, con respecto al caso concreto, se observa que la recurrente dice habérsele violado su derecho al debido proceso, al estimar que la Resolución impugnada ha incurrido en silencio de pruebas, respecto a la experticia practicada en sede administrativa.

En tal sentido, ciertamente se observa que la Resolución impugnada desestima el valor probatorio de la experticia pues, concluye que, la misma es contradictoria pues (folio 24 de la Resolución): “(…) el experto afirmó que se utilizó una metodología con propiedades abrasivas capaces de no alterar las condiciones de seguridad de los vidrios, a cuyo ensayo el grabado efectuado por la empresa Skylite, no reflejó evidencias de borrado (folios 387 y 388 del expediente). Posteriormente, en fecha 5 de junio de 2001, respondiendo a una aclaratoria solicitada por este Despacho en relación a ampliar las propiedades abrasivas del óxido de cerio como elemento utilizado para el borrado del vidrio, el experto sostuvo que se trató de una pulitura que elimina rayaduras. No obstante, agrega si se quisiera concertar en evaluar las propiedades de imborrabilidad o no de un vidrio sin tomar en cuenta las condiciones de seguridad del mismo, (…) tendríamos que utilizar otra metodología (…) para la realización de estas pruebas habría que contactar un laboratorio que esté en capacidad de realizar estos ensayos y en estos momentos no tengo la información exacta si existe alguno en el país”.

Todo lo cual, según la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, no sólo que evidencia una contradicción en el decir del experto, sino también que, arroja que ella misma exprese y aduzca su incapacidad para probar o alcanzar el objeto planteado con su promoción como prueba.

Por otra parte, de la Resolución impugnada se observa que la referida Superintendencia concluyó con respecto a la experticia y con relación al fondo mismo de la controversia, que: “(…) ha quedado suficientemente explayado a lo largo del texto de la presente Resolución, que la publicidad falsa y engañosa debe tender a la eliminación de los competidores en el mercado, competidores estos que como quedó asentado pueden ser actuales o potenciales. La publicidad desplegada por Skylite, no constituye una política comercial dirigida a desplazar o eliminar a los competidores, en especial a la empresa Idenve, ya que la cualidad de imborrabilidad o no del servicio de grabación que ellos ofrecen, no es el elemento determinante en la escogencia de este servicio, tal y como ha quedado evidenciado a lo largo del texto de esta Resolución. No posee, entonces, la aptitud para desplazar a su competidor del mercado, requisito este consagrado de manera textual en la letra de la Ley.” (Subrayado de esta Corte).

En atención a lo anteriormente expuesto, puede colegirse que, en criterio de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, que aún cuando la experticia fue evacuada (y a su vez desestimada por contradictoria e ineficaz para probar concluyentemente la “imborrabilidad” o no de los grabados), no obstante, como quiera, igualmente, la suerte final o conclusión del procedimiento -para la verificación de la práctica denunciada-, no dependía (singularmente considerada) de la exactitud o no sobre las propiedades ofrecidas por los grabados de Skylite.

En otras palabras, la “borrabilidad” de los grabados, por sí sola, no generaría los daños repudiados y sancionables por el régimen de competencia, del tipo sancionador “competencia desleal”, en virtud de que resultaba necesario proceder a indagar sobre el impacto o no de los hechos denunciados respecto de la competencia y del usuario, ello, dentro de un mercado relevante, en el cual, se ponderarían elementos como la sustituibilidad del producto; la penetrabilidad del mercado por el denunciante y su posición en el mismo (como para valorar sus pretendidos daños desde el prisma de la competencia), y si los hechos denunciados tienen o no la virtualidad o capacidad de entidad suficiente como para “eliminar” al resto de los competidores.

En tal sentido, esta Corte observa que la tendencia de requerir consecuencias relevantes en el mercado y en los competidores para configurar el supuesto de hecho del tipo sancionador (ilícito administrativo) de la competencia desleal, esto es, la conceptualización de un tipo no meramente objetivo, sino que revista o comporte consecuencias verificables, no es extraño en otras legislaciones como la Española en donde, por ejemplo, el artículo 7 de la Ley de Defensa de la Competencia (última reforma por Ley 52/1999) exige, concurrentemente, que ese acto de competencia desleal distorsione gravemente las condiciones de competencia del mercado y que esa grave distorsión, a su vez, afecte al interés público.

En tal sentido, el Vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia, Doctor Julio Pascual y Vicente, en su obra “Diccionario de Derecho y Economía de la Competencia en España y Europa” (Editorial Civitas, Madrid, 2002, pp. 54 y 55), al referirse al tipo sancionador de la competencia desleal, advierte -para el caso español en el cual, tal conducta puede ser conocida tanto por la agencia administrativa de la competencia (“Tribunal” de Defensa de la Competencia) como por los tribunales civiles-, que la última reforma de dicho artículo 7 (competencia desleal) estableció “(…) cierto rigor respecto de las circunstancias que han de darse para una conducta desleal (…)”, siendo, que “(…) el Tribunal de Defensa de la Competencia, en doctrina reiterada, había venido matizando tan imprecisa expresión (afectar al interés público) en el sentido de exigir, para tomar conocimiento de una conducta desleal, que la afectación al interés público fuese consecuencia de un falseamiento importante de la competencia en el mercado (Vid. p.e. Resol, exote, 180/96, Hidroeléctrica del Ampudán, 14-V-1997).” Agregando el autor que: “(…) el artículo 7 es sobre todo una precisión, al señalar que cuando, a juicio del Servicio de Defensa de la Competencia, no concurran dichas circunstancias, procederá al archivo de las actuaciones (…)”.

Situación aún más clara se patentiza en la legislación venezolana que data de 1992 (Gaceta Oficial N° 34.880 del 13 de enero de 1992), en la cual, se consagra el artículo 17 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, el cual estatuye un condicionante fáctico para la configuración del tipo sancionador, esto es, contiene o exige consecuencias que, en virtud de la acción, modo de proceder o conducta del agente económico, deben verificarse para que sean reputables como competencia desleal, en los propios términos del derecho de la competencia.

Ello así, se advierte que la conducta cuyo reproche se exige mediante la imposición de una sanción administrativa (en caso de denuncia), haya sido de suficiente entidad como para producir, tender o aspirar “la eliminación de los competidores” mediante “publicidad engañosa o falsa dirigida a impedir o limitar la libre competencia”; “la promoción de productos y servicios con base en declaraciones falsas, concernientes a desventajas o riesgos de cualquier otro producto o servicio de los competidores, y el soborno comercial, la violación de secretos industriales y la simulación de productos”.

Conductas todas estas generadoras de las sanciones administrativas -cuya competencia corresponde a la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia-, pero que dejan a salvo, por supuesto, las acciones judiciales que igualmente asistan a las partes (Vid. Artículo 55 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia; (Vid. Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 29 de enero de 2002, caso Alfonso Rivas & CIA.), para la reclamación de daños y perjuicios, como también, y de forma autónoma y sin referirse a temas de competencia, las acciones o recursos que versen sobre otros regímenes, como por ejemplo, el régimen de la propiedad industrial, salubridad pública, protección al consumidor, entre otros, en donde, el objeto de protección o principio tuitivo no es la de proteger al mercado y a los consumidores “de las conductas que le restrinjan, limiten o falseen”.

En ese mismo sentido, ya esta Corte ha tenido oportunidad de asentar que: “(…) para determinar la existencia de una práctica de competencia desleal, se requiere que la conducta denunciada pueda impedir, restringir, falsear o limitar la libre competencia (…)”, agregando que: “(…) la aplicación del artículo 17 de la Ley ha de estar también presidida por la permanente intención de evitar que prácticas competenciales incómodas para los competidores puedan ser calificadas, simplemente por ello, de desleales, cuando dichas prácticas no produzcan distorsión alguna en el mercado o en la competencia (…)”. (Sentencia de esta Corte de fecha 13 de agosto de 1999, caso: Productos Stahl de Venezuela).

Asimismo, se observa que mediante sentencia de esta Corte de fecha 20 de marzo de 2002, recaída en el caso Wellhead Inc., en la cual se estableció que: “(…) una práctica de competencia desleal puede perjudicar el mercado, a juicio de la Corte, cuando ella tienda a crear beneficios injustificados a favor de un competidor o un grupo pequeño de competidores, en perjuicio de otro competidor; ello es así cuando, por ejemplo, a través de estas prácticas se tiende a la eliminación de un competidor (Vgr. publicidad destinada a señalar desventajas o riesgos del producto de un competidor) o a acaparar la clientela del mercado impidiendo una efectiva competencia”.

Ahora bien, de las pruebas que cursan en autos, se observa que la recurrente no demostró la forma y modo en que los hechos denunciados por él en vía administrativa comportaron un detrimento de su posición en el mercado relevante (determinado por la Resolución impugnada), ni mucho menos, como dicha publicidad podía procurar su eliminación como competidor; lo que crea plena convicción en quienes deciden, de que la Resolución impugnada no procedió en infracción de norma por falta de aplicación del ordinal 1º del artículo 17 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, al concluir que las actuaciones de la Empresa Inversiones Skylite 21, C.A. (que dieron lugar al procedimiento administrativo en estudio), no se constituyen en prácticas restrictivas de la competencia. Así se decide.

En similar sentido, observa esta Corte que la Resolución impugnada se pronunció con respecto a la denuncia vinculada al ordinal 2º del artículo 17 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, frente a la cual concluyó que: “En cuanto a la publicidad comparativa realizada por el Mundo de las Alarmas de la marca Securmark, este Despacho estima pertinente precisar que de una simple lectura a los avisos publicitarios se observa que los mismos se limitan a resaltar las cualidades del producto marca Securmark (folios 67, 70, vto), sin emitir juicio sobre el producto ofrecido por Idenve, por lo que no existiendo elemento de comparación entre 2 productos, este Despacho declara que la empresa Inversiones Skylite, C.A. no ha incurrido en la práctica contenida en el ordinal 2º del artículo 17 eiusdem, ya que no contiene una información falsa respecto a las cualidades del producto competidor, como fue antes indicado”.

En efecto, de la lectura de los antecedentes administrativos y de las pruebas que cursan en autos, fácilmente puede colegirse que la imputada no procedió ni siquiera a nombrar y menos aún, a compararse con la empresa denunciante y/o respecto de sus respectivos productos. En tal sentido, estima perentorio esta Corte aclarar que, tal y como se ha venido desarrollando respecto al tipo sancionatorio “competencia desleal”; el supuesto contenido en el ordinal 2º del artículo 17 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia exige concurrentemente no sólo la comparación -que es lícita en Venezuela- sino que a su vez, la misma contenga expresiones falsas concernientes a las desventajas o riesgos de cualquier otro producto o servicio de los competidores. Tan sólo observándose que, el denunciante en vía administrativa adujo que la imputada había procedido a una campaña de descrédito por ante las empresas aseguradoras, observándose que, tales empresas de forma conteste procedieron a negar -mediante cuestionario- tales circunstancias.

Con lo cual, esta Corte observa, que tampoco existen razones de mérito por las cuales pueda estimarse al presente recurso de anulación contra la Resolución impugnada por los vicios denunciados, toda vez que, no se encuentran elementos concluyentes que arrojen la existencia de una práctica contraria a la libre competencia, a tenor de lo previsto en el ordinal 2º del artículo 17 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, por lo que esta Corte declara sin lugar el recurso de nulidad incoado. Así se declara.

IV
DECISIÓN

Por las consideraciones anteriores, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto conjuntamente con acción de amparo constitucional por el ciudadano Alvaro Bonell Azulay, titular de la Cédula de Identidad N° 1.744.965, en su carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS IDENVE, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 10 de febrero de 1998, bajo el N° 39, Tomo 23-A-Pro., asistido por el abogado Luis Tadeo Bonell Ron, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 58.462, contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° SPPLC/048-2001, dictada en fecha 17 de septiembre de 2001 por la SUPERINTENDENCIA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia de la presente decisión.

Dada, sellada y firmada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en Caracas, a los _________________ (____) días del mes de ________________ de dos mil tres (2003). Años 193° de la Independencia y 144° de la Federación.

El Presidente,



JUAN CARLOS APITZ BARBERA

La Vicepresidenta,



ANA MARÍA RUGGERI COVA

Los Magistrados,



EVELYN MARRERO ORTÍZ



LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Ponente



PERKINS ROCHA CONTRERAS

La Secretaria,



NAYIBE ROSALES MARTÍNEZ


LEML/gg
Exp. N° 01-26042