REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE. CORTE SUPERIOR, SALA DE APELACIÓN.








REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En su Nombre:
TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
CORTE SUPERIOR
SALA DE APELACIONES


JUEZ PONENTE: Beatriz Bastidas Raggio.

Se reciben las presentes actuaciones en fecha catorce (14) de febrero de 2006 para el conocimiento del recurso de hecho interpuesto por la parte demandante contra auto dictado en fecha 03 de febrero de 2006, por la Juez Unipersonal Nº 3 de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en el Juicio de Partición de Herencia, quedante al fallecimiento del de cujus, RUPERTO MACHADO SILVA, incoada por el apoderado judicial de los ciudadanos JOSÉ ROBERTO MACHADO PINEDA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad Nº. 17.232.274, domiciliado en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia y ANA PAULA MACHADO PINEDA, venezolana, mayor de edad titular de la Cédula de Identidad Nº 17.232.275, domiciliada en Miami, Estado de Florida de los Estados Unidos de Norteamérica, abogado Rafael Pineda Eljuri inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 83.303, en contra de los co-herederos, RUPERTO, LILIA COROMOTO y VIRGINIA MACHADO ASCANIO, venezolanos, mayores de edad titulares de las Cédulas de Identidad Nros. 4.063.496, 12.256.101, 12.305.804, CAROLINA URDANETA OTAMENDI DE MACHADO, venezolana, mayor de edad viuda, titular de la Cédula de Identidad Nº 7.628.727 y sus hijos menores (NOMBRES OMITIDOS)

Consta en actas que en fecha dieciséis (16) de febrero de 2.006 se designó ponente a la Juez Profesional Beatriz Bastidas Raggio, quien con tal carácter, procede a dictar sentencia en los términos siguientes:
I

Se inicia la presente causa por demanda de Partición de Herencia incoada por el apoderado judicial de los ciudadanos JOSÉ ROBERTO MACHADO PINEDA y ANA PAULA MACHADO PINEDA, abogado Rafael Pineda Eljuri inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 83.303, en contra de los co-herederos, RUPERTO, LILIA COROMOTO y VIRGINIA MACHADO ASCANIO, CAROLINA URDANETA OTAMENDI DE MACHADO y sus hijos menores (NOMBRES OMITIDOS), anteriormente identificados en la cual alega: que el 19 de noviembre falleció ab-intestato el ciudadano RUPERTO MACHADO SILVA; que el de cujus dejó como únicos y universales herederos a los ciudadanos JOSÉ ROBERTO Y ANA PAULA MACHADO PINEDA; RUPERTO, VIRGINIA JOSEFINA y LILIA COROMOTO MACHADO ASCANIO; CAROLINA VICTORIA URDANETA OTAMENDI viuda de MACHADO y sus hijos (NOMBRES OMITIDOS), quedando los bienes que conforman el acervo hereditario en manos de la última esposa del fallecido RUPERTO MACHADO SILVA, de nombre CAROLINA URDANETA OTAMENDI, quien se hizo cargo de los bienes, alegando que como cónyuge sobreviviente le toca a ella administrar todos los bienes dejados por su difunto esposo, pues los bienes dejados por su esposo le pertenecen mas a ella y a sus hijos que a los otros hijos, quienes también son herederos, llegando al extremo de negarse a rendir cuentas sobre los bienes que componen el patrimonio, negando el derecho a participar de los mismos, sobre los cuales el difunto RUPERTO MACHADO era el titular, que por todos los fundamentos expuestos y por cuanto han sido privados de la legítima sus representados JOSÉ ROBERTO Y ANA PAULA MACHADO PINEDA desde que falleció su padre, RUPERTO MACHADO SILVA, demandan, como en efecto lo hacen, la partición de la herencia sobre la cuota parte que les pertenece a sus representados, a los co-herederos, RUPERTO, VIRGINIA JOSEFINA y LILIA COROMOTO MACHADO ASCANIO, CAROLINA URDANETA OTAMENDI VIUDA DE MACHADO y sus menores hijos (NOMBRES OMITIDOS), para que convengan en la partición y liquidación de la herencia quedante al fallecimiento de RUPERTO MACHADO SILVA, a fin de que se adjudique y entregue la cuota parte que les corresponde a sus patrocinados y así sea condenado por el Tribunal.

Admitida la demanda en fecha 22 de junio de 2005, en fecha 17 de enero de 2006, la juez de causa procedió a ordenar la notificación de las partes a los efectos de nombrar partidor de conformidad con el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil.

Consta en actas que en fecha 17 de enero con vista a lo resuelto por el a quo, el abogado de la parte actora ejerció recurso de apelación por no estar de acuerdo con la fundamentación jurídica explanada en el auto de fecha 17 de enero de 2006.

Se evidencia de actas, auto de fecha 03 de febrero de 2006 en el cual el a quo niega la apelación interpuesta contra el auto de fecha 17 de enero de 2006, por cuanto siendo el mismo un auto de mera sustanciación o de mero trámite sobre los cuales no procede recurso de apelación alguno, sino solo cuando produzca gravamen irreparable y por cuanto el auto apelado no produce gravamen irreparable, niega la admisión del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora, de conformidad con los artículos 288 y 289 del Código de Procedimiento Civil.

Consta en actas que en fecha 13 de febrero de 2006, el apoderado de la parte actora en esta causa, ante la negativa del a quo a admitir el recurso de apelación interpuesto contra el auto de fecha 17 de enero de 2006, introdujo ante esta Corte Superior, Recurso de Hecho y al efecto manifiesta: que recurre de hecho contra la decisión dictada en fecha 03 de febrero de 2006 en la cual el a quo le niega el recurso de apelación en contra del auto de fecha 17 de enero de 2006 en el cual el Tribunal de Primer Grado ordenó el nombramiento de un partidor, situación ésta que va en contra del procedimiento establecido en la ley adjetiva civil, por cuanto el Tribunal de causa ha debido declarar primero la procedencia o no de la partición (fase declarativa) y después tomando en cuenta la extemporaneidad del escrito de convenimiento de los co-demandados MACHADO ASCANIO y la confesión de los co-demandados MACHADO URDANETA; es en esta fase cuando nace la segunda fase del proceso, que es la fase ejecutiva. Esta anómala situación se conoce como subversión del orden procesal, por quebrantamiento de formas esenciales de procedimiento, debido a que el a quo debió declarar la procedencia o no de la partición para dar inicio a la segunda fase, tomando en cuenta los elementos de autos. Aceptar el auto de fecha 17 de enero de 2006, sería obviar una fase del procedimiento esencial para su validez, susceptible de una reposición de la causa al estado de que el juez sentencie al fondo la causa a su cargo y tal situación va en contra del debido proceso amparado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el principio de economía y celeridad procesal, es por ello que considera que si se produce un daño irreparable, si se continúa el juicio en su fase actual, como es la fase ejecutiva, obviando la primera fase, como es la fase declarativa.

Con estos antecedentes entra esta Corte Superior a resolver el Recurso de Hecho interpuesto en la presente causa en los siguientes términos:

II

El recurso de hecho, es un medio de impugnación que permite al Juez de Alzada revisar la admisibilidad de un recurso de apelación interpuesto por alguna de las partes en un proceso, en caso de que haya sido negada su admisión por el Tribunal de Primera Instancia, o bien conocer del recurso de apelación en ambos efectos, cuando el Tribunal de la causa lo haya oído en un solo efecto, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil.

En este sentido se debe destacar cuáles actuaciones son susceptibles de recurrir en apelación, por cuanto, permitir la admisibilidad del recurso de apelación en contra de actuaciones judiciales no transcendentales, o bien la admisión de aquella que debe ser oída en un solo efecto y no en ambos –lo cual conllevaría al efecto suspensivo de la causa-, sería asumir que las partes pudieran apelar en contra de cualquier auto o providencia que no influye ni afecta de forma evidente el trámite procedimental o bien el fondo de la controversia, evidenciando más bien, una conducta tendiente a retardar el proceso por la interposición de recursos que en nada contribuyen al correcto trámite, ni a la solución del juicio.

Desde este punto de vista, aclarando cuáles son las actuaciones susceptibles de apelación, se deben entender aquellas que producirían un daño o un gravamen irreparable a alguna de las partes, por mandato expreso del artículo 289 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto, es necesario acotar, tal como lo establece el mencionado artículo, que no basta que la actuación judicial produzca un daño o un gravamen, sino que el mismo sea irreparable, por lo cual se debe determinar los efectos de la mencionada irreparabilidad de dichas actuaciones judiciales.

El gravamen irreparable puede ser definido como aquel que causa a las partes cuyos efectos no atienden a la sentencia definitiva, sino que son inmediatos al cumplimiento de la interlocutoria dictada. En este sentido el autor patrio Ricardo Henríquez la Roche, en su obra “Instituciones de Derecho Procesal” (año 2005, págs. 367 y 368), expone que si esos efectos producen un detrimento o una lesión patrimonial a la parte o una desventaja procesal –como la que concede un término ultramarino, o la que niega u ordena una reposición por vicios en actos esenciales al procedimiento-, el gravamen sería “…un hecho consumado, irreversible, que no puede ser ahorrado en alguna forma por la sentencia definitiva…”; por lo cual se hace imperante, necesaria y obligatoria que la apelación ejercida en contra de esas providencias, “…debe ser atendida de inmediato…” por el Juez Superior.

Atendiendo al caso que nos concierne, se observa que la representación judicial de la parte demandante, ejerció recurso de apelación en contra del auto dictado en fecha 17 de enero de 2006 por el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estadio Zulia, en su Sala de Juicio, Juez Unipersonal Nº 3, que ordenó la notificación de las partes intervinientes en el proceso, a los fines de nombrar un “partidor” de conformidad con lo dispuesto en el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, siendo negada dicha apelación en fecha 03 de febrero de 2006, por considerar el Tribunal de Instancia que dicho auto no produce gravamen irreparable al derecho del recurrente.

La parte recurrente, para fundamentar el presente recurso de hecho, y por consiguiente, la necesidad de oír la apelación ejercida, expone que dicha actuación del Tribunal de la causa produce un daño irreparable, por cuanto motivaría una posible y eventual reposición de la causa, por obviar una fase procedimental en el juicio. Al respecto considera esta Corte Superior que dicha actuación del Juez a quo, dictada en fecha 17 de enero de 2006, si bien no resuelve un punto controversial del proceso, produce un trámite que conllevaría a considerar las ulteriores fases del proceso viciadas en caso de verificarse la inaplicabilidad del trámite procedimental acogido por el Tribunal a quo, cuya no revisión inmediata por parte de Tribunal Superior Jerárquico, podría repercutir en producirle a las partes, un daño no reparable en la sentencia ulterior a dictarse, o más bien mediante los trámites a efectuarse, consiguientes al nombramiento del partidor.

En efecto, considera esta Corte Superior que dicha actuación del juzgado a quo, de ordenar la notificación a las partes, y el consecuente nombramiento de un “partidor”, devendría en que el proceso, una vez tramitado con posterioridad al acto procedimental recurrido, podría considerarse violatorio al debido proceso y al derecho a la defensa de las partes, si efectivamente no procediera en derecho y en consecuencia inaplicable dicho trámite procedimental establecido en el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, cuya sentencia ulterior de instancia, no podría resarcir los daños causados por una eventual reposición de la causa dada su improcedencia e inaplicabilidad, a lo cual, considera esta Corte Superior, que solo podría ser revisado mediante el recurso ordinario de apelación ejercido por la representación judicial de la parte demandante en contra de dicho auto de fecha 17 de enero de 2006.

En consecuencia, dado lo anterior, esta Corte Superior considera fundamental y necesario revisar la procedencia o no del recurso ordinario de apelación, en contra del auto dictado en fecha 17 de enero de 2006, por lo cual se declara procedente el presente recurso de hecho interpuesto en contra del auto dictado en fecha 03 de febrero de 2006. Así se decide.

DECISIÓN

Por los argumentos antes expuestos esta Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1º) CON LUGAR EL RECURSO DE HECHO interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora, abogado Rafael Pineda Eljuri, en contra del auto dictado en fecha 03 de febrero de 2006, por la Juez Unipersonal Nº 3 de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en el juicio que por Partición de Herencia, siguen los ciudadanos JOSÉ ROBERTO MACHADO PINEDA y ANA PAULA MACHADO PINEDA, en contra de los co-herederos, RUPERTO, LILIA COROMOTO y VIRGINIA MACHADO ASCANIO, CAROLINA URDANETA OTAMENDI DE MACHADO, y sus hijos menores (NOMBRES OMITIDOS), que niega la apelación ejercida por la representación judicial de la parte demandante en contra del auto dictado por el referido tribunal de fecha 17 de enero de 2006. 2º) SE ORDENA a la Juez Unipersonal Nº 3 de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, oír libremente el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte actora, en contra del auto dictado por el referido Tribunal, en fecha 17 de enero de 2006. 3ª) NO HAY CONDENA EN COSTAS AL RECURRENTE dada la naturaleza del presente fallo.

Publíquese. Regístrese.

Déjese copia certificada para el archivo de esta Corte Superior.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los veinticuatro (24) días del mes de febrero de 2006. Años: 195º de la Independencia y 147º de la Federación.

La Juez Presidente,

Olga Ruiz Aguirre
La Juez Ponente, La Juez Profesional,

Beatriz Bastidas Raggio Lisbeth Bracamonte Fuentes

La Secretaria Accidental,

Ileana Arteaga Ortega

En la misma fecha, se publicó el anterior fallo y quedó registrado bajo el Nº 34 en el libro de sentencias Interlocutorias llevado por esta Corte Superior en el presente año 2006. La Secretaria Accidental,

Exp.00817-06
B.B.R