REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, treinta y uno de mayo de dos mil siete
197º y 148º

ASUNTO : KP02-F-2007-000119
PARTE ACTORA: YOLANDA ANAHIR GAVIDIA FONSECA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-12..866..943
ABOGADO ASISTENTE: YULECZI MEDINA DE BERNAL inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 92.002.
MOTIVO: HOMOLOGACION DE PARTICION DE COMUNIDAD CONYUGAL


DECLINATORIA DE COMPETENCIA

Se recibió por ante éste Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, la presente solicitud suscrita por la ciudadana YOLANDA ANAHIR GAVIDIA FONSECA quien solicita que en vista de la sentencia firme de divorcio la cual anexa marcado “A” y el libelo de la demanda de Divorcio donde se demuestra la manifestación de voluntad de ambos cónyuges en referencia a la comunidad de gananciales, y mediante el cual ambos cónyuges aceptan que el bien inmueble que se describe en dicho libelo de demanda de divorcio el cónyuge DOUGLAS ERNESTO HERNANDEZ CARRASCO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la C.I. Nro. 12.243.402 cede la totalidad de los derechos que le corresponden sobre el inmueble constituido por una casa con su respectiva parcela de terreno ubicada en la Urbanización La Caracola, distinguida con el Nro. 03, Municipio Palavecino en la ciudad de Cabudare estado Lara, y sobre el cual pesa una hipoteca de primer grado a favor del BANCO MERCANTIL C.A. Banco Universal, representando el cincuenta por ciento (50%) del valor del mismo el cual cede a su menor hijo DOUGLAS RAFAEL HERNANDEZ GAVIDA, quedando el otro 50% a favor de la cónyuge antes identificada. Igualmente manifiestan que consta de actas que la madre del menor en su condición de representante legal acepta la cesión de derechos que se le hace a su menor hijo de 7 años. DOUGAS RAFAEL HERNANDEZ GAVIDIA. Existiendo dentro de dicha comunidad un vehículo marca HUNDAY, cediendo la ciudadana YOLANDA ANAHIR GAVIDIA FONSECA la totalidad de los derechos que le corresponden sobre el vehículo descrito y que representa el 50% del valor del mismo al ciudadano DOUGLAS ENRIQUE HERNANDEZ CARRASCO, manifestando no tener ningún interés en el referido vehículo. Seguidamente manifiestan que la madre en la contestación a la referida demanda aceptó la cesión que se le hace a su menor hijo, y de igual manera cede los derechos del vehículo descrito. Solicitando al tribunal homologue la manifestación de voluntad entre ambos cónyuges en la demanda de divorcio tomando en cuenta que el Juez de Protección no se pronunció sobre los bienes, por no ser su competencia.

DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Por cuanto del estudio de la presente causa, se evidencia que el objeto de la partición, versa entre otros bienes, sobre un el inmueble constituido por una casa con su respectiva parcela de terreno ubicada en la Urbanización La Caracola, distinguida con el Nro. 03, Municipio Palavecino en la ciudad de Cabudare estado Lara, es por lo que, a los fines de salvaguardar los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso de las partes y a los fines de prevenir reposiciones inútiles, se hace obligante para éste Tribunal pronunciarse al respecto, afirmando su competencia para conocer de la presente causa o declinándola en un Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Lara.

Considera necesario quien aquí decide, previo a pronunciarse sobre la competencia del Tribunal, realizar las siguientes consideraciones:

La actividad jurisdiccional es una potestad pública, genérica de todo tribunal, y la competencia es un poder especifico, que otorga al órgano jurisdiccional la posibilidad de intervenir en determinados casos. Es así, que se puede definir a la competencia en sentido procesal, como: “…la medida de la jurisdicción que ejerce, en concreto, el juez en razón de la materia, del valor de la demanda y del territorio”. (Rengel, Tomo I, 298).

Para Rocco, (citado por Ortiz, 2004, Teoría General del Proceso, p.178) la competencia: “es la porción del poder jurisdiccional que corresponde en concreto a cada oficina (tribunal)”.

Por su parte, Alsina, Hugo (1955) define a la competencia a nivel procesal como “la aptitud del juez para ejercer su jurisdicción en un caso determinado.” (Tratado Teórico Practico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Organización Judicial Jurisdicción y Competencia, 2da. ed., Tomo II, Buenos Aires: Ediar Sociedad Anónima Editores)

En el mismo orden de ideas, Ortiz (2004) define a la competencia procesal como: “…la aptitud material u objetiva establecida en la Constitución o la ley, constituida por esferas de vida, sobre la cual el órgano jurisdiccional, puede actuar procesalmente…” (Teoría General del Proceso, Frónesis, p. 177)

Como fue expuesto anteriormente, la competencia se atribuye a un órgano jurisdiccional en concreto a través de la ley. Es por ello, que se afirma que la competencia es a texto expreso. Es así, que la legislación adjetiva tiene como factores atributivos de competencia al territorio, la cuantía y la materia, los cuales constituyen parámetros para determinar si un órgano jurisdiccional en concreto puede conocer determinados asuntos sometidos a su consideración.

Para Ortiz-Ortiz, R. (2004), la competencia por la materia viene determinada por “… la naturaleza del asunto objetivo o material sobre el cual verse el interés de las partes en el proceso” (Teoría General del Proceso, 2 da. ed., Caracas: Frónesis, p 184)
En tal sentido, la competencia por la materia se refiere a la naturaleza de la relación jurídica objeto de controversia, y solo en consideración de ella se distribuye el conocimiento de las causas entre los diversos jueces. De allí, que el objeto del proceso lo determina el interés sustancial que se invoca en el mismo y que se pretende sea tutelado por el Juez natural.
En el presente caso, se interpone una solicitud de homologación de la voluntad de los ciudadanos YOLANDA ANAHIR GAVIDIA FONSECA Y DOUGAS ERNESTO HERNANDEZ CARRASCO, en vista que el Tribunal de Protección al dictar la sentencia de divorcio no se pronunció sobre la partición.
Establece el artículo 768 del Código Civil lo siguiente:

“A nadie puede obligarse a permanecer en comunidad y siempre puede cualquiera de los partícipes demandar la partición.
Sin embargo, es válido el pacto de que se deba permanecer en comunidad por un tiempo determinado, no mayor de cinco años.
La autoridad judicial, sin embargo, cuando lo exijan graves y urgentes circunstancias, puede ordenar la división de la cosa común, aun antes del tiempo convenido”. (Negrillas del Tribunal)

De la norma antes transcrita, se evidencia el derecho que asiste a la accionante para solicitar la homologación de la partición y liquidación amistosa de la comunidad conyugal. Sin embargo, es necesario precisar, si por tratarse de una cesión de derechos a un menor como lo es DOUGLAS RAFAEL HERNANEZ GAVIDIA, el juez natural para resolver el presente asunto es el Tribunal de Protección al Niño y al Adolescente, o por el contrario, quien aquí decide.
En éste orden de ideas, se observa que en el presente caso, se interpone una solicitud de homologación sobre una cesión de derechos sobre diversos bienes que constituyen parte del patrimonio conyugal adquirido por los ciudadanos YOLANDA ANAHIR GAVIDIA FONSECA Y DOUGLAS ERNESTO HERNANDEZ CARRASCO, evidenciándose para quien aquí decide, que dicha cesión le crea derechos y obligaciones al menor DOUGLAS RAFAEL HERNANEZ GAVIDIA, por lo que el juez natural para resolver el presente asunto es el tribunal de Protección al Niño y al Adolescente.

En tal sentido, ha sido constante lo expresado por el Tribunal Supremo de Justicia al establecer

“Es en virtud de esta protección y del reconocimiento de los derechos de las personas menores de 18 años por lo que se crean los Tribunales de Protección al Niño y del Adolescente como órganos jurisdiccionales con competencia especial para la resolución de todas las causas que en materia civil afecten directamente a los niños y adolescentes…”

La norma antes transcrita regula de manera taxativa, la competencia de los Juzgados de Protección para la resolución de todas las causas que en materia civil afecten directamente a los niños y adolescentes, por lo que aún cuando la acción ó solicitud de homologar la partición de comunidad conyugal, es eminentemente civil, al crear dicha cesión derechos y obligaciones a un menores, se convierte en materia reservada al conocimiento de los Tribunales con competencia en menores y es por lo que se hace obligante para ésta instancia, declararse incompetente para conocer de la presente acción y declinar la competencia para su conocimiento en un Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. Y así se declara.

DISPOSITIVA

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, éste Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, se pronuncia en los siguientes términos:

PRIMERO: Se declara incompetente para conocer de la presente causa y declina competencia en el Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, a los fines que conozca de la misma.

SEGUNDO: Se ordena remitir la presente causa, al Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. Líbrese oficio.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, a los Treinta y Un días del mes de Mayo del 2007. Años: 197º de Independencia y 148º de Federación.
EL JUEZ

ABG. HAROLD R. PAREDES BRACAMONTE
EL SECRETARIO ACC.

ABG. LUIS MIGUEL REYNA NOGUERA

En la misma fecha, se ordenó registrar y publicar la presente decisión, siendo las 11 y 30 de la mañana. Conste, EL SECRETARIO ACC.