PARTE ACTORA: Ciudadana ISABEL JOSEFINA CABANIEL ORTUÑO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de Identidad Nº V- 6.671.358.
APODERADA JUDICIAL: Abogado ADOLFO OLIVO ROJAS, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 2974.

PARTE DEMANDADA: Ciudadano MAX LUIS MOTA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, y titular de la cédula de identidad No. V-1.845.152.

APODERADO JUDICIAL: No tiene apoderado judicial constituido en autos.

MOTIVO: Apelación interpuesta por la parte actora, contra el auto de fecha 29 de marzo de 2005, dictado por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, mediante la cual, declaró Inadmisible la demanda por Disolución de Concubinato.

CAUSA: DISOLUCIÓN DE CONCUBINATO

EXPEDIENTE: 9107




CAPITULO I
NARRATIVA

Las presentes actas procesales llegaron a esta Alzada, en fecha 13 de abril de dos mil cinco (2005), procedentes del Juzgado Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en su condición de Juzgado Superior Distribuidor de Turno, con ocasión a la apelación interpuesta en fecha 30 de Marzo de 2005, por el abogado ADOLFO OLIVO ROJAS, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante, contra el auto de fecha 29 de Marzo de 2005, dictado por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.-
Recibidas las actuaciones por esta Alzada, en la fecha antes indicada se procedió a fijar el Vigésimo (20) día de Despacho, para que tuviera lugar el acto de presentación de informes.
Estando dentro de la oportunidad legal correspondiente, el apoderado judicial de la parte actora, presentó escrito de informe mediante el cual, pide se declare con lugar la apelación interpuesta contra la sentencia que declaró inadmisible la demanda por disolución concubinaria, dictada por el Tribunal Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del area Metropolitana de Caracas, y en consecuencia declare admisible la misma, a los efectos que se acuerde la restitución de la parte actora en el domicilio habitual del vinculo concubinario.
En fecha 10 de octubre de 2005, este Tribunal Superior, de conformidad con lo establecido en el articulo 251 del Código de Procedimiento Civil, difirió el acto de dictar sentencia, para el trigésimo (30) día siguiente.
Mediante sentencia de fecha 07 de noviembre de 2005, esta Alzada se declaró incompetente para conocer la apelación y en consecuencia declinó la competencia a la Corte Superior del Niño y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.
Previo cómputo por Secretaria y por cuanto, para la fecha 15 de noviembre de 2005, se encontraba vencido el lapso correspondiente para que la parte interesada solicitará la Regulación de Competencia, contra el auto que declaró la incompetencia por materia, este Tribunal Superior declaró firme el mismo y ordenó su remisión a la Corte Superior del Niño y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.
Llegadas la actas, a la Corte Superior Primera del Circuito de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 178 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente, en concordancia con el articulo 73 del Código de Procedimiento Civil, la admitió y fijó oportunidad para decidir la presente incidencia, dentro de los diez (10) días calendarios.
En fecha 13 de febrero de 2006, la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, se declaró incompetente para conocer la demanda por Disolución Concubinaria, y declinó la competencia a un Juzgado Superior Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en consecuencia, en virtud del conflicto de competencia habida en el mismo, ordenó la remisión de la causa a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
Vencido como se encontraba el lapso, para que las partes con vista a la sentencia dictada, anunciaran sus recursos legales pertinentes, declaró definitivamente firme la sentencia proferida por la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional.


Una vez llegada las actas a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, fue designado ponente para resolver sobre el conflicto de competencia, al Magistrado Rafael Arístides Rengifo Camacaro.
En fecha 11 de abril de 2007, la Sala Plena declaró que la competencia para conocer de la apelación en la solicitud de Disolución de comunidad concubinaria, corresponde a este Juzgado Superior Séptimo Civil, Mercantil y del Trásito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.
El recurso de apelación ejercido, sometido a la consideración de esta Alzada, se circunscribe a determinar el efectivo pronunciamiento para declarar inadmisible la demanda por Disolución Concubinaria dictada por el juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial.
Llegada la oportunidad de decidir el Tribunal, lo hace previa las siguientes consideraciones.

CAPITULO II
MOTIVA

Consta en el folio Nº 12, de las actas procesales que conforman el presente expediente, auto de fecha 29 de marzo de 2005, donde el tribunal a-quo, a los fines de pronunciarse sobre la admisión de la demanda, aplicando el principio de exhaustividad, declaró inadmisible la admisión de demanda por Disolución de Concubinato, en virtud que no lleno los requisitos señalados en el articulo 767 del Código de Procedimiento Civil.

Por otro lado, la parte actora en su escrito de informes, alega que el Tribunal a-quo, a los fines de declarar la inadmisión de la demanda, no se pronunció sobre lo alegado en autos, por cuanto decidió en base a una división concubinaria, cuando el objeto de la controversia planteado, era la Disolución Concubinaria, y en consecuencia soslayó la interpretación del texto constitucional, contenido en el artículo 77.

Ahora bien, queda establecido el Thema Decidendum, en la presente controversia, esta alzada a los fines de pronunciarse sobre la presente apelación, pasa analizar el alcance del artículo 767 del Código Civil.

“Se presume la comunidad, salvo prueba en contrario, en aquellos casos de unión no matrimonial, cuando la mujer o el hombre en su caso, demuestre que ha vivido permanentemente en tal estado aunque los bienes cuya comunidad se quiere establecer aparezcan a nombre de uno solo de ellos”. Tal presunción sólo surte efectos legales entre ellos dos y entre sus respectivos herederos y también entre uno de ellos y los herederos del otro. Lo dispuesto en este artículo no se aplica sí uno de ellos está casado”

Conforme a lo establecido por el Articulo in comento, como bien se ha mantenido en la doctrina patria “el concubinato es la unión de hecho entre dos personas de diferente sexo y sin impedimento alguno para contraer matrimonio, que hacen vida en común en forma permanente sin estar casados, con las apariencias de una unión legítima y con los mismos fines primarios y secundarios atribuidos al matrimonio. Siendo un requisito sine qua nom que las parejas sean de estado civil soltero, viudos o divorciados, pero nunca casados”.
Así, las relaciones estables de hecho, se encuentran amparadas y reconocidas a nivel constitucional, mediante el contenido del artículo 77 de la carta magna, que reza lo siguiente:
“Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges, La uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio”

Pero, aunado a ello, debe tenerse presente, el criterio de la Sala de Casación Civil, Expediente Nº 04-662, Sentencia del 15/11/2004.

”...En efecto, el referido dispositivo técnico jurídico, prevé, que salvo prueba en contrario, la existencia de la comunidad de bienes debe ser presumida, en el supuesto de que un hombre y una mujer, vivan en concubinato, con independencia de que el bien aparezca a nombre de uno solo. En este sentido, el dispositivo bajo estudio, impone según el caso, la prueba del concubinato permanente.

En este sentido, el Dr. JUAN JOSE BOCARANDA, en su obra “La Comunidad Concubinaria ante la Constitución venezolana de 1.999”. Nos expone:
“…el concepto de acción concubinaria no es unívoco, toda vez que la naturaleza de la acción debe ir en relación directa con el interés del sujeto titular y con las condiciones legales pertinentes”.


De todo lo antes expuesto se puede concluir, que no hay dudas ni discusión del verdadero reconocimiento de las relaciones estables de hecho, sin embargo, su existencia debe ser demostrada mediante instrumentos jurídicos, a los fines, de que sean reconocidos sus efectos jurídicos, y por analogía estas uniones deben cumplir con los requisitos exigidos en el matrimonio, para su legalización, tal como lo señala el articulo 77 Constitucional. Ahora bien, para determinar cuales son esos efectos, vigentes y aplicables, el intérprete debe remitirse obligatoriamente a las normas que rigen los efectos del matrimonio, es decir las disposiciones del Código Civil como ordenamiento positivo que regula especialmente esa materia. Así tenemos, que para que surtan los efectos legales en el matrimonio, debe ser constituido el hecho, que en este sentido, descansa en los esponsales, contentivos de la manifestación de voluntad de los cónyuges de contraer matrimonio, pero además debe ser reconocido su existencia, lo cual se perfecciona por el acta de matrimonio emanada por uno de los funcionarios señalados en el articulo 82 del Código Civil, quienes hacen constar su celebración, la cual es el documento fundamental, para reclamar sus efectos civiles, tanto respecto a las personas como de los bienes; mientras que el concubinato, en cumplimiento a lo establecido en el articulo in comento, y a objeto de gozar de los mismos efectos jurídicos del matrimonio; por ser una relación jurídica factica, en armonía con los requisitos establecidos para el matrimonio, debe probar el hecho que lo constituye, mediante la convivencia en común prolongada, y aunado a ello debe ser reconocido por declaración judicial, para que así, quienes lo integran, pueda tener legitimidad para reclamar sus efectos jurídicos adquiridos en la vida concubinaria. En consecuencia, la disolución concubinaria, depende de un reconocimiento fidedigno que declare la existencia de una unión estable de hecho, para que pueda proceder, la cual no es más que la sentencia que declare la existencia del concubinato. Y así se establece.
Por consiguiente, para procurar el reconocimiento de la existencia de una relación concubinaria, se puede ejercer:
La acción mero declarativa: cuando la pretensión no recae sobre una finalidad patrimonial, la acción que se plantea es meramente declarativa, lo que le corresponde por parte del juez, a una sentencia mediante la cual declara la existencia, no de la comunidad, sino del concubinato.
Ahora bien, en el caso de autos, esta alzada observa del libelo de la demanda, que la parte actora pretende la Disolución Concubinaria, a los fines que se le reconozcan sus derechos como concubina y así accesoriamente, pueda ser restituida al domicilio concubinario. Al respecto, esta Superioridad considera, que la petición de la presunta concubina demandante, parte de un derecho adquirido de la vida en común, lo que constituye la existencia del perfil de la unión estable de hecho para lo cual debe proceder previo una acción mero declarativa, donde el Juez declare la existencia de la unión, no obstante, se observa que la parte demandante pretende demostrar su constitución, a través de declaración de testigos evacuados por ante la Notaria Pública Vigésima del Municipio Libertador del Distrito Metropolitano de Caracas, el cual, se encuentra inserto al folio 10 de las actas que conforman el presente expediente. Sin embargo, la jurisprudencia ha sido conteste en enfatizar, que no basta que la Relación Jurídica estable de hecho se constituya, sino que sea legalmente reconocido por declaración judicial, el cual procede, como bien se ha señalado, mediante una acción mero declarativa, que declare la existencia del vínculo concubinario y en consecuencia, puedan ser reconocidos los derechos adquiridos en la vida en común, para intentarse una acción de Disolución, pues seria indebido para un Juez, pronunciarse sobre una disolución concubinaria, cuando aún no ha sido reconocida su existencia . Y así se decide.

CAPITULO III
DISPOSITIVA

Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la Ley y de conformidad con los Artículos 12, 242, y 243 del Código de Procedimiento Civil y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, declara:

PRIMERO: Declara SIN LUGAR la apelación intentada por el abogado Adolfo Olivo Rojas, en fecha 30 de marzo de 2005, contra el auto de fecha 29 de marzo de 2005, que declaró inadmisible la demanda de Disolución Concubinaria, intentada por la ciudadana Isabel Josefina Cabaniel Ortuño.

SEGUNDO: CONFIRMA, el auto que declaró inadmisible, la demanda por Disolución Concubinaria, intentada por la ciudadana Isabel Josefina Cabaniel Ortuño.

TERCERO: Dada la naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas.
Déjese copia certificada de la presente sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 248 ejusdem.

Publíquese, Regístrese y Notifiquese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas a los catorce (14) días del mes de mayo de dos mil siete (2007).- 197º y 148º.-
EL JUEZ,

VICTOR JOSE GONZALEZ JAIMES
EL SECRETARIO,

ABG. RICHARS MATA
En la misma fecha, siendo las 2:00 PM., se publicó y registró la anterior sentencia, como está ordenado.-
EL SECRETARIO,

Abg. RICHARS DOMINGO MATA.

VJGJ/RDM/JENNY
Exp. 9107