REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.
Valencia, 21 de Mayo de 2010
200° y 151°

DEMANDANTE: EDALPE CONSTRUCCIONES C.A.
DEMANDADA: TRANSGAR ALMACÉN GENERAL DE DEPOSITO
MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA
EXPEDIENTE N°: 22.067

Revisadas como han sido las actas del presente expediente, se evidencia que la misma versa sobre un CUMPLIMIENTO DE CONTRATO intentada por la sociedad de comercio EDALPE CONSTRUCCIONES C.A., empresa domiciliada en Puerto Cabello, registrada ante el Registro Mercantil Tercero del Estado Carabobo, en fecha 15 de noviembre de 2004, bajo el Nro. 13, tomo 263-A, representada por el abogado VÍCTOR SCOCOZZA PIÑANGO, contra la sociedad de comercio TRANSGAR ALMACÉN GENERAL DE DEPOSITO C.A., y por cuanto se evidencia del folio 131 del presente expediente, que la demandada TRANSGAR ALMACÉN GENERAL DE DEPOSITO C.A., al momento de darse por citada (17 de diciembre de 2009), manifestó al Tribunal que la referida empresa se encuentra bajo el Régimen de Administración Especial, otorgado por la OFICINA NACIONAL ANTIDROGAS (ONA), a la sociedad de comercio VENEZOLANA DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES C.A. VEXIMCA C.A., empresa constituida netamente con patrimonio del Estado Venezolano, adscrita a la VICE PRESIDENCIA EJECUTIVA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, y que se encuentren involucrados intereses de la Republica, ya que sobre la referida empresa (TRANSGAR ALMACÉN GENERAL DE DEPOSITO C.A.), existe una medida de Aseguramiento de Bienes Muebles e Inmuebles, dictada en fecha 14 de noviembre de 2008, por el Tribunal 4º Penal en funciones de Control del Estado Carabobo.
En este sentido, y atendiendo a que en el presente caso debe dilucidarse a qué tribunal (civil o contencioso-administrativo) le corresponde decidir la presente controversia, se observa que en decisión, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia conjunta de fecha 02 de septiembre de 2004, Exp. Nº 2004-0848, determinó, con carácter vinculante, el nuevo régimen de competencia respecto de las pretensiones ordinarias civiles o mercantiles incoadas contra los Estados, los Municipios o empresas en las cuales el estado tenga participación decisiva, expresó la sala en su decisión:

“Ahora bien, por cuanto esta Sala es la cúspide y rectora de la jurisdicción contencioso administrativo, a los fines de delimitar las competencias que tendrán los tribunales que conforman dicha jurisdicción para conocer de las acciones como la presente, que se interpongan contra las personas jurídicas que se indican en el numeral 24 del artículo 5 de la Ley que rige a este Máximo Tribunal, y cuya cuantía sea inferior a setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.), pasa a determinar dicha competencia en la siguiente forma:
1. Los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo Regionales, conocerán de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados, o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía no excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T), que actualmente equivale a la cantidad de doscientos cuarenta y siete millones de bolívares con cero céntimos (Bs. 247.000.000,00), ya que la unidad tributaria equivale para la presente fecha a la cantidad de veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 24.700,00), si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal.
2. Las Cortes de lo Contencioso Administrativo con sede en Caracas, conocerán de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados, o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T), que actualmente equivale a la cantidad de doscientos cuarenta y siete millones de bolívares con cero céntimos (Bs. 247.000.000,00), hasta setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.), la cual equivale a la cantidad de un mil setecientos veintinueve millones veinticuatro mil setecientos bolívares con cero céntimos (Bs. 1.729.024.700,oo), por cuanto la unidad tributaria equivale para la presente fecha a la cantidad de veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 24.700,00), si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal.
3. La Sala Político-Administrativa, conocerá de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados, o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía excede de setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.), lo que equivale actualmente a un mil setecientos veintinueve millones veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 1.729.024.700,oo), ya que la unidad tributaria equivale para la presente fecha a la cantidad de veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 24.700,oo), si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal.
Finalmente, esta Sala reproduce en los mismos términos las consideraciones anteriores, en lo referente a cuales tribunales dentro de la jurisdicción contencioso administrativo conocerán de las acciones a que alude el numeral 25 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, cuando su cuantía no exceda de las setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.). Así se decide.
Se ordena la publicación del texto íntegro del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyo sumario se expresará:
“Sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia que fija las competencias de los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo y de las Cortes de lo Contencioso Administrativo en lo referente a las acciones previstas en los numerales 24 y 25 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela”.

En estricto acatamiento del contenido de la sentencia transcrita, y al ser la demandada en la presente causa TRANSGAR ALMACÉN GENERAL DE DEPOSITO C.A., quien en la actualidad se encuentra bajo el Régimen de Administración Especial, otorgado por la OFICINA NACIONAL ANTIDROGAS (ONA), a la sociedad de comercio VENEZOLANA DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES C.A. VEXIMCA C.A., empresa constituida netamente con patrimonio del Estado Venezolano, adscrita a la VICE PRESIDENCIA EJECUTIVA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, y como quiera que la cuantía fue fijada por el demandante en DOSCIENTAS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA UNIDADES TRIBUTARIAS (215.250 UT), es por lo que este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, no tiene competencia atribuida para tramitar y decidir el presente juicio, y así se declara.
En consecuencia, y en aplicación de lo previsto en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil; el cual establece que la Incompetencia por la materia se declarará aun de oficio en cualquier estado o instancia del proceso, y en acatamiento a la sentencia con carácter vinculante, dictada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia conjunta de fecha 02 de septiembre de 2004, Exp. Nº 2004-0848, resulta competente para tramitar y decidir la presente causa, la Sala Político-Administrativa, del Tribunal Supremo de Justicia, con sede en la ciudad de Caracas.
Por las razones de hecho y de derecho, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley se declara INCOMPETENTE, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, para decidir la presente causa y en consecuencia, declina la competencia para que conozca de la misma, en la Sala Político-Administrativa, del Tribunal Supremo de Justicia, con sede en la ciudad de Caracas, a quien se remitirá el expediente en la oportunidad de Ley.
Publíquese, déjese copia y remítase en su oportunidad.
La Juez Provisorio,

Abog. OMAIRA ESCALONA,
La Secretaria,

Abog. NANCY MOLINA,

En la misma fecha se publicó la anterior decisión siendo las 10:05 minutos de la mañana.-
La Secretaria,




OE/Aurelia.
Exp. Nro. 22.067