En nombre de la

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE JUICIO DEL TRABAJO
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA


IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS

PARTE DEMANDANTE: FLOR ANGELINA VASQUEZ RODRÍGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-15.448.542.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: MARY ROSARIO MILLANO; MARIANDRY FANEITE; JESÚS GUILLEN; ALDANIS MATOS, inscritas en el Instituto de previsión social del abogado Números 65.446,113.824; 45.863 y 102.080, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: WENCO LARA C.A; servicio de comida rápida WENDY´S, sociedad inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 16 de diciembre de 1998, bajo el No. 43, tomo 52-A.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: JESUS DA SILVA y MARGORY CHAVEZ, inscritos en el Instituto de previsión social del abogado bajo los números 32.441 y 92.077, respectivamente.

M O T I V A C I Ó N

Luego de revisar exhaustivamente el presente asunto, el Juzgador ha constatado que se cumplieron plenamente los extremos del debido proceso, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

A continuación, se procede a dictar el fallo escrito, conforme a lo previsto en el Artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

La parte actora señaló en el libelo que ingresó a prestar sus servicios para la demandada el 01 de julio de 2001, cumpliendo labores como anfitriona lider, devengando un último salario de Bs. 80.000 semanales. En un horario rotativo comprendido entre las 12:00 m a 5:00 p.m. o de 6:00 p.m a 11:00 p.m. de lunes a domingo con un día libre a la semana, quedando a salvo cualquier hora extra generada.

Señaló que comenzó a prestar trastornos de salud que ameritaron reposos médicos de manera intermitente, que presentó reposo con breves regresos al trabajo, entre las fechas 19/05/04 al 16/08/04, del 21/09/04 al 30/09/04, del 12/11/04 al 16/11/04 luego del 01/05/05 al 10/11/05, siendo diagnosticado por el médico del Seguro Social una depresión, cuadro de neurosis de ansiedad, certificada como enfermedad profesional el 04 de enero de 2006.

En este sentido la actora manifestó que la enfermedad es consecuencia de la conducta desarrollada por el Gerente General de la demandada, ciudadano JESÚS RAÚL GARVETT, caracterizada según sus dichos por gritos al girar instrucciones, lo que resulta intimidatorio; críticas sistemáticas e injustificadas de su desenvolvimiento; constantes ofensas; señalándole que no sabía hacer nada o que todo lo hacia mal, teniendo que repetirlo y nunca quedaba conforme, hechos que por su continuidad afectaron su salud mental.

Señaló que durante la relación de trabajo se sometió a tratamiento médico, sin embargo cuando se reintegró continuó la persistencia de la situación laboral antes indicada, por lo que ante el incumplimiento de los requerimientos realizados por INPSASEL, se vio en la obligación de retirarse justificadamente del puesto de trabajo el 17 de enero de 2006, presentando correspondencia que el Gerente ciudadano JESÚS GARVETT se negó a recibir.

En consecuencia ante el incumplimiento de las prestaciones sociales que le corresponden y con fundamento en la enfermedad profesional alegada la actora demanda el pago de los siguientes conceptos:

Art. 572 LOT Responsabilidad Objetiva……….Bs. 2.420.186,26
Art. 130 de la LOPCYMAT……………………..Bs. 4.840.372,52
Daño Moral (Art. 1.196 Código Civil)………….Bs. 20.000.000,00
Daño Material……………………………………Bs. 4.491.068,00
Prestación de Antigüedad (Art. 108 LOT)……Bs. 3.342.429,86
Prestación de antigüedad adicional…………..Bs. 93.079,11
Prestación de Antigüedad complementaria….Bs. 374.255,61
Intereses sobre Prestaciones………………….Bs. 225.926,11
Vacaciones y bono vacacional fraccionado….Bs. 432.000,00
Indemnización por Retiro justificado…………Bs. 1.871.278,03
Indemnización Sustitutiva del preaviso………Bs. 748.511,21
Indemnización por daños y perjuicios………..Bs. 748.511,21

Por su parte, la demandada en la oportunidad procesal de contestar las pretensiones del actor admitió la existencia de la relación con el actor, así como la fecha de ingreso, egreso, cargo desempeñado, por lo tanto tales hechos se encuentran relevados de prueba por estar expresamente admitidos conforme el Artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En la transacción celebrada ante el Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución (folios 50 al 52) la parte actora aceptó la cantidad de dinero ofrecida por la demandada por concepto de prestación por antigüedad; antigüedad adicional; prestación complementaria; intereses sobre prestaciones sociales; vacaciones y bono vacacional fraccionado; indemnización por antigüedad por retiro injustificado; indemnización sustitutiva del preaviso y concepto de rescisión del contrato, quedando por resolver sólo lo demandado por daño material y daño moral generado por la enfermedad.

La demandada señaló que siempre ha cumplido con las exigencias legales en materia de higiene y seguridad industrial y que desde el ingreso de la actora en la compañía se le notificaron los riesgos de la misma.

Tal y consta en el acta de audiencia preliminar de fecha 17 de octubre de 2006, lo único que se discutió en la audiencia de juicio fue lo relativo a la presunta enfermedad profesional alegada por la parte actora, ya que los demás elementos del libelo fueron objeto de transacción por las partes; por lo que se procederá de seguidas a resolver los hechos controvertidos de la siguiente forma:

1.- Naturaleza de la enfermedad que padece la actora:

La demandada tachó de falsedad la certificación de Incapacidad emanada del Instituto de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL) que riela al folio 18 y 55 en copia y original respectivamente, con fundamento en el Artículo 83 numeral 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, indicando que el funcionario que lo suscribe hace constar un hecho según sus dichos totalmente falso y en grave perjuicio económico de la demandada.

Al respecto señaló que poco antes de comenzar los repetitivos reposos avalados por el Instituto de los Seguros Sociales (IVSS) vivió circunstancias muy desagradables y lamentables como fue la muerte repentina de su novio ALEJANDRO SOTO , lo cual ocurrió en septiembre de 2003 y, posteriormente, en el mes de abril del año 2004, su hermano HECTOR VASQUEZ muere abaleado por efectivos del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) señalado como presunto distribuidor de drogas, lo cual indiscutiblemente según sus dichos generó en la actora trastornos depresivos y post-traumáticos debido al duelo prolongado.

En este sentido la demandada indicó que la actora no manifestó ante el INPSASEL los verdaderos motivos por los cuales se encontraba en un transe de conflictos emocionales originados por hechos familiares acontecidos con anterioridad, siendo que la actora ha pretendido un enriquecimiento sin causa al afirmar que su situación emocional derivó de la supuesta conducta agresiva, ofensiva y vejante que para con ella tenía el ciudadano gerente JESÚS GARVETT.

Con respecto a la tacha del documento que certifica la enfermedad sufrida por la parte demandante, el Juzgador observa que en el escrito presentado para la promoción de las pruebas de la incidencia se invocó lo previsto en el Artículo 83, N° 6, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que se refiere a hacer constar falsamente hechos en fraude o perjuicio de terceros o que el acto se efectuó en fecha o lugar diferente de la verdadera realización, supuestos que no aparecen demostrados con las pruebas de autos.

La demandada indica que se realizó la certificación sin examinar al jefe de la trabajadora (Garvett); que sólo se tomó en consideración la información de la trabajadora. No obstante, cursan del folio 60 al 67 informes presentados por la autoridad administrativa del trabajo en los cuales se evidencia la aplicación de una serie de pruebas y de test que ratificaron la información suministrada por la trabajadora; y también se observa en el acta de investigación levantada, que el representante de la demandada, Jesús Garvett, estuvo presente en el acto de evaluación del cargo y se le indicó que estaba relacionado con la situación de la actora, por lo que estaba debidamente notificada de las actuaciones realizadas por el Inpsasel. Tales documentales se presumen legales y legítimas por emanar de la autoridad administrativa del trabajo por lo que al no ser impugnadas en forma legal se le otorga pleno valor a sus dichos a tenor de lo previsto en el Artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Además, comparecieron a la audiencia de juicio los ciudadanos:

YOLANDA VERRATTI, titular de la Cédula de Identidad Nro. 7.005.489, en su condición de testigo experto; quien manifestó que conoce a la actora porque es su paciente del INPSASEL; que es médico cirujano hace 19 años; que es especialista en salud ocupacional e higiene en el ambiente de trabajo por la Universidad de Carabobo desde 1993 y que labora en INPSASEL desde el 1° de julio de 2005. La testigo afirma que realizó la certificación contenida en los autos, con base en cinco criterios básicos: Clínico; Ocupacional; Criterio Higiénico; Epidemiológico y por último Criterio Diagnostico Legal, consignando informe especial sobre el caso de la trabajadora demandante y afirma, entre otras cosas, que en la descripción del cargo no esta la limpieza del piso, ni con pala; el hecho inicial de la situación de la trabajadora es el duelo por la muerte de su hermano; cuando se reincorpora su jefe estaba molesto por el reposo y requiere un nuevo reposo y así cada vez que regresa requiere un nuevo reposo por el maltrato; cada vez que refería los hechos debía salirse de la consulta, tomar aire, calmarse para luego continuar. Se determino que la causa fue el acoso laboral y el resultado fue la depresión y la neurosis de ansiedad y la secuela indicada en la certificación requiere una nueva evaluación, porque la discapacidad puede tener carácter permanente. La visita de INPSASEL a la demandada la hizo la testigo; también manifestó la declarante que no es especialista y no puede exponer los conceptos de depresión y neurosis; que su función es calificar y certificar, relacionando los riesgos con la situación del paciente; en todo caso, la testigo fue el médico tratante de la demandante y su situación se triangulo con otros profesionales, como un psicólogo ocupacional del INPSASEL y el psiquiatra el seguro social.

A las preguntas formuladas por la parte actora contesto, entre otras cosas, que no es lo mismo el estrés laboral que el acoso. El estrés puede desencadenar un acoso; el estrés es un desbalance entre la oferta y la demanda que genera ansiedad; el estrés laboral se genera del trabajo. El acoso es una condición del paciente sufrida por maltratos; se tiene como referencia más de seis meses con una frecuencia de una vez por semana como mínimo, todo ello en el ambiente de trabajo. Un episodio aislado o que ocurra dos veces, no es acoso. La gravedad del maltrato puede hacerlo aparecer en menos tiempo. La triangulación profesional, actividades participativas y no participativas del paciente, los test, las mediciones psicológicas y psiquiátricas previenen contra simulaciones; cada profesional hace un informe y luego con las coincidencias se realiza la certificación. El INPSASEL realiza pocas certificaciones de este tipo; actualmente se esta investigando otra situación similar a esta. La secuela se puede medir con instrumentos psicológicos, porque esta no es palpable a simple vista.

A las preguntas formuladas por la parte demandada contesto, entre otras cosas, que la actora no se encontraba en su lugar de trabajo cuando se realizo la evaluación del puesto de trabajo en la empresa; la información sobre el horario fue suministrada por escrito por el gerente de la empresa, ciudadano JESUS GARVETT, a quien se le solicito información por escrito que nunca consigno. Afirmó que siempre supo que los primeros reposos se concedieron por duelo prolongado; que INPSASEL conoció del presente asunto a partir del 9 de agosto de 2005 y tienen copia de todos los reposos. En este estado, la reincorporación al puesto de trabajo y el cumplimiento de una jornada, pero sometida a acoso es suficiente para afectar nuevamente a la trabajadora. En la visita realizada a la empresa no se hizo entrevista a los compañeros de trabajo de la demandante porque GARVETT afirmo que cualquiera de ellos podría afirmar que la actora no era normal y en estos casos, es preferiblemente abstenerse.

JESUS PIMENTEL, titular de la cedula de identidad Nro. 3.177.614, manifestó que conoce a la actora por su profesión de médico psiquiatra; que ha tenido dos contactos con ella y a través del expediente del expediente de INPSASEL; que la ha atendido en forma privada; La neurosis es una patología de la conducta por angustia y se manifiesta como sensación mental y en el organismo con síntomas corporales; por estrés permanente o fuertes impresiones; produciendo miedo, insomnio, palpitaciones, manifestaciones digestivas; es polisintomática. La depresión se manifiesta con la tristeza, la perdida del apetito, falta de autoestima y desvalorización. En algunos casos juega un papel importante la estructura de la personalidad. En el expediente de INPSASEL observo algunos juicios médicos y paraclínicos. Para evitar la simulación se pueden realizar algunos mecanismos de medición que el testigo no aplico, pero la psicóloga que la examino en INPSASEL si lo hizo.

A las preguntas formuladas por la parte actora, el testigo contesto, entre otras cosas, que el reposo para quien tiene una patología de la conducta tiene por finalidad sacarlo de la situación conflictiva aguda. La resistencia al ambiente hostil depende de la estructura de la personalidad. De las áreas afectadas, la social y la laboral son las principales. Para determinarlo está la parte clínica y luego las pruebas psicométricas. El testigo manifestó que esta de acuerdo con el diagnostico realizado por INPSASEL, ya que la paciente fue sometida a unas pruebas de veracidad de muy alta efectividad.

A las preguntas formuladas por la parte demandada, el testigo contesto, entre otras cosas, que hace unos quince días vio a la demandante en dos oportunidades. Ella le manifestó la perdida de dos seres queridos. Por las características de su personalidad, ella debió resolver la situación por su fragilidad estructural, pero sus necesidades la obligaron a permanecer y aguanto tanto tiempo por la ayuda de los reposos. Primero pierde a su novio en el 2003, esa perdida la supero. Es importante aclarar que mientras más intenso es el vínculo, mas tiempo se requiere para superar la perdida. El segundo duelo es el de su hermano, fue una perdida inesperada, tuvo un mes de dolor marcado y través de su madre y su orientación religiosa que entrega a lo divino la razón de las cosas (“Dios quiso que fuera así”), hizo éste duelo menos impactante y por eso no puede considerarse como condición para el surgimiento del problema laboral. El dictamen de “duelo prolongado” que dictamino el seguro social no le parece adecuado, porque si bien es cierto que para la fecha el duelo era evidente, un duelo puede superarse normalmente en seis meses, dependiendo de la personalidad de cada quien.

Como se puede observar los ciudadanos YOLANDA VERRATTI y JESÚS PIMENTEL, médico especialista en salud ocupacional e higiene en el ambiente de trabajo y médico psiquiatra respectivamente; cuyas declaraciones cursan del folio 168 al 171. La primera, profesional de la medicina señala que la certificación se concluye luego de la evaluación de cinco criterios básicos (clínico, ocupacional; higiénico; epidemiológico y diagnóstico legal). Por su parte el segundo profesional señaló entre otras cosas los síntomas de la enfermedad que padece la actora así como las posibles causas. El Juzgador observa que ambas declaraciones concurren entre sí por lo que a tenor de lo previsto en el Artículo 508 del Código de Procedimiento Civil se le otorga pleno valor a sus dichos.

Por todo lo antes expuesto, en virtud de que la demandada estuvo debidamente notificada durante la investigación de la situación de la actora y no alegó en su oportunidad las defensas respectivas relacionadas con el caso, se declara sin lugar la tacha y se ratifica el valor probatorio de los documentos tachados, incluyendo la calificación de la enfermedad como Depresión, cuadro de neurosis de ansiedad.

Ante la declaratoria anterior, debe tenerse que la situación de presión e intimidación de los superiores sufridas en el área de trabajo produjo la enfermedad que actualmente padece la actora y que le ha provocado una discapacidad absoluta y temporal. Así se declara.-

2.- Procedencia de los conceptos y cantidades demandadas:

A.- Indemnización prevista en el Artículo 572 de la Ley Orgánica del Trabajo:

Consta en autos (folios 68 al 71) documentales relacionadas con el instituto Venezolano de los Seguros Sociales, documentales que al no ser impugnadas se presumen legales y legítimas por lo que se le otorga pleno valor a sus dichos a tenor de lo previsto en el Artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide.-

En tales instrumentales se evidencia que la trabajadora (demandante) estaba inscrita en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, por lo que se declara improcedente la indemnización demandada conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Trabajo, ya que éste régimen sólo es aplicable para quienes no estén protegidos por la seguridad social (Artículo 585 LOT). Así se decide.-

B.- Indemnización prevista en el numeral 6 del Artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

Se declara con lugar la indemnización por la discapacidad absoluta y temporal, conforme a los lapsos establecidos en la certificación emanada del Inpsasel, valorada con antelación, esto es, desde el 19/05/04 al 16/08/04, del 21/09/04 al 30/09/04; del 12/11/04 al 16/11/04; del 01/05/05 al 10/11/05 que cuantificará un experto conforme se indica en esta decisión. Así se establece.-

C.- Indemnización del daño material y moral:

Con respecto a lo demandado por daño material y moral es necesario hacer las siguientes consideraciones.

El Artículo 1185 establece:

El que con intención, o por negligencia o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo. Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo, en el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho.

Por su parte el Artículo 1196 del Código Civil establece:

Artículo 1.196.- La obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral causado por el acto ilícito.

El Juez puede, especialmente, acordar una indemnización a la víctima en caso de lesión corporal, de atentado a su honor, a su reputación, o a los de su familia, a su libertad personal, como también en el caso de violación de su domicilio o de un secreto concerniente a la parte lesionada.

El Juez puede igualmente conceder una indemnización a los parientes, afines, o cónyuge, como reparación del dolor sufrido en caso de muerte de la víctima.

El Artículo 1196 establece varios presupuestos para la procedencia de indemnizaciones por daño causado: (A) lesión corporal; (B) atentado al honor, a su reputación o a los de su familia; (C) atentado contra la libertad personal; violación de domicilio; o (D) violación de un secreto.

En el presente caso, se trata obviamente de una indemnización por la discapacidad sufrida por la actora, conforme ya se declaró en esta sentencia.

La norma también establece la extensión de la reparación: se debe extender a todo daño (A) material y (B) moral causado (Artículo 1196 Código Civil).

La parte actora demandó la cantidad de Bs. 4.491.068,00 por concepto de daño material con fundamento en que una vez que cesó el reposo y se reincorporó al trabajo el incumplimiento de la demandada de los requerimientos del INPSASEL la obligó a retirarse del trabajo, lo que generó un daño de carácter patrimonial. A tal efecto, invocó la garantía del Artículo 100 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, que establece una inamovilidad legal de un año que se traduce en la tranquilidad de poseer empleo por este lapso, sin embargo no pudo hacerlo.

El Juzgador niega lo demandado por daño material, porque no consta en autos el daño sufrido al retirarse del cargo que ocupaba la trabajadora; no se demostró algún vicio del consentimiento para presentar la renuncia a su cargo. Así se decide.-

Con respecto al daño moral, no consta en autos la situación personal de la actora, su preparación y nivel educativo; las cargas personales que soporta y si se dedica a otras actividades sociales, culturales y/o deportivas.

Entonces, tomando en consideración que su discapacidad fue durante períodos determinados, comprendidos desde el 19/05/04 al 16/08/04, del 21/09/04 al 30/09/04; del 12/11/04 al 16/11/04; del 01/05/05 al 10/11/05 con posibles secuelas psicológicas se fija la indemnización por daño moral en la cantidad de cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,00). Así se decide.-

Finalmente se ordena la indización de la cantidad que resulte pagar a la demandada porque se evidencia que el actor presentó la demanda el 08 de febrero de 2006 y la tramitación se ha extendido en primera instancia más de un año.

3.- Experticia Complementaria del fallo:

A los fines de cuantificar las cantidades condenadas a pagar por la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo y la indexación, se ordena practicar una experticia complementaria del fallo. La experticia la realizará un experto designado por el Juzgado de la Ejecución, quien al hacer el nombramiento deberá fijarle sus honorarios, que deberá pagar la demandada. En caso de falta de pago, podrá el actor subrogarse en el pago del experto y acumular esa cantidad a lo que le corresponda ejecutar.

Para cuantificar el experto deberá tomar en cuenta los plazos contenidos en la certificación de discapacidad emitida por el INPSASEL así como el salario diario de Bs. 7.571,43 que arroja la cantidad de Bs. 52.997,00 semanales; invocado por las partes en el acuerdo transaccional celebrado en la audiencia preliminar, desde la fecha de presentación del libelo hasta que se decrete la ejecución de la sentencia definitiva, conforme a los principios establecidos en la Ley de Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento. Así se establece.-

Lo condenado a pagar por daño moral se indizará desde la fecha en que se proceda a la ejecución de la sentencia definitivamente firme.

D I S P O S I T I V O

Por todos los razonamientos de hecho y de Derecho expuestos, el Juez Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara; administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por la autoridad que le confieren la Ley y el Derecho, DECIDE:

PRIMERO: Parcialmente con lugar la demanda y se ordena a la demandada el pago de las cantidades de dinero que se acordaron en la parte motiva de esta decisión y que se dan aquí por reproducidas, más lo que resulte de la experticia complementaria que se ordenó.

SEGUNDO: No hay condenatoria en costas por el vencimiento parcial.

Dictada en Barquisimeto, el martes 24 de abril de 2007. Años 197° de la Independencia y 148° de la Federación.

Abogado José Manuel Arráiz Cabrices
Juez Abogado Joselyn Cardenas
Secretaria

En esta misma fecha, siendo las 02:50 p.m., se registró y publicó la anterior sentencia.
Abg. Joselyn Cardenas
Secretaria

JMAC/njav