REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CORTE DE APELACIONES 5

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL
ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Caracas, 26 de Febrero de 2010
199° y 150°
Nº 042-10-A
PONENTE: DR. JESÚS ORANGEL GARCÍA
CAUSA N° S5-10-2608

Corresponde a esta Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, conocer de los presentes recursos de apelación interpuestos separadamente por el ciudadano ABG. CARLOS SALAS ZUMETA, en su condición de Defensor Privado del ciudadano QUIROGA CONTRERAS SERGIO EDUARDO; y el ciudadano ABG. JAIME MARTÍNEZ PEÑUELA, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano JEFFERSON ANTONIO AFANADOR MORALES, ambos en contra de la decisión dictada por el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, a cargo de la ciudadana DRA. AURA GONZÁLEZ, de fecha 19 de Enero del año que discurre, mediante la cual decretó Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad, en contra de los ciudadanos antes mencionados.

Por recibidas las presentes actuaciones, se procedió a designar como ponente de la presente causa, a quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

Para decidir esta Sala observa:

CAPÍTULO I
DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

En fecha 26 de Enero de 2010, el ciudadano ABG. CARLOS SALAS ZUMETA, en su condición de Defensor Privado del ciudadano QUIROGA CONTRERAS SERGIO EDUARDO, interpuso escrito de apelación en los siguientes términos:


“…Ante Usted respetuosamente ocurro, con la finalidad de interponer “RECURSO DE APELACIÓN”, de acuerdo a lo que dispone los cardinales (sic) 4º y 5º del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de que se brinde una “PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL”, del derecho a la Tutela Judicial y efectiva (sic), Defensa, el Debido Proceso, Proceso Justo o Proceso regular y el Principio de la Legalidad a favor de nuestro defendido, a fin de que se le restaure la “TUTELA JUDICIAL” y efectiva (sic) consagrada en los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con Los (sic) Tratados Internacionales de la cual La (sic) República es signataria… para proteger las violaciones flagrantes, directa e inmediata de los Derechos Constitucionales, de mi defendido realizadas por parte del tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control, de este Circuito Judicial Penal, cuando no aplico (sic) el contenido del artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal, en la sentencia interlocutoria dictada el día 19 de enero de 2010 donde ordena la Privativa de Libertad para dos imputados y admite la precalificación fiscal, sin entrar a analizar los elementos de convicción presentados.
Es preciso señalar que el Juez de la recurrida admite la Precalificación Fiscal para dos imputados, sin existir elementos denuncia previa, sin existir ningún tipo de flagrancia, y sin existir elemento de convicción procesal que vincule a QUIROGA CONTRERAS SERGIO EDUADRO, con el delito que se le imputa, sin que existe un solo elemento de convicción que comprometa su conducta en el Injusto (sic) penal por el cual el Juez de Control acepto (sic) la precalificación…
Se requiere muy respetuosamente que la Sala de la Corte de Apelaciones, que va a conocer del presente Recurso analice las violaciones “…muy grave y escandalosa vulneración del debido proceso…”. En tanto que no se dan los elementos configurativos del Peculado Propio, por cuanto mi defendido cumple ordenes y en ningún momento tiene que conocer que la custodia que estaba prestando no era una Medida de Protección solicitada por la Fiscalía y ordenada por un Tribunal, por cuanto quienes cumplen las órdenes son la Superioridad en este caso el Presidente de INSETRA, RENNY BLADIMIR VILLAVERDE, sin que medie para nada su autorización, o se le muestre la orden de un tribunal, ya que los dieciséis funcionarios como lo señala en (sic) el Sub-Comisario JUANA BECERRA, y la unidad destacada en Turmero, en razón que para que se configure el delito de CORRUPCIÓN PROPIA, previsto y sancionado en el artículo 66… Como se desprende donde se da ese delito tipo o cuáles son los datos o informaciones de carácter reservado, las cuales tenía conocimiento nuestro defendido…” (sic), toda vez que las fotos cursantes en el teléfono celular, o son informaciones de carácter reservado, por cuanto la vivienda del ciudadano Mario Silva, no constituye reserva de ningún tipo, en tal sentido no existe un solo elemento de convicción que de por demostrado en esta (sic) y en ninguna otra etapa del proceso que mi defendido haya utilizado información o datos de carácter reservado-
En cuanto al delito de extorsión puesto que se evidencia de las actas, que el objeto de la extorsión, no se configura la conducta desplegada por los mismos por cuanto no existe un desvalor de la acción que se pueda encuadrar dentro de los elementos constitutivos del Tipo Penal de Extorsión…
Como se evidencia no de da (sic) la constatación positiva de los elementos del tipo penal de Extorsión, por lo tanto el objeto del proceso de extorsión no se realizo (sic) por ninguno de los hoy imputados de auto, (sic) y por lo tanto no puede decirse que existe un delito y por tanto no pueden ser castigados con la pena que se asigne en el caso concreto establecido en la ley.
De la citada disposición legal, evidencia esta Alzada que en el presente caso, no surge la necesidad del aseguramiento del ciudadano QUIROGA CONTRERAS SERGIO EDUARDO, en el proceso penal que se investiga, en virtud que esta defensa observa que no se encuentra satisfechas las exigencias contenidas en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal; por cuanto solamente existe la actuación de la Policía de Caracas, lo cual usurpo (sic) funciones de la fiscalía (sic) del Ministerio Público.
Ahora bien, al verificar La Alzada que no existen suficientes elementos de convicción procesal que permitan concluir que el ciudadano QUIROGA CONTRERA SERGIO EDUARDO, es el autor del hecho punibles precalificados por el Ministerio Público y acogidos por la Juez A quo en la audiencia para oír al imputado de autos, celebrada en fecha 19 de Enero de 2010, como Corrupción Propia, Asociación para delinquir, Extorsión, en virtud que de las actuaciones que conforman la presente incidencia recursiva, no consta ningún otro elemento de certeza que pueda ratificar la comisión de delito alguno por parte de mi defendido.
Por cuanto el Juez de la Recurrida, Acoge (sic) la Solicitud de la privativa de libertad en contra de mi defendido dictada el día 16 de Enero de 2010, no individualiza con cuales (sic) elementos de convicción procesal se presume la comisión del hecho punible para cada uno de los encartados de autos, incurriendo además en una errónea aplicación de la norma jurídica, cuando declara con lugar la precalificación solicitada por el ciudadano representante de la vindicta en contra de mi defendido QUIROGA CONTRERAS SERGIO EDUARDO en razón de que la norma Constitucional contemplado en el (sic) artículo (sic) 44, 49.6 y la norma sustantiva penal contemplada en el artículo 61, establece que nadie puede ser culpado de delito, cuando no ha tenido la intención de realizar el acto, en presente caso con los elementos de convicción presentadas por la representación fiscal, se evidencia que no existe una (sic) solo elemento que comprometa la conducta de mi defendido QUIROGA CONTRERAS SERGIO EDUARDO, en los delitos que se le imputan.
Por cuanto en ningún momento desplego (sic) conducta alguna tendiente a generar violencia, engaño, alarma o amenaza de graves daños contra personas o bienes, constriña el consentimiento de una persona para ejecutar acciones y omisiones capaces de generar perjuicio en su patrimonio o en el de un tercero, o para obtener de ellas dineros, bienes, títulos, documentos o beneficios, solicitar dinero, inmuebles, o documentos (sic) alguno, no haciendo uso de ningún tipo de arma la cual se encontraba para el momento de su detención en su funda.
De igual manera dicto (sic) Medida Privativa de Libertad, existiendo a favor de los imputados el principio de Presunción de Inocencia y no se da el periculum in mora, cuando no existe suficientes elementos de convicción para dictar la MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD, Por (sic) lo que decretar la Medida Privativa de Libertad, violenta la TUTELA JUDICIAL Y EFECTIVA, el Debido Proceso, el principio de legalidad y el Principio de Presunción de Inocencia.
Es el caso que mi defendido jamás desplegó conducta alguna, que pueda encuadrase dentro de los injusto penales en los cuales precalifico la representación fiscal y acogida por la ciudadana Jueza de Control.
Ahora bien, en el presente caso existe una ausencia total de elementos de convicción presentado por parte de la representación fiscal, violentado la Tutela Judicial y efectiva (sic), el debido proceso, el principio de la legalidad, contemplada en el (sic) artículo (sic) 26, 44 49 (sic) y 131 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra la Seguridad Jurídica y los derechos fundamentales del imputado relativo al debido proceso
…Omissis…
En el caso analizado, no cumplió el juez de control con la función asignada por la ley, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 282 de la Ley Adjetiva Penal quien no debió aceptar la precalificación en contra de mi defendido QUIROGA CONTRERAS SERGIO EDUARDO, por cuanto la representación fiscal no presentó un solo elemento de convicción que comprometiera a nuestro a nuestro defendido en el Injusto Penal, en que lo encuadro, por la tutela judicial y efectiva y el debido proceso, y el principio de la legalidad, conlleva que nadie puede ser acusado de delito cuando no ha tenido la intención de realizar el acto que se le imputa.
En contra de mi defendido, en el presente caso se ignoran todos los elementos recabados en la fase de investigación, se solicita una Medida Privativa de Libertad, violentando la Tutela judicial (sic) y Efectiva y la Transparencia de la Justicia y el Principio de la Legalidad.
…Omissis…
De lo (sic) sentencia anteriormente expuesta concatenada con el caso in comento se observa que indiscutiblemente la representación fiscal y el Juez de Control han inobservado El (sic) debido proceso en la noción compleja de la cual pueden visualizarse que ha violentado las dos dimensiones: la procesal y la sustancial, sustancia o material.
Por otra parte, nos encontramos con la dimensión sustancial del debido proceso, la cual se vincula directamente con el principio de razonabilidad y proporcionalidad de los actos de poder, los que determinan la prohibición de cualquier decisión arbitraria, como la que se evidencia en el caso sub – examine, porque no podía la representación fiscal precalificar por los delitos De Extorsión, cuando no se dan los supuestos de hecho del artículo 16 de la Ley Contra El Secuestro y La Extorsión, el artículo 16 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, ni mucho menos los supuestos de hecho del artículo 66 de la Ley Contra la Corrupción.
Por lo tanto El (sic) Juez de Control, el decretar MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD, a QUIROGA CONTRERAS SERGIO EDUARDO, cuando no ha desplegado conducta antijurídica alguna, En (sic) virtud de todo lo antes expuesto, por el Gravamen Irreparable, causado por el Tribunal de Control, al no aplicar el artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal, en el presente proceso, y violentar derechos Fundamentales (sic) que asisten a los justiciables, que conllevan a la seguridad jurídica que asisten a mi defendido, en razón de que el juez de la Recurrida, violentó la Transparencia de la Justicia, La tutela Judicial y Efectiva, el Principio de la Legalidad, por el estado de Indefensión que ha ocasionado la representación Fiscal y con La Precalificación presentada en contra de nuestro defendido QUIROGA CONTRERAS SERGIO EDUARDO, cuando no existe un solo elemento que comprometa su conducta en dolo alguno con una Ausencia total del principio de la Transparencia, del debido proceso, del derecho a ser oído, del principio de la legalidad.
Con que elementos de convicción ofrecidos para la precalificación fiscal se dará por demostrado la acción típica, antijurídica o culpable realizada por nuestro defendido, cuando no existe entiéndase UN SOLO ELEMENTO DE CONVICCION (sic) PROCESAL o UNA SOLA PRUEBA OFRECIDA QUE REUNA (sic) LOS REQUISITOS DEL ARTICULO (sic) 250 DE LA LEY ADJETIVA QUE DE POR DEMOSTRADO LOS DELITOS TIPOS PRECALIFICADOS, mal podría aceptarse una Calificación (sic) jurídica atribuida a los hechos.
Es de acotar que la medida de coerción personal a la que se encuentra sujeto el ciudadano imputado QUIROGA CONTRERAS SERGIO EDUARDO no se corresponde con el contexto fáctico, habida cuenta que aún cuando ciertamente la regla es el juzgamiento en libertad, en el caso de marras ha sido injusta la Privación de Libertad en Contra de nuestro defendido, (sic) En este sentido, se observa que ninguno de los elementos de convicción obtenidos por la Fiscalía desvirtúan el principio de La presunción de inocencia que es una garantía consagrada tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como en la Declaración Universal de los Derecho Humanos y en tratados internacionales sobre derecho humanos como, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica.
…Omissis…
Se solicita La Nulidad Absoluta, no solo (sic) de la Audiencia de presentación, sino de la Aprehensión, y de todo el Procedimiento en razón de que mi defendido, fue aprehendido, sin existir ninguna denuncia en su contra, ni ninguna denuncia interpuesta por el ciudadano MARIO SILVA, sin existir ninguna flagrancia, y que mi defendido fuera aprehendido cometiendo delito alguno, máxime cuando no existe denuncia alguna interpuesta ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, no existe una orden de apertura de procedimiento alguno en su contra, en este sentido es procedente y ajustado a derecho decretar la Nulidad de todo el procedimiento incoado en contra de mi defendido a los fines de que se brinde una “PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL”, del derecho a un (sic) Justicia transparente, a la Defensa, el Debido Proceso, Proceso Justo o Proceso Regular y el Principio de la Legalidad a favor de mi defendido, fin de que se le otorgue una “TUTELA JUDICIAL” efectiva consagrada en los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con Los Tratado Internacionales de la cual La República es signataria, como son: Declaración Universal de Los Derechos Humanos, artículo 8; Declaratoria Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto San José de Costa Rica) Artículo 25 Protección Judicial; los cuales comprenden el derecho de acceder a la jurisdicción, a la Protección Judicial y a transitar en un proceso con las debidas garantías de los artículos 2, 3, 26, 27, 49 y 131 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para poder proteger las violaciones flagrantes, directas e inmediatas de los Derechos Constitucionales, de mi defendido realizadas por parte de La Fiscalía.
…Omissis…
El Juez de Control y La (sic) representación fiscal en el presente caso ha sometido a un estado de indefensión absoluta a nuestro defendido, cuando no existe denuncia alguna y cuando nuestro defendido entiéndase se encontraba prestando la custodia al ciudadano MARIO SILVA en la ciudad de Maracay, cumpliendo con sus funciones, que a él no se le informa, ni se le muestra si existe una orden de un Tribunal, si la orden de protección fue o no ordenada por un Tribunal, este orden se le da al Presidente del Instituto Autónomo de Seguridad Ciudadana y Transporte, en este sentido de existir la Figura de Peculado, o Corrupción, no le es atribuible a mi defendido, sino a la persona que dio la orden, y quien hizo uso los bienes del Municipio, sin que mediara una Medida de Protección dictada por un Tribunal.
…Omissis…
Como se observa con este actuar por parte del Comisario Juan Becerra, quien USURPO FUNCIONES DEL MINISTERIO PUBLICO (sic) y con una marcado ABUSO DE AUTORIDAD Y ABUSO DE PODER, por cuanto no le es dable ordenar un procedimiento, sino es ordenado por Ministerio Público y precalificarla acción, cuyas atribuciones se encuentran establecidas en el artículo 285 numeral 3° (sic) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, máxime cuando no existe una denuncia interpuesta por ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, ni ante el Ministerio Público, con dicho actuar se violenta de forma grosera y flagrante el Debido Proceso, la Tutela Judicial y Efectiva, el Principio de la Legalidad, así como las atribuciones del Ministerio Público, Usurpando Funciones, con un marcado Abuso de Poder contemplado en los artículos 26, 44, 49, 131, 137,138, 139 y 285.3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 11, 24, 1089 y 283 del Código Orgánico Procesal Penal; 34 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Indiscutiblemente son nulas las actuaciones realizadas por funcionario de la Policía de Caracas del Municipio Libertador, en razón de que no existe una Denuncia interpuesta por ciudadano alguno, tampoco existe la orden de apertura por parte del Ministerio Público, así como la notificación de la apertura de un procedimiento
…Omissis…
CAPITULO (sic) TERCERO
De acuerdo a lo que dispone los cardinal (sic) 5° (sic) del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, se apela, por cuanto el juez de Control causa un gravamen irreparable con su decisión, violando el debido el debido proceso, contemplado en los artículos 26, 44, 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el principio de la legalidad contemplado en el artículo 131 supra y los artículos 250, 251 y 282 de (sic) Código Orgánico Procesal Penal, cuando admitió una Precalificación que fue realizada con una violación flagrante y grosera del derecho a la Libertad, al debido Proceso, a La Defensa, al derecho a ser oído, La transparencia de la Justicia, el Principio de la Legalidad, toda vez que no existe una sola prueba que comprometa la conducta de QUIROGA CONTRERAS SERGIO EDUARDO, en hecho delictivo alguno, es el carácter preparatorio de la prueba que facilita la efectividad del derecho de controversia, que tradicionalmente se ha entendido como la facultad que tiene los sujetos procesales de interrogar y contrainterrogar pero que, hoy por hoy, es necesario entenderlo de manera amplia, haciéndose hincapié en que la que la contradicción va mucho más allá, pues se concreta también en la facultad que tienen los sujetos de conocer la fuente misma de la prueba (porque no solamente ha de contro–vertise (sic) el medio probatorio sino también su origen) y las valoraciones que de la misma haga los sujetos procesales y los funcionarios judiciales, donde no existe un solo elemento de convicción que pueda controvertirse que demuestre la culpabilidad alguna por parte de QUIROGA CONTRERAS SERGIO EDUARDO.
Como se desprende de los elementos de Convicción presentada por la representación (sic) Fiscal, existe una violación grave al ordenamiento Constitucional, en lo atinente al Derecho a la Defensa y el Derecho a ser oído, al Principio de la Legalidad, por cuanto no se reúnen los requisitos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, no indica con que elementos probatorios se va a demostrar la conducta de (sic) en los delitos delito (sic) de Corrupción Propia, artículo 66, Extorsión previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley contra La Extorsión y Secuestro, Asociación para delinquir, artículo 13 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, y los cuales son las pruebas que comprometen la conducta de cada uno de los Justiciables de Autos.
El caso sub examine, se verifica una (sic) gravamen irreparable por parte del Juez de Control de acuerdo que uno de los principios rectores en materia adjetiva penal, es el principio de la legalidad de las formas procesales, según el cual los actos del proceso deben practicarse de acuerdo con las formas consagradas en el ordenamiento jurídico, para producir los efectos que le atribuye la ley, los derechos a la defensa, al debido proceso, el derecho a ser oído, fueron establecidos por el Constituyente como garantías para proteger los derecho humanos de los investigados, que en el desarrollo de un proceso penal tiene como postulado esencial para su ejercicio, el acceso por parte del imputado a las pruebas que obran en su contra, por cuanto el delito penal es intuito personae, por lo que no puede pretender el Juez de Control sacar pruebas que encuadre la conducta de mi defendido en los injustos de hechos del Acta de Aprehensión de los encartados de autos, que no fueron detenidos en flagrante delito, no existía una denuncia previa interpuesta por el ciudadano MARIO SILVA, sin embargo de las declaraciones del Sub-Comisario JUAN BECERRA, cabría preguntar que Tribunal ordenó a petición de la Fiscalía del Ministerio Público, Medida de Protección d favor de Mario Silva, fuera de la Jurisdicción de la Policía de Caracas, y la utilización de dieciséis funcionarios, y una unidad patrullera de la Policía del Municipio Libertador, siendo el ciudadano MARIO SILVA un productor independiente, y el mismo no es funcionario gubernamental. Entonces cabe preguntar quien realmente ha cometido un hecho punible.
…Omissis…
Por lo anteriormente expuesto, donde se evidencia un gravamen irreparable en la decisión del Tribunal Décimo de Primera Instancia en Función de Control de este Circuito Judicial Penal, solicitamos muy respetuosamente de La Sala de Apelaciones que va a conocer del presente Recurso de Apelación, que sea declarado con lugar y Decrete La Nulidad todo el Procedimiento la Inmediata Libertad que QUIROGA CONTRERAS SERGIO EDUARDO, con la finalidad de brindar Protección Constitucional, de los derecho de Una Justicia Transparente, que conlleva por imperio normativo el debido Proceso, el derecho a ser oído y el principio de la legalidad. O en su defecto se acuerde una Medida Sustitutiva de Privación de Libertad a favor de mi defendido.
CAPITULO (sic) CUARTO
De acuerdo a lo que dispone los cardinales (sic) 5 (sic) del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, apelamos de la decisión, por cuanto la jueza de Control causo un gravamen irreparable con su decisión, cuando admitió una Precalificación que fue realizada con una violación flagrante y grosera del derecho al debido proceso, La (sic) transparencia de la Justicia, al Principio de Legalidad, toda vez que cuando el Juez de la Recurrida admite la precalificación fiscal por delito Corrupción Propia, artículo 66, Extorsión previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley contra La Extorsión y Secuestro, Asociación para delinquir, artículo 13 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, en contra de los encartados de autos, sin existir un solo elemento de convicción que comprometa su conducta en los injustos penales precalificados.
Es el caso, Ciudadanos Magistrados, que habrán de conocer de este Recurso de Apelación de Autos, que después haber analizado la decisión decretada por el Tribunal de la causa, se observa en el primer pronunciamiento que el Juzgador, se acogió a la solicitud del Ministerio Público y de la Defensa, como fue helecho de aceptar que la presente causa se ventilara por la vía del Procedimiento Ordinario; estimando el Tribunal, que faltaban diligencia que practicar, lo que nos viene a indicar que en el presente caso no existes fundados elementos reconvicción para estimar que el imputado de autos no existes (sic) fundados elementos de convicción para estimar que el imputado de autos ha sido el autor o participé en la comisión de los hechos punibles que se le imputan, de donde se infiere que en la presente decisión se han violentado normas de carácter Constitucional y Procesal, tal como lo establece nuestra Carta Magna en el contenido del artículo 44 ordinal (sic) 1° y 8° (sic) del Código Orgánico Procesal Penal, que mi defendido jamás fue detenido cometiendo flagrante delito, que como se evidencia fue un procedimiento ordenado por una Autoridad Usurpada e Ineficaz, como el Sub-Comisario Juan Becerra, no existiendo flagrancia, es más aún no existe una denuncia interpuesta ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, ni orden de Apertura por parte del Ministerio Público, es tanto el estado de Indefensión que se somete a mi defendido, que se le imputa los delito (sic) d (sic) de Corrupción Propia, artículo 66, Extorsión previsto y sancionado en el artículo 16 de la Corrupción contra La Extorsión y Secuestro, Asociación para delinquir, artículo 13 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, sin que se desprende de auto, un solo elemento de convicción procesal, (sic)
Es relevante para la defensa destacar en el presente caso, que en relación a la presunta comisión del (sic) los Delitos precalificados, no existe en autos ningún elemento probatorio que pudiera hacer presumir por parte de mi defendido, que haya realizado alguna acción típica para podérsele atribuir los delitos precalificados, esto es, no consta en autos, ninguna hipótesis alternativa de acción a saber, es decir la configuración de los supuestos de hecho por parte de mi defendido, pero la defensa insiste que se analice las actas para determinar quien realmente cometió hecho punible alguno, es que acaso de las actas no se desprende el Abuso de Autoridad, La Usurpación de Funciones, El peculado de uso propio e impropio de bienes del Municipio, como operador de justicia habría que determinar en su contexto las Actas procesales.
Es importante destacar que para la aplicación de las circunstancias de la Ley Contra la Corrupción, de la Ley Contra La Delincuencia Organizada, y la Ley Contra el Secuestro y La Extorsión, (sic)
Igualmente en la presente causa, se le está violando también a su vez al imputado el contenido del artículo 49 ordinal (sic) 2° (sic) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el contenido del artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal, correspondientes a la Presunción de Inocencia, ya que esta (sic) demostrado en autos que la conducta desplegada por nuestro defendido, no se puede subsumir dentro del tipo penal precalificado, además no existen testigos presénciales ni referenciales que señalen a mi defendido como responsable del presunto hecho.
Igualmente se observa en el contenido del pronunciamiento, que el Tribunal de la causa, en el acto de la Audiencias de la presentación del Imputado, no realizó una relación clara, precisa y circunstanciada, de los motivos que llevaron que llevaron al Tribunal a decretar la medida privativa de la libertad en contra de mi defendido.
De igual forma se aprecia que el Tribunal, no fundamento (sic) los numerales a que hace referencia el contenido del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es, no consta a los autos fundados elementos de convicción para estimar que mi defendido, se encuentra incurso en esos hechos, ya que el Tribunal a quo, no dejo sentado en su decisión cual fue el pretendido grado de participación de mi defendido en esos hechos.
Además no acreditó la presunción razonable, por la apreciación de las circunstancia del caso particular, de Peligro de Fuga o de Obstaculización en la búsqueda de la verdad y en lo que corresponde al contenido del articulo (sic) 254 ordinal (sic) 3° (sic), el Tribunal no indicó las razones por la cuales estimó que concurren en el caso los presupuestos a que se refieren los artículos 251 y 252, tal como lo preceptúa el contenido del numeral antes acotado.
En lo referente al contenido del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, que nos preceptúa el Peligro de Fuga; sobre el particular debo de sostener que el Imputado de autos, se nos presenta con arraigo en el país demostrando por su domicilio, tiene un hogar constituido y tiene una familia estable, y no posee bienes de fortuna que pueda presumirse que pueda arraigarse en otro país, por cuanto no tiene facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto y en relación con pena que podría llegarse a imponer en presente caso, se observa que los delitos imputados a mi defendido no establecen una pena depresión igual o superior a diez años, tal como lo preceptúa el parágrafo primero del articulo (sic) del Código Orgánico Procesal Penal, lo que nos viene a indicar que en la presente causa no se presume el Peligro de fuga (sic) y al no presumirse el peligro de fuga mal puede el Tribunal A quo, decretar medida Privativa de la Libertad.
Por otra parte también se observa en el presente caso, que no existe una gravedad en la presunta comisión del hecho punible, ya que, no existen suficientes elementos de convicción para estimar que mi defendido, no es autor responsable de los hechos imputados por la Fiscalía.
Finalmente debo destacar que MI (sic) defendido, no presenta antecedentes penales por otro proceso anterior y está dispuesto a someterse a la persecución del proceso penal y a las condiciones que tenga a bien imponerle el Tribunal.
…Omissis…
En vista de lo anterior, es necesario establecer qué actuaciones constituyen delito y así es que llegamos a analizar uno de los elementos del delito como es la tipicidad, que implica una relación de adecuación de una acto de la vida real y un tipo penal, entendiendo como tipo penal la adecuación de esos hechos de la vida real a los preceptos penales previamente establecidos. En este sentido solicitamos de la Corte de Apelaciones que va a conocer de la presente Apelación, que sea declarada con lugar, la presente denuncia, y ordenada la inmediata libertad de nuestro defendido por cuanto no se dan los presupuesto (sic) del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, para encuadrar la conducta de mi defendido QUIROGA CONTRERAS SERGIO EDUARDO, en los delitos que se imputan, habida cuenta que el acta policial señala que en la orden fue emanada del Sub-Comisario JUAN BECERRA, sin existir orden de apertura o denuncia alguna, ni procedimiento flagrante, por cuanto no se dan los extremos legales de la Precalificación solicitada por el representante de la vindicta pública.

CAPITULO (sic) QUINTO
De acuerdo a lo que dispone los cardinal (sic) 5° (sic) del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, Apelamos por cuanto el juez (sic) Control causa un gravamen irreparable con su decisión, cuando decreta una Medida de (sic) Cautelar de Privación de Libertad, a mi defendido, sin existir un solo elemento de convicción que comprometa la conducta de QUIROGA CONTRERAS SERGIO EDUARDO, en los hechos que se imputa.
Como se evidencia la Jueza de Control causa un gravamen irreparable que solo puede ser reparado a través de una Medida Sustitutiva de Privación de Libertad, a los fines de garantizar la (sic) una “Tutela Judicial Efectiva”, dictando una Medida Sustitutiva de Privación Libertad contemplada en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto mi defendido no posee antecedentes penales, toda vez que a pesar de no acreditarse en autos los mismos, en base al principio presunción de inocencia la carga de la prueba la tiene la fiscalía, y al no promover antecedentes penales alguno se evidencia que mi defendido no sostiene, posee arraigo