REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL
JUZGADO SUPERIOR DÉCIMO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, EN SEDE CONSTITUCIONAL

Expediente Nº 5.617
PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA:
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA Y HÁBITAT (MINVIH), de la República Bolivariana de Venezuela.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA:
IVONE PATRICIA MAYORGA, VIRGINIA ROJAS, YLEANA GONZÁLEZ, NORA RODRÍGUEZ, MARIAEUGENIA GUALDRÓN, ARMINDA MOREIRA, LUIS BRAZÓN, LUIS DANIEL OSORIO, MARTHA RODRÍGUEZ, MILAGROS TORRES, KATY CHESNEAU D’AMATO, MIRIAM MÁRQUEZ PAVÁN y LIZ ÁLVAREZ, abogados en ejercicio, de este domicilio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 16.459, 73.315, 97.586, 10.207, 99.896, 88.920, 34.180, 73.398, 95.234, 76.329, 14.745, 60.138 y 110.352 respectivamente.

ACTO PRESUNTAMENTE AGRAVIANTE:
DECISIÓN DICTADA EL 31 DE JULIO DE 2007 POR EL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.

TERCERO INTERESADO:
MAJED KHALIL MAJZOUB, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 13.526.338; representado judicialmente por la abogada en ejercicio MILITZA ELEANA GONZÁLEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 63.215.

TERCERO OPOSITOR:
BANCO NACIONAL DE LA VIVIENDA Y HÁBITAT (BANAVIH), Instituto Autónomo domiciliado en la ciudad de Caracas, regido por la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat.

SOLICITANTE DE LA ENTREGA DE BIEN VENDIDO:
PRODUCTOS PISCÍCOLAS PROPISCA C.A., sociedad mercantil de este domicilio, originalmente inscrita en el Registro Mercantil I de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el 13 de agosto de 1974, bajo el Nº 34, Tomo 132-A; representada judicialmente por los abogados en ejercicio ÁNGEL EDECIO CASIQUE OCHOA, MARITZA CHARR ARSLANIAN, JOSÉ LUIS CASTILLO GONZÁLEZ, WUINFRE CEDEÑO, GABRIELA ALEXANDRA LÓPEZ y OCTAVIO ORTA, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 38.337, 55.780, 49.025, 77.615, 117.967 y 58.476, respectivamente.

MOTIVO: AMPARO DIRECTO.

Encontrándonos dentro del plazo de cinco días para publicar in extenso el fallo correspondiente en la presente acción de amparo, el tribunal lo hace, con sujeción a la exposición y razonamientos expuestos en los capítulos que siguen:
DE LA ACCIÓN DEDUCIDA
El 18 de septiembre de 2007 la abogada IVONE PATRICIA MAYORGA, en su condición de consultora jurídica del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA Y HÁBITAT de la República Bolivariana de Venezuela, presentó ante el Juzgado Superior Distribuidor de turno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, acción de amparo constitucional contra la sentencia dictada el 31 de julio de 2007 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la solicitud de entrega material de bien vendido presentada por el ciudadano ÁNGEL EDECIO CASIQUE OCHOA actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil PRODUCTOS PISCÍCOLAS PROPISCA C.A.
La parte accionante aduce en su libelo de amparo los siguientes hechos relevantes:
Que el 7 de diciembre de 1999 el “otrora” presidente del BANAP, hoy BANCO NACIONAL DE LA VIVIENDA (BANAVIH), ingeniero OSWALDO RAMÍREZ BRICEÑO, celebró con el ciudadano MAJED KHALIL MAJZOUB, un contrato de venta pura y simple, perfecta e irrevocable, sobre un inmueble constituido por una parcela de terreno y la quinta sobre ella construida denominada “Carolina”, ubicada en la Avenida Venezuela, parcela Nº 216, Urbanización El Rosal, jurisdicción del Municipio Chacao, Estado Miranda, según se evidencia de documento protocolizado en la Oficina Subalterna del Registro Público del Municipio Chacao del Estado Miranda el 1º de febrero de 2000, bajo el Nº 15, Tomo 5, Protocolo Primero.
Que el Ministerio antes identificado ha estado ejerciendo posesión sobre el referido inmueble en virtud de un contrato de comodato celebrado con el ciudadano MAJED KHALIL MAJZOUB; que prueba de esa relación contractual es la comunicación de fecha 1º de octubre de 2006, suscrita por el señor MAJED, dirigida al nombrado Ministerio, que anexa marcada “E”, cuyo párrafo tercero expresa: “Dicho inmueble fue dado en préstamo de uso por mi persona al Ministerio de Vivienda y Hábitat…”.
Que lo alegado configura “reconocimiento expreso de la existencia del contrato de comodato”; que esa relación contractual “ha permitido ejercer el derecho de posesión del ya identificado inmueble, que se materializa tanto para el estacionamiento de vehículos como también para el Centro de Atención al Ciudadano del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, y por el Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat (BANAVIH en lo sucesivo), un instituto autónomo adscrito al MINVIH”.
Que en fecha 13 de diciembre de 2006, el ciudadano MAJED KHALIL MAJZOUB dio en venta el descrito inmueble a la empresa PRODUCTOS PISCÍCOLAS PROPISCA C.A.; razón por la que esta última inició solicitud de entrega material de bien vendido contra el mencionado ciudadano, ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial. Que el juzgado de la causa admitió dicha solicitud el 10 de abril de 2007, sustanciándola conforme a lo previsto en los artículos 929 y 930 del Código de Procedimiento Civil, y comisionó a tal efecto al Juzgado Quinto de Municipio, quien procedió a hacer efectiva la medida. Que en esa ocasión el apoderado judicial del BANCO NACIONAL DE LA VIVIENDA Y HÁBITAT (BANAVIH), hizo formal oposición a la entrega, en virtud de ser “poseedores legítimos del bien inmueble”.
Que en fecha 4/06/07, la abogada IVONE PATRICIA MAYORGA, actuando en su indicado carácter, mediante escrito consignado ante el a quo, hizo formal oposición a la entrega material.
Que el 31 de julio del año en curso, el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial dictó decisión, declarando sin lugar la oposición, por considerar que no se encontraba probado el comodato, y a fin de continuar con el procedimiento de jurisdicción voluntaria, comisionó al Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ordenando la ejecución de la entrega material del terreno a la empresa compradora.
Que la vía idónea para tutelar la situación jurídica de la República como comodataria del bien cuya entrega material se ha ordenado, es el amparo constitucional, por cuanto el ciudadano MAJED KHALIL MAJZOUB había concedido en comodato “el bien a la República, la cual hasta ahora lo ha destinado a la prestación de un servicio público, a través del Banco Nacional de la Vivienda y el Hábitat (BANAVIH)”.
Que si bien el artículo 896 del Código de Procedimiento Civil prevé que salvo disposición legal en contrario, las determinaciones que dicte el Juez en materia de jurisdicción voluntaria son apelables; con absoluta claridad ha declarado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que no existe apelación en el caso del procedimiento para la entrega material de bienes vendidos, que “es el tema que ahora nos ocupa, por cuanto lo que corresponde es que el asunto se traslade, previo ejercicio de las acciones pertinentes, a la jurisdicción contenciosa (entre otros, destaca el fallo Nº 1281/2003)”.
Que el artículo 901 del Código de Procedimiento Civil dispone que si el Juez, llegado el momento de emitir su determinación, “advierte que la cuestión planteada corresponde a la jurisdicción contenciosa, sobreseerá el procedimiento para que los interesados propongan las demandas que consideren pertinentes”; que ello implica, para la Sala Constitucional, “la derogatoria expresa” de la norma “que, con carácter general, prevé la apelación incluso para determinaciones en jurisdicción voluntaria (citado fallo Nº 1281/2003)”.
Que aunque el juzgado de la causa “se ha excedido en su competencia” al pronunciarse sobre un aspecto que genera controversia entre el solicitante de la entrega material y el tercero opositor (la existencia del comodato), no puede su representada apelar de la decisión, porque tal recurso no encuentra cabida en la regulación procesal venezolana. Que la idoneidad del amparo ha sido sostenida por el Máximo Tribunal, “no sólo por no haber apelación, sino incluso por no existir ningún otro medio de tutela”.
Fundamentó su solicitud de amparo constitucional en los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1, 2, 4 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y 896 y 901 del Código de Procedimiento Civil.
Finalmente pidió, de conformidad con lo establecido en los artículos 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con los artículos 585 y 588 del Código Adjetivo, se suspendieran los efectos de la medida cautelar innominada decretada, y que la presente acción fuera admitida y tramitada conforme a derecho, siendo declarada con lugar en la definitiva.
DE LAS ACTUACIONES EN SEDE CONSTITUCIONAL
El 20 septiembre de 2007 fue recibido el expediente proveniente del Juzgado Superior Distribuidor de turno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial.
En la misma fecha, la apoderada judicial de la parte presuntamente agraviada, consignó:
1) Marcada “A”, copia simple de la Resolución Nº 0334-06 de fecha 11 de julio de 2006, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38477 de fecha 12 de julio de 2006 (folios 20 al 22). 2) Marcada “B”, copia simple de la Resolución Nº 090 de fecha 29 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38759 de fecha 31 de agosto de 2007 (folios 23 al 25). 3) Marcada “C”, copia simple de sustitución de la representación de la República por la Procuradora General de la República en la persona de la abogada IVONE PATRICIA MAYORGA, según oficio Nº 000364 de fecha 23 de abril de 2007 (folio 26). 4) Marcada “D”, Copia simple de la sentencia dictada el 31 de julio de 2007 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (folios 27 al 37). 5) Marcada “E”, copia simple de comunicación suscrita por el ciudadano MAJED KHALIL MAJZOUB de fecha 1º de octubre de 2006, dirigida al Ministerio el Poder Popular para la Vivienda y Hábitat (folio 38).
Por auto de 25 de septiembre de 2007 este juzgado admitió la acción de amparo constitucional, ordenándose en consecuencia las notificaciones de ley.
El 3 de octubre de 2007 compareció el abogado LUIS DANIEL OSORIO, en su condición de co-apoderado judicial de la parte quejosa y consignó en 11 folios útiles copia certificada de la sentencia recurrida en amparo, y en tres folios útiles, copia simple de sustitución de poder recaído en su persona como en la de los profesionales del derecho VIRGINIA ROJAS, YLEANA GONZÁLEZ, NORA RODRÍGUEZ, MARIAEUGENIA GUALDRÓN, ARMINDA MOREIRA, LUIS BRAZÓN, MARTHA RODRÍGUEZ, MILAGROS TORRES, KATY CHESNEAU D’AMATO, MIRIAM MÁRQUEZ PAVÁN y LIZ ÁLVAREZ (folios 46 al 61).
El día 4 de octubre de 2007, se acordó medida cautelar innominada.
En fecha 11 de octubre de 2007, compareció el apoderado judicial de la sociedad mercantil PRODUCTOS PISCÍCOLAS PROPISCA C.A., ÁNGEL EDECIO CASIQUE OCHOA, quien se dio por notificado en nombre de su representada, solicitó se practicara la notificación pertinente al Fiscal General de la República, y consignó copia simple de: a) Acta constitutiva de la empresa PRODUCTOS PISCÍCOLAS PROPISCA C.A.; b) Actas de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad PRODUCTOS PISCÍCOLAS PROPISCA C.A. de fechas 28 de julio de 1981, 28 de enero de 2003 y 28 de enero de 2004 (folios 62 al 90); y c) poder que acredita su representación (folios 91 al 94).
El 16 de octubre de 2007 compareció la profesional del derecho MILITZA GONZÁLEZ en su carácter de apoderada judicial del tercero interesado ciudadano MAJED KHALIL MAJZOUB, se dio por notificada y consignó copia certificada de instrumento poder que acredita su representación (folios 96 al 100).
Una vez notificadas las partes, el 26 de octubre de 2007 se fijó oportunidad para que tuviera lugar la audiencia constitucional.
El 1º de noviembre de 2007, la abogada GABRIELA ALEXANDRA LÓPEZ, actuando en su carácter de co-apoderada judicial de la parte actora en el juicio principal, sustituyó, reservándose su ejercicio, en la persona del abogado OCTAVIO ORTA, el poder que le tiene otorgado PRODUCTOS PISCÍCOLAS PROPISCA C.A.
Por auto de 1º de noviembre de 2007, en virtud de la dificultad de acceso al Edificio José María Vargas con motivo de la marcha programada para ese día, se suspendió la audiencia constitucional y se fijó el acto para el 6 de noviembre del año en curso.
DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL
El 6 de noviembre de 2007, tuvo lugar la celebración del acto oral y público previsto en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en el presente juicio. Se dio apertura al acto y se dejó constancia de la presencia de la representación judicial de la parte accionante abogada IVONE PATRICIA MAYORGA, del abogado en ejercicio GUSTAVO ADOLFO MARTÍNEZ MORALES, en su condición de abogado asistente de la accionante, de la abogada en ejercicio MILITZA ELEANA GONZÁLEZ DÍAZ, en su condición de apoderada del tercero interesado ciudadano MAJED KHALIL MAJZOUB, de la abogada MORELLA IVONE GONZÁLEZ MÉNDEZ en su condición de Fiscal 87º del Área Metropolitana de Caracas en representación del Ministerio Público. Se dejó constancia de que no se hizo presente por sí ni por medio de apoderado alguno, la parte presuntamente agraviante. Seguidamente hizo uso del derecho de palabra la abogada IVONE PATRICIA MAYORGA en su carácter antes indicado, quien expuso: Que en representación de la República Bolivariana de Venezuela solicitaba el amparo contra la sentencia dictada el 31 de julio de 2007 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Que desde el año 2004 han poseído el inmueble de marras mediante un contrato de comodato. Que en el año 2006 el señor MAJED vendió el inmueble y el comprador intentó una solicitud de entrega material de bien vendido. Que el tribunal de instancia consideró que no había causa legal para oponerse. Que fueron violados los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia ha señalado que al existir oposición el juez debe suspender la entrega y ordenar la continuación por la vía ordinaria. Que no existía apelación frente a la entrega forzosa del bien vendido. Que el juez se extralimitó en su competencia, que al ser una jurisdicción voluntaria el tribunal debió sobreseer la petición cuando tuvo conocimiento de la oposición, ya que el bien vendido está prestando un servicio público. Luego hizo uso del derecho de palabra la abogada MILITZA ELEANA GONZÁLEZ DÍAZ en su condición de apoderada del tercero interesado ciudadano MAJED KHALIL MAJZOUB, quien expuso: Que su cliente adquirió un inmueble y el mismo fue prestado al Ministerio de Vivienda y Hábitat. Que no existe contrato de comodato escrito, que sólo se limitaron a oponerse pura y simplemente; que si la duración del contrato de comodato no fue fijada, el comodante de conformidad con el artículo 1.771 del Código Civil, puede solicitar la entrega inmediata del inmueble. Que en varias oportunidades fue solicitada la entrega del inmueble sin que ello haya sido posible. Que el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza la propiedad. Acto seguido, la representante del Ministerio Público expuso: Que el juez actuó fuera del ámbito de su competencia al ordenar la entrega mediante un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Que ante la oposición, el juez debió suspender la entrega y ordenar su tramitación por la vía ordinaria. Que por todo lo expuesto, solicita que la presente acción de amparo sea declarada con lugar. A continuación hizo uso del derecho de réplica la parte accionante en amparo, quien adujo: Que ejercieron oposición y debieron sobreseer la causa. Que el tema de la propiedad o posesión no se está ventilando en este amparo. Que desconocen que trataron de conciliar como señaló la representación del vendedor. Acto seguido hizo uso de su derecho de contrarréplica la abogada MILITZA ELEANA GONZÁLEZ DÍAZ, en su indicado carácter, quien expuso: Que sólo agrega que sí hubo intento de conciliación y para ello consigna la carta que lo demuestra. Acto seguido hizo uso del derecho de palabra la representante del Ministerio Público, quien ratificó sus argumentos. Seguidamente la quejosa hizo uso del derecho de controlar la prueba, señalando a tal efecto que las cartas consignadas sólo demuestran la relación contractual. Una vez concluidas las exposiciones, siendo las 9:30 a.m., compareció el abogado OCTAVIO ORTA, actuando en su carácter de co-apoderado judicial de la tercera interesada, sociedad mercantil PRODUCTOS PISCÍCOLAS PROPISCA, S.A., y consignó escrito contentivo de alegatos constante de ocho (8) folios útiles, acompañado de dos (2) anexos; lo propio hicieron las abogadas MORELLA I. GONZÁLEZ MÉNDEZ, Fiscal 87º del Área Metropolitana de Caracas, al consignar escrito de opinión fiscal constante de doce (12) folios útiles y MILITZA E. GONZÁLEZ DÍAZ, en cinco (5) folios útiles, acompañado de cuatro (4) anexos. En el mismo acto se dictó el dispositivo del fallo.
MOTIVOS PARA DECIDIR
De los propios alegatos y exposiciones de las partes, así como de la recurrida en amparo, se deduce que la sociedad mercantil PRODUCTOS PISCÍCOLAS PROPISCA S.A., en su carácter de compradora del inmueble constituido por la parcela Nº 216, situada en la Urbanización El Rosal, jurisdicción del Municipio Chacao del Estado Miranda, solicitó al vendedor MAJED KHALIL MAJZOUB, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 930 del Código de Procedimiento Civil, la entrega material de dicho bien; que una vez admitida la solicitud por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, éste acordó sustanciar el procedimiento de acuerdo con lo previsto en los artículos 929 y 930 eiusdem, comisionando al Juzgado Distribuidor de Municipio a los fines de que previa la notificación y constancia al vendedor, procediera a la entrega material, real y efectiva del inmueble; que en la oportunidad de la entrega (30 de mayo de 2007), el ciudadano RAÚL EDUARDO ABREU LÓPEZ, en representación del BANCO NACIONAL DE VIVIENDA y HÁBITAT, solicitó la suspensión de la medida, “en virtud de ser poseedores legítimos del bien inmueble según contrato de comodato”; que el 4 de junio de este año la ciudadana IVON PATRICIA MAYORGA, en su condición de consultora jurídica del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, asistida por el abogado JESÚS ALBERTO CEDEÑO MORENO, ejerció oposición a la entrega material, aduciendo que el Ministerio estaba ejerciendo oposición sobre el referido inmueble en virtud de un contrato de comodato celebrado con el ciudadano MAJED KHALIL MAJZOUB, lo cual materializaba, a su juicio, la causa legal de la oposición y prueba la relación material contractual en razón de la comunicación emanada del citado ciudadano de fecha 1° de octubre de 2006, dirigida al Ministerio.
Por otro lado, dentro de los recaudos acompañados a la demanda de amparo, la parte quejosa acompañó marcada “E” copia simple de comunicación dirigida al ciudadano RAMÓN CARRIZALES, Ministro de Vivienda y Hábitat, remitídale por MAJED KHALIL, titular de la cédula de identidad Nº 13.526.338, en la cual se lee el siguiente fragmento: “Dicho inmueble fue dado en préstamo de uso por mi persona al Ministerio de Vivienda y Hábitat, para que fuese utilizado temporalmente por dicho Ministerio como estacionamiento de vehículos”.
Dispone el artículo 930 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:
“Si en el día señalado el vendedor o dentro de los dos días siguientes cualquier tercero, hicieren oposición a la entrega, fundándose en causa legal, se revocará el acto o se le suspenderá, según se le haya efectuado o no y podrán los interesados ocurrir a hacer valer sus derechos ante la autoridad jurisdiccional competente.
Si no hubiere oposición o no concurriere el vendedor, el Tribunal llevará a efecto la entrega material.
A los efectos de este artículo, el Tribunal no devolverá los recaudos al peticionario mientras esté pendiente el lapso de oposición”.

Expresa el autor Ricardo Henríquez La Roche que para que la oposición sea eficaz y revoque el acto de entrega material, basta que esté fundada en norma legal. No señala la Ley que deba producir el opositor un título oponible a terceros, o un documento simplemente privado. Basta la fundamentación legal basada en el hecho de que el tercero tiene derecho preferente a poseer actualmente la cosa.
De otro lado, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia dictada el 20 de mayo de 2003, caso Xiomara Rosario Colorado y Antonia Colorado, dejó establecida la siguiente doctrina:
“En este sentido, una vez declarada con lugar la oposición, la jurisdicción voluntaria cesaba, toda vez que el artículo 930 antes transcrito señala que los interesados podrán ”...ocurrir a hacer valer sus derechos ante la autoridad jurisdiccional competente”. Es decir, que la jurisdicción voluntaria termina con la declaratoria con lugar de la oposición y, en consecuencia, deben ventilarse los derechos sobre la cosa en un proceso contencioso. Es por ello que, al disponer el artículo 930 del Código de Procedimiento Civil, que el acto de entrega material se revocará o se suspenderá una vez interpuesta la oposición, fundada en causa legal, y que podrán los interesados ocurrir a la jurisdicción contenciosa, constituye dicha normativa una derogatoria expresa en este tipo de procedimiento, de la disposición general contenida en el artículo 896 eiusdem que consagra la apelatividad de las determinaciones del juez en jurisdicción voluntaria “...salvo disposición especial en contrario”, y así se declara.
(...)
Al efecto, esta Sala estima que –tal como se señalara anteriormente- una vez declarada con lugar la oposición, no cabía contra dicho fallo recurso alguno, según lo dispuesto en el artículo 930 del Código de Procedimiento Civil, ya que debía ventilarse la confrontación entre peticionante y opositor ante la “...autoridad jurisdiccional competente” para que fuese llevado a cabo la contención entre las partes existentes en la jurisdicción voluntaria”.

Así pues, observa este tribunal que la solicitud de entrega material voluntaria es un procedimiento que no admite apelación y que habiéndose planteado la situación en los términos descritos, innegablemente que el tribunal donde se tramitaba el asunto de jurisdicción voluntaria, dada la manifiesta causa legal invocada por la parte quejosa para oponerse a la entrega material, no tenía más alternativa legal que sobreseer la causa y ordenar que las partes resolvieran sus diferencias por la vía jurisdiccional ordinaria, conforme a las pautas del procedimiento común. Sin embargo, esta no fue la solución acogida por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia, ya que en lugar de remitir a las partes al procedimiento contencioso, resolvió sumariamente el caso, acordando sin lugar la oposición y reiterando la orden de entrega material, con lo cual excedió manifiestamente los límites de su competencia, todo lo cual hace procedente la acción de amparo incoada y así se declara.
En efecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en casos análogos, en su sentencia N° 264/2007, se pronunció de la siguiente manera:
“Al respecto, esta Sala ya se pronunció en sentencia n° 325 del 30 de marzo de 2005 (caso: Alcido Pedro Ferreira) en la cual señaló lo siguiente:
“En atención a lo expuesto, debe esta Sala atender a lo dispuesto en el artículo 930 del Código de Procedimiento Civil al respecto:
‘Si en el día señalado el vendedor o dentro de los dos días siguientes cualquier tercero, hicieren oposición a la entrega, fundándose en causa legal, se revocará el acto o se le suspenderá, según se le haya efectuado o no y podrán los interesados ocurrir a hacer valer sus derechos ante la autoridad jurisdiccional competente.
Si no hubiere oposición o no concurriere el vendedor, el Tribunal llevará a efecto la entrega material.
A los efectos de este artículo, el Tribunal no devolverá los recaudos al peticionario mientras esté pendiente el lapso de oposición’.
Ahora bien, se observa que el procedimiento planteado en el referido artículo es un procedimiento especial de jurisdicción voluntaria de los denominados calificados o mixtos, en los cuales, a diferencia de los de jurisdicción voluntaria mera o simple, en aquellos el juez actúa con un conocimiento de causa; no obstante lo anterior, sigue siendo un procedimiento sumario en el cual al juez le corresponde instruir el caso sin abrir un debate judicial entre partes y sin abrir una articulación probatoria (Vid. En este último aspecto, sentencia de esta Sala N° 2304/21.8.03, caso: ‘Beatriz Vitoria Barnabe Correia’).
Así pues, se advierte que conforme a la referida norma, una vez efectuada la oposición por un tercero o por el vendedor, en tiempo útil y fundada en una causa legal, debe el juez suspender o revocar la entrega material del bien y sobreseer la causa, indicándole a las partes que la controversia debe resolverse por la jurisdicción ordinaria, en razón de lo cual se observa que cesa inmediatamente la competencia del referido juzgador para continuar con la entrega material del bien vendido (Vid. Sentencias de esta Sala N° 1843/3.10.01, caso ‘Materiales y Ferretería Flor Amarillo, C.A.’ y, N° 27/15.02.2000, caso: ‘Amelia Dolores Rodríguez Salcedo’).
Sobreseimiento de la causa el cual deviene de la expresa obligatoriedad del artículo 901 del Código de Procedimiento Civil, cuando expresa ‘(…) En conformidad con el artículo 895, y dentro de los tres días siguientes al vencimiento de la articulación, el Juez dictará la resolución que corresponda sobre la solicitud; pero si advirtiere, que la cuestión planteada corresponde a la jurisdicción contenciosa, sobreseerá el procedimiento para que los interesados propongan las demandas que consideren pertinentes’, artículo este que resulta aplicable aun cuando sea la misma una norma de carácter general, por ser el presente procedimiento como se expuso anteriormente de los denominados de jurisdicción voluntaria calificados o mixtos. (Vid. Sentencia de esta Sala N° 161/24.03.00, caso ‘Dora Felisa Sagasta’).
Aunado a lo anterior, se observa que contra dicha resolución las partes carecen de recurso alguno, constituyendo así la disposición contenida en el artículo 930 del Código de Procedimiento Civil una derogatoria expresa de la disposición general contenida en el artículo 896 eiusdem, el cual consagra la apelabilidad de las resoluciones del juez en jurisdicción voluntaria (Vid. Entre otras, sentencias de esta Sala N° 1281/20.05.03, caso ‘Xiomara Margarita Rosario Colorado’ y N° 119/17.3.2000, caso: ‘Héctor Dayan Balcazar González’)”.
Así, ya la Sala se había pronunciado en casos similares mediante la afirmación de que, una vez que se ejerce la oposición, de manera tempestiva y con fundamento en causa legal, la Juez debía sobreseer la causa y que contra decisión no había recurso alguno. Como consecuencia de ello, el solicitante del amparo no disponía del recurso de apelación contra el acto jurisdiccional que resolvió su oposición contra la entrega material del bien que fue vendido y que habían solicitado los ciudadanos Alcido Pedro Ferreira y Marcelino de Gouveia Paulos contra las ciudadanas Magdalena Moros de Paúl y Josefina Paúl de Biondi; por tanto, se desecha el alegato de los terceros intervinientes en cuanto a la inadmisibilidad del presente amparo como consecuencia de la existencia de un medio judicial preexistente. Así se establece.
De lo anterior se colige que, ciertamente, la juez del Juzgado supuesto agraviante no actuó ajustada a la norma procesal, cuando dirimió “la presente incidencia planteada en la presente solicitud de Entrega Material de bien vendido” y entró a hacer consideraciones con respecto a la validez probatoria de los títulos que habían presentado, tanto los solicitantes de la entrega del bien, como los terceros opositores de la misma, pues, en definitiva, una vez que había sido formulada oposición tempestivamente y la misma se fundaba en causa legal, lo procedente era la revocatoria o la suspensión, según se hubiera efectuado o no la entrega material, situación en la que los interesados debían hacer valer sus derechos ante la autoridad jurisdiccional competente.
No correspondía a la juez pronunciarse como lo hizo, por lo que su actuación configuró una violación al derecho a la defensa y al debido proceso de la parte demandante de amparo, todo lo cual hace procedente la tutela constitucional que fue peticionada en esta oportunidad.”

En resumen, observa este juzgador que la oposición fue realizada en la oportunidad de llevarse a cabo la entrega material del bien vendido, y estuvo fundada en el alegato de la existencia de un contrato de comodato, por lo que la juez debió sobreseer la causa; en el entendido de que contra dicha decisión no hay recurso ordinario alguno. Por lo anterior se concluye que la juez del Juzgado supuesto agraviante no actuó ajustada a la norma procesal, cuando consideró que “la oposición formulada por el tercero opositor a la entrega material del bien vendido... no se ajusta a ninguna razón legal para oponerse, ya que no presentó prueba fehaciente, ni contundente alguna para desvirtuar la propiedad que ha demostrado como suya la empresa solicitante…observándose que la defensa utilizada a todo lo largo del procedimiento por la opositora a dicha entrega, se centró básicamente en que posesión que viene ejerciendo su representada sobre el citado inmueble está sustentada y amparada bajo un contrato de comodato”, pues, en definitiva, una vez formulada tempestivamente la oposición fundada en causa legal, lo procedente era la revocatoria o la suspensión, según se hubiera efectuado o no la entrega material, situación en la que los interesados debían hacer valer sus derechos ante la autoridad jurisdiccional competente; lo que no deja lugar a dudas de que el tribunal a quo infringió en perjuicio de la parte quejosa, el derecho a la defensa y al debido proceso.
DECISIÓN

Por los razonamientos antes expuestos este Tribunal en Sede Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por IVONE PATRICIA MAYORGA en su condición de consultora jurídica del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA Y HÁBITAT DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, contra la decisión dictada el 31 de julio de 2007 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, tribunal que actuó como juzgado de instancia en la solicitud de ENTREGA MATERIAL DE BIEN VENDIDO incoada por PRODUCTOS PISCÍCOLAS PROPISCA, S.A. contra el ciudadano MAJED KHALIL MAJZOUB, y como tercero opositor el BANCO NACIONAL DE LA VIVIENDA Y HÁBITAT (BANAVIH) adscrito al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA Y HÁBITAT, expediente Nº S-8014 de la nomenclatura del mencionado Tribunal Cuarto de Primera Instancia. En consecuencia, y a los fines de restablecer la situación jurídica infringida, se ordena la inmediata suspensión de la entrega material del bien inmueble constituido por una parcela y la quinta sobre ella construida denominada CAROLINA, situada en la Avenida Venezuela, parcela Nº 216, Urbanización El Rosal, Municipio Chacao, Estado Miranda, pudiendo los interesados ocurrir a hacer valer sus derechos ante la autoridad jurisdiccional competente. En uso del orden público constitucional, se ANULA la decisión dictada el 31 de julio de 2007 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, en el expediente Nº S-8014, nomenclatura de dicho tribunal. Se suspende la medida decretada en autos el 4 de octubre de 2007, notificada al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas mediante oficio Nº 2007-407. Se ordena remitir copia del fallo in extenso, al mencionado Juzgado.
De conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se ordena que el presente dispositivo sea acatado por todas las autoridades de la República, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad.
Por la naturaleza de la presente decisión, no hay condenatoria en costas.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la ciudad de Caracas a los trece (13) días del mes de noviembre de dos mil siete (2007). Años: 197° de la Independencia y 148° de la Federación.
EL JUEZ,

DR. JOSÉ DANIEL PEREIRA MEDINA LA SECRETARIA,

ELIZABETH RUIZ GÓMEZ
En la misma fecha 13/11/2007 se publicó y registro la anterior decisión constante de dieciséis (16) folios útiles, siendo las 12:00 p.m.-
LA SECRETARIA,

ELIZABETH RUIZ GÓMEZ
EXP. 5.617
JDPM/ERG/cs.