REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL NUEVO REGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS
EN SU NOMBRE
196° y 147°

DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS
Expediente Nro.: NP11-2006-00029

Demandante: , venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V-14.716.240, respectivamente y de este domicilio.
Apoderadas Judiciales: Abogadas, CARMEN JUDITH DE LOPEZ Y ADAILI PINO BASTARDO Y OTROS, venezolanas, mayor de edad, titulares de las cédulas de identidad Ns°. V-6.545.322 y 14.619.992, Abogadas en ejercicio, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nos. 59.379 y 99.930
Demandada PETROLEOS DE VENEZUELA, S. A. (Pdvsa Petróleos. a.) constituida y domiciliada en la ciudad de Caracas originalmente insta en el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 16 de noviembre de 1998, bajo el N° 26, Tomo 127-A, sufriendo diversas reformas siendo en fecha 09 de mayo de 2001, bajo el N° 23 tomo 81-A, Segundo.
Apoderado Judicial: ALFRDO BUSTAMANTE, venezolano, mayor de edad, Abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 90.070 y de este domicilio.
Motivo: CALIFICACION DE DESPIDO

La presente causa se inicia en fecha 12 de Enero de 2006, con la interposición de una demanda por Calificación de Despido intentada por el ciudadano Nelson Caraballo en contra de las Empresa Pdvsa Petróleo S. A., siendo admitida en fecha 13 de enero de 2006, por el Tribunal Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo, donde se ejecutaron los tramites pertinentes para el desarrollo de la primera fase de éste proceso laboral; se señaló en el libelo de la demanda que el actor comenzó a prestar sus servicios para la empresa demandada en fecha 26 de febrero de 2004 en el cargo de Ingeniero de Proceso, que en fecha 29 de diciembre de 2005 la empresa demandada procedió al despido injustificado mediante carta, que su salario básico era por la cantidad de UN MILLO CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL BOLÍVARES (Bs.1.427.000,00); que se desconocían las causales por las cuales la empresa procedió al despido; que por considerar el mismo como injustificado es por lo que procedió a solicitar que se le calificare su despido por ante esta Coordinación del Trabajo, y se procediera a reengancharlo y pagarle sus salarios caídos desde la fecha de su despido hasta la fecha en la cual se procediera la efectiva ejecución del fallo. Se condenaran la los intereses generados por las cantidades de dinero que le adeuden, solicitando por lo tanto experticia complementaria de fallo y la condena en costas procesales.
Una vez culminada la Audiencia Preliminar sin que fuere posible la mediación, es remitida la causa a los juzgados de juicios a los fines de continuar con la segunda fase de la primera instancia de éste proceso, correspondiéndole el conocimiento a quién con tal carácter suscribe el presente fallo.
En fecha 09 de noviembre de 2006, este Tribunal Tercero de Juicio lo da por recibido, librando lo conducente para la admisión de las pruebas y la audiencia de juicio.
AUDIENCIA DE JUICIO

En fecha 20 de diciembre de 2006, se da inicio a la Audiencia de Juicio asistiendo al la misma las partes involucradas en el presente procedimiento, dándose los trámites regulares de la audiencia; realizada la misma, con vista de las pruebas promovidas, admitidas y evacuadas, este Despacho declaró en forma oral con lugar la presente acción, mediante acta de fecha 15 de enero de 2007, correspondiendo el día de hoy 22 de enero de 2007, la publicación integra de la sentencia, por lo cual se hacen las siguientes consideraciones:
DE CONTESTACION DE LA DEMANDA Y ALEGACIONES EN LA AUDIENCIA DE JUICIO.
La parte accionada en su escrito de demanda, alegó la naturaleza jurídica de la actividad petrolera que tiene la empresa, señalando que esta es una actividad de interés público y de carácter estratégico. Señaló que en fecha 07 de octubre de 2005, fue reportado por el Departamento de Prevención Control y Pérdidas de P.D.V.S.A, S. A., expediente interno signado con el Nº Caso PDV-OEP-2005-15-94, el cual fuere aperturado por hurto de una laptop y de un video beam, que se encontraban en el vehículo marca Toyota Yaris, el cual servia para el traslado diario de los ciudadanos Nelson Caraballo, Ruth Díaz Yurimar Portillo (quien tenia asignada la laptop), María Gabriela Ramírez y Romina Rojas; indicando que el día viernes 18 de agosto de 2005 el ciudadano Nelson Caraballo quedó encargado del traslado del vehículo Toyota Yaris desde la sede habitual de la empresa hasta la urbanización San Miguel, donde esta ubicada la casa de la ciudadana Ruth Díaz, a quién le correspondía la guardia de fin de semana; se señala que en fecha 22 de agosto de 2005 (lunes), se denuncia el extravió de los mencionados equipos considerando la empresa demandada que el ciudadano Nelson Caraballo no fue probo en el resguardo y cuidado de por lo que el actor incurrió en las causales de despido establecidas en los literales “A” e “I”, del articulo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo, así como la norma interna PAI 010-30, la cual señala textualmente “Todas aquellas medidas preventivas diseñadas y utilizadas para proteger al personal, EQUIPOS, instalaciones, materiales y documentos contra los riesgos reales o especulativos a los cuales pueda estar expuestos” (sic). Estos dichos fueron asimismo, explanados y ampliados en audiencia oral y pública señalando que admitía la fecha de ingreso y la fecha de egreso alegada por el actor, el cargo que desempeñado, así como el salario alegado; señalando que el accionante no ejerció sus funciones como un padre de familia en el resguardo de los equipos asignados.
DE LAS PRUEBAS Y SU VALORACIÓN
DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE ACTORA
.- Promueve con el libelo de demanda, recibos de pagos que corresponden a todas las quincenas durante las cuales duró la relación laboral, las cuales acompañó en originales y las marcó con las letras de la “A” a la letra “V”, los cuales también fueron promovidos con el escrito de demanda, los cuales corren insertos a los folios 03 al 24, de dichas documentales no hubo observación por la parte accionada; incorporándose al proceso y otorgándoles pleno valor probatorio de conformidad con lo pautado en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.
.- De la Prueba de Testigos: Los testigos promovidos por la parte actora no se presentaron a rendir sus deposiciones por lo que se declaró desierto el acto. Así se declara.
DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE ACCIONADA
.- Promueve el Merito Favorable de la Actas Procesales, se ha establecido en innumerables decisiones que dicha alegación no es un medio de prueba susceptible de ser valorado.
.- Promueve Participación de despido hecha por la parte accionada la cual corre inserta al folio del 55 al 56 de la presente causa. A través de la misma se evidencia el cumplimiento de la empresa de realizar la correspondiente participación de despido de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, para así evitar el surgimiento de la presunción iuris tantum, de que el despido se hizo sin justa causa. Así se establece.
-. De la Inspección Judicial promovida en las Instalaciones de la Empresa P.D.V.S.A, S. A., la cual corre inserta en los folios 71 al 137 materializada en fecha 19 de diciembre de 2006. La parte actora señaló que rechazaba y negaba dicha prueba, por considerar la misma que no esta ajustada a derecho, ya que aparecen incluso incursas son las ciudadanas Yurimar Portillo y Ruth Díaz, señalando así mismo, que a pesar que el procedimiento fue hecho de manera interna, este no es el organismo más idóneo para calificar de hurto o no lo sucedido. La representación de la accionada se opuso al señalamiento planteado por la parte accionada en la persona de su apoderada judicial, indicando que insistía en su valor probatorio por ser la prueba fundamental en la cual se alega la falta de probidad, por lo que ratifica su valor probatorio. El Tribunal, estando en la oportunidad procesal para efectuar la correspondiente valoración de dicha prueba, debe acotar lo siguiente, de dicha inspección emerge que evidentemente se abrió a través del departamento de investigaciones de la empresa accionada un procedimiento administrativo a lo fines de realizar las averiguaciones pertinentes con relación a los hechos ya señalados; ahora bien, debe observar este Juzgado que establece el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia: 1) La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. No observando el Tribunal el cumplimiento de tal garantía constitucional; en consecuencia, se desecha del proceso el contenido de dicha investigación, traída a los autos a través de la inspección judicial practicada.
De los Testimoniales de los ciudadanos María Gabriela Ramírez y Romina Rojas, de los cuales presentaron sus testimonios en audiencia oral y pública; las mismas fueron contestes en sus deposiciones, manifestando quienes eran las encargadas del cuidado de los equipos, así como al señalar, que fueron ellas quienes guardaron los equipos en el vehículo que conduciría el actor, sin que éste participara en el momento en que fueron guardadas las mismas. En consecuencia de conformidad con lo pautado en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se les otorga pleno valor probatorio. Así se establece.
.- De la Declaración hecha a las Partes: Del interrogatorio efectuado a las partes, el Tribunal pudo observar lo siguiente: En cuanto a la parte actora esta recayó en la persona del ciudadano Nelson José Caraballo, el actor no entro en contradicción con lo explanado por el en su libelo; así mismo fue conteste en cuanto a como sucedieron los hechos, de conformidad con lo narrado por la parte demandada y los testigos promovidos, en el sentido que en ningún momento los equipos presuntamente sustraídos, estaban bajo su guarda y custodia.
En lo que respecta a la parte accionada, la declaración recayó un representante administrativo de la empresa, quien ratifico al Tribunal, como es el cumplimiento de las normas relativas al resguardo de los equipos que se le asignan al personal de la empresa.
En consecuencia, al ser contestes ambas partes en sus deposiciones este Tribunal les confiere pleno valor probatorio a sus dichos. Así se declara.
MOTIVOS DE LA DECISIÓN

La falta de probidad y la falta grave a las obligaciones que impone la relación de trabajo, como causas de despido justificado, deben ser probadas categóricamente por la empresa. La falta de probidad se entiende como falta de honradez, de lealtad, rectitud y honestidad, aplicable al cumplimiento de los deberes derivados de la relación de trabajo. La falta grave a las obligaciones que impone la relación de trabajo es una causal genérica contenida en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo, en la que se pueden subsumir o concatenar todas las demás causales, en el entendido, dentro del presente caso, que dentro de las obligaciones del trabajador están actuar acorde con las normas de conducta que impone la sociedad y la empresa donde desempeña sus funciones, es decir, el trabajador tiene la obligación de cumplir con lo pautado en los reglamentos y normas internas de la empresa. Doctrinalmente la falta de probidad sanciona la falta de honradez, de rectitud, honestidad y la conducta inmoral en el trabajo que puede tener diversas manifestaciones, bien sea de palabras o de hecho, porque al castigar la conducta del trabajador que se subsuma en la causal bajo análisis, lo que se busca es lograr un comportamiento acorde con los principios éticos que permiten el desarrollo armónico de la actividad productiva. El criterio imperante de la jurisprudencia sobre esta causal sostiene que la falta de probidad debe entenderse como la falta de rectitud, de honestidad o de integridad por parte del trabajador en su relación con la empresa, tanto en su elemento material como en su elemento humano. Y apunta además la jurisprudencia, en que el carácter personal de la relación de trabajo obliga a los sujetos contratantes al cumplimiento riguroso de los deberes que se desprenden de los conceptos de moral y de justicia, por esta razón, el vocablo probidad se corresponde exactamente con los calificativos doctrinales y jurisprudenciales previamente señalados, aplicables todos al cumplimiento de los deberes derivados de la relación de trabajo que ha de desenvolverse de buena fe.
Ahora bien, del examen conjunto de todo el material probatorio antes apreciado, en aplicación del principio de Unidad de la Prueba, ha quedado plenamente establecido que la parte demandada no logró probar que el trabajador reclamante haya sido despedido por justa causa; es decir, por la causal establecida en el literal “A” del articulo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo, Falta de Probidad o Conducta Inmoral en el Trabajo. La Jurisprudencia ha considerado, falta de probidad por parte del trabajador, en casos como: la sustracción de productos elaborados por la empresa, el fraude cometido en perjuicio de la empresa, etc. En este orden de ideas, se desprende de las actas procesales, que si bien es cierto que la empresa demandada alegó como causal de despido la falta de probidad del trabajador, señalando en la contestación de la demanda “…no fue probo en el cuidado de los equipos que normalmente guardaban en el baúl del vehículo asignado al grupo de trabajo, y el cual estaba autorizado a manejar, llegando al extremo de alegar que “…no le notificaron que los equipos venían en el baúl del vehículo…”, cuando era una práctica del grupo dejar los equipos todos los días en el baúl del vehículo…” omissis “con su conducta el accionante incurrió en las causales de despido establecidas en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo, en los literales “A”, falta de probidad, la cual viene dada al observarse en su conducta falta de rectitud en el manejo, uso y cuidado de instrumentos y equipos propiedad de PDVSA, destinados a cumplir actividades inherentes a la labor que venía desempeñando dentro de la Industria Petrolera y los cuales fueron confiados a el conjuntamente con su equipo de trabajo…”; alegando igualmente en la audiencia de juicio, que el trabajador había actuado con falta de probidad por cuanto no había actuado como un buen padre de familia en el cuido de los equipos que se les habían asignado. El Tribunal observa que ni de la deposición de los testigos promovidos y evacuados por las partes; ni de las documentales consignadas en autos; ni de la declaración de parte evacuada por el tribunal; se evidenció que efectivamente el actor tuviere bajo su guarda y custodia los equipos presuntamente desaparecidos; emergió de la declaración de los testigos, así como de la declaración de parte, además de ser un hecho conocido, que todo empleado a quién se entregue un bien de la empresa para la cual laboré es el responsable directo del mismo; en el caso concreto que nos ocupa, no se demostró tal circunstancia, por el contrario, quedó demostrado en autos que los equipos estaban asignados a otras trabajadoras de la empresa demandada; del informe levantado por el departamento de seguridad de la empresa demandada (PCP) no se evidencia que el actor haya sustraído los equipos desaparecidos, más cuando no media en el presente caso, denuncia alguna donde se reporte la presunta comisión de un hecho punible como el que la parte demandada en el presente caso de endilga al actor. Además por aplicación de los Principios y Garantías Constitucionales, considera éste Juzgado que no existe una decisión que demuestre la culpabilidad del trabajador accionante, en cuanto a que sustrajo o participó de manera alguna en la presunta desaparición de los equipos reseñada, ya que no cursa en el expediente denuncia alguna formulada ante el Cuerpo Técnico de Policía Judicial o Fiscalía del Ministerio Público. En este orden de ideas, considera ésta Juzgadora que no se desprende de los autos, alegato, ni elemento alguno que permita la formación de un criterio sobre los hechos imputados específicamente al actor por la demandada. No se desprende de las actas que conforman éste procedimiento, sentencia penal que determine la culpabilidad del aquí accionante, con lo cual a criterio de quien aquí decide se violentó el Principio Constitucional consagrado en el articulo 49 ordinal 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual está referido en forma explícita a la Presunción de Inocencia: Articulo 49: “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia:
2.- Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario...”. En consecuencia, no prospera la causal de despido invocada por la empresa demandada contenida en el literal “A” del artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo. ASI SE DECIDE.
Por otra parte, por cuanto todas y cada una de las causales contenidas en el artículo 102, tienen total y absoluta autonomía, y como tal basta con que se demuestre una de ellas para que eventualmente se pueda declarar como justificado el despido del trabajador, pasa de seguidas este Tribunal a analizar la segunda causal invocada como causa justificada del despido, como lo es la contenida en el literal “I” del referido artículo 102; en tal sentido como ya se señaló que esta es una causal genérica relativa al cumplimiento de las obligaciones labores, y como ya quedó asentado, no se evidenció de autos el incumplimiento de las mismas por parte del actor, quedó demostrado que a él no se le asignó equipo alguno para su resguardo; sin que pudiere atribuírsele a él la responsabilidad por la desaparición momentánea de los mismos, ya ni siquiera de las averiguaciones realizadas por la empresa accionada (sin que este Tribunal las prejuzgue como válidas) emerge en forma alguna que el actor haya participado en su desaparición; en consecuencia no prospera dicha causal. ASÍ SE DECIDE.
En este sentido, con base a los razonamientos anteriormente expuestos considera esta Juzgadora que la empresa accionada no efectúo el despido con justa causa, por lo que forzosamente deberá reenganchar al trabajador a su sitio de trabajo en las mismas condiciones que tenía para el momento del despido, con su respectivo pago de los salarios caídos. Así se decide.
DECISIÓN
Por las consideraciones anteriormente expuestas, el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR LA SOLICITUD DE CALIFICACIÓN DE DESPIDO intentada el ciudadano NELSON JOSÉ CARABALLO en contra de la EMPRESA PDVSA PETRÓLEO Y GAS S. A., todos plenamente identificados en autos, en consecuencia, se ordena a la accionada a reenganchar al trabajador a su sitio de trabajo en las mismas condiciones que tenía para el momento del despido, con el respectivo pago de los salarios caídos contados desde la fecha de notificación de la demandada.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, DÉJESE COPIA PARA SU ARCHIVO.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. En Maturín, a los veintidós (22) días del mes de enero del año dos mil siete (2007). Año 196º de la Independencia y 147º de la Federación.
La Jueza
Abog. Ana Beatriz Palacios G.

La Secretaria, (o)
Abog.