Recibida la anterior demanda del Órgano Distribuidor signada con el número 7297, presentada por la ciudadana ALOHA JOSEFINA ARCEO APITZ, mayor de edad, titular de las cédula de identidad Número: 7.804.653 y domiciliada en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, asistida por el Abogado en ejercicio: CARLOS JAVIER CHACIN, inscrito en el Inpreabogado bajo el Número: 72.728, de igual domicilio y acompañada de copia certificada de actuaciones judiciales contenidas en el expediente No. 06419 cursante en el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio, Juez Unipersonal No. 4, todo constante de cuarenta y un (41) folios útiles, el Tribunal le da el curso de ley correspondiente y ordena formar expediente y numerarlo.

Ahora bien, a los efectos de emitir pronunciamiento sobre la admisión de la presente demanda, deben hacerse las siguientes consideraciones:

Determina el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil:

”Cuando la pretensión del demandante persiga el pago de una suma líquida y exigible de dinero o la entrega de cantidad cierta de cosas fungibles o de una cosa mueble determinada, el Juez, a solicitud del demandante, decretará la intimación del deudor, para que pague o entregue la cosa dentro de diez días apercibiéndole de ejecución. El demandante podrá optar entre el procedimiento ordinario y el presente procedimiento, pero éste no será aplicable cuando el deudor no esté presente en la República y no haya dejado apoderado a quien pueda intimarse, o si el apoderado que hubiere dejado se negare a representarlo.”


Por su parte el artículo 643 eiusdem fija lo siguiente:

“El Juez negará la admisión de la demanda por auto razonado, en los casos siguientes:
1° Si faltare alguno de los requisitos exigidos en el artículo 640.
2° Si no se acompaña con el libelo la prueba escrita del derecho que se alega.
3° Cuando el derecho que se alega está subordinado a una contraprestación o condición, a menos que el demandante acompañe un medio de prueba que haga presumir el cumplimiento de la contraprestación o la verificación de la condición.”


Por otra parte, la Sala de Casación Civil en decisión de N° 64 de fecha 22 de marzo de 2000, Exp. N° 98-288, caso Rafael José Pinto/Sociedad Anónima de Construcciones y Parcelamientos (SACONPA), pronunció:

“...La doctrina patria, ha definido al procedimiento por intimación o monitorio, como “aquel de cognición reducida, con carácter sumario, dispuesto a favor de quien tenga derechos de créditos que hacer valer, asistidos por una prueba escrita. Puede ésta dirigirse en tal caso al Juez mediante demanda, y el Juez, inaudita altera parte (sin oír a la otra parte), puede emitir un decreto con el que impone al deudor que cumpla su obligación. Esto debe ser notificado al deudor, y entonces, o el deudor hace oposición y en tal caso surge de ello un procedimiento ordinario, o el deudor no hace oposición dentro del término, y entonces el decreto pasa a ser definitivo-irrevocable, con los efectos ejecutivos de una sentencia de condena. (Corsi, Luis, Apuntamiento sobre el Procedimiento por Intimación. Caracas, 1.986).
La admisión de la demanda tramitada por el procedimiento por intimación, contempla la exigencia previa de una serie de requisitos establecidos en el mencionado artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, los cuales se justifican plenamente, por cuanto el decreto de intimación posterior, contendrá una orden efectiva de pago o entrega de la cosa, que en caso de no mediar oposición, adquirirá el carácter de un título ejecutivo derivado de una sentencia definitiva.
El procedimiento por intimación, está diseñado para el cobro o satisfacción de una obligación de hacer, a través de modalidades taxativas contempladas en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, a saber:
a.- El pago de una suma líquida y exigible de dinero;
b.- La entrega de cantidad cierta de cosas fungibles; y,
c.- La entrega de una cosa mueble determinada...”.

Sobre estas premisas, exhibe el Máximo Tribunal criterio en cuanto a que la admisión de las demandas incoadas al amparo de este tipo de procedimiento deben los jueces ser cuidadosos y acatar el mandato que impuesto en el artículo 643 del Código de Procedimiento Civil, pues ordena negarla, mediante auto razonado, cuando no estén llenos los requisitos allí exigidos, toda vez que de no formularse oposición, el decreto intimatorio se hará título ejecutorio y se procederá como en sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada.

Ahora bien, el procedimiento por intimación o monitorio se encuentra previsto en los artículos 640 al 652 del Código de Procedimiento Civil, limitando las pretensiones que pueden ventilarse a través de este procedimiento; así señala, entre otras, que es aplicable cuando ésta ‘...persiga el pago de una suma líquida y exigible de dinero...’. Es liquida, cuando su cuantía esté fijada numéricamente antes de su cumplimiento, se refiere al quantum de la deuda; y, la exigibilidad, viene dada porque el pago no esté diferido por un término, ni suspendido por condiciones o sujeto a cualesquiera otras limitaciones.

Con lo expuesto se observa que la demanda bajo examen, ha sido acompañada por la accionante con copias certificadas actuaciones procesales cumplidas en el expediente No. 06419, cursante en el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio, Juez Unipersonal No. 4, de las cuales desgaja la naturaleza de instrumento guarentigio o ejecutivo, por cuanto a su relatar, estas evidencian: que el ciudadano VICTOR MANUEL ALIZO ACUÑA, venezolano, titular de la cédula de identidad No. 6.830.957, domiciliado en la Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, suscribió junto con ella un acuerdo Separación de Cuerpos y Bienes, debidamente homologado por el referido Tribunal Minoril, conforme Providencia del 9 de Diciembre de 2.004; siendo posteriormente convertido tal acuerdo en divorcio, mediante fallo del 2 de Marzo de 2.006, resultando declarado disuelto el vinculo matrimonial que existió entre ambos, desprendiéndose del contenido del aludido Acuerdo Amigable de Partición de Bienes Gananciales, que VÍCTOR MANUEL ALIZO, quedó pendiente por pagarle la cantidad de CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE BOLÍVARES EXACTOS (Bs. 55.000.000,00), en el lapso de noventa (90) días continuos contados a partir de la firma del predicho acuerdo, esto es, para el 9 de Marzo de 2.005, sin que lo haya hecho efectivamente, lo que la autoriza a instaurar el procedimiento monitorio.

De tal forma se aprecia que si bien fue verificado el referido acuerdo amigable de separación de cuerpos y bienes, y disuelto el vínculo matrimonial existente entre la actual accionante y el demandado, por ante la Autoridad Judicial con competencia minoril, no hubo pronunciamiento judicial expreso y preciso sobre la expuesta liquidación de la comunidad de gananciales que haga apreciable en mente de este Sustanciador que el referido acuerdo haya sido aprobado por autoridad competente para ello, y por ende la referida prueba resulta inadmisible por contravención de la ley para la inyucción del procedimiento que se le pretende valer, por cuanto tal instrumento no representa la exigibilidad de la obligación a la cual alude la norma que consagra el artículo 640, ya que dicho acuerdo se encuentra conforme a la ley supeditado a la aprobación u homologación que debe hacer el Tribunal; en consecuencia, no puede ser sopesada como prueba escrita suficiente para incoar el presente procedimiento.

En estos términos concluye este Organo Jurisdiccional del análisis vertido que la aludida convención y sentencia emitida por el Juez Unipersonal No. 4, no cumple con los extremos que fija el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, instrumental que se indica como fundamento de la acción, en consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 341 del Código Adjetivo declara INADMISIBLE la presente demanda de Cobro de Bolívares, por procedimiento por intimación intentada por ALOHA JOSEFINA ARCEO APITZ, mayor de edad, titular de las cédula de identidad Número: 7.804.653 y domiciliada en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, contra el ciudadano VICTOR MANUEL ALIZO ACUÑA, venezolano, titular de la cédula de identidad No. 6.830.957, domiciliado en la Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Así se establece.

Publíquese y Regístrese. Déjese copia certificada por Secretaría de la presente decisión a los fines legales previstos en los Ordinales 3° y 9° del Artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 248 del Código de Procedimiento Civil y 1.384 del Código Civil.

Dada, sellada y firmada en la sala de despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo a los cuatro (4) días del mes de junio de Dos Mil Siete (2007). Años: 197º de la Independencia y 148º de la Federación.
El Juez

Abog. Adan Vivas Santaella. La Secretaria,

Abog. Mariela Pérez de Apollini