REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CORTE DE APELACIONES 5

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL
ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
CORTE DE APELACIONES
SALA QUINTA



Caracas, 05 de octubre de 2007
197º y 148º


No. 174-07
PONENTE: DRA. CLOTILDE CONDADO RODRÍGUEZ
EXPEDIENTE No. SA-5-07-2187


Compete a esta Sala conocer del Recurso de Apelación interpuesto por la ciudadana MARIANA MAGDALENA SALAS ACOSTA, asistida por los ciudadanos AGUSTIN ANDRADE CORDERO Y AGUSTIN ANDRADE GONZALEZ, Abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Números 536 y 71160, respectivamente y de este domicilio, en contra de la decisión dictada en fecha 23/07/07, por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, a cargo de la Dra. Shellys Bravo, mediante la cual declaró con lugar la desestimación de la denuncia presentada por el Dr. Ismael Quijada Farfán, en su carácter de Fiscal Cuarto del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, por no revestir carácter penal, de conformidad con lo establecido en los artículos 301 del Código Orgánico Procesal Penal y 175 del Código Penal Vigente.

Esta Sala para decidir observa:

En fecha 14 de junio de 2007, la ciudadana SALAS ACOSTA MARIANA MAGDALENA, venezolana, titular de la cédula de identidad N° 16.273.735, interpuso denuncia ante la Fiscalía Septuagésima Octava del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en contra del ciudadano LEONARDO JOSE BELANDIA RUIZ PINEDA, venezolano y titular de la Cédula de Identidad N° 12.387.550, de parentesco o vinculo, cónyuge, mediante la cual entre otras cosas expuso: “…Resulta que conocí al ciudadano antes mencionado en una reunión familiar, comenzamos a salir luego nos hicimos novios y todo marchaba muy bien era una persona encantadora, luego me case y en la luna de miel me enferme y estábamos en un crucero iba a comprar un jarabe para la tos y el me dijo en ese momento me hizo saber que no iba a ser una buena esposa que yo era muy inmadura que no tenia mucha malicia, que no lo iba a ayudar a él a cumplir sus sueños que el tenía miedo al matrimonio, que el no quería que yo me convirtiera en un peso en una carga, que yo vivía en otro planeta eso fue constante en ese momento…,… Yo tome la decisión en dejarlo por que en fecha 10/09/2006 el me pidió que imprimiera un documento legal y lo fui hacer me dijo me lo había hecho mal ese (sic) puso histérico me agarro por le (sic) cuello y me jamaqueo fuertemente, luego se puso a llorar que el no salía para adelante que yo era la culpable de su fracaso a la semana me fui y estuve en tratamiento psiquiátrico por que estaba muy afectada psicológicamente es por eso que es a (sic) oportunidad no denuncia (sic), pero en (sic) transcurso de la separación me amenazaba diciéndome que si llamaba a un abogado decía que la separación no iba hacer (sic) pacifica. En los momentos actuales las agresiones son en virtud que él no me quiere devolver mis enseres (ropas, regalos antes de casarme, muebles, cosas del hogar) que aún están en el apartamento donde habitábamos, en casa de sus padres y en su oficina, le tengo temor por que el ha (sic) porta arma de fuego y temo que pueda amenazarme, no había denunciado por miedo y aún estoy con un psiquiatra. Es todo….”. A preguntas respondió: PRIMERA: ¿Diga usted lugar hora y fecha del hecho denunciado? CONTESTO: ´Eso fue constante desde que me case el 22/12/2005,… CUARTA: ¿Diga usted acudió a algún centro hospitalario o clínica? CONTESTO: No. QUINTA: ¿Diga usted, Primera vez que ocurre el hecho denunciado? CONTESTO: ´No eso fue constante´. SEXTA: ¿Diga usted, hubo testigos el día en que ocurrió el hecho denunciado? CONTESTO: ´No´. SEPTIMA: ¿Diga usted, la persona denunciada se encontraba bajo los efectos del alcohol? CONTESTO: No. OCTAVA: ¿Diga usted, presume que la persona denunciada es consumidora de sustancias estupefacientes? CONTESTO: No que yo sepa…. DÉCIMA: ¿Diga usted, presenta lesiones físicas externas o visibles? CONTESTO: ´No´. . DÉCIMASEGUNDA: ¿Diga usted, considera que los presentes hechos le han generado inestabilidad emocional o laboral? CONTESTO: ´Si, muchísima todavía por que estoy en tratamiento psiquiátrico. … DÉCIMACUARTA: ¿Diga usted, tiene conocimiento si la persona denunciada ha estado detenida? CONTESTO: ´No estuvo detenido, pero me enteré que estuvo involucrado en hechos violentos porque le disparó a un amigo y también le pegó a una novia en una oportunidad. …”

En fecha 14 de junio de 2007, la Fiscalía Septuagésima Octava del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, dio inicio a la investigación, ordenando al Órgano de investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas, practicar todas las diligencias necesarias tendientes al total esclarecimiento de los hechos. Y dictó en fecha 21 de mayo de 2007 (sic), Medidas de Protección y Seguridad a la ciudadana Salas Acosta Mariana Magdalena, tales como la prohibición del ciudadano Leonardo José Belandia Ruiz Pineda, de acercarse al lugar de trabajo y residencia de la victima de autos y la prohibición de realizar actos por si mismo o por terceras personas de persecución, intimidación o acoso de la ciudadana ya mencionada, ordenándose la notificación del denunciado, quien presentó escrito rechazando los términos de la denuncia, observando que le fue violado el derecho a la defensa y al debido proceso por no haber sido notificado de la presente denuncia, haber acordado una medida en su contra y refiriendo la imposibilidad de cumplir con la medida porque vive en la misma zona de la denunciante. Agrega que no existen pruebas en su contra y que podría estarse en presencia del delito de simulación de hecho punible. Consigna copia del expediente N° 34.989, nomenclatura del Juzgado Décimo de Primera Instancia Civil, o Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la cual cursa inserto separación de cuerpos.

En fecha 26 de junio de 2007, compareció el ciudadano Leonardo José Belandia Ruiz Pineda, a la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de rendir entrevista, manifestando entre otras cosas lo siguiente: “…comparezco a fin de informar que me casé con la ciudadana MARIANA SALAS ACOSTA el 15-12-2005, duramos viviendo bajo el mismo techo ocho meses, lo que quiere decir que tenemos separados once meses, de este matrimonio no obtuvimos bienes como consta en copia que consigno al efecto de Separación de Cuerpos y de Bienes … Quiero igualmente dejar constancia que cuando se retiró de la casa donde vivíamos en el mes de septiembre año 2006 la ciudadana Mariana se llevó todas sus pertenencias y todos los artículos del hogar, lencerías, electrodomésticos, obras de arte, computadoras, cuadros, no quedó nada en la casa que le pertenezca, de hecho el conserje del edificio de nombre ELIO ALFREDO PALACIOS vio cuando se llevó todas sus cosas y de hecho me dejó una nota donde dice ´… LEO ME LLEVE MIS COSAS QUIERO QUE NOS TOMEMOS UN TIEMPO PARA VER SI DE VERDAD QUEREMOS ESTAR JUNTOS MARIANA… ´, copia de lo cual quiero consignar… Quiero que esta Representación Fiscal tenga conocimiento que no existen bienes ella se llevó todo y en ocho meses vista la situación del país y un abogado joven de mi edad que bienes o ganancias pude haber obtenido en ocho meses de (sic) vivimos bajo el mismo techo. La señora Mariana Salas luego de haberme firmado la separación de cuerpo y bienes ante un tribunal de la República y en presencia de un Juez en donde ambos convinimos de mutuo y amistosos (sic) acuerdo que no obtuvimos bienes a repartirse , ni comunidad de gananciales, ni beneficios, créditos u obligaciones a cargo o a favor de uno u otro cónyuge, por lo cual no tenemos que reclamarnos mutuamente, pretende dos meses después denunciarme ante esta instancia y utilizarla como un medio de coacción a fin de que nuevamente le de, presumo, yo, una cantidad de dinero o bienes materiales, bienes materiales que ella se llevó de la casa y no me dejó nada a mi y lo dejé así en vista de su condición de mujer. Esta denuncia interpuesta sin fundamento por la ciudadana Mariana Salas me a (sic) causado graves prejuicios a mi decoro, a mi integridad, ya que me está atribuyendo hechos no ocurridos poniendo al escarnio público. Quiero hacer del conocimiento de que en cuanto a las medidas de seguridad impuestas, solo quiero decir que vivo en la misma urbanización donde vive Mariana Salas y que nunca me he metido con ella, ni con su familia, nunca los he agredido física ni verbalmente, consigno constancia de residencia de que vivo en la misma urbanización que la denunciante y que diariamente debo pasar para llegar a mi casa por el frente de su casa…”. Consignó constancia de residencia, nota manuscrita presuntamente de la denunciante y anuncio de clases particulares, que según el declarante demuestra la actual residencia de la denunciante, ya separada legalmente, como consta a los folios 19 al 31 del expediente original.

En fecha 19/06/2007, compareció la ciudadana Mariana Salas, asistida por los abogados Agustín Andrade González y Agustín Andrade Cordero, ante la Sede de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de llevar a cabo una audiencia, en la cual entre otras cosas expuso: “…a objeto de consignar (sic) la factura original y la copia de lamisca que efectum videndi de la compra del arma por parte del agresor Belandia Ruiz Pineda Leonardo C.I. 12.387550, de fecha 21-02-98, de la empresa C.A.V.I.M. y cuyo contenido se explica por sí solo. Esta arma me fue entregada por la persona identificada, que no guarda relación con los hechos investigados y en resguardo de mi persona quiero consignar en este mismo acto. El arma en si la entregaran mis representantes judiciales el día para el cual este organismo nos convocó o sea, el 28 día jueves 28 de junio del año en curso a las 9 de la mañana, convocatoria hecha personalmente a mis abogados defensores por el propio fiscal titular del despacho el día de hoy a las 10:30 am. Asimismo consigno en un folio útil, la boleta de notificación que funcionario (sic) comisionados al efecto trataron de dejar en el domicilio que señale en mi denuncia. Es todo…”. Consignó factura y notificación señalada. (Folios 32 al 35).

En fecha 26 de junio de 2007, la Fiscalía Septuagésima Octava del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, solicitó mediante escrito, ante el Tribunal de Primera Instancia en Función de Control que conociere, la desestimación de la denuncia de marras, fundamentado el mismo en los siguientes términos: “…Luego del análisis realizado a denuncia interpuesta por la ciudadana SALAS ACOSTA MARIANA MAGDALENA, …,… se evidencia claramente en su contexto que los hechos denunciados se relacionan con el reclamo de los bienes adquiridos dentro de la comunidad conyugal por parte de la ciudadana SALAS ACOSTA MARIANA MAGDALENA una vez contraídas nupcias en fecha: 15-12-2005 con el ciudadano denunciado BELANDIA RUIZ PINEDA LEONARDO JOSE, …,… y de la misma manera versan sobre distintos hechos y circunstancias imprecisas y que solo en parte de su narrativa hace referencia entre otras cosas lo siguiente: ´…En los momentos actuales las agresiones son en virtud que él no me quiere devolver mis enseres (ropas, regalos antes de casarme, muebles, cosas del hogar), que aun están en el apartamento donde habitamos, en casa de sus padres y su oficina, le tengo temor porque él porta arma de fuego y temo que pueda amenazarme…´, es evidente entonces que la génesis del asunto planteado persigue en principio como fin último la entrega de sus enseres habidos en matrimonio conforme a lo que corresponda en porcentaje y que teme por las posibles amenazas; amenazas estas que según lo manifestado no han ocurrido es decir no se han materializado; igualmente consta en la entrevista rendida por la parte denunciada que interpusieron separación de cuerpo y de bienes ante el Juzgado Décimo de Primera Instancia Civil, Mercantil y de Tránsito en fecha: 31.05.2007, a quien le corresponde decidir en definitiva sobre la partición de bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio. …,… siendo que el hecho denunciado no se encuentra establecido en la Norma Penal Sustantiva como DELITO, es por lo que se solicita con el debido respeto al Ciudadano Juez de Control que ha de conocer la presente petición, decrete de considerarlo procedente su Desestimación, en virtud de que el hecho denunciado NO REVISTE CARÁCTER PENAL. Todo de conformidad con lo previsto en el artículo 301 del Código Orgánico Procesal Penal. …”. (Folios 36 al 38).

En fecha 28 de junio recae el conocimiento de las presentes actuaciones por vía de distribución al Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Función de Control de este Circuito Judicial Penal, acordando darle entrada en los libros respectivos.

En fecha 3 de julio de 2007, el ciudadano Leonardo Belandia Ruíz Pineda, comparece ante el Tribunal de Instancia y consigna copia certificada del decreto de separación de cuerpos y bienes y solicita a la Juez se pronuncie sobre el desistimiento con la mayor urgencia.

En fecha 2 de julio de 2007, los abogados que asisten a la denunciante consignaron una diligencia, a la cual anexan una lista de los nombres, con su dirección de las personas que tienen conocimientos de los hechos objetos del proceso y escrito mediante el cual alegan que el representante de la Vindicta Pública, interpretó en forma errada la ley, no analizó, la violencia física y psicológica expuesta por la denunciante, ni motivo porque desestimaba la denuncia interpuesta por la ciudadana Mariana Salas, solicitando que se ordene el inicio de la investigación penal y que se prosiga la misma de los hechos punibles de acción pública denunciados por la victima y sea rechazada la desestimación presentado por el Ministerio Público.

En fecha 11 de julio de 2007, es incoado un escrito por el ciudadano Leonardo Belandia, mediante el cual solicita se confirme el desistimiento presentado por el Ministerio Público, toda vez que a su criterio, está demostrada la mala fe de la ciudadana Mariana Salas al interponer su denuncia, igualmente hace referencia a la denuncia que interpuso en la Sub-Delegación el Llanito del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con relación a la pérdida de la pistola del cual tiene porte de arma.

DE LA DECISION RECURRIDA

En fecha 23 de julio de 2007, el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Función de Control de este Circuito Judicial Penal, dictó resolución judicial, en los siguientes términos:

“…Ahora bien, fundamenta la Representación del Ministerio Público su escrito de Solicitud de Desestimación de la denuncia supra trascrita, según puede evidenciarse del mismo, el cual cursa en los folios treinta y seis (36) al treinta y ocho (38) del expediente de marras, que los hechos denunciados se relacionan con el reclamo de los bienes adquiridos dentro de la comunidad conyugal por parte de la ciudadana SALAS ACOSTA MARIANA MAGDALENA, una vez contraídas nupcias con el ciudadano BELANDIA RUIZ PINEDA LEONARDO JOSE, titular de la Cédula de Identidad N° V.-12.387.550, y que, de igual forma, los mismos versan sobre distintos hechos y circunstancias imprecisas y, que solo en parte de us narrativa hace mención de los mismos, tomando en consideración entonces, que dicha denuncia persigue en principio y aparentemente, únicamente la entrega de los enseres de dicha ciudadana que aún permanecen en poder del denunciado, de igual forma aquellos habidos dentro del matrimonio según lo que le corresponda en porcentaje y que la denunciante teme por las posibles amenazas, las cuales no han ocurrido o no se han materializado y, de igual manera consta en la entrevista rendida por la parte denunciada que se interpuso separación de cuerpo y de bienes ante el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de esta Circunscripción Judicial en fecha 31-05-2.007, a quien le corresponderá entonces decidir en definitiva sobre la partición de bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio. Y es en virtud de todo lo anterior y siendo que, el hecho denunciado no se encuentra establecido en la norma penal sustantiva como DELITO que, requiere la Representación Fiscal se desestime la denuncia mencionada ut supra, es decir, manifiesta el Fiscal del Ministerio Público que, los hechos denunciados por la ciudadana SALAS ACOSTA MARIANA MAGDALENA, no revisten carácter penal.
(…Omissis…)
Por otra parte, de la narración efectuada por el Representante de la Vindicta Pública, se desprende que la denunciante aparentemente, ha sido objeto de amenazas por parte del ciudadano LEONARDO JOSE BELANDIA; ante lo cual resalta este Tribunal, que de acuerdo al contenido del artículo 175 del Código Penal vigente,…,… para el inicio del correspondiente proceso penal, se requiere la presentación de querella por parte de la presunta victima.
En consecuencia, aún cuando de los artículos anteriormente trascritos se observa que, si bien es cierto se encuentran establecidos en la ley adjetiva penal los hechos que constituyen amenazas a la integridad física o moral en la persona de un tercero como DELIOT, no es menos cierto que la misma tal como lo indican los supra citados artículos, requiere para su procedencia que la misma debe ser previa querella del amenazado, por lo que no puede en la presente causa perseguirse la misma mediante una denuncia común, tal como ocurre en el caso que nos ocupa, dado el especial requisito de procedibilidad.
Adicionalmente y, ello con relación a la reclamación de los bienes habidos en el matrimonio así como de sus enseres personales, la misma competerá al Tribunal en materia Civil, Mercantil y de Tránsito que conoció sobre la separación de cuerpos y de bienes, y a quien le corresponderá decidir en definitiva sobre dicho asunto y no a este Juzgado a quien solo le corresponde conocer de los asuntos en materia penal.
Por todo lo anteriormente expuesto, es por lo que este Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR, la solicitud de DESESTIMACIÓN DE DENUNCIA, presentada por el DR. ISMAEL QUIJADA FARFAN, en su carácter de FISCAL CUARTO DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, de conformidad con lo establecido en los artículos 301 del Código Orgánico Procesal Penal y 175 del Código Penal vigente….”


DEL RECURSO DE APELACION

En fecha 01 de agosto de 2007, es incoado por la ciudadana Mariana Magdalena Salas Acosta, plenamente identificada en autos, escrito de Apelación, tal y como cursa a los folios 84 al 93, mediante la cual entre otras cosas señaló:

“…El Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 302 (ultimo aparte) expresa: ´La decisión que declare con lugar el desistimiento será apelable por la víctima, se haya o no querellado, debiendo interponerse el recurso dentro de los cinco días siguientes a la fecha de publicación de la decisión, disposición ésta que está en perfecta concordancia con lo establecido en el ordinal 1 del artículo 447 ejusdem. Finalmente, el artículo 436 del mismo instrumento adjetivo dispone que: ´Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que les sean desfavorables (caso de autos)´, recalcando que el recurso que aquí ejerzo como ya lo he expresado lo hago en mi cualidad de ´victima´ que me concede el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 119, ordinal 1. …,… para interponer el presente recurso de apelación en contra de la mencionada decisión … en razón a considerar que la denuncia por mi impuesta no reviste carácter penal, y que habiendo sido objeto de amenaza aparentemente mi persona por parte del agresor Leonardo José Belandia Ruiz Pineda, conforme al contenido del artículo 175 del Código Penal, para el inicio del correspondiente proceso penal, se requiere la presentación de querella por parte de la presunta victima. Acotando al respecto y haciendo uso del derecho de critica que nos concede a los abogados el artículo 48 del Código de Ética Profesional del Abogado, la ciudadana Juez incurrió en lo que la Doctrina y la Jurisprudencia ha denominado indebida interpretación (error inexcusable) y ultrapetita, pues el incumplimiento de los requisitos de procedibilidad para intentar la acción, corresponde alegarla a la parte agresora como obstáculo procesal al ejercicio de la acción penal (excepciones), a tenor de lo establecido en el artículo 28, ordinal 4 letra E del Código Orgánico Procesal Penal. (Subrayado y negrillas nuestras).
Esta advertencia respetuosamente la hacemos al Tribunal de Alzada de manera formal y en atención a lo pautado en sentencia pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 23 de febrero de 2007, de naturaleza vinculante y, por tanto, de obligatorio cumplimiento, quien hizo un análisis de la indebida interpretación que se puede hacer de la ley o de las normas que conforman el Código Orgánico Procesal Penal y del grave error inexcusable, que mas adelante explicaremos en el caso de autos.
(…Omissis…)
Ahora bien, no obstante a que conforme a lo establecido en el artículo 301 del Código Orgánico Procesal Penal,: Al Ministerio Público se le otorga un lapso de 15 días a la recepción de la denuncia o querella, para que mediante escrito motivado pueda solicitar su desestimación por los motivos allí plasmados, el Representante de la Vindicta Pública no le dio cumplimiento a lo expresamente expuesto en esta disposición adjetiva, máxime cuando fueron denunciados sin una precisión específica de la denunciante, por no ser abogado y carecer de los conocimientos jurídicos de la calificación de los hechos de que fue victima, solicitó la desestimación de la denuncia interpuesta por ésta, concretamente tal desestimación a la violencia patrimonial, calificando que dicha situación se refería a un problema de discusión de bienes entre cónyuges dada la circunstancia de la existencia de un reclamo por parte de la victima de parte de sus enseres. En dicho escrito el ciudadano Fiscal del Ministerio Público, siendo parte de buena fe y obligado como está por la ley que rige su ministerio, el Código Orgánico Procesal Penal, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el propio texto Constitucional, a velar por lo intereses y protección de la victima, hizo caso omiso al mandato constitucional y legal al que hemos hecho referencia; no investigó hechos concretos de la violencia psicológica, la amenaza y violencia física, en sus artículos 15, ordinales 1, articulo 3 y 4, a que se refiere en forma expresa la Ley Especial y de superior jerarquía a la ordinaria como lo es la ley inmediatamente antes citada (Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia), artículos que correspondían en la ley derogada a las previsiones de las normas contenidas en los artículos 20, 16 y 15, a sabiendas de que acuerdo a la denuncia de la víctima estos hechos se perpetraron en forma continuada (artículo 99 del Código Penal), y que tenía un lapso de 15 días para hacer una investigación preliminar, aunado a la circunstancia, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: ´El funcionario o la funcionaria que actúe como órgano receptor iniciará y sustanciará el expediente, aún si faltare alguno de los recaudos, y responderá por su omisión o negligencia, civil, penal y administrativamente, según los casos sin que le sirvan de excusa órdenes superiores´.
De mayor gravedad resulta la circunstancia de que el Representante del Ministerio Público debe conocer que esta institución es única e indivisible, de acuerdo a lo pautado expresamente en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público el cual expresa textualmente: ´El Ministerio Público es único e indivisible´ y, en consecuencia, ya iniciada la investigación de naturaleza penal por los delitos mencionados, procedió a solicitar la desestimación de la acción penal, sin llevar a efecto ningún acto investigativo respecto a los tipos de violencia especialmente señalados y tipificados en la ley especial, no obstante a la obligación impuesta al receptor de la denuncia de recibirla y sustanciarla, aún si faltare alguno de los recaudos que sustentaren dicho acto procesal; norma procesal inmediatamente antes citada, desacatando por lo tanto el criterio reiterado pacífico y continuo de la jurisprudencia asentada al respecto por el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Penal y Constitucional, respectivamente; puesto que conforme a lo establecido en el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Ministerio Público forma parte del sistema judicial, y, en consecuencia, está obligado a acatar la doctrina sentada en su jurisprudencia por el mas alto Tribunal de la República.
(…Omisis…)
Invocando nuevamente el artículo 48 del Código de Ética Profesional del Abogado, que nos permite a los profesionales del Derecho en sus escritos, informes y exposiciones hacer criticas a las instituciones, así como también a los actos de los jueces y demás funcionarios que hubieren intervenido, cuando éstos a su juicio, no se hubiesen ceñido a las leyes o a la verdad procesal, y utilizando tan sólo los calificativos empleados por las leyes o autorizados por la doctrina, nos permitimos respetuosamente manifestar a esta Alzada que la ciudadana Juez de Control en su decisión, interpreta indebidamente disposiciones del Código Penal y de la Ley Especial ya citados, cuando expresa textualmente: ´Por otra parte, de la narración efectuada por el Representante de la vindicta pública se desprende que la denunciante aparentemente, ha sido objeto de amenazas, por parte del ciudadano Leonardo José Belandia; ante cual resalta este Tribunal, que de acuerdo al contenido del artículo 175 del Código Penal vigente…para el inicio del correspondiente proceso penal, se requiere la presentación de querella por parte de la presunta victima´.
Del texto transcrito se evidencia en forma objetiva que la ciudadana Juez confunde el delito genérico de amenazas al que se contrae el artículo 175 del Código Penal con el de amenaza tratado en forma especial y, por tanto de aplicación preferente a la ley ordinaria, tipificado en el ordinal 3 del artículo 15 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia y que antes estaba ubicado en el artículo 16 de la derogada Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia. Por otra parte no analizó los otros tipos de violencias específicos contenidos en la ley Orgánica especial, como son la violencia psicológica y la física que están palpadas en la denuncia de la victima y que deben ser objeto de una investigación.
(…Omissis…)
Y sostenemos, en forma respetuosa que la ciudadana Juez de Control incurrió en una indebida interpretación de la ley y en grave error inexcusable respaldado nuestro criterio por la sentencia pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que señalamos anteriormente y que data de fecha 23 de febrero de 2007,…,… Esta circunstancia se la advertimos al Juez de la Primera Instancia en escrito presentado ante su autoridad en fecha 2 de julio de 2007 (12:40 pm), y no fue objeto ni siquiera del análisis de los planteamientos hechos en dicho escrito, a lo cual la obliga no solamente el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 1, sino la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 49, para no violentar el debido proceso; disposiciones éstas que han sido acatadas de manera continua y pacifica por todas las Salas que integran el Tribunal Supremo de Justicia de la Republica Bolivariana de Venezuela.
Ello quiere decir, que al no pronunciarse sobre los demás tipos de violencia, como son la violencia psicológica y física de las cuales ha sido objeto la víctima, deja a ésta en una situación jurídica de indefensión, pues le impide la presentación de los elementos probatorios que demuestren plenamente la perpetración de dichos delitos. No ordenó como garante de la constitucionalidad y las leyes y depuradora del proceso penal, al Fiscal investigador, ni siquiera la entrevista a las psiquiatras Dres. Ana Cecilia Márquez y Licenciada Andrea Lechón, las cuales fueron citadas en su denuncia por la víctima y suministrada la dirección de las mismas: advirtiendo a mayor abundamiento que en diligencia separada de fecha 2 de julio de 2007 por nosotros suscrita, consignamos los nombres y direcciones de las demas personas que tienen conocimiento de los hechos denunciados por la victima; razón por la cual coloca a ésta en desigualdad violando el principio contenido en el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 12 relacionado con la igualdad de las partes y omitiendo su deber que está sancionado como falta disciplinaria en la propia ley de carrera judicial y, consecuencialmente, pudiendo convertirse la administradora de justicia y el representante del Ministerio Público en sujetos activos de la violencia institucional, tipificada en el artículo 54 del a Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, que está en perfecta armonía con las garantías que le conceden la Constitución Nacional.
Finalmente, observamos a esta Alzada que la Juez de Control, en nuestro criterio no dio cumplimiento al resguardo de las garantías procesales ni al control de la constitucionalidad de las leyes a que la obligan los artículos 64 y 282 del Código Orgánico Procesal Penal, referentes al control constitucional y judicial, este último cuando expresa textualmente: ´Control Judicial. A los jueces de esta fase le corresponde controlar el cumplimiento de los principios y garantías establecidos en este Código, en la Constitución de la República, tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República; y…´.
Por último, conforme a lo establecido en el artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal promovemos las testimoniales de los ciudadanos: Doctora Ana Cecilia Márquez (psiquiatra),… Licenciada Andrea Lechín,… Marisela Acosta de Salas, José Salas y Marisela Salas,… Luis Acosta,… Padre Fernando Castro,… Maria Victoria Bastardo,… Belisa Guzmán,… Patricia Ocaña…; y la documental relativa a constancia de asistencia a tratamiento psiquiátrico suscrito por la profesional de su especialidad Dra. Ana Cecilia Márquez en original constante de un (1) folio útil; pruebas éstas que nos comprometemos a su presentación en la audiencia correspondiente, en razón a que son útiles, necesarias y pertinentes por cuanto guardan relación directa con los hechos a investigarse;…”


DE LA CONTESTACION AL RECURSO DE APELACION

En fecha 10 de agosto de 2007, es incoado por el ciudadano Leonardo Belandia, plenamente identificado en autos, escrito de contestación al Recurso de Apelación, tal y como cursa a los folios 98 al 102, mediante la cual entre otras cosas señaló:

“…En primer lugar, a los fines de ilustrar a la Sala de la Corte de Apelación que haya de conocer el recurso interpuesto debo señalar que contraje matrimonio civil con la ciudadana MARIANA MAGDALENA SALAS ACOSTA en fecha 15 de diciembre de 2005 por ante la Primera Autoridad Civil del Municipio El Hatillo y fijamos nuestro domicilio conyugal en las Residencias Valle Arriba, Edificio Villa Poll, apartamento 8-A, Urbanización Santa Fe. En fecha 21 de septiembre de 2006, es decir, a escasos nueve (9) meses de haber contraído matrimonio, cuando llegué al hogar común, me encontré con una nota que decía ´LEO. ME LLEVE MIS COSAS, QUIERO QUE NOS TOMEMOS UN TIEMPO. PARA VER SI DE VERDAD QUEREMOS ESTAR JUNTOS. MARIANA´. Dicha nota que cursa al folio 22 del expediente, habla por si sola. Pues, no sólo me abandono si que se llevo todo. Pero también era claro y obvio que la relación matrimonial estaba muy deteriorada. Así las cosas, y viviendo separados de hecho, en fecha 3 de mayo del presente año, acudimos, ambos, de mutuo acuerdo al Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, expediente 34089, y firmamos la separación de cuerpos, tal como consta en las copias certificadas que cursan en autos.
Lo irracional es que un mes después de haber firmado la separación de cuerpos, me denuncie en la Fiscalía por estar incurso en uno o algunos de los delitos tipificados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, pero no por hechos cometidos actualmente, sino por hechos que supuestamente sucedieron cuando estábamos casados. Precisamente esas por esas (sic) desavenencias fue que decidimos separarnos legalmente.
Realmente es muy difícil entender el comportamiento de la persona que fue mi esposa, pues señala dentro de la apelación que la violencia es en forma continuada, haciendo referencias a una ley derogada, y hasta señala e indica decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que en absoluto tiene algo que ver con el asunto planteado.
Si en algún momento cometí alguno de los hechos narrados por ella, tal como no comprarle un jarabe para la tos o pegarle con una almohada, debió entonces denunciarme en ese momento, pero no esperar, casi dos años para interponer una denuncia, después de estar separados legalmente, lo cual pareciera que el único interés es tratar de lograr una indemnización, como lo prevé el artículo 61 de la Ley Orgánica que regula la materia. Es decir, me siento como una víctima de un vulgar chantaje.
Siguiendo con la contestación, s tan confuso el recurso interpuesto, que promueven, para fundamentarlo, las testimoniales de una serie de personas que, aparte que no las conozco, que nunca rindieron declaración, amen que no indican cual es la utilidad, necesidad y pertinencia de esas pruebas. Debo señalar que la prueba a que se refiere el artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal, es referida al recurso como tal, y no a otro distinto o ajeno a lo cursante en autos, es decir, la prueba que se ofrece debió incidir en la decisión que se recurre, o bien porque no fue valorada o motivada o bien porque fue obviada por el Juez, pero nunca puede ser incorporado un medio de prueba distinto a lo cursante en autos,
Pero además, de ser aceptado tal pedimento, desvirtuaría la función propia de la Sala de Apelaciones; pues se convertiría entonces en una especie de órgano instructor de la denuncia.
Es verdaderamente lamentable el mal uso o abuso que hacen la personas con el la Ley que rige esta materia, (sic) pues el propósito del Legislador, tal como consta en la exposición de motivos, fue o es, tratar de poner coto a las agresiones, de distintas índole, que padece la mujer venezolana. Pero resultó que ahora, las Fiscales competentes en la materia se encuentran repletas de denuncias, donde se relatan las situaciones más insólitas de la vida de pareja, que finalmente no llegan absolutamente a nada; pues basta con dictar cualquier medida cautelar, para satisfacer a la denunciante, y a partir de ese momento comienza un letargo procesal.
Por ello, es que el caso que nos ocupa no debe trascender más allá de la decisión dictada, porque reitero, es absurdo e ilógico que se pretenda aplicar la ley en forma retroactiva.
CAPITULO TERCERO.
PETITORIO.
Por todos los razonamientos antes expuestos, solicito, muy respetuosamente de la Sala de la Corte de Apelaciones que haya de conocer el recurso interpuesto, que NO LO ADMITA, de conformidad a lo establecido en el literal ´b´ del artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal; y en el supuesto negado que así no fuere, NIEGUE las pruebas ofrecidas en el recurso y lo declare SIN LUGAR. …”


DE LA RESOLUCION DEL RECURSO

En el presente caso la recurrente fundamenta el Recurso de Apelación en el numeral primero del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, interponiendo Recurso de Apelación en contra de la decisión dictada por el Juzgado A Quo en fecha 23/07/2007, mediante la cual declaró con lugar la solicitud de Desestimación de denuncia, presentada por el Dr. Ismael Quijada Farfán, en su carácter de Fiscal Cuarto del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, de conformidad con lo establecido en el artículo 301 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de que el hecho denunciado no reviste carácter penal.

Ahora bien, luego de la revisión de las actas procesales que conforman la presente incidencia, observa ésta Sala que en el Recurso de Apelación interpuesto por la víctima, debidamente asistida de abogados, señala entre sus fundamentos para recurrir que la Juez de Instancia consideró que el hecho denunciado no reviste carácter penal y que según el articulo 175 del Código Penal, se requería la presentación de querella por parte de la víctima, incurriendo la Juez en: “…lo que la Doctrina y la Jurisprudencia ha denominado indebida interpretación (error inexcusable) y ultrapetita, pues el incumplimiento de los requisitos de procedibilidad para intentar la acción, corresponde alegarla a la parte agresora como obstáculo procesal al ejercicio de la acción penal (excepciones), a tenor de lo establecido en el artículo 28, ordinal 4 letra E del Código Orgánico Procesal Penal….”.

Al respecto la Sala observa que efectivamente la Juez de Instancia consideró que en el presente caso y según los hechos denunciados relacionados con los bienes adquiridos dentro de la comunidad conyugal por parte de la denunciante, una vez contraída nupcias con el denunciado, además de otros hechos distintos y circunstancias imprecisas mencionados en esa oportunidad, que en definitiva persiguen según se expresa la entrega de los enseres, no revisten carácter penal. Agregando de manera específica que conforme al artículo 175 del Código Penal relativa a la violencia privada, para el inicio del proceso penal se requiere la presentación de querella por parte de la víctima y no una denuncia común. Comentario que no puede entenderse como lo indica la recurrente como un error inexcusable por la indebida interpretación de dicho artículo, pues el Tribunal sólo observa que ese tipo delictual requiere la presentación de querella para su procesamiento, en atención a la referencia de la denunciante relativa a la aparente amenaza por parte del ciudadano Leonardo José Belandia, pero es claro que la solicitud Fiscal acogida por el Tribunal de Instancia para desestimar la denuncia, es por que los hechos denunciados no revisten carácter penal.

Debe igualmente acotar esta Sala, que puede un Juez asumir de oficio la solución de aquellas excepciones que no hallan sidos opuestas siempre que la cuestión por su naturaleza no requiera la instancia de parte como lo permite el articulo 32 del Código Orgánico Procesal Penal, que aun cuando se refiere a tal posibilidad a la fase intermedia o durante la fase de juicio es obvio que puede hacerse en la fase de investigación o aun en las instancias superiores, incluyendo al Tribunal Supremo de Justicia, por tratarse de una cuestión de orden público, reiterando que el Tribunal de Instancia solo hizo referencia al delito de violencia privada establecido en el artículo 175 del Código Penal, luego de observar que los hechos denunciados no estaban establecidos como delitos.

Observa igualmente la recurrente, que el Ministerio Público, según lo establecido en el artículo 301 del Código Orgánico Procesal Penal, “…se le otorga un lapso de 15 días a la recepción de la denuncia o querella, para que mediante escrito motivado pueda solicitar su desestimación por los motivos allí plasmados…”, a lo que no le dio cumplimiento, “…máxime cuando fueron denunciados sin una precisión específica de la denunciante, por no ser abogado y carecer de los conocimientos jurídicos de la calificación de los hechos de que fue victima,...”, solicitando la desestimación de la denuncia por tratarse de un problema de discusión de bienes entre cónyuges dada la circunstancia de la existencia de un reclamo de la victima de una parte de sus enseres. Agrega que el ciudadano Fiscal del Ministerio Público, no investigó hechos concretos de la violencia psicológica, la amenaza y violencia física, en sus artículos 15, ordinales 1, articulo 3 y 4, a que se refiere en forma expresa la Ley Especial y de superior jerarquía a la ordinaria como lo es la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, a sabiendas de que de acuerdo a la denuncia de la víctima estos hechos se perpetraron en forma continuada y que tenía un lapso de 15 días para hacer una investigación preliminar, aunado a la circunstancia, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: ´El funcionario o la funcionaria que actúe como órgano receptor iniciará y sustanciará el expediente, aún si faltare alguno de los recaudos, y responderá por su omisión o negligencia, civil, penal y administrativamente, según los casos sin que le sirvan de excusa órdenes superiores´.

Al respecto la Sala observa que la ciudadana Mariana Magdalena Salas Acosta, interpuso denuncia en fecha 14 de junio de 2007, en contra del ciudadano Leonardo José Belandia Ruiz, acordando el Ministerio Público en esa misma fecha el inicio de la investigación e igualmente sin elemento alguno y con fundamento sólo con el dicho de la denunciante, quien no acompañó ni indicó medio de prueba alguno, acordó una medida de protección a su favor, fundamentada precisamente en la Ley Orgánica, que la recurrente asistida de abogados dice no aplicó, debiendo observar que el Ministerio Público si dio cumplimiento de manera correcta al plazo establecido en el artículo 301 del Código Orgánico Procesal Penal, para solicitar la desestimación de la denuncia, pues de acuerdo con la norma puede hacerlo, sin necesidad de que exista una investigación, dentro de los quince días siguientes a la recepción de la denuncia o querella, mediante escrito motivado ante el Juez de Control, entre otros, cuando el hecho no revista carácter penal, como en efecto lo hizo, además oyendo a la persona denunciada a quien no llegó a imputar.

Igualmente el Ministerio Público ordenó la citación del ciudadano Leonardo José Belandia Ruiz Pineda, que en criterio de esta Sala lo hizo incorrectamente, pues fue entregado a través de la denunciante a funcionarios policiales, consignándola ella misma a la Fiscalía en fecha 19/06/2007. El referido ciudadano acudió el 18/06/2007 a la Fiscalía y presentó un escrito en el que exponía su rechazo a los hechos denunciados, aludiendo su situación actual en cuanto a que se encontraba separado legalmente de la denunciante desde el 31/05/2007, esto es, con fecha anterior a la denuncia formulada en fecha 14 de junio de 2007, refiriendo la irregularidad en cuanto a la boleta de notificación y la imposibilidad de cumplir con la medida dictada porque vivía en la misma zona de la denunciante, consignando copia del expediente de su situación, en el que se verifica que ambos ciudadanos firmaron escrito de separación de cuerpos presentado en un Tribunal de la Jurisdicción Civil, en el cual entre otras cosas se señala lo siguiente: “…De nuestra unión conyugal no procreamos hijos ni obtuvimos bienes a repartirse, ni comunidad de gananciales ni beneficios créditos a cargo o a favor de otro cónyuge, por lo cual no tenemos nada que reclamarnos recíprocamente por éste ni por ningún otro concepto…” .

El Ministerio Público lo entrevistó en fecha 26/06/2007, aludiendo lo antes referido acerca de su situación de separación y la inexistencia de bienes conyugales, observando que la denunciante había retirado todas sus pertenencias y artículos de hogar, sin que él se lo reclamare dada su condición de mujer, aludiendo además que nunca la había agredido física ni verbalmente.

Por otra parte, alega la recurrente que el Ministerio Público se limitó a señalar únicamente la violencia patrimonial, al referir que era un problema de discusión de bienes entre cónyuges, en atención a ello observa la Sala que, en la denuncia incoada por la denunciante, la misma manifestó que: “…Resulta que conocí al ciudadano antes mencionado en una reunión familiar, comenzamos a salir luego nos hicimos novios y todo marchaba muy bien era una persona encantadora, luego me case y en la luna de miel me enferme y estábamos en un crucero iba a comprar un jarabe para la tos y el me dijo en ese momento me hizo saber que no iba a ser una buena esposa que yo era muy inmadura que no tenia mucha malicia, que no lo iba a ayudar a él a cumplir sus sueños que el tenía miedo al matrimonio, que el no quería que yo me convirtiera en un peso en una carga, que yo vivía en otro planeta eso fue constante en ese momento…,… Yo tome la decisión en dejarlo por que en fecha 10/09/2006 el me pidió que imprimiera un documento legal y lo fui hacer me dijo me lo había hecho mal ese (sic) puso histérico me agarro por le (sic) cuello y me jamaqueo fuertemente, luego se puso a llorar que él no salía para adelante que yo era la culpable de su fracaso a la semana me fui y estuve en tratamiento psiquiátrico por que estaba muy afectada psicológicamente es por eso que es a (sic) oportunidad no denuncia (sic), pero en (sic) transcurso de la separación me amenazaba diciéndome que si llamaba a un abogado decía que la separación no iba hacer (sic) pacifica. …”.

De lo antes transcrito constata la Sala que el hecho concreto que se denuncia revela claramente que se trata de un problema conyugal sin trascendencia que permita calificarlo de carácter penal, un asunto de orden afectivo, de inmadurez para llevar una relación matrimonial, lo que explica las expresiones: “…el me dijo en ese momento me hizo saber que no iba a ser una buena esposa que yo era muy inmadura que no tenia mucha malicia, que no lo iba a ayudar a él a cumplir sus sueños que el tenía miedo al matrimonio, que el no quería que yo me convirtiera en un peso en una carga, que yo vivía en otro planeta eso fue constante en ese momento…”, todo lo cual hizo que tomara la decisión de abandonar el hogar y luego proceder a separarse formalmente ante los Tribunales, lo que consta en autos y ambos admiten.

Agrega la denunciante que: “…En los momentos actuales las agresiones son en virtud que él no me quiere devolver mis enseres (ropas, regalos antes de casarme, muebles, cosas del hogar) que aún están en el apartamento donde habitábamos, en casa de sus padres y en su oficina, le tengo temor por que el ha (sic) porta arma de fuego y temo que pueda amenazarme, no había denunciado por miedo y aún estoy con un psiquiatra. Es todo….”. De lo antes transcrito se evidencia que la misma interpuso denuncia para reclamar sus enseres, tales como: ropas, regalos antes de casarse, muebles, cosas del hogar, reiterando la Sala que consta en la Separación de Cuerpos hecha con anterioridad que no había comunidad de bienes y que admite en su denuncia que se fue del hogar y según nota referida por el denunciado manifestó haberse llevado sus cosas, constando además que esta situación de fracaso matrimonial la mantiene bajo tratamiento con un especialista médico psiquiátrico, de modo que los hechos referidos por la denunciante claramente evidencia que no revisten carácter penal y sustentan la solicitud del Ministerio Público que acogió el Juzgado de Control al acordar la desestimación de la denuncia.

Igualmente debe acotar esta Sala que según lo expresado por la denunciante al responder al interrogatorio realizado por el funcionario del Órgano receptor, que no hubo testigos del hecho que ella denuncia, así lo expresa al responder a la sexta pregunta, agregando que admite que está en tratamiento psiquiátrico por los hechos que le generaron inestabilidad emocional y finalmente que tiene en su poder un arma de fuego que le pertenece a su ex-cónyuge. Tampoco es válida la afirmación que refiere la recurrente en cuanto a que la desestimación del Ministerio Público no toma en consideración hechos que ella no expresó de manera especifica por no ser abogado y carecer de los conocimientos jurídicos al calificar los hechos de la que dice fue victima, cuando se tomó en consideración la violencia patrimonial, calificando dicha situación a un problema de discusión de bienes entre cónyuges, como en efecto lo es, según lo que consta en autos, debiendo destacarse que no puede pretenderse que luego de hecha la denuncia se varíen los hechos.

En efecto, se constata en el texto de la denuncia antes referida y en algunas de las preguntas formuladas, que el hecho no reviste carácter penal y por tanto es correcta la desestimación de la denuncia. Así textualmente se constata que la denunciante señaló lo siguiente: PRIMERA: ¿Diga usted lugar hora y fecha del hecho denunciado? CONTESTO: ´Eso fue constante desde que me case el 22/12/2005,… CUARTA: ¿Diga usted acudió a algún centro hospitalario o clínica? CONTESTO: No. QUINTA: ¿Diga usted, Primera vez que ocurre el hecho denunciado? CONTESTO: ´No eso fue constante´. SEXTA: ¿Diga usted, hubo testigos el día en que ocurrió el hecho denunciado? CONTESTO: ´No´. SEPTIMA: ¿Diga usted, la persona denunciada se encontraba bajo los efectos del alcohol? CONTESTO: No. OCTAVA: ¿Diga usted, presume que la persona denunciada es consumidora de sustancias estupefacientes? CONTESTO: No que yo sepa…. DÉCIMA: ¿Diga usted, presenta lesiones físicas externas o visibles? CONTESTO: ´No´. . DÉCIMASEGUNDA: ¿Diga usted, considera que los presentes hechos le han generado inestabilidad emocional o laboral? CONTESTO: ´Si, muchísima todavía por que estoy en tratamiento psiquiátrico. … DÉCIMACUARTA: ¿Diga usted, tiene conocimiento si la persona denunciada ha estado detenida? CONTESTO: ´No estuvo detenido, pero me enteré que estuvo involucrado en hechos violentos porque le disparó a un amigo y también le pegó a una novia en una oportunidad. …”.

Dado los términos de la denuncia es obvio que no pueden investigarse hechos concretos relativos a lo previsto como violencia psicológica, violencia física y amenaza, según los parámetros establecidos en los parámetros del artículo 15, en sus numerales 1, 3 y 4 todos de la Ley Especial, porque los hechos denunciados no encuadran en estos tipos delictuales que revelan una verdadera conducta violenta hacia una mujer con el fin de perjudicarla o perturbarla a un grado extremo que desmerite de su condición. Es claro que la denunciante señala que no fue agredida físicamente y que el fracaso matrimonial es lo que le ha generado inestabilidad emocional por lo que está en tratamiento psiquiátrico. Situación ésta que no puede convenirse a conveniencia en un asunto de carácter penal.

Finalmente señala el recurrente que la Juez confundió el delito de amenaza previsto en el artículo 175 del Código Penal con el establecido en la Ley Especial, respecto a ello se observa que la Juez de Instancia claramente señala que el hecho denunciado no se encuentra establecido en la norma penal sustantiva como delito y acota que según lo previsto en el referido artículo es necesario la querella para poder dar inicio a un proceso penal, lo que no puede entenderse en los términos expresados por la recurrente, pues se repite la Juez señaló expresamente el hecho denunciado no se encuentra establecido en la norma penal sustantiva como delito, haciendo referencia al reclamo de bienes y expresando que la denunciante temía por las posibles amenazas, que no han ocurrido, ni se han materializado.

En consecuencia y por todo lo antes expuesto esta Sala considera que lo procedente y ajustado a derecho es declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la ciudadana MARIANA MAGDALENA SALAS ACOSTA, asistida por los ciudadanos AGUSTIN ANDRADE CORDERO Y AGUSTIN ANDRADE GONZALEZ, Abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 536 y 71160, respectivamente y de este domicilio, en contra de la Decisión dictada en fecha 23/07/07, por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, a cargo de la Dra. Shellys Bravo, mediante la cual declaró con lugar la desestimación de la denuncia presentada por el Dr. Ismael Quijada Farfán, en su carácter de Fiscal Cuarto del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, por no revestir carácter penal, de conformidad con lo establecido en los artículos 301 del Código Orgánico Procesal Penal y 175 del Código Penal Vigente, quedando así confirmada dicha decisión. Y ASI SE DECLARA.-

DISPOSITIVA

Por todo lo antes expuesto, esta Sala Cinco de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la ciudadana MARIANA MAGDALENA SALAS ACOSTA, asistida por los ciudadanos AGUSTIN ANDRADE CORDERO Y AGUSTIN ANDRADE GONZALEZ, Abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 536 y 71160, respectivamente y de este domicilio, en contra de la Decisión dictada en fecha 23/07/07, por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, a cargo de la Dra. Shellys Bravo, mediante la cual declaró con lugar la desestimación de la denuncia presentada por el Dr. Ismael Quijada Farfán, en su carácter de Fiscal Cuarto del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, por no revestir carácter penal, de conformidad con lo establecido en los artículos 301 del Código Orgánico Procesal Penal y 175 del Código Penal Vigente, quedando así confirmada dicha decisión.

Regístrese, publíquese y diarícese la presente decisión.

EL JUEZ PRESIDENTE,



DR. JESÚS ORANGEL GARCÍA

LA JUEZ,



DRA. CLOTILDE CONDADO RODRÍGUEZ
PONENTE


LA JUEZ,



DRA. CARMEN MIREYA TELLECHEA

LA SECRETARIA,



ABG. ROSA CADIZ RONDON

En la misma fecha se registró, publicó y diarizó la anterior decisión.

LA SECRETARIA,



ABG. ROSA CADIZ RONDON




EXP. No. SA-5-2007-2187
JOG/CCR/CMT/RCR/Yaneth.-