JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
Con sede en Maracaibo.

PARTE RECURRENTE: Ciudadano ROBISON ANTONIO PEÑA REYES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 7.667.075, domiciliado en el Municipio Cabimas del Estado Zulia.
APODERADO JUDICIAL DEL RECURRENTE: Abogados UBALDO MORENO BLETRÁN y JOEL PACHANO SARMIENTO, venezolanos, mayores de edad, titulares de la Cédula de Identidad Nos. 4.758.961 y 4.762.122, respectivamente, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 77.148 y 77.224, respectivamente.
PARTE RECURRIDA: INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA, CON SEDE EN CABIMAS.
ASUNTO: Recurso contencioso administrativo de nulidad contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la Providencia Administrativa N° 112-04 dictada por la Inspectoría del Trabajo con sede en Cabimas, en fecha 29 de septiembre de 2004, mediante la cual se autoriza al INSTITUTO DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (IPASME), a despedir justificadamente al ciudadano ROBISON PEÑA.
Se da inicio al presente procedimiento, mediante la interposición de recurso contencioso administrativo de nulidad por el abogado Ubaldo Moreno Beltrán, en su condición de apoderado judicial del ciudadano Robison Antonio Peña, en contra de la Providencia Administrativa antes identificada, proferida por la Inspectoría del Trabajo del Zulia con sede en Cabimas, se procedió a su admisión en fecha 01 de enero del 2005, ordenando la citación del Inspector del Trabajo del estado Zulia con sede en Cabimas; del Fiscal Vigésimo Segundo del Ministerio Publico con competencia para actuar en materia contenciosa administrativa; y del Procurador General de la Republica Bolivariana de Venezuela, remitiéndoles copia debidamente certificada de todo el expediente; y, se ordenó la citación de todos los interesados a través de la publicación de un (1) cartel en el diario de mayor circulación regional, para que se den por citados en un lapso de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación del cartel o notificación del último de los interesados, todo de conformidad con lo previsto en el articulo 21, ordinal 11º de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Una vez practicadas las citaciones ordenadas, se libró Cartel de Citación en la presente causa, de conformidad con lo establecido en el aparte 11 del Artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, conforme lo ordenado en el auto de admisión de fecha 14 de octubre de 2005. En fecha 15 de diciembre de 2005 se hizo entrega del referido cartel, para su publicación en un diario de mayor circulación regional del estado Zulia, al Abogado JOEL PACHANO SARMIENTO, de conformidad con lo establecido en el aparte 12 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, siendo consignado dentro del lapso legal el ejemplar del cartel de citación por parte del prenombrado ciudadano.
En fecha 13 de junio de 2005, el Tribunal por auto de la misma fecha, comienza la relación de la causa, y fija para el décimo día de despacho previa hora fijada, para que las partes consignen sus informes.
En fecha 06 de julio de 2.006, llegada la oportunidad para dar cumplimiento al acto de informes de forma oral, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 párrafo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se procedió al acto, dejando constancia de la incomparecencia de la parte recurrida ni por sí ni por apoderado judicial; igualmente se dejo constancia de la comparecencia del abogado UBALDO MORENO BELTRAN, en su condición de apoderado judicial del recurrente, quien ratificó en todas y cada una de sus partes los fundamentos de hecho y de derechos alegados en el libelo del recurso, y consignó escrito de informes constante de cuatro (04) folios útiles, mediante el cual solicitó fuera declarado Con Lugar el presente recurso de nulidad. Asimismo, compareció el abogado FRANCISCO FOSSI CALDERA, actuando en su carácter de Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Vigésima Segunda del Ministerio Público, y consignó escrito de informes constante de doce (12) folios útiles, a través, del cual solicita se declare Sin Lugar, el recurso de nulidad interpuesto.



PRETENSIÓN DEL RECURRENTE
Fundamenta la parte recurrente su solicitud en los siguientes hechos:
Que “…fundamenta este procedimiento en el Art. 102 de la Ley Orgánica del Trabajo, ordinales B, C e I”.
Que el motivo esgrimido por el INSTITUTO DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (IPASME) “…fue una nota estampada en el libro de novedades del instituto, escrita de puño y letra de (su) representado, la cual decía lo siguiente: “…que el ciudadano Francisco Luna, concubino de la ciudadana María Auxiliadora Pérez, Directora Administrativa del instituto, estaba liderizando una protesta…”
Que al ser leída la referida nota por la Directora Administrativa “…la alteró y se sintió ofendida, agrediendo verbalmente a (su) representado y manifestándole su suspensión inmediata”.
Al respecto, denuncia la infracción del artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo, ordinales B, C e I, por errónea interpretación y falta de aplicación.
Que “…en la providencia administrativa dictada por la Inspectoría del Trabajo de Cabimas no se pronuncia en las causales de despido del artículo 102, ordinal I y de la errónea aplicación de los literales B y C”.
Que el motivo dominante de lo constituye el hecho de que su representado “…transcribió en el libro de novedades que el ciudadano Francisco Luna, concubino de la Directora Administrativa se presentó alterando el orden público el 14 de mayo de 2004 en las instalaciones del IPASME. Este hecho no constituye falta y menos aún invocarla como causal de despido justificado por no esta tipificada en el articulo 102 de la L.O.T.”.
Que “…el término concubino no constituye injuria, ni menos aún falta de respeto del patrono”.
Denuncia “…la infracción por parte de la Providencia Administrativa impugnada del numeral 05 del Art. 18 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo”, artículos 509 del Código de Procedimiento Civil, y el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela “…por haber incurrido en el vicio de silencio de Prueba Administrativa al haber omitido en forma absoluta el examen y valoración de las declaraciones testimoniales de ambas partes en el proceso…”
Por los motivos antes enunciados solicita a éste Tribunal declare la nulidad absoluta del acto administrativo de carácter particular contenido en la providencia impugnada, y que sea restablecido en sus labores habituales de trabajo, con la consecuente cancelación de los salarios y demás beneficios dejados de percibir.
INFORME FISCAL
En fecha 06 de julio de 2006, llegada la oportunidad para dar cumplimiento al acto de informes de forma oral, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 párrafo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, compareció el abogado FRANCISCO FOSSI CALDERA, actuando en su carácter de Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Vigésima Segunda del Ministerio Público, y consignó escrito de informes constante de doce (12) folios útiles, a través, del cual solicita se declare Sin Lugar, el recurso de nulidad interpuesto, en virtud de los siguientes fundamentos:
1. Que la Inspectoría del Trabajo, al momento de decidir la Providencia Administrativa que se impugna, sustentó su decisión en las frases proferidas pro el ciudadano Robinson Antonio Peña Reyes contra la representante del Patrono en su sitio de trabajo, las cuales al no ser negadas fueron valoradas como consentidas en atención al artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
2. Desecha la denuncia del vicio de la errónea interpretación, en virtud de que el inspector del Trabajo al haber ajustado de manera apropiada la norma jurídica laboral a los hechos denunciados por la patronal solicitante en sede administrativa de la calificación del despido.
3. En relación a la falta de aplicación, advirtió que si bien es cierto que el literal “i” invocado como casual de despido, establece la falta grave a las obligaciones que impone la relación de trabajo, la solicitud de Calificación de Despido está fundamentada en la conducta asumida por el trabajador, que desde el mismo momento de haberse dirigido de una forma irrespetuosa, acompañado con gestos dirigidos contra el cuerpo de la representante del patrono, se constituyen como vías de hecho que ocasionan una falta grave al respeto y consideración a la misma, subsumiéndose a su vez en la falta grave a las obligaciones que impone la relación de trabajo, contenida en el literal “i” del artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo.
4. Finalmente arguyó que resulta improcedente la denuncia de vulneración por parte de la Inspectoría del trabajo de los artículos 18 numeral 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el 509 del Código de Procedimiento Civil y el 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por haber incurrido en el vicio de silencio de prueba administrativa, por cuanto ha sido criterio reiterado por la doctrina y jurisprudencia patria, que las normas que rigen lo referente a la valoración de las pruebas establecidas en los artículos 507, 508 y 509del Código de Procedimiento Civil, no puede ser objeto de valoración por parte de los organismos administrativos, toda vez que estas rigen la conducta de los jueces al sentencias y atañen a los requisitos de la sentencia, no aplicables a los actos administrativos ni al procedimiento que se sigue para su formación, debido a que la naturaleza administrativa de estas decisiones determina la aplicación de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:
Estando en la oportunidad para dictar sentencia en la presente causa, el Tribunal procede a pronunciarse al fondo previo las siguientes consideraciones:
Vistos los términos en los cuales ha quedado trabada la litis, y luego de haber realizado un estudio minucioso e individual de las actas que conforman el presente expediente, observa esta Juzgadora que en el presente caso la controversia se circunscribe a decidir, sí la Inspectoría del Trabajo del Estado Zulia, con sede en Cabimas, incurrió en los vicios de errónea interpretación de los literales “B” y “C” del artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo, falta de aplicación del literal “I”, y la infracción del numeral 5 del articulo 18 de la Ley Orgánica de Procedimiento administrativos, del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil y el 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Planteada la controversia en los términos indicados, pasa esta Juzgadora a decidir:
En cuanto a la denuncia de infracción del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, es menester señalar que ya de forma reiterada la jurisprudencia patria se ha encargado de esclarecer que la providencias administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo son decisiones administrativas producto de una reclamación de tipo laboral planteada ante dicho organismo y que al ser netamente administrativas, han sido denominados por la jurisprudencia y la doctrina patria, como actos cuasi jurisdiccionales, los cuales no constituyen una categoría intermedia entre las sentencia dictadas por los órganos jurisdiccionales del poder judicial y los actos emanados de la Administración, donde ésta manifiesta su voluntad en virtud de una facultad decisoria otorgada por la Ley para las relaciones jurídicas entre los particulares, las cuales pueden ser objeto de la potestad de autotutela o revisión en sede administrativa y que están sometidas, sin excepción, al control llevado a cabo por los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, que aunque tienen cuerpo de fallo no revisten el carácter de sentencias y que por ser actos administrativos, la normativa legal aplicable es la ya mencionada Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, quedando fuera de lugar la denuncia efectuada por el ciudadano recurrente, en la relación la violación de las normas procesales establecidas en el Código de Procedimiento Civil Venezolano. Así se estable.-
Por otro lado, el apoderado judicial del recurrente denuncia la violación del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues, el Inspector del Trabajo de Cabimas, incurrió en el “…vicio de silencio de Prueba Administrativa al haber omitido en forma absoluta el examen y valoración de las declaraciones testimoniales de ambas partes del proceso…”.
Dicho lo anterior, esta Juzgadora considera necesario señalar que el procedimiento administrativo si bien se encuentra regido por los principios fundamentales del derecho a la defensa y al debido proceso, no puede ser confundido con la función jurisdiccional, en la cual el Juez se encuentra sometido a reglas procesales distintas, dependiendo del tipo de proceso de que se trate. Por lo tanto, en el procedimiento administrativo basta para entender que se ha realizado una motivación suficiente, el análisis y apreciación global de todos los elementos cursantes en el expediente administrativo correspondiente, no siendo necesario que el ente administrativo realice una relación precisa y detallada de todos y cada uno de los medios probatorios aportados. (Ver Sentencia N° 1623 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 22 de Octubre de 2003).
En este orden de ideas, de la lectura minuciosa de la providencia impugnada se observa, que el órgano decisor administrativo hizo alusión a la promoción y evacuación de las pruebas promovidas por el representante legal del trabajador, incluso de las testimoniales, así como de las pruebas aportadas por la empresa accionante, en la que fundamentó su decisión (folios 80 y 81); razón por la cual, este Tribunal considera que la Inspectoría del Trabajo del Estado Zulia con sede en Cabimas, al dictar la Providencia impugnada no incurrió en el vicio de silencio de pruebas. Así se declara.
En cuanto al argumento de “infracción” del artículo 18 numeral 5 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativos, y la denuncia de omisión por parte del Inspector del Trabajo de pronunciarse sobre la causal de despido del artículo 102 literal “I” la Ley Orgánica del Trabajo; esta Juzgadora observa que los mismos implican la denuncia de la existencia del vicio de inmotivación del acto administrativo impugnado, ya que las mismas se refieren a la supuesta falta de pronunciamiento por parte del Órgano Administrativo sobre alguno de los asuntos sometidos a su consideración; y a la presunta falta de expresión sucinta de los hechos, de las razones que hubieren sido alegadas y de los fundamentos legales pertinentes, por consiguiente, el análisis se efectuará con base en este vicio. Así se establece.-
Asimismo, ha señalado el apoderado del actor que el acto impugnado incurre en una errónea aplicación de los literales B y C del artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo.
Al respecto, considera esta Juzgadora pertinente advertir que de los términos en que fue planteada la referida denuncia, ésta atiende al vicio de falso supuesto, por cuanto supone que la Administración para dictar el acto, aplicó o interpretó adecuadamente las normas jurídicas de manera que concuerden con la situación de hecho que dio origen al mismo (vid. sentencia de la SPA Nº 1.949 del 11 de diciembre de 2003). Así se declara.-
En este orden de ideas, cabe precisar que en numerosas decisiones de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se ha referido a la contradicción que supone la denuncia simultánea de los vicios de inmotivación y falso supuesto por ser ambos conceptos excluyentes entre sí, “por cuanto la inmotivación implica la omisión de los fundamentos de hecho y de derecho que dieron lugar al acto, y el falso supuesto alude a la inexistencia de los hechos, a la apreciación errada de las circunstancias presentes, o bien a la fundamentación en una norma que no resulta aplicable al caso concreto; no pudiendo afirmarse en consecuencia que un mismo acto, por una parte, no tenga motivación, y por otra, tenga una motivación errada en cuanto a los hechos o el derecho”. (Entre otras, sentencias Nos. 3405 del 26 de mayo de 2005, 1659 del 28 de junio de 2006, 1137 del 4 de mayo de 2006).
En tal sentido, observa este tribunal que al invocar el recurrente ambos vicios en contra de un mismo acto administrativo se hace contradictorio, pues ambos se enervan entre sí, ya que cuando se alegan razones para destruir la apreciación de la administración dentro del procedimiento formativo del acto, es porque se conocen los motivos del mismo. De manera que, resulta incompatible que por un lado se exprese que se desconoce los fundamentos del acto administrativo recurrido y por otro que se califique de errada su fundamentación; por lo tanto, la denuncia simultanea de los vicios de falso supuesto e inmotivación ha venido siendo desestimada por los órganos de la jurisdicción Contencioso Administrativa.
En el presente caso, el accionante argumentó que el acto recurrido carecía de motivación configurándose por tanto la contradicción con el vicio del falso supuesto igualmente denunciado, razón por la cual este Tribunal se encuentra forzado a desestimar y considerar improcedente los alegatos esgrimidos por la parte recurrente respecto a la inmotivación y al falso supuesto de la Providencia Administrativa Impugnada. Así se decide.
DECISIÓN:
Por los fundamentos expuestos este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara: SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el abogado UBALDO MORENO BELTRÁN, actuando en condición de apoderado judicial del ciudadano ROBINSON ANTONIO PEÑA REYES, contra del acto administrativo de efectos particulares contenido en la Providencia Administrativa N° 112-04 dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Zulia con sede en Cabimas en fecha 29 de septiembre de 2004, mediante la cual se autoriza al INSTITUTO DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (IPASME), a despedir al ciudadano ROBISON PEÑA
No hay condenatoria en costas para la parte perdidosa en juicio en virtud del principio de igualdad de las partes en el proceso.
PUBLIQUESE, REGISTRESE y NOTIFIQUESE. Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines legales previstos en los ordinales 3º y 9º del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, firmada y sellada en la sala del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo a los cuatro (04) días del mes de noviembre de dos mil nueve (2009). Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación.
LA JUEZA,

DRA. GLORIA URDANETA DE MONTANARI.
LA SECRETARIA,

ABOG. DAYANA PERDOMO SIERRA.
En la misma fecha y siendo las dos y dos minutos de la tarde (02: 02 p.m.) se publicó el fallo anterior y se registró en el Libro de Sentencias definitivas bajo el N° 89.

LA SECRETARIA,

ABOG. DAYANA PERDOMO SIERRA.

Exp. 9001.