REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL
JUZGADO SUPERIOR CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS.

Maiquetía, 21 de octubre de 2005
Años 195 y 146

PARTE DEMANDANTE: Ciudadano TIRSO OMAR RAMIREZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V-9.126.827, representado por el Dr. MANUEL GONZÁLEZ OVIEDO, abogado en ejercicio, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 51.114.

PARTE DEMANDADA: Sociedad mercantil CONSTRUCCIONES PIER MAR; C.A., con domicilio en Caracas, inscrita en el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 12 de Septiembre de 1977, anotado en el N° 88, Tomo 94-A-Sgdo., representada por los Dres. NELSA GARCÉS, NEYLA CEDEÑO y HONORIO ARANGUREN, abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 23.358, 40.453 y 22.192, respectivamente.

MOTIVO: PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA.

-. I .-

Ha subido a esta Superioridad, expediente signado con el N° 6300 procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de esta Circunscripción Judicial, en virtud de la apelación interpuesta por la parte actora en contra de la decisión dictada por ese Juzgado en fecha 14 de marzo de 2005.

En fecha 17 de mayo de 2005, (folio 147 de la 2da. Pieza), este Tribunal dio por recibido el expediente y fijó para el vigésimo (20º) día de despacho siguiente la oportunidad para que las partes presentaran sus informes, lo que hicieron en fecha 16 de junio del actual.

Ninguna de las partes realizó observaciones a los informes de la contraria.

En fecha 1 de julio de 2005, el Tribunal se reservó el lapso de sesenta (60) días calendario para decidir, el cual fue diferido por treinta (30) días adicionales en fecha 3 del corriente mes.

-. II .-

Siendo la oportunidad para decidir, este Tribunal así lo hace previo los siguientes planteamientos:

En fecha 26 de febrero de 1998, (folios 01 al 02 y su Vto.), el abogado MANUEL GONZÁLEZ OVIEDO, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora presentó por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil, escrito de demanda, en el cual se destaca:

"... Mi representado TIRSO OMAR RAMIREZ, ha vivido desde hace más de veintidós (22) años en una casa construida por él sobre un lote de terreno ubicado en la Urbanización Caribe, Avenida Circunvalación, Bloque 43, identificado como Parcela N° 9, Parroquia Caraballeda del Municipio Vargas del Distrito Federal el cual se encuentra alinderado de la forma siguiente: NORTE: Parcela N° 8 del Bloque 43, en treinta y dos metros (32m), SUR: Con Calle auxiliar sin nombre en quince metros (15m), SURESTE: Con la Avenida Circunvalación en treinta y cuatro metros con veinticuatro centimetros (34,24), y OESTE: Con camino de servidumbre en veintiseis metros con cuarenta y siete centimetros (26,47) teniendo una superficie de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (768mts2), cuyo titulo de propiedad se encuentra protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público del Municipio Vargas del Distrito Federal, desde el día 29 de junio de 1.978, bajo el N° 30, Tomo 9° del Protocolo Primero tal como se evidencia de Copia Certificada emanada de dicha oficina,... a nombre de INVERSIONES PIER MAR, C.A., Sociedad Mercantil domiciliada en Caracas... El referido inmueble le ha servido a mi representado de habitación durante más de veintidós (22) años, habiendole construida (sic) además un muro perimetral de bloques de concreto, con columnas y vigas de corona el cual deslinda la parcela de terreno y posee una sola entrada cerrada por un portón metálico de dos hojas batientes. La vivienda esta ubicada en el interior y consta de una habitación, sala, comedor y baño,... Además de haber construido las bienhechurías anteriormente descritas, las ha conservado en buen estado y mantiene solvente los servicios y demás cargas derivadas de la propiedad. Es el caso ciudadano Juez, que desde hace aproximadamente veinte (20) años, los representantes legales de la Empresa propietaria del terreno, ciudadanos GIOVANNI TESI BERTARCHINI y ADRIANO MIGLIORI GUALIMINI,... no han hecho acto de presencia por el inmueble, ni se han comunicado con mi poderdante, ni ha habido noticias de ellos, a pesar de que mi representado ha tratado de ubicarlos, pero no lo ha logrado. La compañía de su parte, se encuentra inactiva desde su inscripción en el Registro Mercantil y su duración se prorrogo automáticamente por veinte años más el día 12 de septiembre de 1.997... Por todos los razonamientos anteriormente expuestos y siguiendo instrucciones precisas de mi mandante ciudadano TIRSO OMAR RAMIREZ, antes identificado, en su nombre y representación solicito la PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA sobre el inmueble antes identificado a favor de mi representado, por haber poseído por más de veinte (20) años, en forma pacifica, pública, no equivoca, de buena fe, ininterrumpida con ánimo de hacerla suya y sin haber sido perturbado por persona natural o jurídica que pudiese pretender tener algún derecho sobre el referido inmueble, basando mis alegatos y petitorios en el Artículo 977 del Código Civil,... Estimo la presente acción en la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 150.000.000,00). A los fines establecidos en el Artículo 174 del Código de Procedimiento Civil...".

El 18 de marzo de 1998, (folio 31 y su Vto. De la 1ra. pieza), el a-quo en vista de la demanda propuesta, la admitió en cuanto ha lugar en derecho y ordenó el emplazamiento de la parte demandada ciudadanos Giovanni Tesi Bertarchini y Miglori Gualmini, en su carácter de representantes legales de la Empresa Construcciones Pier Mar, C.A., para que comparecieran por ante ese Tribunal dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la última de las citaciones que constara en autos, para que dieran contestación a la demanda, igualmente, ordenó se emplazara mediante Edictos a todas aquellas personas que se creyeran con derecho sobre el inmueble objeto del juicio, a fin de que comparecieran por ante el mismo a ejercer su derecho si fuera el caso.

EL 03 de junio de 1998, (folio el Vto. del 43), el apoderado actor solicitó al Tribunal que en vista de la imposibilidad del Alguacil de citar a la parte demandada, se libraran carteles de citación.

Por auto de fecha 09 de junio de 1998, (folio 45 de la 1ra. pieza), el a-quo ordenó librar los Carteles de Citación a nombre de la parte demandada.

En fecha 12 de agosto de 1998, (folio 54 de la 1ra. pieza), el apoderado actor solicitó al Tribunal se designara Defensor Judicial en vista de que la parte demandada no se dio por citada.

El 16 de septiembre de 1998, (folio 56 de la 1ra. pieza), el a-quo designó como Defensor judicial de la parte demandada al abogado Rafael Muñoz, a quien ordenó su citación a los fines de su aceptación o no al cargo.

En fecha 04 de noviembre de 1998, (folio 68 y su Vto. de la 1ra. pieza), el abogado RAFAEL MUÑOZ, en su carácter de defensor judicial de la parte demandada, consignó escrito de contestación a la demanda, en los siguientes términos:

"... Niego, rechazo y contradigo que el ciudadano TIRSO OMAR RAMÍREZ,... haya vivido desde hace mas de veintidós (22) años sobre un lote de terreno propiedad de "INVERSIONES PIER MAR, C.A.",... que el inmueble identificado en el escrito libelar y sobre el cual se solicita la prescripción adquisitiva, le haya servido de habitación durante veinte (20) años al ciudadano TIRSO OMAR RAMÍREZ, por ser incierto... que el ciudadano TIRSO OMAR RAMÍREZ, con su propio peculio haya construido sobre el inmueble identificado en el escrito libelar, alguna casa o muro alguno en forma perimetral de bloques de concreto, con columnas y vigas de corona, con una sola entrada cerrada con un portón metálico de dos hojas batientes, por ser incierto... por ser incierto que los ciudadanos GIOVANNI TESI BERTAGLINI y ADRIANO MIGLORI GUALMINI, no hayan hecho acto de presencia en el inmueble sobre el cual se solicita la prescripción adquisitiva..."

En diligencia de fecha 24 de noviembre de 1998, (folio 74 de la 1ra. pieza), el apoderado actor solicitó al a-quo se decretara medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el inmueble objeto del presente juicio.

Por auto de fecha 25 de noviembre de 1998, (folio 76 de la 1ra. pieza), el Tribunal de la causa ordenó la apertura del correspondiente cuaderno de medidas, decretándose la medida solicitada y ofició lo conducente al Registrador competente.

En fecha 26 de noviembre de 1998, (folio 79 de la 1ra. pieza), la apoderada judicial de la parte demandada, consignó poder que la acredita como tal, y solicitó al Tribunal pidiera fianza a la parte actora en vista de que en el expediente cursan documentos públicos que acreditan la propiedad de su mandante.

En la misma fecha, (folio 80 de la 1ra. pieza), la parte actora consignó escrito de pruebas.

El 9 de diciembre de 1998, (folio 84 de la 1ra. pieza), la apoderada judicial de la parte demandada consignó escrito de promoción de pruebas.

El 21 de diciembre de 1998, (folio 118 de la 1ra. pieza), el a-quo acordó la publicación de las pruebas.

En fecha 29 de marzo de 1999, (folios 151 al 153 de la 1ra. pieza), el Tribunal admitió las pruebas promovidas por la parte actora y, con respecto a los testigos promovidos, se comisionó al Juzgado Cuarto de Parroquia de esta Circunscripción y se ordenó librar comisión y oficio, en cuanto a la experticia promovida de admitió y fijó para el segundo día de despacho siguiente la oportunidad para que tuviera lugar el acto de nombramiento de los mismos, en referencia a lo de la inspección judicial solicitada el a-quo se reservó admitirla en auto separado. Igualmente, admitió las pruebas promovidas por la parte demandada y en referencia a los testigos comisionó al mismo Juzgado de Parroquia a quien se le libró oficio y comisión.

El 20 de octubre de 1999, (folios 26 al 29 de la 2da. pieza), el a-quo practicó la inspección judicial que fuera solicitada por la actora.

En fecha 24 de noviembre de 1999, (folios al 47 de la 2da. pieza), ambas partes presentaron escrito de informes.

El 08 de diciembre de 1999, (folios 43 al Vto. del 44 de la 2da. pieza), la parte actora presentó escrito de observaciones a los informes de la contraparte.

En fecha 14 de marzo de 2005, (folios 122 al 141 de la 2da. pieza), el Tribunal de la causa dictó sentencia declarando SIN LUGAR la demanda.

El 11 de abril de 2005, (folio 142 de la 2da. pieza), la apoderada judicial de la parte demandada, se dio por notificada de la decisión dictada y en fecha 13 de abril de 2005, (folio 143 de la 2da. pieza), lo hizo el apoderado judicial de la parte actora, y apeló en fecha 20 del mismo mes.

En auto de fecha 26 de abril de 2005, (folios 145 de la 2da. pieza), el Tribunal oyó la apelación en ambos efectos y ordenó la remisión del expediente a esta Superioridad.

-. III .-

Antes de decidir, este Tribunal observa:

Conforme al principio procesal conocido con las palabras latinas tantum appellatum quantum devolutum, se defiere al conocimiento del tribunal superior la competencia total o parcial sobre el fondo de la controversia, de acuerdo con los límites en que se haya planteado el recurso de apelación. Por tanto, la alzada debe limitarse al análisis de los hechos delatados como causantes del agravio en la sentencia recurrida, según los términos del escrito de informes presentado por el recurrente, toda vez que la apelación es la medida de la jurisdicción y de la competencia del tribunal superior, y, por ello, los tribunales de alzada sólo pueden ocuparse del punto preciso que se les somete a su consideración, según los límites que suministre el apelante. Decidir sobre un punto no sometido al conocimiento del Tribunal es incurrir en usurpación de poderes, ya que ningún juez tiene facultad para iniciar o abrir instancia original, sino para continuar conociendo de la que se le someta en fuerza del efecto devolutivo de la apelación, tal como lo decidió la Sala de Casación Civil de la anteriormente denominada Corte Suprema de Justicia, en fecha 1 de abril de 1993, con ponencia del Magistrado Dr. Héctor Grisanti Luciani, en el juicio de Ralph John Euale contra Dresser de Venezuela, C.A., Exp. 92-498.

Por ello, a pesar de que el escrito de informes de la parte demandada, no apelante, se presentó el mismo día pero con anterioridad al de la actora, a continuación se resumirá en primer término el de la recurrente, y con posterioridad el de su adversaria.

-.IV.-

El día 16 de junio de 2005 (folios 150 al 153 de la 2da. Pieza), el abogado Manuel González Oviedo, en su carácter de apoderado actor, presentó por ante este Despacho el escrito de informes, que se resume a continuación:

"La parte actora acompañó el libelo de la demanda los siguientes recaudos o instrumentos fundamentales para intentar la acción. Copia certificada del documento de propiedad del inmueble. Copia certificada del Acta Constitutiva de la empresa accionada Construcciones Pier Mar, C.A., Justificativo de Testigos, en el cual los tres testigos interrogados declaran bajo juramento que conocen al ciudadano TIRSO OMAR RAMÍREZ,... Constancia de Residencia emanada de la Primera Autoridad Civil de la Parroquia Caraballeda, donde se deja constancia de que dicho ciudadano es el ocupante del inmueble. Certificación de Gravámenes emitida por la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Vargas, donde se evidencia que la empresa accionada, es la propietaria del inmueble. Con todos los recaudos consignados junto con el libelo de demanda, la parte actora demostró su legitimación para ejercer la acción propuesta y posteriormente cumplió con la obligación que le impone el Código de Procedimiento Civil de publicar en prensa los "Edictos" correspondientes, con los intervalos de tiempo respectivos. La parte accionada interviene justo después de vencida la oportunidad legal para la contestación de la demanda, y se incorpora al juicio ejerciendo el derecho a promover pruebas,...

Analizados los recaudos consignados con el libelo y las pruebas promovidas y evacuadas por las partes, el Tribunal otorga valor probatorio a los documentos emanados del Registro, a la inspección judicial promovida el actor (Sic), donde quedaron probados todos los hechos alegados en la demanda, sin embargo desecha la testimonial de la ciudadana OLIVIA ISABEL HERNANDEZ SOSA, quien es interrogada a los fines de que corrobore lo expuesto en el Justificativo de Testigos consignado, alegando que el demandante en el libelo sostiene que construyó el muro perimetral desde hace veinte años, afirmación que es falsa, pues este no precisa la fecha de construcción,...

Como se ve claramente, el testimonio de una testigo hábil, es desechado por un argumento absurdo, pues no es claro que exista contradicción entre lo alegado en el libelo y lo expuesto por la testigo, además, el resto de la deposición, contiene elementos probatorios muy importantes para demostrar lo alegado en la demanda. Esta testimonial, concatenada a los demás elementos probatorios, hacen plena prueba a favor de mi representado. Por lo que podemos concluir que la sentencia adolece del vicio del Falso Supuesto...

Por lo que respecta a la Constancia de Residencia, si bien es cierto que por sí sola no es demostrativa de posesión legítima,... este elemento probatorio, junto con las demás pruebas aportadas por el accionante no debe ser desechado, sino apreciado en el sentido de probar que efectivamente el ciudadano TIRSO OMAR RAMÍREZ, es vecino del sector, y su residencia corresponde con la dirección del inmueble objeto del presente juicio. Por lo que respecta a la Inspección Judicial, ilustrada con numerosas fotografías, practicada por el mismo tribunal de la causa, sin oposición alguna de la parte demandada, constituye un medio de prueba irrefutable. Por lo que respecta a la declaración de la testigo ILBA MARIA ZAPATA VILLEGAS, también fue desechada por el sentenciador por los mismos argumentos que no se apreció la declaración de la otra testigo; sin embargo, analizando se (Sic) testimonio, no encontramos ninguna contradicción con lo alegado en el libelo, ni con lo declarado por la testigo ISABEL HERNANDEZ SOSA, por el contrario, su deposición prueba todos los hechos alegados y no es cierto que su declaración se contradiga con lo expuesto por el actor con relación a la edad de las construcciones existentes en el terreno.

Por lo que respecta a las pruebas aportadas por la parte demandada, el Tribunal las desecha todas, razonadamente, por lo tanto, concluimos que no habiendo contestado la demanda, ni habiendo probado nada a su favor,... mal podía el Tribunal declarar la sentencia sin lugar..."

Por su parte, la demandada, el mismo día 16 de junio de 2005, (folios 148 al 153 de la 2da. Pieza), presentó el escrito de informes que también se resume a continuación:

"... En el lapso de pruebas la actora promovió el documento original que prueba que el inmueble objeto de este procedimiento es propiedad de mi representada.

... el justificativo de testigos que no fue ratificado en su oportunidad procesal.

Una inspección judicial que solo sirvió para dejar constancia de que el inmueble objeto de este procedimiento se encuentra cercado y la construcción que existe tiene las características de un depósito de materiales, que fue para ello que hizo la construcción la empresa que represento.

Al analizar la sentencia emanada del Juzgado de Primera Instancia nos encontramos, que de las pruebas aportadas por la parte actora y de las aportadas por mi representada lo único que realmente es cierto es que el inmueble objeto del presente juicio es solo y exclusivamente propiedad de mi representada y que no fue probado por el actor la posesión alegada de 22 años.

En el transcurso del procedimiento el actor no probó haber pagado luz, ni agua, ni aseo urbano, ni haber solicitado ningún tipo de servicio, ni pagado ninguna construcción, ni reparación del inmueble durante los 22 años que dice haber estado poseyendo en conclusión no pudo probar esa posesión porque no es tal, no es posible la posesión por 22 años, sin haber pagado ningún servicio u (Sic) reparación, el único documento que emana de una oficina pública es la constancia de residencia emitida por la Jefatura Civil de la Parroquia Caraballeda del Estado Vargas, y que se emite a solicitud de parte y solo señala que el actor residía en el año de 1997 en la Urbanización Caribe, Bloque 43, Parcela ) (Sic), Ave, Circunvalación, tal como se sentencia no es demostrativo de la posesión legitima, elemento esencial que corresponde demostrar a quien invoca prescripción adquisitiva sobre un bien inmueble.

De los otros documentos presentados solo se puede verificar que en efecto mi representada es la propietaria legitima del inmueble...".

-. V .-

El primer asunto que debe ser analizado es la afirmación del recurrente, en el sentido de que la parte accionada intervino después de vencida la oportunidad legal para la contestación de la demanda, y se incorpora al juicio ejerciendo el derecho a promover pruebas, ya que de ser cierta esa afirmación, como es sabido, no era la actora quien tenía la carga de demostrar las aseveraciones libeladas, sino la demandada, de modo que el dispositivo de la recurrida hubiese sido diferente, si se parte de la base, no analizada aún, de que según señala la propia actora, todas las pruebas promovidas por la demandada fueron desestimadas.

En este orden de ideas, se observa que la citación del Defensor Judicial de la demandada se produjo en fecha 14 de octubre de 1998, según consta de la diligencia del alguacil del Tribunal de la causa que cursa al folio 66 de la primera pieza del expediente. De su lado, la contestación de la demanda fue presentada en fecha 4 de noviembre del mismo año; es decir, antes de que hubiesen transcurrido veinte días hábiles desde la fecha de la citación.

En efecto, entre el día 14 de octubre de 1998, al 4 de noviembre de ese mismo año, transcurrieron quince (15) días hábiles, así:

octubre 1998 noviembre 1998
dom lun mar mié jue vie sáb dom lun mar mié jue vie sáb
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30


De modo que, sin necesidad de ningún cómputo formal de los días de despacho transcurridos en el Tribunal de la causa, si no pasaron veinte (20) días hábiles, mucho menos pueden haber transcurrido más de veinte (20) días de despacho, de donde se puede concluir que la contestación de la demanda fue presentada oportunamente y que, por consiguiente, no es cierta la afirmación del demandante, en el sentido de que la parte accionada intervino después de vencida la oportunidad para la contestación. Debe añadirse que las actuaciones realizadas por el Defensor Judicial equivalen a actuaciones propias del demandado.

-. VI .-

Analizado el argumento relacionado con la oportunidad en que fue presentada la contestación, se observa que los restantes alegatos aducidos para cuestionar la recurrida se circunscriben a la supuesta inadecuada valoración de las pruebas promovidas por la parte actora, quien señala que con todos los recaudos consignados junto con el libelo de demanda, la parte actora demostró su legitimación para ejercer la acción propuesta; que el Tribunal otorga valor probatorio a los documentos emanados del Registro, a la inspección judicial promovida por el actor donde quedaron probados todos los hechos alegados en la demanda, pero que, sin embargo desechó la testimonial de la ciudadana OLIVIA ISABEL HERNÁNDEZ SOSA, quien corroboró lo expuesto en el Justificativo de Testigos consignado.

Respecto a la declaración de esa ciudadana, el Tribunal consideró que dicho testimonio no lleva a la convicción de la existencia de elemento alguno que demuestre la posesión alegada; que existe contradicción entre la pregunta cuarta que le fue formulada y los hechos narrados por el accionante, toda vez que:

"la declarante como respuesta a la pregunta cuarta que le hiciera el actor y la cual es del tenor siguiente: ‘... Diga la testigo si sabe y le consta que hace aproximadamente diez años el señor Tirso Omar Ramírez construyó el muro que bordea totalmente la parcela que le sirve de residencia?...' Respondió: ‘Si' y, en la narración de los hechos que hizo el actor en su escrito libelar, ha señalado, que ha vivido desde hace más de veintidós (22) años en una casa construida por él, sobre un terreno ubicado en la Urbanización Caribe, Avenida Circunvalación, Bloque Nº 43, Parcela 9, Parroquia Caraballeda Estado Vargas y, que el referido inmueble le había servido de habitación por más de veinte (20) años, al cual le había construido además un muro perimetral de bloques de concreto, con columnas y vigas de corona.

Que de la narración hecha por el demandante, en modo alguno de (Sic) aprecia, que éste hubiera indicado que la construcción del muro perimetral hubiese sido construida hacía aproximadamente diez (10) años, hecho nuevo este que trajo a los autos al momento de formularle la pregunta cuarta a la ciudadana declarante, sino todo lo contrario, de acuerdo a lo señalado en el escrito libelar, se desprende, que todas las construcciones edificadas en la citada extensión de terreno fueron supuestamente construidas desde hace más de veinte (20) daños, por lo que siendo así, el Tribunal no acoge el testimonio..."

Ahora bien, de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 506 del Código de Procedimiento Civil y 1.354 del Código Civil, el demandante debe probar la totalidad de sus afirmaciones, correspondiéndole al demandado la carga, cuando pretenda haber sido liberado de la obligación que