REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA. Mérida seis de Julio de dos mil seis.-

196º y 147º

DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS

DEMANDANTE: VÍCTOR MANUEL NÚÑEZ ROSALES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-2.612.798, domiciliado en la ciudad de Mérida, del estado Mérida. APODERADOS DEMANDANTES- Abogados GUSTAVO ADOLFO VENTO VOLCÁN E IRIS LORENA CONTRERAS SEQUERA, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogando bajo los números 18.832 y 64.991, respectivamente.
DEMANDADOS: MAURO BRICEÑO VALERO Y FRANCELINA HEGILDA LEZAMA DE BRICEÑO, venezolanos, mayores de edad, cónyuges, titulares de las cédulas de identidad N° 3.763.061 y 3.900.996, en su orden, domiciliados en la ciudad de Mérida, del estado Mérida.
APODERADOS DEMANDADOS: Abogados RAFAEL ANGEL DÁVILA, MARGARITA SANTIAGO SANTIAGO Y MIREYA MÉNDEZ DE ROMEO, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 8.960, 42.771 y 23.619, en su orden.
MOTIVO: INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS MORALES POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO.


DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA CAUSA.

El presente procedimiento se inició mediante libelo de demanda Mediante escrito presentado ante este tribunal de fecha veinticinco (25) de junio del año mil novecientos noventa y nueve (1999) los ciudadanos Gustavo Adolfo Vento Volcán e Iris Lorena Contreras Sequera, abogados en ejercicio, titulares de las cédulas de identidad V¬3.993.842 y V-10.712.607 en su orden, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 18.832 y 64.991 respectivamente y domiciliados en la ciudad de Mérida Estado Mérida, actuando en su condición de apoderados judiciales del ciudadano Víctor Manuel Núñez Rosales, venezolano, mayor de edad, casado, médico, titular de la cédula de identidad N° V-2.612.798, y domiciliado en la ciudad de Mérida Estado Mérida, proceden a demandar a los ciudadanos Mauro Briceño Valero y Francelina Hegilda Lezama de Briceño, quienes son venezolanos, mayores de edad, cónyuges, hábiles, titulares de la cédula de identidad V-3.763.061 y V-3.900.996, en su condición de padres del adolescente Mauro José Briceño Lezama, quien es venezolano, menor de edad, titular de la cédula de identidad N° V¬ 15.621.487, por indemnización de daño moral ocasionados por accidente de tránsito, en razón de ser este último el conductor del Vehículo marca Ford, clase camioneta, modelo Explorer. 7 A 7 Sport (2 puertas), año 1997, placas LAE-18A, color azul, serial de motor V A34 7 49, serial de carrocería AJU2VP34749, tipo Sport Wagon, uso particular, propiedad de la ciudadana Francelina Hegilda Lezama de Briceño, identificada Up Supra, fundamentando la presente demanda en los artículos 1.190 del código civil, en concordancia con los artículos 54 y 55 de la Ley de Transito Terrestre.
En fecha veintiséis (26) de junio del año mil novecientos noventa y ocho (1998), por no ser contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa por la ley se admite dicha demanda en cuanto ha lugar en derecho, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada para que comparezcan ante este tribunal dentro de los diez días de despacho siguientes que conste en autos la última citación, para 10 cual se acuerda librar boletas de citación personal, anexándose copia certificada del libelo de la demanda y comisionándose amplia y suficientemente al alguacil de este juzgado para que la haga efectiva. Estableciéndose además se recabe de la Inspectoría de Transito Terrestre con sede en Mérida las actuaciones relacionadas con motivo del accidente de transito.
En fecha catorce (14) de julio del año mil novecientos noventa y ocho (1998) comparece ante este tribunal su alguacil, ciudadano Ramírez Camacho Jolivert José, quien expuso que el día catorce (14) de julio de ese mismo año hizo entrega al ciudadano Briceño Valero Mauro, la copia de la compulsa y conforme le firmó el respectivo recibo y boleta de citación.
En fecha veintiuno (21) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998) comparece ante este tribunal su alguacil, ciudadano Ramírez Camacho Jolivert José quien expuso que el día veinte (20) de julio.
Ese mismo año, se citó personalmente a la ciudadana Francelina Hegilda Lezama Briceño e hizo entrega de la copia de la compulsa y conforme le firmó el respectivo recibo y la boleta de citación.
En fecha seis (6) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998) los abogados en ejercicio Rafael Dávila, Mireya Méndez de Romero y Margarita Santiago, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números 2.456.637, 8.000422 y 8.023.939 en su orden, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 8.960, 23.619 Y 42.771 respectivamente, domiciliados en la ciudad de Mérida y hábiles, actuando con el carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos Mauro Briceño Valero y Francelina Hegilda Lezama de Briceño, dieron contestación a la demanda incoada en contra de sus representados.
En fecha once (11) de agosto del año mil novecientos noventa y ocho (1998), visto el pedimento de la parte demandada en su escrito de contestación donde solicita que el accionante absuelva posiciones juradas, estando dispuesto la parte demandada de absolverlas recíprocamente, se acordó conforme a lo solicitado, la citación del ciudadano Víctor Manuel Núñez para que comparezca ante este tribunal en el segundo día hábil siguiente a su citación, a fin de que absuelva posiciones juradas que le estampará la parte demandada, con la advertencia que ésta las absolverá en el primer día hábil de despacho siguiente a aquel en que haya terminado de absolverlas la parte actora. En fecha 16 de septiembre del año 1998, el abogado Gustavo Adolfo Vento consignó escrito de promoción de pruebas, con sus anexos, para que sean agregados en autos. Igualmente los abogados Mireya Méndez de Romero y Margarita Santiago, en esa misma fecha consignaron escrito de promoción de pruebas, con sus anexos a los mismos fines.
En fecha 21 de septiembre de 1998 se dicta el auto de admisión de pruebas tanto de la parte actora, como de la parte demandada, salvo la prueba tercera promovida por esta última por considerarla este tribunal impertinente.
En fecha 22 de septiembre de 1998 comparece ante este tribunal su alguacil, ciudadano Ramírez Camacho Jolivert José quien expuso que consignaba en ese mismo acto boleta de notificación librada al ciudadano Víctor Manuel Núñez Rosales, a quien notificó personalmente el 21 de septiembre de 1998. Notificación esta referente a la absolución de las posiciones juradas.
El día 23 de septiembre de 1998 se realizó el acto de absolución de posiciones juradas de la parte actora y después de habérsele estampado la posición décima tercera se difirió el acto para el día 24 de septiembre de ese mismo año, fecha en la que se continuó y terminó acto respecto a la parte actora. El día 29 de septiembre de 1998, se llevó acabo el acto de absolución de posiciones juradas de la ciudadana Briceño Valero Mauro José, en su condición de codemandado, difiriéndose dicho acto para el día 5 de octubre de 1998, fecha en la que se continuó y terminó el mismo.
En fecha 6 de octubre de 1998 se realizó el acto de absolución de posiciones juradas de la ciudadana Francelina Hegilda Lezama de Briceño, difiriéndose este para el día 7 de octubre de 1998, día en que se continuó y terminó el mismo.
En fecha 23 de marzo de 1999, día fijado por este tribunal para que tuviera lugar el acto de informes, tanto la parte actora como la parte demandada consignaron sus respectivos escritos, por lo que el tribunal dijo vistos y entró en términos para decidir.
En fecha dos de mayo del dos mil, en razón de encontrarse la Juez Provisorio Dra. Edy Magaly Calderón de Zuarich de reposo médico, el abogado German Nucete Marquina Juez Accidental designado, se avoca al conocimiento de la presente causa, por 10 que se ordena notificar a las partes intervinientes en el proceso.
En horas de despacho del día 16 de junio del 2000 las abogadas Mireya Méndez de Romero y Margarita Santiago Santiago recusan al Juez Accidental Designado, por 10 que el día 22 de junio del 2000 el tribunal ordenó remitir al Juzgado Superior Segundo en 10 Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo Y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, copias de l2.s actas conducentes que indiquen tanto el recusado como el recusante, a los fines establecidos en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Recusación declarada sin lugar en fecha 19 de julio del 2000.
El día 22 de enero del 2001 la Juez Provisorio, se reincorporó al cargo, avocándose al conocimiento de este litigio, por lo que se ordenó notificar a las partes.
En fecha ocho de agosto del 2005, se avoco al conocimiento de la causa la Abg. Yolivey Flores Muñoz, asumio el cargo de JUEZ TEMPORAL del JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA. En la misma fecha se libraron las boletas de notificación a las partes.
En fecha 23 de enero del 2006, diligenció la alguacil de este Juzgado, expresando haber fijado boleta de notificación de la parte demandada del avocamiento de la Abg. Yolivey Flores Muñoz, como Juez Temporal de este juzgado.
En fecha 15 de febrero de 2006, diligenció el abogado Gustavo Vento, en su carácter de Apoderado Judicial de la parte demandante, quien consigno escrito dirigido a la juzgadora de este tribunal constante de un folio útil.
En fecha 17 de febrero del 2006, consignó la alguacil de este juzgado boleta de notificación del avocamiento de la Abg. Yolivey Flores Muñoz, como Juez Temporal de este Juzgado, debidamente firmada por la parte demandante en la presente causa.
En fecha 15 de marzo del 2006, este juzgado dicta auto donde se reanuda la causa en el estado en que se encuentra, en el estado de dictar sentencia, y por cuanto ya fueron notificadas las partes intervinientes en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el articulo 521 del Código de Procedimiento Civil, se fijó un lapso de (60) días de despacho siguiente a la presente fecha para dictar sentencia.
Este es el historial de la presente causa por lo que este tribunal para entra a decidir observa:

SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA

I

DE LA DEMANDA POR INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS MORALES DERIVADOS DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO.

En su condición de apoderados judiciales del ciudadano Victor Manuel Núñez Rosales, los abogados Gustavo Adolfo Vento Vo1can e Iris Lorena Sequera procedieron a demandar a los ciudadanos Mauro Briceño Valero y Francelina Hegilda Lezama de Briceño, oportunidad en la que expusieron:
Que el día 19 de abril de 1998, subían después de compartir en una reunión social el hijo de nuestro poderdante Andrés Manuel Núñez Matheus, y quien venía en compañía de los menores Mauro José Briceño Lezama, Francisco Javier Rodríguez Naranjo, Rebeca Beatriz Espinosa Leal y Arturo José Guzmán Puleo, en el vehículo MARCA FORD, CLASE CAMIONETA, MODELO EXPLORER 7A7 SPORT DOS PUERTAS, AÑO 1997, PLACAS LAE 18A, SERIAL DE MOTOR VA34749, SERIAL DE CARROCERIA AJU2VP34749, TIPO SPORT WAGON, USO PARTICULAR, propiedad de la ciudadana Francelina Hegilda Lezama de Briceño, tal como se evidencia de la fotocopia del documento de venta, realizado por el Concesionario Escalante Motors S.A., que anexamos marcado "B" , Y los mismos se trasladaban desde la ciudad de Ejido hasta la ciudad de Mérida, por la avenida Andrés Bello y siendo aproximadamente las tres de la mañana, se produjo un accidente de vehículo con objeto fijo, a la altura del Sector Alto Chama, frente al conjunto residencial Jardines de Alto Chama.
Que dicho accidente se produjo debido a que el menor Mauro José Briceño Lezama, subía a exceso de velocidad y bajo la ingesta de bebidas alcohólicas, no previendo que a esa altura de la avenida Andrés Bello, existe una curva fuerte hacia la izquierda, la cual debido al exceso de velocidad y a la falta de pericia, aunada a la imprudencia, no pudo controlar dicho vehículo saliéndose de la vía y colisionando inicialmente con la defensa que existe en dicha curva y posteriormente con los árboles que se encuentran sembrados, 1o que demuestra que el referido menor no observó las medidas de prevención establecidas en la ley y Reglamento de Tránsito Terrestre, trayendo como consecuencia de dicha colisión la pérdida de vidas humanas entre ellas la del menor Víctor Manuel Núñez Rosales, por contusión encéfalo craneal, tal como se evidencia de acta de defunción anexa marcada con la letra "D", hecho este que ocasionó daños morales a nuestro poderdante, en virtud del hecho ilícito ocasionado por el menor Mauro José Briceño Lezama, por haber obrado con imprudencia, impericia y por inobservancia de la ley y Reglamentos de Tránsito Terrestre.
Que lo anterior se evidencia del expediente administrativo realizado por la Oficina Procesadora de Accidentes de Tránsito Terrestre, de las gráficas tomadas al vehículo y al lugar del impacto, y las conclusiones dadas por el perito avaluador, ciudadano José Humberto Guillén Sosa.
Que según los artículos 54 y 55 de la Ley de Tránsito Terrestre, además de establecer el propio legislador la responsabilidad del padre, la madre o del tutor por los daños ocasionados por los hechos ilícitos de los menores y en este orden de ideas el artículo 1.190 del Código Civil, los faculta para ejercer las acciones pertinentes contra los padres del menor conductor del vehículo, por el daño moral ocasionado a su poderdante, respondiendo ambos padres conjunta y solidariamente.
Que de conformidad con el artículo 1.190 del Código Civil Venezolano, en concordancia con lo establecido en los artículo 54 y 55 de la Ley de Tránsito Terrestre, en armonía con lo establecido en los artículo 338 y 339 del Código de Procedimiento Civil, recurren a demandar como en efecto lo hacen a los ciudadanos Mauro Briceño Valero y Francelina Hegilda Lezama de Briceño, en su condición de padres del menor Mauro José Briceño Lezama, por los daños y perjuicios morales ocasionados al ciudadano Víctor Manuel Núñez Rosales, y en consecuencia que convenga en pagarle o en su defecto ser obligados por este tribunal a que cancele las siguientes cantidades: PRIMERO: La cantidad de ciento cincuenta millones de bolívares (Bs150.000.000) por concepto de daños y perjuicios morales por el daño moral sufrido por el poderdante Víctor Manuel Núñez, como consecuencia de la muerte de su hijo en el accidente en referencia. SEGUNDO: Las costas y costos procesales.

Anexan los accionantes junto con su escrito de demanda, poder general, otorgado por el ciudadano Víctor Manuel Núñez Rosales a los abogados Gustavo Adolfo Vento Volcan, Iris Lorena Contreras Sequera y Mariela Núñez Matheus, autenticado ante la Notaría Pública. Segunda en fecha 21 de mayo de 1998, copia certificada del expediente administrativo realizado por la Oficina Procesadora de Accidentes de la Unidad Estatal de Vigilancia de Tránsito Terrestre N° 62 Mérida, copia certificada del acta de Defunción del joven Andrés Manuel Núñez Matheus, expedida por la Prefectura Civil de la Parroquia Juan Rodríguez Suárez, y fotografías del lugar del accidente así como del vehículo conducido en el momento del mismo por el joven Mauro José Briceño Lezama.
Fundamentan los accionantes la presente demanda en los artículos 1.190 del Código Civil Venezolano, en concordancia con los artículos 54 y 55 de la Ley de Tránsito Terrestre, en armonía con los artículo 31,338 Y 339 del Código de Procedimiento Civil.
Junto con su libelo la parte actora produjo los siguientes recaudos documentales:
A- El instrumento poder otorgado por el ciudadano Víctor Manuel Núñez Rosales (folios 5 y 6).
B-Copia simple del certificado de origen de un vehículo automotor Marca Ford Explorer 7 A7, Sport (2 puertas), placa LAE 18 A, color azul (folio 7);
C- Copia certificada del expediente administrativo de tránsito N° 98-047, expedido por el Jefe de la Oficina Procesadora de Accidentes del Comando de Vigilancia de Tránsito Terrestre N° 62, Comando de Ejido (folios 8 al 25).
D- Copia certificada de la partida de defunción del menor Andrés Manuel Núñez Matheus (folio 26).
E- Un conjunto de nueve (9) fotografías (folios 27 al 30).

II
DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

Al folio 44 del presente expediente, riela escrito contentivo de contestación de demanda, y en cuya oportunidad legal, los abogados en ejercicio Rafael Dávila, Mireya Méndez de Romero y Margarita Santiago, actuando con el carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos Mauro Briceño Valero y Francelina Hegilda Lezama Briceño, consignan escrito contentivo de la misma, en donde expusieron:
Que en primer lugar, admitieron como ciertos los hechos sucedidos el día 19-04-98 y que los señalados por la parte actora no se ajustan a la verdad de lo lamentablemente sucedido ni al derecho invocado, la demanda objeto de esta contestación.
Que el día 19-04-98 se encontraban reunidos compartiendo en una reunión social en la ciudad de Ejido el joven Mauro José Briceño conjuntamente con el Joven Andrés Manuel Núñez Matheus y los otros menores involucrados en el accidente, acompañantes estos que habían requerido previamente y por vía telefónica la presencia del menor Mauro José Briceño, para compartir de la fiesta y que luego los trasladara a sus respectivos hogares, por lo que este último en un gesto de solidaridad, hermandad y responsabilidad accedió a. altas horas de la madrugada a repartir gentilmente a cada uno de sus acompañantes.
Que es completamente falso que el conductor Mauro José Briceño carezca de pericia para conducir ya que posee licencia de especial venezolana y norteamericana, así como su correspondiente certificado médico.
Que es completamente falso que el conductor Mauro José Briceño condujera bajo los efectos de bebidas alcohólicas debido a que en las actuaciones administrativas de Tránsito, en ningún momento se evidencia este hecho, tampoco en el libro de ingreso del Hospital Universitario de los Andes, en tal virtud la presunción de culpabilidad no existe, tampoco se realizó ningún examen toxicológico por cuanto no fue necesario practicarlo.
Que con respecto al exceso de velocidad es importante señalar que el vehículo conducido por Mauro José Briceño fue impactado por la parte trasera lateral izquierda por otro vehículo, lo que significa que el hecho del tercero contribuyó a causar el daño que se plasmó en el lamentable accidente, habiendo sido inevitable e imprevisible para el conductor.
Que las defensas viales que existen en la curva están colocadas incorrectamente, que en lugar de ser un mecanismo de defensa son una agresión a cualquier conductor, lo que mas que disminuir el daño en caso de colisión lo agrava, ya que la superposición de las vigas, bandas o vallas “protectoras” están superpuestas en una forma técnicamente equivocada, como si la vía fuera bajando y no para el canal de subida, es decir, estan colocadas no para abrir sino para cortar y penetrar dentro de los vehículos que impacten contra ellas, además de ello el extremo Terminal de éstas vallas deben terminar enterrados en el suelo y no dejarlos de extremo libre como en efecto, las han instalado, esto, constituye el lugar de elementos de defensa o protección en elementos cortantes, y penetrantes para el móvil que las impacte… y esta según el decir de los codemandados, viene siendo esta la causa principal del destrozo del vehículo y sus ocupantes, prueba de ello es la inspección judicial practicada por el Tribunal de Menores de esta Circunscripción Judicial, en fecha 22-07-98, realizada por el Ingeniero Civil Pedro Andueza Saavedra, quien expresó que la defensa de la parte lateral de la misma se puede considerar atenuadora del golpe pero la punta o extremo puede considerarse agravante del accidente.
Que el demandante supone establecer la responsabilidad de los padres del menor Mauro José Briceño por la ingesta de bebidas alcohólicas y exceso de velocidad situaciones estas totalmente inexistentes puesto que ni el vigilante de Tránsito actuante, ni en el Centro Hospitalario ni clínico se dejó constancia de esta circunstancia, y con respecto al exceso de velocidad técnicamente se demuestra que tanto las defensa a la orilla de la curva como el árbol que sirvió de contención, tuvo efectos mortales para las victimas.
Que la parte demandante fundamenta también su pretensión en el artículo 1.190 del Código Civil Venezolano, sin embargo esta responsabilidad no puede apreciarse como un hecho aislado, sino dentro de un contexto objetivo de culpas puesto que los padres del menor Núñez Matheus son igualmente responsables al permitir que su menor hijo anduviese a altas horas de la noche fuera de su hogar y con el consentimiento de ellos, por lo que indudablemente de que el hecho de ellos mismos al asumir una conducta negligente en la protección de su menor hijo fue la causa principal en el fatal desenlace del día 19-04-98, es lo que en nuestra legislación se conoce como el hecho de la víctima, por lo que es necesario hacer valer algunas circunstancias sin las cuales no hubiesen sucedido los lamentables hechos:
a- que el menor fallecido Andrés Manuel Núñez Matheus, aproximadamente a las 9:00 de la noche llamó al menor Mauro Briceño, atendiendo esta llamada un amigo de la familia Briceño Lezama, que esa noche se encontraba compartiendo con su familia.
b- Que al menor Mauro Briceño le fue solicitada la cola de regreso, y que entre otras cosas, se trata de acto de generosidad, pues al no existir un contrato de transporte.
Que no estamos dentro de la culpa in eligendo por que los padres no eligen a sus hijos sino lo que mas se acercaría sería la culpa in vigilando, pero esta culpa si de responsabilidad se trata tampoco la ejercieron los padres de los demás menores fallecidos.
No pueden ignorar los padres del menor Andrés Manuel, la existencia de un decreto ejecutivo en virtud del cual en su artículo primero señala "Queda terminantemente prohibido a los menores de edad circular o deambular por las calles por todo el territorio del Estado Mérida, sin sus padres o representantes legales en el horario comprendido entre la 10:00 p.m hasta las 5:00 a.m.
Que quieren hacer significar un aspecto que destruye en toda su extensión la pretensión de la parte demandante, así el primer aparte del artículo 261 del Código Civil, establece que durante el matrimonio, la patria potestad sobre sus hijos comunes corresponde, de derecho, al padre y a la madre quienes la ejercen conjuntamente en interés. y en beneficio de los menores y la familia, el artículo 264 del Código Civil establece que" El padre y la madre que ejerzan la patria potestad, tienen la guarda de sus hijos y fijarán de mutuo acuerdo el lugar de su educación, residencia o habitación..." En consecuencia y como obligación de este poder de guarda que ejercen los padres, sobre sus menores hijos, el artículo 265 ejusdem señala: La guarda contiene la custodia, la vigilancia y la orientación de la educación del menor, así con la facultad de imponerle correcciones adecuadas..." ello indica que la guarda no fue ejercida por los padres del menor Andrés Manuel Núñez Matheus, por lo que no existen fundamentos legales ni morales para sustentar la acción incoada en contra de la familia Briceño Lezama.
Por todos los motivos de derecho y los hechos vivénciales expuestos, es que rechazamos la cantidad demandada por considerarla temeraria y contra derecho, solicitando del juzgador que en base a su poder discrecional y en vista de las circunstancias como sucedieron los hechos declare sin lugar la acción propuesta.
Por ultimo, solicitaron de conformidad con los artículos 403 y 406 del Código de Procedimiento Civil, que la parte demandante absuelva posiciones juradas, estando dispuesto a absolverla recíprocamente.

III
PRIMER PUNTO PREVIO

En virtud de que los Abogados Rafael Dávila, Margarita Santiago Santiago y Mireya Méndez de Romero, en su carácter de apoderados judiciales de la parte demandada José Mauro Briceño Valero y Francelina Hegilda Lezama de Briceño, en escrito de informes presentado en fecha 22 de marzo de 1999, a los folios 548 al 551 y sus vueltos de la segunda pieza de este expediente, alegaron la falta de cualidad e interés del actor para proponer la demanda la cual, según afirman, fundamentan en doctrina de nuestro Máximo Tribunal (Sala de Casación Civil, sentencia del 07/04/94) y en criterio del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Área Metropolitana de Caracas de fecha 16/09/96 (citadas en: Cabrera Jesús Eduardo XIV Jornadas J. Domínguez Escovar, pag. 52), en el sentido de que la falta de cualidad o interés puede ser declarada, a solicitud de parte o de oficio por el tribunal, en cualquier estado del juicio debido a que, a su juicio:

“... La caducidad de la acción, la cosa juzgada, la prohibición de admitir la acción propuesta y la falta de cualidad e interés, son todos conceptos ligados a la acción y no a la cuestión de fondo que se debate. Las cuatro categorías extinguen la acción y si ésta se ha perdido no podrá sentenciarse el fondo sin importar en que estado procesal, en cual momento del juicio se extinguió la acción... cada vez que el juez constata que la acción se extinguió debe declarar tal situación, ya que el derecho a movilizar la administración de justicia en una causa particular se ha perdido al no poder existir fallo de fondo, y la extinción de la acción es independiente de los alegatos que se susciten con motivo de la contestación al fondo de la demanda...”.

Para exponer sus alegatos sobre la falta de cualidad del demandante por no haberse integrado debidamente, a su juicio, el litis consorcio activo, los apoderados de la parte demandada argumentan lo siguiente:

“... estamos en presencia de un Litis Consorcio Activo Necesario (sic), ya que la cualidad activa se debe conformar en este caso, con las personas que integran la sociedad conyugal, es decir con la de los ciudadanos VÍCTOR MANUEL NÚÑEZ ROSALES y la de su cónyuge ODILA MATHEUS DE NÚÑEZ. ... así como la cualidad de la parte demandada se conformó con un Litis Consorcio Pasivo Obligatorio (sic), al ser demandados MAURO BRICEÑO VALERO Y FRANCELINA HEGILDA LEZAMA DE BRICEÑO, en la misma forma la cualidad para demandar se conformaba con la figuras del Doctor VÍCTOR MANUEL NÚÑEZ ROSALES y su señora esposa. No aceptar este requisito facultaría a la cónyuge y madre del menor fallecido Andrés Manuel Núñez Matheus, para ejercer la acción por el mismo hecho en forma aislada e individualizada, con las consiguientes consecuencias de inseguridad jurídica y violatoria de los principios básicos del derecho procesal como lo son el de la celeridad y economía procesal. ... A-) Así como se formó la cualidad con las personas de los cónyuges demandados, así mismo la cualidad activa se configura con las personas de ambos cónyuges (Marido y Mujer-sic). B-) El Código Civil, en su artículo 261 establece: “Durante el matrimonio la patria potestad sobre los hijos comunes corresponde, de derecho al padre y a al madre, quienes la ejercerán conjuntamente, en interés y beneficio de lo menores y de la familia...” Entonces nos preguntamos...¿la cónyuge del demandante, la señora MATHEUS DE NÚÑEZ, madre del menor ANDRÉS MANUEL NÚÑEZ MATHEUS, está facultada para ejercer en forma autónoma una acción por daños y perjuicios así como lo hizo su cónyuge VÍCTOR MANUEL NÚÑEZ ROSALES, mas aún, como quiera que en este lamentable accidente hubo tres menores fallecidos, si no se respecta el criterio de la existencia de un Litis Consorcio Activo Obligatorio (sic), pudieran surgir entonces seis (6) acciones civiles en contra de los cónyuges aquí demandados, es decir, dos demandas por cada grupo familiar afectado...”.

De los términos en que fue planteada la controversia, observa este Tribunal que la demanda por indemnización de daños morales, fundada en los artículos 1190, 1196 del Código Civil, 54 y 55 de la Ley de Tránsito Terrestre de 1996, fue propuesta solamente por el ciudadano Víctor Manuel Núñez Rosales, padre del menor fallecido, contra los padres del menor Mauro José Briceño Lezama, ciudadanos Mauro Briceño Valero y Francelina Hegilda Lezama de Briceño.
Las normas invocadas por el actor para sustentar en derecho su demanda, son del tenor siguiente:
Artículo 1190:
“El padre, la madre, y a falta de éstos, el tutor, son responsables del daño ocasionado por el hecho ilícito de los menores que habiten con ellos. Los preceptores y artesanos son responsables del daño ocasionado por los hechos ilícitos de sus alumnos y aprendices, mientras permanezcan bajo su vigilancia.
La responsabilidad de estas personas no tiene efecto cuando ellas prueban que no han podido impedir el hecho que ha dado origen a esa responsabilidad; pero ella subsiste aun cuando el autor del acto sea irresponsable por falta de discernimiento.”

Artículo 1196:
“La obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral causado por el acto ilícito. El juez puede, especialmente, acordar una indemnización a la víctima en caso de lesión corporal, de atentado a su honor, a su reputación, o a los de su familia, a su libertado personal, como también en el caso de violación de su domicilio o de un secreto concerniente a la parte lesionada.
El juez puede igualmente conceder una indemnización a los parientes, afines o cónyuge, como reparación del dolor sufrido en caso de muerte de la víctima.”

Artículo 54:
“El conductor, el propietario de un vehículo y su empresa aseguradora están solidariamente obligados a reparar todo daño material que se cause con motivo de la circulación del vehículo, a menos que se pruebe que el daño proviene de un hecho de la víctima o de un tercero que haga inevitable el daño o el accidente hubiese sido imprevisible para el conductor. Cuando el hecho de la víctima o del tercero haya contribuido a causar el daño se aplicará el artículo 1189 del Código Civil. Para apreciar la extensión y reparación del daño moral, el Juez se regirá por las disposiciones del Derecho Común. En caso de colisión entre vehículos se presumen, salvo prueba en contrario, que los conductores tienen igual responsabilidad por los daños causados.
Parágrafo Único: El propietario no será responsable de los daños causados por su vehículo cuando haya sido privado de su posesión como consecuencia de hurto, robo, apropiación indebida o requisición forzosa una vez demostrado suficientemente el hecho.

Artículo 55:
“Se presume, salvo prueba en contrario, que es culpable de un accidente de tránsito, el conductor que en el momento del accidente se encontrase bajo los efectos de bebidas alcohólicas, de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, o que condujese a exceso de velocidad. A dicho conductor se le practicará el examen toxicológico correspondiente, el cual será omitido en caso de utilización de pruebas e instrumentos científicos por parte de la autoridad competente, al momento de levantar el accidente. Dichas pruebas e instrumentos serán determinados en el Reglamento de esta Ley.”

Por otra parte, como puede verse del escrito en virtud del cual los apoderados judiciales de la parte demandada alegan la falta de la cualidad del actor por no haber demandado conjuntamente con su cónyuge, no se invoca ninguna norma jurídica que le permite sustentar en derecho tal defensa perentoria.
En consecuencia, la cuestión a dilucidar consiste en determinar, si resulta o no procedente la falta de cualidad e interés opuesta por la parte demandada en la oportunidad de presentar informes en esta instancia, pretendiendo con ello sostener que, por no haberse integrado debidamente el litisconsorcio activo que, en su concepto es necesario, no puede prosperar la demanda mediante la cual el ciudadano Víctor Manuel Núñez Rosales, alegando haber sufrido un daño en su patrimonio moral por la muerte de su menor hijo Andrés Manuel Núñez Matheus, ocurrida en accidente de tránsito con motivo de la circulación de un vehículo conducido por Mauro José Briceño Lezama, menor hijo de los codemandados, y pretende le sean resarcidos los daños morales sufridos como consecuencia de dicho fallecimiento.
A tal efecto el Tribunal y sin que ello presuponga, por el momento, algún juicio sobre la procedencia de la acción intentada, hace previamente las consideraciones