JUEZ PONENTE: EMILIO RAMOS GONZÁLEZ
Expediente Nº AP42-N-2001-024564


En fecha 10 de marzo de 2005, fue recibido en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, el Oficio Número 0004 de fecha 19 de enero de 2005, emanado de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante el cual remitió el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos y subsidiariamente medida cautelar innominada por los abogados Carmen Sánchez González, Alberto Balza Carvajal y Guillermo Balza, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 9.665, 991 y 75.098, respectivamente, actuando con su carácter de apoderados judiciales del ciudadano SATURNINO JOSÉ GÓMEZ GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad número 3.694.164, contra los actos administrativos contenidos en i) la Resolución Número CU.001.1.070 de fecha 19 de julio de 2000, mediante el cual se revocó el beneficio de jubilación, ii) la Resolución sin número de fecha 15 de noviembre de 2000, contentiva del acto administrativo de destitución, que le fuera notificado mediante Oficio de notificación número VRAC-02-11-2000-5009, de fecha 27 de noviembre de 2000; y iii) la Resolución Número C.U.041.31090.2001 de fecha 31 de enero de 2001, todos emanados del CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL “FRANCISCO DE MIRANDA”.

Tal remisión se efectuó en virtud de la decisión dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 19 de octubre de 2004, mediante la cual declaró que la competencia para conocer y decidir del presente recurso contencioso administrativo de nulidad corresponde a las Cortes de lo Contencioso Administrativo.

Mediante auto de fecha 22 de marzo de 2005, se dio cuenta en esta Corte Segunda y se designó ponente a la Juez María Enma León Montesinos, a quien se ordenó pasar el expediente a los fines de que dictase la decisión correspondiente.

En fecha 29 de marzo de 2005, se pasó el expediente a la Jueza ponente

Mediante auto de fecha 18 de diciembre de 2006, se dejó constancia que en fecha 6 de noviembre de 2006, fue reconstituida esta Corte quedando integrada de la siguiente manera: Emilio Ramos González (Presidente), Alexis José Crespo Daza (Vicepresidente) y Alejandro Soto Villasmil (Juez). Asimismo, este Órgano Jurisdiccional se abocó al conocimiento de la presente causa y se reasignó la ponencia al Juez Emilio Ramos González, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

En fecha 19 de diciembre de 2006, se pasó el expediente al Juez ponente.

I
ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado en fecha 21 de febrero de 2001, ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, los abogados Carmen Sánchez González, Alberto Balza Carvajal y Guillermo Balza, procediendo con su carácter de apoderados judiciales del ciudadano SATURNINO JOSÉ GÓMEZ GONZÁLEZ, todos antes identificados, interpusieron recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos y subsidiariamente medida cautelar innominada contra los actos administrativos contenidos en i) la Resolución Número CU.001.1.070 de fecha 19 de julio de 2000, mediante el cual se revocó el beneficio de jubilación, ii) la Resolución sin número de fecha 15 de noviembre de 2000, contentiva del acto administrativo de destitución, que le fuera notificado mediante Oficio de notificación número VRAC-02-11-2000-5009, de fecha 27 de noviembre de 2000; y iii) la Resolución Número C.U.041.31090.2001 de fecha 31 de enero de 2001, emanados del CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL “FRANCISCO DE MIRANDA”.

En fecha 22 de febrero de 2001 se dio cuenta en la Corte y, por auto de esa misma fecha, se designó ponente a la Jueza Evelyn Marrero Ortíz a quien se ordenó pasar el expediente a los fines de que la Corte dictase la decisión correspondiente respecto a las cautelares solicitadas.

En fecha 23 de febrero de 2001, se pasó el expediente a la Jueza ponente.

Mediante diligencia presentada en fecha 15 de marzo de 2001, el abogado Guillermo Rafael Balza, antes identificado, actuando en su carácter de apoderado judicial del recurrente, ratificó la solicitud realizada en el escrito recursivo referente a la acumulación de la presente causa con el asunto cursante en el expediente número 00-23488 de la nomenclatura llevada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

Mediante decisión dictada en fecha 26 de abril de 2001, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo se declaró competente para conocer del recurso de nulidad interpuesto, admitió el referido recurso, acordó la medida de suspensión de efectos del acto, en consecuencia, ordenó al Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda dar cumplimiento a lo ordenado en el acto administrativo dictado por el Consejo de Apelaciones en fecha 25 de enero de 2001; y ordenó la acumulación de las causas contenidas en los expedientes números 01-24564 y 00-23488, nomenclatura de esa Corte, suspendiéndose la causa signada con el número 00-23488.

Mediante diligencia presentada en fecha 23 de mayo de 2001, el abogado Rafael Milano Sánchez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 79.722, actuando con el carácter de apoderado judicial de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, interpuso recurso de apelación contra la decisión dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en fecha 26 de abril de 2001.

Mediante diligencia presentada en fecha 31 de mayo de 2001, el apoderado judicial del recurrente solicitó se desechara la apelación interpuesta por el abogado Rafael Milano Sánchez, en virtud de no constar poder original que acreditase su representación.

La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en fecha 14 de junio de 2001, dictó decisión mediante la cual declaró decaída la solicitud realizada por el apoderado judicial del recurrente, en virtud de que fue presentado en original el poder que acredita la representación judicial del abogado Rafael Milano Sánchez, y oyó en un solo efecto la apelación interpuesta contra la decisión dictada en fecha 26 de abril de 2001.

Mediante Oficio número 01/2690 de fecha 20 de junio de 2001, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo remitió a la Sala Político del Tribunal Supremo de Justicia las copias certificadas respectivas, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte recurrida contra la decisión dictada por esa Corte en fecha 26 de abril de 2001.

Por auto de fecha 11 de julio de 2001, se ordenó pasar el expediente al Juzgado de Sustanciación de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, a los fines de que continuase su curso de Ley.

El Juzgado de Sustanciación de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, por auto de fecha 31 de julio de 2001, ordenó ejecutar la acumulación de las causas ordenada por la aludida Corte Primera en sentencia de fecha 26 de abril de 2001, y ordenó la aplicación del procedimiento previsto en la Ley de Carrera Administrativa.

Mediante diligencia de fecha 4 de octubre de 2001, el apoderado judicial de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, consignó escrito de contestación al recurso interpuesto, en el cual igualmente solicitó a la Corte se reevaluase las circunstancias conforme a las cuales fue otorgada la medida cautelar de suspensión de efectos.

En fecha 9 de octubre de 2001, se inició el lapso de cinco (5) días de despacho para la promoción de pruebas de conformidad con lo previsto en el artículo 77 de la Ley de Carrera Administrativa.

El 18 de octubre de 2002, el Juzgado de Sustanciación dictó auto mediante el cual ordenó abrir cuaderno separado y remitir a la Corte a los fines de la revisión de la medida cautelar de suspensión de efectos otorgada.

En fecha 23 de octubre de 2001, se agregó a los autos el escrito de promoción de pruebas presentado por la representación judicial de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” (UNEFM).

Por auto dictado en fecha 6 de noviembre de 2001, el Juzgado de Sustanciación de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo se pronunció respecto a las pruebas promovidas.

Por auto dictado en fecha 17 de enero de 2002, el Juzgado de Sustanciación ordenó remitir el expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo a los fines de que continuase su curso de Ley.

Mediante auto de fecha 30 de enero de 2002, se dio cuenta en la Corte del recibo del expediente, se designó ponente a la Jueza Ana María Ruggeri Cova y se fijó el tercer (3er) día de despacho siguiente para que tuviera lugar el acto de informes, de conformidad con lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Carrera Administrativa.

Por auto de fecha 6 de febrero de 2002, la Corte dejó constancia de que ambas partes presentaron los respectivos escritos de informes y de conformidad con el artículo 80 de la Ley de Carrera Administrativa abrió el lapso para el estudio del expediente por parte de la Jueza ponente.

En fecha 7 de febrero de 2002, se pasó el expediente a la Jueza ponente.

Mediante auto de fecha 6 de marzo de 2002, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo procedió a subsanar el error material en el que incurriera en el auto de fecha 30 de enero de 2002, a través del cual designó ponente a la Jueza Ana María Ruggeri Cova, en consecuencia, se reasignó la ponencia a la Jueza Evelyn Marrero Ortíz a quien se ordenó pasar el expediente los fines de que se dictase la decisión correspondiente.

En fecha 8 de marzo de 2002, se pasó el expediente a la Jueza Ponente.

En fecha 14 de agosto de 2002, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, dictó decisión mediante la cual se declaró incompetente para conocer del presente recurso contencioso administrativo de nulidad y declinó la competencia en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital que correspondiese previa distribución.

Mediante Oficio número 03-408 de fecha 22 de enero de 2003, se remitió el expediente al Juzgado Superior Distribuidor en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, correspondiéndole el conocimiento de la causa al Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, el cual mediante decisión dictada en fecha 28 de enero de 2003, ordenó remitir el expediente al Juzgado Superior Tercero de Transición de lo Contencioso Administrativo, en virtud de que el presente recurso fue interpuesto durante la vigencia de la Ley de Carrera Administrativa.

El Juzgado Superior Tercero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital dictó decisión en fecha 29 de abril de 2004, mediante la cual se declaró incompetente para conocer del recurso y solicitó la “Regulación de Competencia” ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil.


II
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD


-Del escrito interpuesto en fecha 3 de agosto de 2000, reformado en fecha 10 de octubre de 2000.

Mediante escrito presentado los abogados Carmen Sánchez González, Alberto Balza Carvajal y Guillermo Rafael Balza, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano Saturnino Gómez, todos anteriormente identificados, interpusieron recurso contencioso administrativo de nulidad contra el acto administrativo contenido en la Resolución Número CU.001.1.070 de fecha 19 de julio de 2000, notificada mediante Oficio número R.01.07.2000.000.1382 de fecha 27 de julio de 2000, mediante la cual el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” declaró “(…) la revocatoria del acto administrativo contenido en la Resolución CU.001.1048.2000 del 24/01/00 (…)” a través de la cual se le había otorgado la jubilación; de conformidad con las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

Que dicho acto de revocatoria viola los artículos 25, 80, 86, 89 y 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el artículo 82 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por cuanto se negó la fuerza de cosa juzgada administrativa, revocando un acto que estaba definitivamente firme y ejecutoriado, que originó derechos subjetivos al recurrente, siendo que la jubilación estaba ajustada a derecho por cuando su mandante cumplió con los requisitos legales para el otorgamiento de la jubilación, toda vez que los antecedentes de servicio estaban en poder de la Universidad desde hacía más de doce (12) años, invadiendo inclusive la esfera de competencia del poder judicial que es el único autorizado para pronunciarse acerca de su validez.

-Del escrito interpuesto en fecha 21 de febrero de 2001.

Mediante escrito presentado por los apoderados judiciales del ciudadano Saturnino Gómez, todos antes identificados, interpusieron recurso contencioso administrativo de nulidad contra “(…) la CONDUCTA ADMINISTRATIVA INICIADA con la Resolución Número C.U.001.1.070 del 19 de julio de 2000, NOTIFICADA el 27 de Julio del 2000, mediante Oficio Número R.01.07.2000.000.1382, por la cual se REVOCÓ LA JUBILACION DE QUE DISFRUTABA [su] MANDANTE desde el 01-02-2000 (sic); continuo (sic) con la arbitraria REINCORPORACIÓN y posterior DESTITUCIÓN, de [su] representado, y culminó con la emisión del ACTO DE DESACATO a la Decisión del Consejo de Apelaciones de la UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL “FRANCISCO DE MIRANDA”, de conformidad con las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

Que su mandante es un funcionario público con más de 25 años de servicios ininterrumpidos dentro de la Administración, dentro de los cuales más de la mitad dedicó a la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, donde llegó a alcanzar la categoría de Profesor Titular a dedicación exclusiva.

Que en fecha 24 de enero de 2000, el Consejo Universitario, luego de haber analizado todos los requisitos de Ley, le otorgó mediante Resolución Número C.U.001.1048.2000, el beneficio de jubilación al recurrente, con una pensión de Un Millón Trescientos Mil Doscientos Catorce Bolívares (Bs. 1.300.214,00), el cual se hizo efectivo desde el 1° de febrero de 2000, siendo efectivamente percibido por el recurrente hasta el mes de julio del mismo año.

Que mediante Oficio número R.01.07.2000.000.1382 de fecha 27 de julio de 2000, se le notificó de la Resolución Número CU.001.1.070 de fecha 19 de julio de 2000, mediante la cual el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” revocó el beneficio de jubilación otorgado al recurrente.

Que antes de su reincorporación, -que fue el día 19 de septiembre de 2000-, ya se había iniciado una averiguación administrativa, específicamente, cuatro (4) días antes, es decir, en fecha 15 de septiembre de 2000, la cual culminó con el acto administrativo de destitución dictado en fecha 15 de noviembre de 2000, que le fue notificado en fecha 27 de noviembre de 2000, mediante Oficio de notificación número VRAC-02-11-2000-5009, de fecha 27 de noviembre de 2000.

Que en fecha 7 de diciembre de 2000, interpuso recurso de reconsideración contra el acto administrativo de destitución, el cual fue resuelto de forma negativa en fecha 12 de enero de 2001, por lo que en fecha 16 de enero de 2001, apeló ante el Consejo de Apelaciones de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”.

Que en fecha 25 de enero de 2001, el Consejo de Apelaciones falló a su favor revocando los actos administrativos tanto de revocatoria de la jubilación como el de la destitución, y ordenó el pase del recurrente a condición de personal jubilado, así como el goce de los beneficios de la misma; el pago de los sueldos y demás beneficios dejados de percibir y la conclusión del proceso y archivo del mismo.

Que el Consejo Universitario, mediante Oficio número C.U.02.2001.1799 de fecha 7 de febrero de 2001, notificó al recurrente que no acataría la decisión tomada por el Consejo de Apelaciones de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, la cual desconocía, oponiéndose a cualquier acto de ejecución de dicha decisión y haría del conocimiento al Consejo Nacional de Universidades de tal situación, solicitando pronunciamiento al respecto.

Que los actos administrativos dictados por el mencionado Consejo Universitario están viciados de inconstitucionalidad, ilegalidad, de inmotivación, de abuso o desviación de poder, en virtud que violan los artículos 19; 21; 25; 26; 28; 49 numerales 1, 2, 3, 4 y 6; 86; 89 y 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; violan la cosa juzgada administrativa por la aplicación indebida del artículo 82 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Argumentó que la Resolución mediante la cual se revocó el beneficio de jubilación, viola el derecho al debido proceso, por cuanto para revocar la jubilación del recurrente, la Administración sólo tomó en cuenta el Formulario de Antecedentes de Servicios, conocido como “FP 023”, siendo que la constancia del tiempo de servicio prestado por el recurrente siempre estuvo bajo la custodia de la Universidad desde doce (12) años atrás.

Que la decisión del Consejo Universitario de revocar el beneficio de jubilación del recurrente, adolece del vicio de abuso o desviación de poder, en virtud de que tenía como única intención la de destituirlo, lo cual se evidencia del acto administrativo de destitución que le fue notificado en fecha 28 de noviembre de 2000, mediante el Oficio Número 5009, emanado del Vicerrector Académico, quien, alegaron, es un funcionario incompetente para ello, fundamentando su destitución en la causal de falta de probidad, prevista en el artículo 74 literal a del Reglamento del Personal Académico de la Universidad.

Que el Consejo Universitario, al desacatar la decisión dictada por el Consejo de Apelaciones, como órgano superior, viola el principio de justicia que se encuentra inmerso en el ordenamiento jurídico, ya que, dicha decisión sólo podía ser impugnada ante los Órganos Jurisdiccionales, lo cual viola el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por violar y menoscabar los derechos constitucionales y legales de su mandante.

Solicitaron sea declarada la responsabilidad administrativa de los miembros del Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, por haber desacatado la decisión legalmente tomada por el Consejo de Apelaciones de dicha Universidad, violentando los derechos legales y constitucionales del recurrente.

En virtud de los anteriores alegatos solicitaron “(…) la NULIDAD ABSOLUTA de la CONDUCTA ADMINISTRATIVA INICIADA con la Resolución Número C.U.001.1.070 del 19 de julio de 2000, NOTIFICADA el 27 de Julio del 2000, mediante Oficio Número R.01.07.2000.000.1382, por la cual se REVOCÓ LA JUBILACIÓN DE QUE DISFRUTABA [su] MANDANTE desde el 01-02-2000 (sic); continuo (sic) con la arbitraria REINCORPORACIÓN y posterior DESTITUCIÓN, de [su] representado, y culminó con la emisión del ACTO DE DESACATO a la Decisión del Consejo de Apelaciones de la UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL “FRANCISCO DE MIRANDA” (…) se ordene cancelar las pensiones dejadas de cancelar , debidamente indexadas y corregidas monetariamente; se deje sin efecto la orden de reincorporación al personal docente ordinario; se decrete la nulidad de la destitución; se decrete la nulidad del “Acto de Desacato”; y se ratifique la “Decisión del Consejo de Apelaciones de la UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL “FRANCISCO DE MIRANDA”. (Destacado del original).


III
DEL ESCRITO PRESENTADO POR LA PARTE RECURRIDA


Mediante escrito presentado en fecha 4 de octubre de 2001, los abogados Armando Giraud Torres y Rafael Milano, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 34.706 y 79.722, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, dieron contestación al fondo del recurso en los siguientes términos:

-En cuanto al acto administrativo de revocatoria del beneficio de jubilación.

Que las decisiones dictadas por el Consejo Universitario, como máxima autoridad y en cumplimiento de sus funciones, no están sujetas a control o limitación alguna por parte de otros órganos universitarios, siendo sólo en materia disciplinaria cuando sus decisiones están sometidas a las consideraciones del Consejo de Apelaciones que es otro órgano universitario especializado.

Que ante el otorgamiento “indebido” del beneficio de jubilación al recurrente, surgieron ciertas situaciones que hicieron presumir la existencia de irregularidades en cuanto a la información presentada por el ciudadano Saturnino Gómez, recurrente, que dieron origen al inicio de un procedimiento administrativo tendente a comprobar la veracidad y legalidad de la información suministrada por éste, procedimiento que culminó con la declaratoria de nulidad del acto mediante el cual se le otorgara la jubilación al mencionado ciudadano y se ordenó abrir una averiguación administrativa a los fines de determinar la responsabilidad del ciudadano Saturnino Gómez en la tergiversación de la información presentada.

Que en el transcurso de dicho procedimiento el recurrente tuvo oportunidad de presentar sus alegatos, siendo que en fecha 26 de junio de 2000 presentó su escrito de descargos ante la Secretaría de la Universidad en el cual se limitó a esbozar argumentos de tipo formal en cuanto a la revisión del acto administrativo mediante el cual se le otorgó la jubilación, sin tratar el fondo del asunto en cuanto a la veracidad de los documentos por él aportados.

Que los argumentos presentados por el recurrente fueron debidamente valorados por la Universidad así como la opinión presentada por la Dirección de Personal, como órgano Técnico Auxiliar, que recomendó se declarara la nulidad absoluta de la Resolución mediante la cual se otorgó el beneficio de jubilación al hoy recurrente, así como se iniciara la respectiva averiguación administrativa para determinar la responsabilidad del mismo en los presuntos hechos irregulares.

Que en fecha 19 de julio de 2000, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, celebró la Sesión Número 1070 Extraordinaria, en la cual de conformidad con lo establecido en el numeral 17 del artículo 8 del Reglamento General de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda, en concordancia con el artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, acordó declarar la nulidad absoluta del acto administrativo contenido en la Resolución Número C.U.001.1.048.2000 de fecha 24 de enero de 2000, mediante la cual se le otorgó indebidamente el beneficio de jubilación al ciudadano Saturnino Gómez, siendo éste notificado en fecha 31 de julio de 2000, mediante Oficio Número R.01.07.2000.000.1382 de fecha 27 de julio de 2000.

Que mediante Oficio Número DP.2000.01176 de fecha 4 de agosto de 2000, la Dirección de Personal informó al ciudadano Saturnino Gómez, que se le había suspendido el pago por concepto de jubilación y que debía reincorporarse como miembro ordinario, con categoría de titular a dedicación exclusiva, adscrito al departamento de Sanidad Animal del Área Ciencias del Agro y del Mar.

Que en fecha 7 de agosto de 2000, el recurrente interpuso recurso de reconsideración contra el acto revocatorio, el cual fue resuelto en forma negativa mediante Resolución Número C.U.003.1083.2000 de fecha 15 de noviembre de 2000, dictada por el Consejo Universitario de la Universidad, notificada al recurrente en fecha 23 de noviembre de 2000, siendo éste el acto administrativo que debía ser recurrido en sede judicial.

Que en fecha 2 de agosto de 2000, la Dirección de Personal de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, solicitó a la Dirección de Personal de la Universidad, que instruyera un expediente administrativo al hoy recurrente a los fines de esclarecer los hechos referidos a la información falsa presentada por el ciudadano Saturnino Gómez.

Que en fecha 15 de septiembre de 2000, fue ordenada por la Dirección de Asesoría Jurídica, la apertura de la averiguación disciplinaria respectiva, notificándole al ciudadano Saturnino Gómez de los cargos que se le imputaron en fecha 13 de octubre de 2000, mediante Oficio Número D.A.J.10.2000.00145 de fecha 11 de octubre de 2000.

Que dentro de las averiguaciones realizadas por la Universidad, se encuentra la solicitud a la Gerencia de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) de la certificación de la información sobre el tiempo de servicio prestado por parte del ciudadano Saturnino Gómez a ese Instituto.

Que en fecha 25 de octubre de 2000, mediante Oficio Número 296.200-1489, la Gerencia General de Recursos Humanos, envió a la Universidad la respuesta a la solicitud formulada, informando que “ (…) el ciudadano Saturnino José Gómez González aparece registrado durante el lapso de septiembre a diciembre de 1976 (…)”.

Que en el transcurso de la averiguación administrativa, comparecieron a declarar como testigos los ciudadanos que fungían como Jefe de Personal, Vicerrector Administrativo, Directora de Asesoría Jurídica y Secretario de la Universidad, para el momento en que el recurrente recibió el beneficio de jubilación.

Que en fecha 30 de octubre de 2000, el recurrente presentó su escrito de descargos.

Que en fecha 15 de noviembre de 2000, fue remitido al Vicerrector Académico, el expediente contentivo de la averiguación administrativa respectiva, a los fines de la decisión, en virtud de la inhibición presentada por la Rectora encargada de la Universidad.

Que luego de la valoración de los alegatos presentados por el recurrente, de las pruebas documentales de las declaraciones de los testigos, el Vicerrector Académico dictó la decisión mediante la cual se acordó imponer al ciudadano Saturnino Gómez, la sanción de Destitución prevista en el Literal a) del artículo 74 del Reglamento de Personal Académico de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, quien fue notificado en fecha 28 de noviembre de 2000, mediante Oficio VRAC.02.11.2000 Número 5009 de fecha 27 de noviembre de 2000.

Que en fecha 7 de diciembre de 2000, el recurrente interpuso el respectivo recurso de reconsideración, el cual fue declarado sin lugar mediante Oficio Número VRAC.02.01.2001.013 de fecha 12 de enero de 2001, emanado del Vicerrector Académico de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”.

Que el 16 de enero de 2001, el ciudadano Saturnino Gómez interpuso apelación contra el acto mediante el cual le fue negado el recurso de reconsideración, ante el Consejo de Apelaciones, siendo que el referido Consejo de Apelaciones decidió dicho recurso en fecha 25 de enero de 2001, declarando con lugar la apelación y revocando las decisiones de revocatoria del beneficio de jubilación y destitución del ciudadano Saturnino Gómez y ordenando el pase del mencionado ciudadano a la condición de personal jubilado y el goce de los beneficios que ello comporta, con el pago de los sueldos y demás beneficios dejados de percibir.

Que ante el acto dictado por el Consejo de Apelaciones, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” dictó la Resolución Número C.U.041.1090.2001 de fecha 31 de enero de 2001, mediante la cual desconoció el acto dictado por el Consejo de Apelaciones de la referida Universidad en fecha 25 de enero de 2001 y ordenó oponerse a cualquier ejecución del acto en cuestión e instruir a los funcionarios de la universidad a abstenerse de ejecutar cualquier acto u omisión que reconozca dicho acto.

Que de los actos administrativos dictados por el Consejo Universitario de la Universidad se desprende el hecho común, de que el ciudadano Saturnino Gómez no cumplió con los requisitos exigidos en cuanto a antigüedad para ser merecedor del beneficio de jubilación otorgado y, que durante el transcurso de los procedimientos administrativos el mencionado ciudadano no presentó medio probatorio alguno que pueda verificar la antigüedad que alegó tener al servicio de la Administración e igualmente no ha presentado aún en sede judicial documento alguno que pueda comprobar la antigüedad en la prestación del servicio, que alega tener.

Que todos los actos administrativos que han sido dictados por la Universidad y que han afectado de una u otra manera la esfera jurídica del recurrente, han sido precedidos por un procedimiento administrativo previo que garantiza el ejercicio de los derechos del recurrente.

Que el único fundamento de la pretensión del recurrente lo constituye el acto administrativo dictado por el Consejo de Apelaciones de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, que alegaron es ilegal por haber sido dictado fuera del marco de las competencias legalmente atribuidas al mencionado Consejo.

Que en el escrito recursivo, los apoderados judiciales del recurrente se limitaron a alegar y enumerar los vicios de los que su decir, adolecen los actos dictados por la Universidad, sin fundamentar las razones por las cuales consideran se encuentran viciados los mismos.

Pese a lo anterior, los apoderados de la Universidad contradijeron todos los alegatos esgrimidos por el recurrente y alegaron que todos los procedimientos administrativos estuvieron apegados a las normas contentivas de los derechos y garantías del recurrente.

Que no hubo violación del derecho a la seguridad social, por cuanto el recurrente nunca logró demostrar la antigüedad requerida para ser merecedor del beneficio de jubilación, siendo que por el contrario la Universidad ejecutó diversas acciones tendentes a verificar si el recurrente cumplía o no con los requisitos. En tal sentido, solicitó al recurrente consignara los antecedentes de servicio en Formato FP-023, igualmente lo solicitó directamente al Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE); de lo cual alegaron que se garantizó el derecho a la defensa del recurrente, así como el derecho constitucional a que ninguna Ley o acto pueda alterar o menoscabar la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales, así como la irrenunciabilidad de los mismos.

Que no se violó el derecho a la igualdad, por cuanto no consta en autos actuación alguna por parte de la Universidad, en la cual se haya concedido el beneficio de jubilación a otro Profesor que al igual que el recurrente carezca de la antigüedad necesaria para ser merecedor de tal beneficio.

Que no existe violación del derecho de acceso a la justicia, por cuanto no se obstaculizó de manera alguna la participación del hoy recurrente a los procedimientos administrativos previos, por el contrario siempre tuvo acceso a los mismos, pudo presentar sus descargos los cuales fueron debidamente valorados, tuvo acceso a los órganos encargados de la revisión del acto, se le indicaron los recursos que podía interponer contra la decisión administrativa y pudo interponer sus recursos tanto en sede administrativa como en sede judicial.

Que no hubo violación al principio de presunción de inocencia en tanto existió la apertura de un procedimiento administrativo que determinara la posible responsabilidad del recurrente en las irregularidades que presentaban los documentos contentivos de los antecedentes de servicio, siendo que no se le atribuyó responsabilidad directa al ciudadano Saturnino Gómez sobre tales situaciones, sino que más bien se le dio la consideración y el trato de no partícipe o autor en los hechos que posteriormente se le imputarían.

Que no existió violación al derecho constitucional a no ser sancionado por actos que no sean previstos como delitos, toda vez que con el acto administrativo de revocatoria del beneficio de jubilación, no se sancionó al recurrente, siendo que la Administración Universitaria en ejercicio de su potestad de autotutela, previo cumplimiento del procedimiento administrativo respectivo, revocó un acto administrativo que fue indebidamente dictado; y que la sanción de destitución que se le impuso fue el resultado de un procedimiento administrativo ordenado por el acto administrativo antes señalado, la cual concluyó con la aplicación de una sanción previamente establecida en el Literal a) del artículo 74 del Reglamento de Personal Académico de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”.

Que no hubo violación al derecho a prestaciones sociales, y su denuncia resulta infundada, en tanto que el pago correspondiente a la antigüedad laborada al servicio de la Administración, no es objeto de debate en el presente caso.

Que no hubo violación a la cosa juzgada administrativa, así como al artículo 82 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en tanto la Administración puede ejercer su potestad revocatoria, aún en los casos en que el acto haya causado derechos subjetivos a un particular, siendo que debía instruirse un procedimiento administrativo para determinar la nulidad del mismo y garantizar el derecho a la defensa, lo cual en el presente caso fue debidamente observado por la Universidad.

Así, alegaron que el acto mediante el cual se otorgó el beneficio de jubilación al recurrente, se encontraba viciado de nulidad absoluta, por cuanto carecía de “causa o motivo”.

Que la verificación de los supuestos fácticos relativos a la antigüedad del recurrente no se ajusta al supuesto de hecho que la norma contempla para lograr su fin y que facultan a la Administración para otorgar el beneficio de jubilación, en consecuencia, al haberse demostrado la ausencia del elemento-causa debía forzosamente declararse la nulidad del acto que otorgó tal beneficio.

En cuanto al alegato esgrimido por el recurrente relativo a que existen otras pruebas más allá del formulario FP 023, que pueden demostrar la antigüedad del mismo, alegaron que de ser así, no corresponde a la Administración buscar dichas pruebas, siendo carga del recurrente aportar los documentos relativos a verificar el tiempo de servicio que alegó tener.

- En cuanto al acto administrativo de destitución.

Alegaron que fue dictado en cumplimiento cabal y absoluto del procedimiento administrativo previo que fuera ordenado en el acto administrativo de revocatoria de la jubilación y que se inició con la debida apertura por parte de la Dirección de Asesoría Jurídica, se ordenó las investigaciones respectivas, se le impuso de los cargos al recurrente quien ejerció su defensa presentando los descargos, los cuales fueron valorados por la Universidad al momento de dictar la decisión, al igual que las pruebas documentales y los testigos traídos al procedimiento.

Que durante el procedimiento administrativo de destitución el recurrente ejerció plenamente su derecho a la defensa por cuanto además de presentar sus alegatos, los mismos fueron considerados para la decisión final. Así, en cuanto al argumento referente a que la Universidad tenía en su poder la constancia del tiempo de servicio prestado, al ser dicha constancia expedida por un funcionario público, sólo se presume su autenticidad, la cual quedó desvirtuada por una nueva constancia emitida por el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE).

En cuanto al alegato de incompetencia del Vicerrector Académico para dictar el acto administrativo de destitución, alegaron que el mismo estaba actuando como Rector Encargado en virtud de la inhibición de la Rectora de la Universidad para conocer del caso, por lo tanto estaba actuando dentro de las competencias legalmente atribuidas.

Que el acto administrativo contenido en la Resolución Número CV041.1090.2001 de fecha 31 de enero de 2001, dictado por el Consejo Universitario, fue dictado con el objetivo de garantizar la ejecución del acto administrativo, vigente y válido, previamente dictado por el mencionado Consejo y no debe ser tomado como un “desacato”, en tanto los actos dictados por el Consejo Universitario, que es la máxima autoridad universitaria, no están sujetos a examen, control, revisión o limitación por parte de otros órganos universitarios, siendo que el Consejo Universitario y el Consejo de Apelaciones no están en una relación de subordinación, sino de competencias propias en el ámbito de sus funciones.

Que el Consejo de Apelaciones al dictar el acto en cuestión incurrió en usurpación de funciones no sólo del órgano administrativo competente, sino igualmente en relación al poder judicial que es el único que tiene competencia para conocer de la validez de los actos que han agotado la vía administrativa. Siendo sólo en materia disciplinaria cuando el Consejo de Apelaciones tiene competencia, como segunda instancia, para conocer de las decisiones dictadas por el Rector, y no en materia administrativa (jubilaciones) como en el presente caso.

Finalmente solicitaron se declare i) sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra los actos administrativos dictados por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, tanto de revocatoria del beneficio de jubilación como de la destitución; ii) se anule el acto administrativo dictado por el Consejo de Apelaciones de la Universidad, en fecha 25 de enero de 2001, mediante el cual declaró con lugar la apelación interpuesta por el ciudadano Saturnino Gómez, contra el acto mediante el cual el Consejo Universitario revocó el beneficio de jubilación que le fuera otorgado.

IV
DE LA COMPETENCIA

Mediante decisión Número 01878 dictada en fecha 19 de octubre de 2004, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declaró competente a las Cortes de lo Contencioso Administrativo para conocer del presente asunto y, en tal sentido, señaló:
“(…) debe advertirse que existen relaciones laborales que requieren un tratamiento especial respecto del régimen de competencia aplicable, como es el caso de los Docentes Universitarios, quienes desempeñan una labor fundamental y muy específica al servicio de las Universidades y de la Comunidad, además de estar sujetos a un régimen especialísimo y específico que no necesariamente se compara con el régimen general aplicable a los funcionarios públicos.
De allí que, mediante la decisión de fecha 20 de febrero de 2003, caso: Endy Argenis Villasmil Soto y Otros Vs. Universidad del Sur del Lago ‘Jesús María Semprúm’ (UNISUR), la Sala estableció que la competencia para conocer de las acciones que interpongan los Docentes Universitarios con ocasión de la relación laboral que mantienen con las Universidades, deben ser conocidas por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 185, ordinal 3º de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (…).
Ahora bien, dada la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, debe esta Sala revisar la competencia para conocer éste tipo de acciones, y al respecto observa, que el numeral 30 y el primer aparte del artículo 5 de dicha Ley, establece:
‘Artículo5. Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República:
(...omissis...)
30. Declarar la nulidad total o parcial de los reglamentos y demás actos administrativos generales o individuales del Poder Ejecutivo Nacional, por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad;
(...)
El Tribunal conocerá en (...) Sala Político Administrativa los asuntos previstos en los numerales 24 al 37.(...)’
Asimismo, ha establecido la Sala que su competencia para conocer de la nulidad de los actos administrativos individuales del Poder Ejecutivo Nacional, en aras de la desconcentración de la actividad jurisdiccional de este Máximo Tribunal, se limitará a los actos administrativos emanados de los órganos superiores de la Administración Pública Central, que a tenor de lo pautado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública son: el Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, El Consejo de Ministros, los Ministros o Ministras, los Viceministros o Viceministras. Asimismo, la Sala ha sostenido que le corresponde conocer de los actos emanados de las máximas autoridades de los órganos superiores de consulta de la Administración Pública Central, que según la norma citada son: la Procuraduría General de la República, el Consejo de Estado, el Consejo de Defensa de la Nación, los gabinetes sectoriales y gabinetes ministeriales.
Por tanto, no estando las autoridades de las Universidades Públicas dentro de la competencia atribuida a esta Sala, este Máximo Tribunal ratifica el criterio sentado en decisión de fecha 20 de febrero de 2003, caso: Endy Argenis Villasmil Soto y Otros contra Universidad del Sur del Lago ‘Jesús María Semprúm’ (UNISUR), y en consecuencia, declara que corresponde a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, la competencia para conocer del presente caso. Así se decide”.

Ello así, siendo que el presente recurso versa sobre la nulidad de varios actos administrativos dictados por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, los cuales afectaron al ciudadano Saturnino Gómez González, en su condición de Docente de la referida Universidad, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo se declara competente para conocer del presente asunto. Así se declara.
V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

El ámbito objetivo del presente recurso está configurado por tres (3) actos administrativos, que si bien se interrelacionan entre sí y tienen ciertos elementos comunes entre ellos, son independientes uno del otro, por lo que debe, este Órgano Jurisdiccional, proceder a delimitar los mismos.

Así se tiene que, los actos administrativos recurridos a través del presente recuso son: i) la Resolución Número CU.001.1.070 de fecha 19 de julio de 2000, mediante la cual se revocó el beneficio de jubilación al ciudadano Saturnino Gómez, ii) el acto administrativo de destitución contenido en la Resolución sin número dictada en fecha 15 de noviembre de 2000, que le fue notificado al recurrente mediante Oficio de notificación número VRAC-02-11-2000-5009, de fecha 27 de noviembre de 2000; y iii) el acto administrativo contenido en la Resolución Número C.U.041.1090.2001 de fecha 31 de enero de 200, notificado al recurrente mediante el Oficio número C.U.02.2001.1799 de fecha 7 de febrero de 2001, a través del cual el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental “Francisco De Miranda”, desconoce el acto administrativo emanado del Consejo de Apelaciones de la referida Universidad, quien conociendo de la apelación interpuesta por el recurrente contra el acto administrativo de destitución revocó el mencionado acto, así como la revocatoria del beneficio de jubilación ordenando el pase del recurrente a la condición de personal jubilado de la Universidad.

En este sentido, es menester para esta Corte proceder a analizar separadamente cada uno de los actos administrativos impugnados, en virtud de que la declaratoria o no de nulidad de uno, puede conllevar a determinar la validez o no de los demás actos administrativos.

PRIMERO: Es forzoso para este Órgano Jurisdiccional proceder a analizar el acto administrativo contenido en el Oficio Número C.U.02.2001.1799 de fecha 7 de febrero de 2001, a través del cual el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental “Francisco De Miranda” “desconoce” el acto administrativo emanado del Consejo de Apelaciones de la referida Universidad, mediante el cual dicho Consejo de Apelaciones, conociendo en apelación, del acto administrativo de destitución revocó el mencionado acto, así como la revocatoria del beneficio de jubilación ordenando el pase del recurrente a la condición de personal jubilado de la Universidad.

El acto administrativo cuya nulidad se pretende riela en copia certificada en el expediente administrativo, fue dictado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda y está contenido en la Resolución Número C.U.041.1090.2001 de fecha 31 de enero de 2001, que expresamente señala:


“(…)El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 8, numeral 17 del Reglamento de la Universidad,
CONSIDERANDO
Que en fecha (…), se le otorgó el beneficio de jubilación al Profesor SATURNINO GÓMEZ GONZÁLEZ, (…)
CONSIDERANDO
Que en fecha (…) este Consejo Universitario, (…) revocó el acto administrativo contenido en la Resolución C.U.001.1048.2000,
CONSIDERANDO
Que en fecha (…) este Consejo Universitario (…) declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por el Profesor Saturnino Gómez (…),
CONSIDERANDO
Que en fecha 25 de enero de 2001, el Consejo de Apelaciones de esta Universidad, mediante comunicación C.A.2001.01.03, remite el acto administrativo (…), mediante el cual se “(…) revoca las decisiones de revocatoria del beneficio de jubilación y destitución contra el Prof. Saturnino José Gómez González a la condición del personal jubilado de la Universidad que venía disfrutando, así como el goce de los beneficios de la misma…”,
…omissis…
CONSIDERANDO
Que el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que “(…)”,
CONSIDERANDO
Que de conformidad con el artículo 7 del Reglamento de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, el Consejo Universitario “…es el máximo organismo de política general y decisión de la universidad (…),
CONSIDERANDO
Que el numeral 18 del artículo 26 de la Ley de Universidades atribuye al Consejo Universitario la facultad de “Dictar, conforme a las pautas señaladas por el Consejo Nacional de Universidades el régimen de (…) jubilaciones, pensiones, (…),
CONSIDERANDO
Que el numeral 17 del artículo 8 del Reglamento de la Universidad (…), atribuye al Consejo Universitario la facultad de “Decidir en relación a (…), pensiones y jubilaciones del Personal Académico, (…),
CONSIDERANDO
Que el artículo 43 de la Ley de Universidades se establece (sic) que “El Consejo de Apelaciones es el organismo superior de cada universidad en materia disciplinaria”,
CONSIDERANDO
Que el artículo 190 del Reglamento de la Universidad (…), establece que “El Consejo de Apelaciones es el organismo superior de la Universidad en materia disciplinaria”,
CONSIDERANDO
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 103 del reglamento del Personal Académico de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda La decisión del Consejo Universitario agota la vía administrativa (…),
CONSIDERANDO
Que el Consejo de Apelaciones, (…) no puede revocar, legalmente, las decisiones de este Consejo Universitario y cualquier acto en este sentido, es dictado por una autoridad manifiestamente incompetente del referido órgano universitario, siendo de ilegal ejecución,
CONSIDERANDO
Que a través de un acto dictado por una autoridad manifiestamente incompetente, ésta pretende que se reconozca y ejecute el pago de los emolumentos no debidos, lo cual podría causar en daño al patrimonio de esta Casa de Estudios,
RESUELVE
PRIMERO: Desconocer el acto dictado por el Consejo de Apelaciones de fecha 25 de enero de 2001, por medio del cual se pretendió revocar la decisión dictada por este Consejo Universitario.
SEGUNDO: Oponerse de conformidad a lo previsto en el artículo 134 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, por vía de excepción, a cualquier pretensión de ejecución del irrito acto.
TERCERO: Instruir a los diferentes órganos y funcionarios de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” a abstenerse de ejecutar cualquier acto que reconozca por acción u omisión, el referido acto del Consejo de Apelaciones.
CUARTO: Hacer del conocimiento del Consejo Nacional de Universidades (…)
QUINTO: Solicitar a la Consultoría Jurídica (…)
SEXTO: Remitir las actuaciones del Consejo de Apelaciones de la Universidad (…), a la Fiscalía General de la República y al Ministerio de Educación”

Del acto parcialmente transcrito, esta Corte observa que ha sido dictado por el Consejo Universitario, a los fines de desconocer un acto administrativo emanado del Consejo de Apelaciones, argumentando para ello la incompetencia de dicho Consejo de Apelaciones para conocer en apelación de un acto administrativo dictado por el Consejo Universitario, por lo cual se hace necesario determinar si el Consejo de Apelaciones tenía la competencia para dictar el acto “desconocido”, y si el Consejo Universitario, por su parte, puede desacatar un acto administrativo dictado por el Consejo de Apelaciones.

Cabe destacar que la Resolución bajo estudio, dictada por el Consejo Universitario, está fundamentada en que el mismo, de conformidad con el artículo 7 y numeral 17 del artículo 8 del Reglamento de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, es el máximo organismo de política general y decisión de la Universidad y por tanto está facultado ampliamente tanto por el mencionado Reglamento como por la Ley de Universidades (numeral 18 del artículo 26) para dictar, conforme a las pautas señaladas por el Consejo Nacional de Universidades, el régimen de jubilaciones y pensiones del personal académico de la Institución, no obstante, debe este Órgano Jurisdiccional realizar las siguientes precisiones:

El Consejo de Apelaciones de las Universidades, es un órgano administrativo, cuyas competencias están expresamente previstas en la Ley de Universidades, así se tiene que el artículo 43 expresamente prevé:

“Artículo 43: El Consejo de Apelaciones es el organismo Superior de cada Universidad en materia disciplinaria. Estará integrado por tres profesores calificados, con categoría no inferior a la de Asociado, quienes durarán tres años en el ejercicio de sus funciones.”(Subrayado de esta Corte).

Por otra parte, el Reglamento de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, en su artículo 190, establece que el Consejo de Apelaciones es el organismo superior de la Universidad en materia disciplinaria, de lo cual puede colegirse que la mencionada instancia administrativa, tiene competencia como órgano superior, es decir, puede revisar los actos administrativos dictados incluso por el Consejo Universitario, cuando dichos actos administrativos sean de contenido disciplinario.

Observa esta Corte que riela a los folios setenta y ocho (78) al ciento veintinueve (129) del expediente judicial, el escrito contentivo del recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Saturnino Gómez, contra la decisión del Consejo Universitario mediante la cual se le aplicó la sanción de destitución, por lo que se evidencia que se elevó al conocimiento de dicho órgano administrativo, la revisión de un acto administrativo de carácter meramente disciplinario, como lo es la destitución.

No obstante, observa esta Corte de la revisión del acto administrativo dictado por el Consejo de Apelaciones, que contiene dos declaraciones importantes, por un lado revoca el acto administrativo de destitución, y por la otra, revoca el acto administrativo mediante el cual fue revocado el beneficio de jubilación al recurrente; en este sentido, es necesario para esta sede judicial analizar por separado cada una de estas declaraciones del Consejo de Apelaciones.

- En cuanto a la revocatoria del acto administrativo de Destitución.

De las consideraciones realizadas ut retro relativas a la competencia del Consejo de Apelaciones como órgano administrativo superior de la Universidad, en lo que respecta a las decisiones de carácter disciplinario, puede determinarse que el Consejo de Apelaciones actuó dentro de las competencias que le son legalmente atribuidas, al entrar a conocer del acto administrativo dictado por el Consejo Universitario mediante el cual se destituyó al ciudadano Saturnino Gómez González, siendo que el Consejo Universitario estaba en la obligación de acatar y cumplir el acto administrativo dictado por el Consejo de Apelaciones, en lo que respecta a la revocatoria de la destitución, por cuanto el Consejo de Apelaciones es el máximo órgano es materia disciplinaria y sus decisiones son la última expresión administrativa al respecto. Así se declara.

- En cuanto a la revocatoria del acto administrativo de revocatoria del beneficio de jubilación.

En lo que respecta a la declaración realizada por el Consejo de Apelaciones, mediante la cual se revoca el acto administrativo mediante el cual se revocó el beneficio de jubilación al ciudadano Saturnino José Gómez González, esta Corte observa que las competencias del Consejo de Apelaciones para revisar los actos administrativos dictados por el Consejo Universitario, se limita a aquellos actos administrativos que son de carácter meramente disciplinario, siendo que no tiene atribuida competencia, para revisar actos administrativos de naturaleza distinta.

Igualmente el artículo 24 de la Ley de Universidades, expresamente señala que el Consejo Universitario es la autoridad suprema de cada Universidad, cuyos actos dictados en ejercicio de su función de política general dentro de la Administración universitaria, como última instancia, no pueden ser revisados por un órgano administrativo como el Consejo de Apelaciones, cuando dichos actos carezcan de contenido disciplinario, como en el presente caso, que se trata de una decisión administrativa mediante la cual se revocó el beneficio de jubilación del ciudadano Saturnino Gómez.

En virtud de lo anterior, esta Corte considera que el Consejo de Apelaciones actuó fuera de su competencia al proceder a revocar un acto administrativo de naturaleza administrativa como el dictado por el Consejo Universitario, mediante el cual se revocó el beneficio de jubilación al recurrente, por lo que, la declaración realizada por el Consejo de Apelaciones en cuanto a revocar la revocatoria del beneficio de jubilación al ciudadano Saturnino Gómez, no es una decisión vinculante para el Consejo Universitario, quien es la última instancia administrativa respecto a esta materia, no estando en la obligación de acatar la decisión del Consejo de Apelaciones al respecto. Así se decide.

Ello así, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, al desconocer de manera expresa el acto administrativo dictado por el Consejo de Apelaciones, actuó fuera de su competencia, en cuanto a desconocer la declaración realizada respecto a la revocatoria de la destitución, por lo que este Órgano Jurisdiccional, declara la nulidad parcial, de la Resolución Número C.U.041.1090.2001 de fecha 31 de enero de 2001, dictada por el Consejo Universitario, en cuanto al desacato de la decisión de revocatoria la destitución, por ser un órgano incompetente para desconocer la decisión dictada por el Consejo de Apelaciones, quien es el órgano competente debidamente facultado para conocer de las apelaciones, estando el Consejo Universitario obligado a respetar y acatar la decisión emanada del mismo en el presente caso, por tratarse de un acto administrativo de carácter disciplinario. Así se declara.

Ahora bien, como consecuencia de la declaratoria de nulidad parcial del acto administrativo mediante el cual el Consejo Universitario desacata la decisión del Consejo de Apelaciones, estima este Órgano Jurisdiccional que dicho acto administrativo, mediante el cual el Consejo de Apelaciones revocó la destitución del recurrente recobra plena validez y eficacia, no así en lo que respecta a la revocatoria del beneficio de jubilación, que debe ser analizado por este Órgano Jurisdiccional. Así se declara.

SEGUNDO: Observa este Órgano Jurisdiccional que los apoderados judiciales del recurrente solicitaron la nulidad del acto administrativo mediante el cual se revocó el beneficio de jubilación, contenido en la Resolución Número CU.001.1.070 de fecha 19 de julio de 2000, dictada por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, argumentando para ello que el mencionado acto administrativo viola los artículos 25, 80, 86, 89 y 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 82 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; que viola la cosa juzgada administrativa, en virtud de que revoca un acto administrativo que ya había causado estado, violando el debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto no valoró las pruebas que estaban en poder de la administración desde su ingreso y que demostraban el tiempo laborado al servicio de la administración, lo que lo hacía merecedor del beneficio de jubilación por cumplir los requisitos legales para ello.

En este sentido la representación judicial de la Universidad, alegó que la Universidad ejerció la potestad que le está otorgada por Ley, como lo es la potestad de Autotutela, garantizando todos los derechos del recurrente, tal como el Derecho al Debido Proceso, en virtud de que se instruyó el debido procedimiento administrativo para determinar la procedencia de la revocatoria del beneficio de jubilación, en el cual el recurrente pudo aportar los argumentos para su defensa, siendo que no aportó prueba alguna que pudiera demostrar el tiempo de servicio requerido para el otorgamiento del beneficio de jubilación; y que, el acto mediante el cual se otorgó el beneficio de jubilación al recurrente, se encontraba viciado de nulidad absoluta, por cuanto carecía de “causa o motivo siendo que la verificación de los supuestos fácticos relativos a la antigüedad del recurrente, no se ajusta al supuesto de hecho que la norma contempla para lograr su fin y que facultan a la Administración para otorgar el beneficio de jubilación, en consecuencia al haberse demostrado la ausencia del elemento causa debía forzosamente declararse la nulidad del acto que otorgó tal beneficio.

Planteado lo anterior observa esta Corte que riela al folio setecientos setenta y siete (777) del expediente judicial, Oficio Número R.01.07.2000.000.1382, de fecha 27 de julio de 2000, mediante el cual se notifica al ciudadano Saturnino Gómez, de la Resolución Número CU.001.1070 de fecha 19 de julio de 2000, emanada del Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, el cual expresamente señala:

“(…)El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 8, numeral 17 del Reglamento General, en concordancia con los artículos 82 y 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos,
CONSIDERANDO
Que en fecha (…), se le otorgó el beneficio de jubilación al Profesor SATURNINO GÓMEZ GONZÁLEZ, (…)
CONSIDERANDO
Que mediante comunicación DP.0399.06.01 de fecha 12.01.00, la Directora de Personal solicitó al Prof. SATURNINO GÓMEZ GONZÁLEZ los Antecedentes de Servicio (Formato FP-023) de los períodos laborados en el INCE, MAC (sic) y Ministerio de Educación, a los efectos del cómputo de antigüedad (…)
CONSIDERANDO
Que en fecha 12-05-00 (sic) la administración universitaria procedió al estudio y revisión de la jubilación del citado Profesor, (…) se solicitó dicho antecedente al INCE, y se obtuvo de ese organismo la siguiente respuesta: “En relación a la solicitud (FP-023), no es posible el otorgamiento del mencionado documento por cuanto en los archivos que existen en esta Gerencia solamente aparecen registros a nombre del referido Sr. Gómez en una nómina especial a partir del mes de septiembre de 1976 hasta diciembre del mismo año, cobrando por el núcleo Monagas”.
CONSIDERANDO
Que en fecha 30.05.00 (sic) el Gerente General de Recursos Humanos del INCE envía oficio (…) indicando (…) “cumplo con informarle, que en los archivos que reposan en esta Gerencia, no existe información que le justifique antigüedad al referido ciudadano desde el año 1972.”(…)
CONSIDERANDO
Que en dos (2) oportunidades se solicitó al Consejo Universitario la Revisión de la Resolución en la que se le otorgó el beneficio de jubilación al Profesor SATURNINO JOSÉ GÓMEZ GONZÁLEZ, la cual no procedió por negativa de unos miembros del citado Consejo.
CONSIDERANDO
Que en fecha 19-06-00 (sic), el Consejo Nacional de Universidades (CNU) exhortó a (…) este Consejo Universitario a que trataran la revisión del acto administrativo de la jubilación del Prof. SATURNINO JOSÉ GÓMEZ GONZÁLEZ,
CONSIDERANDO
Que se ha evidenciado el otorgamiento indebido del beneficio de jubilación (…) por cuanto el mismo no reúne los requisitos de antigüedad requeridos (…) ya que no pueden ser valoradas las constancias expedidas por la Dirección d Personal del INCE, en virtud de las contradicciones que se presentan en su cotejo (…)
CONSIDERANDO
Que en uso de la potestad de Autotutela la administración puede anular sus propios actos, y que el vicio en que incurrió la Universidad debe subsanarse (…),
RESUELVE
PRIMERO: Proceder de conformidad con lo previsto en los artículos 83 y 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos a la revocatoria del acto administrativo contenida en la Resolución CU.001.1048.2000 del 24/01/00, mediante el cual se otorgó el beneficio indebidamente el beneficio de jubilación al Profesor Saturnino Gómez (…)
SEGUNDO: Suspender el pago indebido por concepto de la jubilación que se revoca.
TERCERO: Proceder a reincorporar al Profesor SATURNINO JOSÉ GÓMEZ GONZÁLEZ como miembro ordinario, categoría de titular, a dedicación exclusiva.
CUARTO: Abrir la correspondiente averiguación administrativa a que haya lugar par el esclarecimiento d los hechos y circunstancias que dieron lugar al otorgamiento de la jubilación que se revoca. (…)”Destacado y mayúsculas del Original.

Del acto administrativo parcialmente transcrito se evidencia que la Universidad fundamenta la revocatoria del beneficio de jubilación en el ejercicio de la potestad de Autotutela otorgada por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, considerando que el acto mediante el cual se otorgó indebidamente la jubilación del recurrente está viciado de nulidad, por cuanto el ciudadano Saturnino Gómez, no cumplía con los requisitos de Ley, en cuanto a la antigüedad, para ser merecedor del mencionado beneficio.

Ello así, es menester para esta Corte determinar si la Administración universitaria cumplió con los requisitos legales exigidos para el ejercicio de la potestad de Autotutela y en este sentido observa:

La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos dentro del denominado Título IV “De la Revisión de los Actos Administrativos en Vía Administrativa”, consagra cuatro disposiciones, en el Capítulo I “De la Revisión de Oficio”, donde se le confiere a la Administración Pública el poder para convalidar los actos administrativos anulables (artículo 81), revocar los que no originen derechos subjetivos ni interés legítimos a particulares (artículo 82), reconocer los vicios de nulidad absoluta (artículo 83) y rectificar aquéllos emitidos con errores materiales o de cálculo (artículo 84). Tales artículos expresamente establecen lo siguiente:

“Artículo 81. La administración podrá convalidar en cualquier momento los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.
Artículo 82. Los actos administrativos que no originen derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos para un particular, podrán ser revocados en cualquier momento, en todo o en parte, por la misma autoridad que los dictó, o por el respectivo superior jerárquico.
Artículo 83. La administración podrá en cualquier momento, de oficio o a solicitud de particulares, reconocer la nulidad absoluta de los actos dictados por ella”.
Artículo 84. La administración podrá en cualquier tiempo corregir errores materiales o de cálculo en que hubiere incurrido, en la configuración de los actos administrativos. (Negrillas y subrayado del original).

De esta forma, en atención a lo establecido en el artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se desprende que a la Administración Pública le ha sido asignada la potestad que le permite "reconocer" la nulidad absoluta de los actos administrativos que estén afectados por los vicios previstos en el artículo 19 eiusdem. Es decir, que en cualquier momento, de oficio o a instancia de parte, si el acto está viciado de nulidad en forma que resulte insubsanable y no pueda ser convalidado porque está afectado por una irregularidad que es contraria al orden jurídico, la Administración puede realizar el "reconocimiento" al cual alude el citado artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. De esta forma, la Administración Pública puede ejercer esta potestad, de reconocer la nulidad absoluta de los actos administrativos, siempre y cuando se detecte alguno de los vicios señalado taxativamente en el artículo 19 eiusdem.

Así, aun en los casos en que al acto administrativo haya creado derechos a favor de los destinatarios del mismo, ello no obsta para que la Administración Pública, ante la existencia de un vicio de tal magnitud que acarree su nulidad absoluta y radical, proceda a “reconocer” dicha nulidad y, consecuentemente, deje sin efecto el acto administrativo, desde el momento en que dicho acto fue dictado.

Ahora bien, para ello, en principio, y a los efectos del presente caso, debe observarse que, la Administración Pública debe instaurar un procedimiento administrativo cuyo fin primordial sea el de constatar la efectiva existencia del vicio de nulidad absoluta del acto administrativo de que se trate, pues no otra cosa puede interpretarse del empleo por parte del legislador del término “reconocer”, lo cual implica que antes de revocar los efectos del acto administrativo dictado, debe verificar que ciertamente el mismo esté incurso en una causal de nulidad absoluta, siendo éste el fin último del procedimiento que a tal efecto debe iniciarse.

Por otra parte, a priori, la propia realización de este procedimiento se impone como uno de los límites de la potestad de autotutela revisora de la Administración Pública, pues, ha de recordarse, que ante todo debe prevalecer el mayor grado de seguridad jurídica ante las situaciones que, con pretensiones de legalidad y de legitimidad, fueron creadas por la propia Administración al dictar actos unilateralmente con la capacidad de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas concretas a favor de los administrados a quienes se encuentran dirigidos.

Es por ello que, en dicho procedimiento, aplicable al caso de autos, debe ser llamado el administrado que ha sido beneficiado por dicho acto, permitiéndosele así exponer sus alegatos y elementos de los cuales disponga con el propósito de desvirtuar la aducida existencia de un vicio susceptible de provocar la nulidad absoluta del acto administrativo.

Así pues, en el presente caso, se colige que la excepción a este principio de autotutela administrativa y consecuencial revocatoria de los actos administrativos, a través de la cual la administración puede anular un acto emanado de ella, aún cuando el mismo haya creado derechos subjetivos en la esfera jurídica de un particular, es el reconocimiento de una causal de nulidad absoluta y la sustanciación de un procedimiento administrativo en el cual se le de al administrado beneficiado por el acto administrativo, la oportunidad de concurrir a presentar cualquier alegato que estime para sustentar la legalidad del acto administrativo revisado.

Por lo que debe verificar este Órgano Jurisdiccional, si en el procedimiento administrativo mediante el cual se revocó el beneficio de jubilación, la Universidad cumplió con los requisitos legales para ejercer la potestad de autotutela revisora, que le está otorgada por Ley, así, se observa que riela a los folios cincuenta y nueve (59) al sesenta y cinco (65) del expediente, escrito presentado por parte del ciudadano Saturnino Gómez (beneficiado por el acto revisado), del cual se evidencia que el mismo tuvo conocimiento del procedimiento administrativo llevado por parte de la Administración Universitaria y pudo ejercer su derecho a la defensa.

Por otra parte, del acto administrativo revocado por la Administración Universitaria se desprende que el fundamento de tal revocatoria radica en “ (…) el otorgamiento indebido del beneficio de jubilación (…) por cuanto el mismo no reúne los requisitos de antigüedad requeridos (…) ya que no pueden ser valoradas las constancias expedidas por la Dirección de Personal del INCE, en virtud de las contradicciones que se presentan en su cotejo (…)”, así considerando “(…) Que en uso de la potestad de Autotutela la administración puede anular sus propios actos, y que el vicio en que incurrió la Universidad debe subsanarse (…)” procedió a la revocatoria del beneficio de jubilación al recurrente.

Igualmente en el escrito presentado por la representación judicial de la Universidad, alegaron que el acto administrativo mediante el cual se le otorgó el beneficio de jubilación se encontraba viciado en la causa, en virtud de que “(…) la verificación de los presupuestos fácticos relativos a la antigüedad del Profesor Saturnino Gómez no se ajusta al supuesto de hecho que la norma contempla para lograr su fin, y que en definitiva facultan al funcionario para el ejercicio de esta competencia (otorgamiento de este beneficio). Tal carencia de justificación se debe a que el referido ciudadano no cumplía con los supuestos de hechos (sic) requeridos (…)”.

De lo anterior se colige que la Administración fundamenta su decisión de revocar el acto administrativo en el supuesto de que el ciudadano Saturnino Gómez, no cumplía con los requisitos para ser merecedor del mencionado beneficio, no obstante observa esta Corte que dichos requisitos habían sido previamente verificados por parte de las dependencias administrativas respectivas.

Así se observa que cursa a los folios 1 al 12 del expediente administrativo de jubilación los documentos mediante los cuales la Administración universitaria verificó los requisitos respectivos, concretamente, del informe elaborado por la Dirección de Personal del mencionado Instituto, que se encuentra inserto a los folios 9 al 12, signado con el Número DP-00-VRAD-003, de fecha 12 de enero de 2000, del cual se desprende que el tiempo de servicio prestado a la Administración, por parte del ciudadano Saturnino Gómez, era de veinticinco (25) años tres (3) meses y veintiséis (26) días de servicios, por lo que la Administración consideró otorgar el beneficio de jubilación, entendiendo que cumplía los requisitos señalados por el Reglamento de Jubilaciones del Personal Académico de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”.

Ahora bien, desconoce la Administración su declaración previa con base en una constancia emitida por el Gerente General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), en una fecha posterior a la constancia que fue presentada por el recurrente previamente y que se encontraba en el expediente administrativo del ciudadano Saturnino Gómez, para el momento en que le fueron evaluados los requisitos y se le otorgó el beneficio de jubilación cumpliendo los trámites legales previstos para tal fin.

En este sentido considera este Órgano Jurisdiccional, que no existen elementos suficientes para determinar de forma contundente, que el recurrente no cumplía con el requisito de antigüedad para hacerse merecedor del beneficio de jubilación, en virtud de que ya los mencionados requisitos habían sido previamente analizados por la Administración Universitaria, con base a los documentos que estaban bajo su custodia, para el caso que nos ocupa, una constancia emitida por parte del Director de Personal del Instituto Nacional de Cooperación Educativa, en fecha 5 de diciembre de 1976, que se encontraba en el expediente de personal del ciudadano Saturnino Gómez al momento en que le fuera otorgado el beneficio de jubilación, y que certifica que el mismo prestó servicios en esa Institución desde el 1° de abril de 1972 hasta el 30 de noviembre de 1976 -vid folio quinientos catorce (514) del expediente.

Por otra parte, es menester señalar que la aludida constancia que pretende ser “desvirtuada” por la Administración Universitaria, con el fin revocar el acto administrativo que creó derechos subjetivos en la esfera jurídica del recurrente, fue tomada en cuenta por parte del Consejo Universitario y las dependencias universitarias respectivas para proceder a otorgar al recurrente el beneficio de jubilación, por lo que mal puede pretender la Administración Universitaria revocar el acto administrativo bajo estudio, considerando que existe una causa de nulidad.

Considera esta Corte que el fundamento intrínseco del acto administrativo de revocatoria del beneficio de jubilación, es imputar al Profesor Saturnino Gómez, alguna irregularidad derivada de la constancia emitida por el Instituto Nacional de Cooperación Educativa, en diciembre de 1976, supra descrita, así puede verificar este Órgano Jurisdiccional del Informe Técnico suscrito por el Director de Personal de la Universidad, que cursa en autos a los folios treinta y siete (37) al cuarenta (40) del expediente administrativo, en el cual dentro de las observaciones expresamente se señala “Una vez revisado (sic) la documentación contenida en los expedientes de personal del Prof. (sic) Gómez González, en custodia de la Dirección de Personal y de la Secretaría de la Universidad, se presume que la Constancia de Trabajo presentada por el referido profesor como prueba de haber trabajado en el Instituto de Cooperación Educativa (I.N.C.E.) es falsa, situación esta determinada luego de evidenciar ciertas irregularidades (…)”

Aunado a ello, la naturaleza jurídica del mencionado documento, esto es, la constancia emitida por el Director de Personal del Instituto Nacional de Cooperación Educativa, en fecha 5 de diciembre de 1976, es una constancia emitida por un funcionario público, quien ostentaba para ese momento el cargo respectivo dentro de cuyas competencias se encuentra la de emitir ese tipo de certificaciones, es decir, quien suscribe, ciudadano Armando Figuera, efectivamente se desempeñaba como Director de Personal del Instituto querellado, para el 5 de diciembre de 1976, fecha de emisión de la referida constancia, así se desprende de la afirmación realizada por el Gerente General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), en la comunicación número 296.200/514 de fecha 30 de mayo de 2000, dirigida por este a la Universidad, en la cual se señala “(…) no es posible afirmar la veracidad de los datos que señalan en la fotocopia de la constancia emitida en diciembre de 1976, por el Director de Personal (Encargado) en ese momento (…)”, la cual cursa al folio diez (10), del expediente administrativo del procedimiento de destitución.

En este sentido cabe señalar que no existe en autos constancia alguna, que pueda desvirtuar la veracidad de dicho documento, en virtud de que las constancias emitidas por la Dirección de Recursos Humanos en fechas posteriores, se limitan a señalar que no existen archivos de personal del recurrente, que puedan certificar la prestación del servicio por parte de este en períodos anteriores al año 1976, lo cual no es elemento suficiente para desvirtuar la presunción de validez y buena fe de la declaración contenida en el documento administrativo bajo estudio, por lo que este Órgano Jurisdiccional estima, que a los efectos procesales de esta instancia jurisdiccional, debe tenerse como válido el documento descrito, sin perjuicio de cualquier decisión que pueda proferirse por el tribunal penal competente para determinar el carácter fidedigno del referido documento.

En virtud de lo anterior estima este Órgano Jurisdiccional que no está demostrado en el procedimiento administrativo llevado por la Administración Universitaria, que existe una causa de nulidad absoluta de las expresamente previstas en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que permita revocar el acto administrativo mediante el cual le fue otorgado el beneficio de jubilación al ciudadano Saturnino Gómez, por lo que esta Corte declara la nulidad del acto administrativo dictado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental “Francisco De Miranda” contenido en la Resolución Número CU.001.1.070 de fecha 19 de julio de 2000, mediante el cual se revocó el beneficio de jubilación al recurrente; en consecuencia, se ordena a la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, proceda a reconocer al ciudadano Saturnino José Gómez González, su condición de personal jubilado con el consecuente pago de las pensiones de jubilación dejadas de percibir desde la ilegal revocatoria del mencionado beneficio. Así se decide.

Por otra parte, observa esta Corte que existe un juicio penal iniciado a solicitud de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, con el fin de determinar si el ciudadano Saturnino Gómez se encuentra incurso en una conducta que pueda subsumirse en la comisión de un delito por haber presuntamente falsificado o forjado el documento ut retro descrito.

Sin embargo, insiste esta Corte, que aún en el caso de proferirse una sentencia penal en contra del ciudadano Saturnino Gómez, éste sería igualmente merecedor del mencionado beneficio de jubilación, dado que, se entiende que había cumplido los requisitos para ser acreedor del beneficio, en tanto al haberse anulado el acto administrativo de destitución, sería computable el tiempo que ha transcurrido desde la ilegal destitución hasta la presente fecha, por lo que si bien se determinase, por parte del tribunal penal competente, que el ciudadano Saturnino Gómez no cumplía los requisitos para el momento en que le fue otorgado el beneficio de jubilación, en virtud de la falsedad del documento, éste sería igualmente acreedor del mencionado beneficio de jubilación, al computarse al tiempo de servicio efectivamente prestado, el tiempo transcurrido en el presente juicio, y como se expuso anteriormente, en caso de que llegare a existir una condena penal en contra del ciudadano Saturnino José Gómez González, esto no extinguiría el derecho a la jubilación del mencionado ciudadano, por tratarse de un derecho de carácter intangible. Así se declara.

V
DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara:

1.- SU COMPETENCIA para conocer en primer grado de jurisdicción del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los Abogados Carmen Sánchez González, Alberto Balza Carvajal y Guillermo Balza, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 9.665, 991 y 75.098, respectivamente, procediendo con su carácter de apoderados judiciales del ciudadano SATURNINO JOSÉ GÓMEZ GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad número 3.694.164, contra i) la Resolución Número CU.001.1.070 de fecha 19 de julio de 2000, mediante la cual se revocó el beneficio de jubilación al ciudadano Saturnino Gómez, ii) el acto administrativo de destitución contenido en la Resolución sin número dictada en fecha 15 de noviembre de 2000, que le fue notificado al recurrente mediante Oficio de notificación número VRAC-02-11-2000-5009, de fecha 27 de noviembre de 2000; y iii) el acto administrativo contenido en la Resolución Número C.U.041.1090.2001 de fecha 31 de enero de 2001, notificado al recurrente mediante el Oficio número C.U.02.2001.1799 de fecha 7 de febrero de 2001 todos dictados por el Consejo Universitario de la UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL FRANCISCO DE MIRANDA.

2.- PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, en consecuencia:

2.1.- NULO PARCIALMENTE el acto administrativo contenido en la Resolución Número C.U.041.1090.2001 de fecha 31 de enero de 2001, dictada por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, en lo que respecta al desconocimiento de la declaratoria de nulidad del acto administrativo de destitución, dictado por el Consejo de Apelaciones de la mencionada Universidad.

2.2.- NULO el acto administrativo contenido en la Resolución Número CU.001.1.070 de fecha 19 de julio de 2000, dictada por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, mediante la cual se revocó el beneficio de jubilación al ciudadano Saturnino Gómez.

2.3- SE ORDENA la restitución del ciudadano Saturnino Gómez a condición de personal jubilado de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, tal como fuera ordenado por el acto administrativo dictado por el Consejo de Apelaciones en fecha 25 de enero de 2001.

2.4- SE ORDENA el pago de las pensiones de jubilación dejadas de percibir desde la revocatoria del mencionado beneficio.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los ________________ (___) días del mes de _______________ del año dos mil siete (2007). Años 197° de la Independencia y 148° de la Federación.
El Presidente,



EMILIO RAMOS GONZÁLEZ
Ponente


El Vicepresidente,



ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA

El Juez,



ALEJANDRO SOTO VILLASMIL




La Secretaria Accidental,



ARGENDIS MANAURE PANTOJA

Exp. N° AP42-N-2001-024564
EARG/020.

En fecha ____________________( ) de ________________de dos mil siete (2007), siendo la (s) ______________de la________________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° 2007_______________.
La Secretaria Accidental,