REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal de Juicio Del Circuito Laboral del Estado Portuguesa Sede Acarigua
Acarigua, 10 de Octubre de dos mil siete
197º y 148º

ASUNTO: PP21-L-2006-000496
SENTENCIA

EXPEDIENTE: PP21-L-2006-000496
PARTE DEMANDANTE: LUIS CARLOS GARCIA JARAMILLO
APODERADO JUDICIAL DEL DEMANDANTE: ALVIS RAMON RIVERO PAREDES
I.P.S.A 25.547
PARTE DEMANDADA: CONSORCIO VALLE GRANDE
APODERADO JUDICIAL DEL DEMANDADO THOMAS DAVID ALZURO ROJAS
I.P.S.A 78.767
MOTIVO INDEMNIZACION POR ACCIDENTE LABORAL

I

Inicia el presente procedimiento por interposición de demanda del ciudadano LUIS CARLOS GARCÍA JARAMILLO en contra de la empresa CONSORCIO VALLE GRANDE, por indemnización de accidente laboral, ocurrido el 28 de octubre de 2004 en la sede de la empresa, solicitando en el escrito libelar que se obligue a la demandada a intervenir quirúrgicamente, por una sola vez, a los fines de que sean retirados los cuerpos extraños que colocaron en su columna vertebral durante su primera intervención por causa del infortunio laboral al que fue victima, estimando el valor de la demanda por la cantidad de DOCE MILLONES DE BOLIVARES EXACTOS.
Recibida la demanda por la Unidad de Recepción, Distribución de Documentos (URDD) de este Circuito Judicial, se procedió a distribuir la causa entre los Tribunales Sustanciadores, correspondiéndole su conocimiento al Juzgado 1ero de Sustanciación, Mediación y Ejecución Laboral, quien lo admitió por haber lugar en derecho, y se procedió a notificar a la demandada a los fines legales consiguientes. La audiencia Preliminar fue celebrada el 01 de diciembre de 2006, siendo prolongada en carias ocasiones, hasta que en fecha 31 de enero de 2007, se apertura la causa a juicio, por no haber logrado mediación alguna sobre los puntos controvertidos, agregando al expediente los medios probatorios promovidos por cada una de las partes, y la contestación a la demanda presentada oportunamente.
Así pues, el 09 de febrero de 2007 se dio recibo y revisión a la demanda por este Juzgado 1ero de Juicio Laboral, a quien le correspondió su conocimiento, luego de ser distribuida por el Sistema Juris 2000, admitiendo los medios probatorios que eran legales y pertinentes, y así mismo se fijó la oportunidad para celebrar la audiencia de juicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
El 09 de Julio de 2007, luego de que constaran en autos todos los medios probatorios admitidos por este Juzgado, se celebró la audiencia de juicio, donde cada una de las partes esgrimió sus alegatos y argumentos de defensa, se evacuaron las pruebas, y se prolongó la misma, por cuanto el Juez de Juicio en la búsqueda de la verdad requirió al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) una información relevante para la solución de la litis, y una vez fue agregada al expediente, se continuó con la audiencia donde se dictó el dispositivo oral del fallo, declarando SIN LUGAR la acción intentada por el ciudadano LUIS CARLOS GARCIA JARAMILLO en contra de la empresa CONSORCIO VALLE GRANDE.
II
Haciendo una revisión exhaustiva del expediente, quien juzga verifica el petitorio del actor, así como los argumentos de defensa de la demandada y observa que, el demandante en su escrito libelar indica que, ingresó a laborar en la empresa Consorcio Valle Grande el 15-10-2003, y que en fecha 28 de octubre de 2004 sufrió un accidente de trabajo, donde se le fracturó la columna vertebral, a tal efecto, fue intervenido quirúrgicamente en la Policlínica de Barquisimeto el 29 de octubre de ese mismo año (2004), sin embargo actualmente padece de diversas molestias a nivel de la columna, brazos y piernas, en ocasión a un material metálico que tiene en la columna requiriendo una nueva operación, en consecuencia solicita que este Tribunal “ordene intervenir quirúrgicamente, por una sola vez, a los fines que se le retire los cuerpos extraños que posee en esa parte del cuerpo, los cuales fueron colocados en su primera operación, por padecer actualmente sufrimiento corporal”.
Por otro lado, la empresa demandada admite los hechos establecidos en el escrito libelar, como lo son la existencia de la relación laboral, la fecha de ingreso, así como el accidente laboral sufrido por el actor, no obstante establece que existe una notable indeterminación jurídica en la pretensión del demandante, manifestando además que el objeto de la acción es contrario a derecho, ya que su petitorio es basado en una obligación de hacer, y en materia de infortunios laborales la Ley prevé una indemnización tarifada, indicando además que, la empresa cubrió todas las obligaciones que por gastos médicos surgieron a favor del actor en esa oportunidad, incluso fueron superadas con creces, por tanto no tiene obligación con el demandante.
En resumen, el hecho controvertido en la presente litis se circunscribe en la procedencia o no de la responsabilidad de la empresa en sufragar los gastos médicos generados en una nueva intervención quirúrgica requerida por el actor en su petitorio, ya que quedan como admitidos y por tanto fuera de la controversia, la existencia de la relación laboral, así como la ocurrencia del accidente laboral.
En efecto, limitado como ha sido la controversia, se debe determinar a quien le corresponde la carga probatoria, en este caso, de conformidad con el artículo 72 y 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, corresponde a la accionada desvirtuar la procedencia del petitorio del actor, dado que ésta en principio posee la responsabilidad frente al trabajador frente a cualquier infortunio ocurrido en la jornada laboral, tal como lo establece la Ley Orgánica del Trabajo y la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
III
DE LOS MEDIOS PROBATORIOS Y SU VALORACIÓN
Ahora bien, a los fines de decidir sobre el fondo del asunto, se procede analizar los medios probatorios que constan en autos, y que fueron evacuados debidamente en la audiencia de juicio, a los fines de que las partes ejercieran el control de la prueba correspondiente.
La parte demandante promovió y evacuó en su oportunidad, copias simples de las actuaciones de INPSASEL, cursante desde el folio 16 al 23 del expediente en la cual se observa la investigación que realizó el mencionado organismo de los factores presentados pre y post del accidente laboral del ciudadano actor, de igual forma se describe en forma detallada las condiciones de la empresa al momento cuando ocurrió el accidente, y una serie de ordenamientos de obligatorio cumplimiento que debió realizar la empresa con respecto a las condiciones de ambiente y seguridad laboral. Así mismo, presentó copia simple de informe médico preliminar emitido por el organismo anteriormente mencionado, (F. 24 y 66) donde se concluyó que el actor sufrió de Politraumatismo Generalizado y una serie de fracturas que ameritaban una intervención quirúrgica, documentales que aun cuando no fueron impugnadas por la parte contra quien se produjo, es decir, la demandada, las mismas no aportan ningún dato capaz de determinar la procedencia o no de la responsabilidad de la empresa requerida por el actor en su escrito libelar, ya que no forma parte del hecho controvertido ni la ocurrencia del infortunio laboral, ni las consecuencias generadas por este al actor, ya que fueron admitidas por la empresa en su contestación a la demanda, por tanto no se le otorga valor probatorio, conforme al criterio de la sana crítica dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y así se establece.
Por otro lado, la parte demandante solicitó prueba de informe a la Policlínica Barquisimeto C.A, cuya respuesta consta en el folio 131 del expediente, en donde se puede observar que la empresa mencionada indicó que el ciudadano Luis Carlos García ingresó a esa institución el 29 de octubre de 2004, y fue intervenido quirúrgicamente por el Dr. Luís Ramón Jaspe, gastos que fueron sufragados por la empresa Consorcio Valle Grande; información que conjuntamente con las declaraciones efectuadas por el accionante en la audiencia de juicio, donde manifestó que efectivamente la empresa, luego del accidente cubrió con los gastos médicos surgidos, y adminiculando a ésta la prueba de informe emitida por el Banco Canarias de Venezuela (folio 139) donde consta que Consorcio Valle Grande emitió Cheque a favor de la Policlínica Barquisimeto, y Santa María C.A, y los recibos de pagos consignados en copias simples por la demandada, los cuales no fueron objeto de impugnación (folio 72 al 93) verificándose todos los gastos de hospitalización en la Policlínica Barquisimeto, todo ello hacen plena prueba para este Juzgador de concluir que la accionada cumplió con sus obligaciones y responsabilidad objetiva como un buen pater familia al momento de ocurrir el accidente, sufragando todos los gastos generados para reestablecer el estado físico del ciudadano actor, el cual se vio vulnerado por el infortunio laboral ocurrido. Y así se establece.
En ocasión a la exhibición de documentos requerida por el actor, en cuanto a las facturas de pagos realizada a la policlínica de Barquisimeto, y el informe médico expedido por INPSASEL, la empresa demandada no presentó los originales, sin embargo, reconoció el contenido de las copias simples que constan en el expediente, las cuales fueron valoradas anteriormente. Y así se establece.
Acerca de la experticia médica requerida, consta desde el folio 197 al 199 del expediente el informe médico presentado por el grupo de especialista en salud ocupacional, donde concluyeron que actualmente el actor presenta inestabilidad en la columna por presentar ruptura del material puesto en su primera operación, teniendo como consecuencia limitaciones de todos los movimientos de columna vertebral y dolor, indicando que se requiere una nueva intervención quirúrgica para el retiro de ese material y estabilización de la columna vertebral, informe médico que certifica el pedimento del actor, sin embargo, la empresa demandada dentro de su escrito de contestación a la demandada negó la necesidad que posee el actor de ser intervenido nuevamente, puesto que sus argumentos de defensa se basan en la indeterminación del pedimento, por ser contrario a derecho, y en la liberación de responsabilidad de la empresa en cubrir los gastos médicos futuros, ya que éste cumplió en su debida oportunidad, por tanto, al no aportar ningún elemento al proceso capaz de esclarecer la procedencia o no del petitorio del actor, el cual es el único punto controvertido en la presente causa, no merece valor probatorio el mencionado informe de experticia médica, ya que el grado de incapacidad y las secuelas del accidente no forman parte de la litis, ya que la demanda no versa sobre indemnizaciones por la negligencia o culpabilidad de la empresa en el hecho ocurrido, por tanto se desecha del procedimiento. Y así se establece.
Las testimoniales promovidas tanto por el actor como por la demandada no fueron evacuadas en la audiencia de juicio, ya que no se presentaron a rendir a su declaración, quedando desierto el acto, por tanto, este Juzgador nada tiene sobre que pronunciarse.
La demandada promovió los recibos de pagos en copias simples que constan desde el folio 72 y 93 del expediente, así como las pruebas de informes de la Policlínica Santa María y Banco Canarias, medios probatorios que fueron valorados anteriormente por este Juzgador, y con respecto a la información requerida a la Clínica Santa María, la misma no fue incorporada al proceso, dado que la empresa mencionada no otorgó respuesta a los oficios remitidos, por tanto no hay materia sobre la cual pronunciarse. Y así se establece.
Finalmente, efectuada la audiencia de juicio, este Juzgador oyendo a cada una de las partes y limitando principalmente el petitorio del actor, observó la necesidad de requerir al Instituto Venezolana de los Seguros Sociales una prueba de informe al fin de constatar si la empresa demandada Consorcio Valle Grande había cumplido con sus obligaciones de seguridad social, como lo es inscribir al trabajador en ese organismo, con el objeto de determinar a quien le corresponde cumplir con la responsabilidad objetiva, todo ello conforme con el artículo 2 de la Ley del Seguro Social, y 585 de la Ley Orgánica del Trabajo, información que requiere a razón que, el trabajador manifestó que la empresa no lo inscribió en su debida oportunidad, afirmación que concluye por las afirmaciones que INPSASEL asentó en el informe levantado del accidente laboral, es así que, para aclarar las dudas surgidas, se ofició al organismo competente. Y así se establece.
Así pues, recibida la prueba de informe del Seguro Social (folio 215 y 216) este aplicador de justicia pudo constatar que, el ciudadano Luís Carlos García Jaramillo, actor en la presente causa, titular de la cédula de identidad Nº 24.556.421, aparece registrado en ese organismo por la empresa Consorcio Valle Grandes, y su primera afiliación fue el 15 de octubre de 2003, fecha de ingreso en la empresa, y que actualmente se encuentra activo, es decir, que el mismo hacen plena prueba de que efectivamente la demandada cumplió con sus responsabilidades en cuanto a la seguridad social, careciendo de fundamento lógico las afirmaciones del actor y de su representante judicial, así como de la descripción efectuada por Inpsasel, ya que el mencionado organismo no fundamentó las razones del por qué se concluyó que la empresa no cumplió con la inscripción de sus trabajadores en el seguro social, por tales razones, se le otorga pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y así se establece.
IV
DE LAS CONCLUSIONES PROBATORIAS.
Una vez valorados los medios probatorios conforme al criterio de la sana crítica, y en atención a las conductas asumidas por las partes durante el proceso, tal como se ha planteado el único petitorio por el actor es que “se ordene a la empresa a cubrir los gastos de una nueva intervención quirúrgica, a la cual debe ser sujeto”, a tal efecto, este Juzgador debe recordar que, en materia de accidentes laborales, nuestra legislación venezolana establece responsabilidades indemnizatorias al patrono que implican una obligación de dar, es decir, del pago de indemnizaciones pecuniarias al trabajador infortunado o en su defecto al causahabiente.
Este tipo de responsabilidades indemnizatorias que se citan están clasificadas doctrinariamente, en primer lugar como contractuales, las cuales se dividen en responsabilidad objetiva y subjetiva, la primera de ellas consiste en aquella obligación que prevé la Ley Orgánica del Trabajo, en donde el patrono responde objetivamente ante el daño causado a un trabajador, independientemente de la culpa en la ocurrencia del infortunio laboral del patrono.
Así mismo, encontramos dentro de esa obligación contractual, la responsabilidad subjetiva derivada de las normas previstas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, es en ésta donde el patrono sólo responde si media en la ocurrencia del infortunio de trabajo, bien sea por sus acciones u omisiones.
De igual forma, existe una obligación extra-contractual del patrono derivada de la responsabilidad civil que tiene éste, derivada del hecho ilícito, por incurrir el patrono en la inobservancia de las normas legales de obligatorio cumplimiento, es decir el daño material por lucro cesante y el daño moral ocasionado al actor.
Ahora bien, aún cuando no se observa en el escrito libelar que el trabajador haya reclamado alguna de las indemnizaciones descritas anteriormente, entiende este aplicador de justicia, que el petitorio del accionante podría ajustarse a la responsabilidad objetiva que posee la empresa, es decir, la fundamentada en la teoría del riesgo profesional, ya que no se hizo mención en el libelo de demanda a la existencia de alguna incapacidad ocasionada por el accidente de trabajo, para así presumir que reclama la responsabilidad subjetiva de la empresa, ni tampoco estableció algún reclamo por daño moral como consecuencia del hecho ilícito, por ello, entiende este Tribunal que reclama la responsabilidad de cubrir los gastos médicos, que aún cuando no lo reclama de forma tarifada, puede considerarse como la responsabilidad objetiva.
Ahora bien, ahondaremos a continuación sobre la teoría del riesgo profesional, aplicable al patrón por los accidentes o enfermedades profesionales que sufran sus empleados, producto de la cual responden objetivamente, es decir, independientemente de la culpa, tanto por el daño material como por el daño moral, siempre que “el hecho generador (accidente o enfermedad profesional) de daños materiales pueda ocasionar, además, repercusiones psíquicas o de índole afectiva al ente moral de la víctima.

Así pues, cabe señalar que, Cabanellas, Guillermo; en su Tratado de Derecho Laboral establece que:
“Esta teoría de la responsabilidad objetiva, aplicada a materia de accidentes de trabajo, es decir, al contrato de trabajo, se convierte en la conocida generalmente con el nombre de teoría del riesgo profesional. (…) Existe de acuerdo con la teoría del riesgo profesional, una presunción -juris et de jure- de culpa del patrono; salvo probarse una causa imputable al trabajador, debido a que la producción industrial expone a éste a ciertos riesgos. El patrono debe indemnizar a la víctima, por ser él quien recoge el provecho de esa producción. Aquí la responsabilidad resulta independiente de la culpa y se basa en un nuevo elemento: el riesgo, basta que se dé el elemento objetivo, el daño, y un vínculo de conexión entre el hecho y el agente, esto es, un vínculo entre las partes, que constituye a una en un deber hacia la otra. Deriva así de la propia existencia de la empresa concebida como complejo de actividades y riesgos; por lo cual la misma organización laboral debe responder de los accidentes que encuentran su causa en actividades de ella ‘no solamente por ser la creadora del riesgo sino por cuanto se beneficia de las actividades de sus trabajadores’. El trabajador se expone al riesgo profesional en beneficio de la industria y, como víctima de sus accidentes, corresponde a la misma industria el repararlos, (…) esos accidentes inevitables, que constituyen peligros inherentes a la empresa, que tienen como único propósito el desenvolvimiento de la actividad humana hacia un fin lícito, constituyen precisamente, en su conjunto, el riesgo profesional; y ¿quién pues, soportará este riesgo sino aquél en cuyo interés funciona el organismo que él ha creado?. (Tomo IV, Ediciones El Gráfico, Buenos Aires, 1.949, pp. 80 y 81)

Con relación a este punto, es importante además destacar que, en lo que respecta a éste tipo de indemnizaciones objetivas previstas en la Ley Orgánica del Trabajo, cuando el trabajador accionante está inscrito en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales queda liberada la empresa demandada de tales indemnizaciones tarifadas, ya que debe asumirlas la Seguridad Social que brinda el Estado.
Tal como lo indica el artículo 585 de la Ley Orgánica del Trabajo, la cual cita textualmente:
“En los casos cubiertos por el Seguro Social Obligatorio se aplicarán las disposiciones de la Ley especial de la materia. Las disposiciones de éste título tendrán en ese caso únicamente carácter supletorio para lo no previsto por la Ley pertinente”

En el caso en marras, se aprecia que el actor estaba inscrito en el Seguro Social al momento del accidente, inclusive tal como consta en la prueba de informe requerida al Seguro Social, en efecto el actor fue inscrito en el mencionado organismo por parte de la empresa desde el 15 de octubre de 2003, es decir, desde que comenzó a laborar, y actualmente se encuentra activo, por tanto se aplica la normativa especial en la materia.
En particular, la seguridad social integral que el Estado garantiza tiene como fin proteger a los habitantes de la República, que cumplan con los requisitos de su afiliación, en los términos y condiciones que la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral dispone, ante las contingencias de enfermedades y accidentes, sean o no de trabajo, cesantía, desempleo, maternidad, incapacidad temporal y parcial, entre otros.
El Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido en múltiples fallos que, la Ley aplicable en los casos en los cuales el trabajador ha sufrido un accidente de trabajo y esté cubierto por el Seguro Social, deberá el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales pagar las indemnizaciones provenientes por este concepto (artículos 2, 9 al 26, Titulo III de las Prestaciones en dinero de la Ley del Seguro Social). (Sentencias Nº 495 de 30 de julio de 1998, Sala Político-Administrativa; Nº 931 de 25 de noviembre de 1998, Sala de Casación Civil; Nº 205 de 26 de julio de 2001, y Nº 038 del 30 de enero de 2007, Nº 1865 del 18 de septiembre de 2007, Sala de Casación Social).
Cabe destacar además que, consta en el expediente que la demandada cubrió todos los gastos médicos generados en la intervención quirúrgica efectuada el 31 de octubre de 2004, aún cuando el trabajador cotizaba en el seguro social, por tanto se concluye que, efectivamente la responsabilidad de cubrir una nueva operación médica corresponde en este caso al Seguro Social, ya que la empresa se encuentra liberada de tal obligación al momento de cumplir con las normativas de seguridad social impuestas por el Estado, a tal fin por ser responsabilidad de éste de garantizar a los habitantes de la República el derecho constitucional a la seguridad social, mediante los subsistemas creados para ello con el único fin de cubrir las prestaciones dinerarias y de atención médica integral a los afiliados y beneficiarios.
V
DISPOSITIVA
Por todas las razones antes expuestas, este Juzgador atendiendo a que no existe ningún otro petitorio por parte del actor, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le confiere la Ley declara:
PRIMERO: SIN LUGAR la acción intentada por el ciudadano LUIS CARLOS GARCIA JARAMILLO contra CONSORCIO VALLE GRANDE por indemnización de Accidente Laboral.
SEGUNDO: No hay condenatoria en costas por cuanto el trabajador accionante no devenga más de tres (3) salarios mínimos, todo ello de conformidad con el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
EL JUEZ 1ERO DE JUICIO LABORAL

ABOG° OSMIYER ROSALES CASTILLO LA SECRETARIA ACC.

ABOG° NAYDALÍ JAIMES Q.