LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:
EL JUZGADO SUPERIOR CUARTO DEL TRABAJO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
ASUNTO: VP01-R-2010-000529
Maracaibo, Lunes quince (15) de Noviembre de 2010
200º y 151º


Mediante Oficio Nº T6PJ-2010-3413, del 05 de Noviembre de 2010, el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Juicio para el Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Circuito judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, remitió a los Juzgados Superiores, el expediente contentivo de la ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por los ciudadanos JUAN ARIZA, LUIS ZAMBRANO, ANA ABREU, HEROI CANO, LEIDA QUIROZ, JACK SUESCUN, YONDERVI GIL y MARTIN LABARCA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. 9.788.328, 10.409.092, 19.098.483, 11.215.027, 11.259.923, 17.292.524, 19.458.224, 9.785.186, respectivamente, con domicilio en el Municipio Maracaibo, Estado Zulia, trabajadores al servicio de la Empresa BLINDADOS DEL ZULIA OCCIDENTE, C.A (BLINZOCA); igualmente los ciudadanos YONNER ALBORNOZ y NORAIMA VALERA; venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de Identidad Nos. 16.303.949 y 5.792.549, respectivamente, trabajadores al servicio de la sociedad mercantil DOCUMENTOS MERCANTILES S.A. (DOMESA), y los ciudadanos JOSE UZCATEGUI, WILLIAM MARTINEZ, MANUEL REYES y JORGE MAS Y RUBI, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. 7.608.994, 10.412.920, 12.218.921 y 12.550.156, respectivamente, de este domicilio, actuando en su propio nombre y en representación del SINDICATO PROFESIONAL DE TRABAJADORES DE VIGILANCIA, TRASLADO DE VALORES, AFINES Y CONEXOS DEL ESTADO ZULIA (SINPROTRAVIZU), en contra de la Negativa de ADHESIÓN a la DISCUSIÓN del Proyecto de Convención Colectiva signado con el expediente Administrativo No. 082-2010-04-00013, contenida en el Acto Administrativo de fecha 20 de Octubre de 2010 dictado por la DIRECTORA DE INSPECTORIA NACIONAL y OTROS ASUNTOS COLECTIVOS DE TRABAJO DEL SECTOR PRIVADO; con fundamento en lo establecido en los artículos 2 y 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con los artículos 25, 26, 27 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; todo, con motivo de la decisión dictada el 01 de noviembre de 2010, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Juicio para el Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Circuito judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, que declaró SU INADMISIBILIDAD.

Dicha remisión obedece a la apelación interpuesta, tempestivamente, el 04 de Noviembre de 2010, por los accionantes, a través de sus apoderados judiciales; por lo que, el 05 de noviembre de 2010, se remitió para su distribución el presente expediente ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, correspondiéndole conocer a este Juzgado Superior Cuarto, quien le dio entrada por auto de fecha 05-11-2010, para resolver conforme lo dispone el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Realizado el estudio correspondiente, se pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:
I
ANTECEDENTES:

Del escrito presentado por los accionantes y de los recaudos contenidos en el expediente, se desprende que el día 29 de octubre de 2010 la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial Laboral, recibió escrito contentivo de Acción de Amparo Constitucional, intentado por los ciudadanos y Sindicato antes identificados, en contra de la Negativa de Adhesión a la Discusión del Proyecto de Convención Colectiva N° 082-2010-04-00013, contenida en el Acto Administrativo del 20 de octubre de 2010 dictado por la Directora de Inspectoria Nacional y Otros Asuntos Colectivos de Trabajo del Sector Privado; siendo distribuida la causa entre los Juzgados de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, correspondiéndole conocer en fecha 01 de noviembre de 2010 al Juzgado Sexto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, signado bajo la nomenclatura VP01-O-2010-000033.

Seguidamente en fecha 01 de noviembre de 2010 los ciudadanos accionantes Juan Ariza, Heroi Cano, Leyda Quiroz y Noraima Valera, debidamente asistidos por la abogada en ejercicio CAROLINA REYES, consignaron diligencia mediante la cual se adhirieron a la Acción de Amparo Constitucional interpuesta en sede jurisdiccional; y en esa misma fecha el ciudadano MANUEL REYES, actuando en representación del SINDICATO PROFESIONAL DE TRABAAJDORES DE VIGILANCIA, TRASLADO DE VALORES, AFINES Y CONEXOS DEL ESTADO ZULIA SINPROTRAVIZU), debidamente asistido por la abogada en ejercicio CAROLINA REYES, a través de diligencia consignó constante de (01) folio anexo marcado con la letra “F”. Y en fecha 03 de noviembre de 2010 el Juzgado de la causa, dictó y publicó sentencia declarando Inadmisible la presente Acción de Amparo Constitucional. La parte accionante, ejerció tempestivamente Recurso de Apelación, correspondiéndole conocer –como se dijo- a este Juzgado Superior Cuarto del Trabajo.

II
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO:

Señalan los accionantes que interpusieron la presente Acción de Amparo Constitucional, en virtud de la negativa de Adhesión a la discusión del Proyecto de Convención Colectiva signado con el Expediente N° 082-2010-04-00013, contenida en el Acto Administrativo de fecha 20 de octubre de 2010 dictado por la Directora de Inspectoria Nacional y Otros Asuntos Colectivos de Trabajo del sector privado, el cual fuera notificado a la organización sindical SINPROTRAVIZU el 21 de octubre de 2010, en la sede de la empresa Blindados Zulia Occidente, C.A. (BLINZUOCA). Que en fecha 20 de octubre de 2010, la ciudadana Directora de Inspectoria Nacional y Otros Asuntos Colectivos de Trabajo del Sector Privado, a través de un acto administrativo negó la solicitud presentada por la Organización Sindical SINPROTRAVIZU, en fecha 19 de octubre de 2010, mediante la cual Desistió del Proyecto de Convención Colectiva identificado con la nomenclatura Nº 082-2010-04-00016 y declaró su decisión de adherirse a la discusión del Proyecto de Convención Colectiva signado con el Nº 082-2010-04-00013, cuya solicitud se formuló de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, y ejerciendo el derecho constitucional y legal de elegir el proyecto de Convención Colectiva, y de cuál será el que en definitiva se someta a la consideración de las empresas involucradas. Que pese a que manifestaron su decisión de adherirse a la discusión del Proyecto de Convención Colectiva N° 082-2010-04-00013 se les negó el derecho a participar en la Negociación Colectiva que se propone, siendo ésta una práctica sindical prevista en el literal “b”, del artículo 217 del Reglamento de la ley Orgánica del Trabajo, la cual los motiva para solicitar la restitución inmediata de la situación jurídica infringida, de conformidad con el artículo 15 ejusdem. Que la conducta de la Directora de la Inspectoria Nacional y Otros Asuntos Colectivos de Trabajo del sector privado, al negar el derecho a la libertad sindical, que corresponde a la organización sindical como trabajadores de la citada empresa, y por tanto al negar lo que constituye un derecho humano básico de organizarse colectivamente para negociar condiciones de trabajo es discriminatoria y atenta contra los derechos y principios constitucionales previstos en los Artículos 7°, 21°, 49°, 51, 52, 89, 96, 118, 132, 137, 141 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde tienen el inobjetable derecho de participar en las negociaciones de un proyecto de Convención Colectiva y deben estar representados en esas contrataciones, por quienes tienen esa legítima cualidad. Que además de ser víctimas de un práctica o conducta antisindical, por parte de La Directora del mencionado Órgano Administrativo, se les ha menoscabado el derecho humano y constitucional, de igualdad y no discriminación, consagrado en la Constitución en su artículo 21, debido a que, encontrándose en el mismo proceso de negociación colectiva, a otras organizaciones sindicales se les permitió la adhesión al proyecto presentado, Expediente Nº 082-2010-04-00013, mientras que ellos recibían una respuesta negativa en todos los sentidos. Que la más clara manifestación adicional que la grosera violación del derecho a la tutela sindical y a uno de sus contenidos esenciales, como lo es la negociación colectiva queda patentizada cuando el proyecto de Convención Colectiva de Trabajo al que quieren adherirse, fue presentado inicialmente en fecha 24 de marzo de 2010 por ante la misma Dirección de Inspectoria Nacional del Sector Privado, sólo con el apoyo de un grupo de trabajadores afiliados a la Organización Sindical SINDICATO BOLIVARIANO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PAN AMERICANO, C.A. AFINES Y CONEXOS (SINNBOLTRASERPAPRO). Que a dicho proyecto de Convención Colectiva de Trabajo se adhirieron con posterioridad los trabajadores afiliados a las organizaciones sindicales SINDICATO UNIÓN DE TRABAJADORES DE EMPRESAS DE PROTECCIÓN Y TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y VALORES DEL ESTADO CARABOBO (SINTRAPRODOVALCA); EL SINDICATO UNICO BOLIVARIANO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE TRANSPORTE, TRASLADO DE VALORES, CUSTODIA, DE RESGUARDO Y SEGURIDAD DE BIENES, DE CORREOS, DE DOCUMENTOS MERCANTILES, DE VIGILANCIA, PÚBLICOS Y PRIVADOS, AFINES, DERIVADOS Y CONEXOS DEL ESTADO LARA (SINBOTRARESGUARDO) Y EL SINDICATO UNICO SOCIALISTA Y CLASISTA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DOCUMENTOS MERCANTILES S.A. ( DOMESA) DEL ESTADO ARAGUA (SUSCTRADOMESA), caso en el cual la agraviante no impuso ninguna limitación, condición, requisito u obstáculo para ejercitar el derecho a la negociación colectiva, como sí está haciéndolo ahora con los trabajadores y organización sindical que hacen vida en la jurisdicción del Estado Zulia. Que no existe razón legal alguna, que justifique que se les impida el ejercicio de sus derechos, los cuales no sólo están sujetos a la tutela por parte de los órganos jurisdiccionales por aplicación directa de las disposiciones constitucionales, sino que también están receptadas en Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, normas de origen internacional que fueron ratificadas por el Poder Legislativo Venezolano y que forma parte del derecho interno. Que tienen el derecho de solicitar al Estado, se restablezca y repare la situación jurídica lesionada por error judicial de la referida ciudadana Directora de Inspectoria Nacional y Otros Asuntos Colectivos de Trabajo del sector privado. Que no han obtenido una respuesta oportuna a las solicitudes, y menos aún una adecuada respuesta, ya que a otras organizaciones sindicales se les permitió la adhesión al proyecto presentado en el expediente N. 082-2010-04-00013, pero no a ellos. Que el SINDICATO UNIÓN DE TRABAJADORES DE EMPRESAS DE PROTECCIÓN Y TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y VALORES DEL ESTADO CARABOBO (SINTRAPRODOVALCA), el 25 de marzo de 2010 solicitó su adhesión al Proyecto de Convención Colectiva signado con el No. de expediente 082-2010-04-00013, y le fue autorizado por la Dirección del Trabajo en fecha 08 de abril de 2010, mientras que el SINDICATO UNICO SOCIALISTA Y CLASISTA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DOCUMENTOS MERCANTILES S.A., DOMESA DEL ESTADO ARAGUA (SUSCTRADOMESA), el 08 de julio de 2010, solicitó la Adhesión a ese mismo expediente No. 082-2010-04-00013, que también fue acordada por esta misma Dirección del Trabajo. Que en franca contradicción con el ordenamiento jurídico, tendríamos que entender el agravio del que han sido victima mediante la negativa del desistimiento y de la solicitud de adhesión, que lo que hasta el 08 de julio de 2010, era una potestad de la Inspectoria Nacional del Trabajo, ya no lo es. Que la materialización del agravio que se configura en ese auto del 20 de octubre de 2010, es de tal magnitud, que el derecho para participar en las negociaciones de ese proyecto de Convención Colectiva, va a depender de un Sindicato local, con jurisdicción extra-territorial, porque está establecido en otro Estado, distinto al Estado Zulia, y que legalmente no tiene capacidad funcional en el Estado, al corresponder otra Jurisdicción, que ni los trabajadores del Estado Zulia, ni los restantes afiliados al sindicato, pueden ser representados legalmente, por ese otro u otros Sindicatos de una Jurisdicción distinta, a menos que se trate de organizaciones de igual ámbito territorial, o regionales o nacionales. Que se pretende que los agremiados y apoyantes renuncien a su derecho legítimo de estar representados en las negociaciones del Proyecto de Convención Colectiva que deberá ser discutido con las empresas convocadas, muy a pesar que son la única organización sindical con trabajadores afiliados en el ámbito de la jurisdicción local, región Zulia, que se está promoviendo contra las Empresas convocadas para tal fin, quienes quieren y tiene el legítimo derecho de participar en esas negociaciones, como la Convención Colectiva vigente 2007-2010, conjuntamente con otras organizaciones sindicales cada una representando a los trabajadores de determinadas entidades federales y empresas del grupo, que han sido identificados en este Referéndum Sindical bajo la denominación de Bloque Sindical. Que al proyecto presentado por la coalición denominado Bloque Sindical, se sumó otro proyecto de Convención Colectiva, coalición que se denomina Unión Sindical. Que se dificulta entender el problema de representatividad que diseñó la Directora de Inspectoría Nacional y Otros Asuntos Colectivos de Trabajo del Sector Privado, cuando lo que debía definirse es cual proyecto, de dos que habían sido presentados, debía ser discutido, pero con la presencia de todas las organizaciones sindicales, pues cada una de ellas representan a los trabajadores de una empresa y de un Estado. Que una coalición sindical es una unión temporal y transitoria, cuya existencia se vincula estrictamente con reivindicaciones concretas, constituyendo una de las formas más primitivas de acción de los trabajadores y de empleadores en defensa de sus intereses. Que no existía ni existe a la fecha un problema de fragmentación de organizaciones sindicales pertenecientes a un mismo espacio productivo, de modo que no existen problemas de paralelismo sindical en la jurisdicción del Estado Zulia, que pudieran justificar la consulta refrendaria que propuso la ciudadana Directora del Trabajo, pues no hay conflicto intersindical alguno entre dos organizaciones sindicales con ámbito de actuación en nuestra región. Por lo que al ser objeto de tales agravios, solicitan al Estado restablezca y repare la situación jurídica lesionada por el grave error en que incurrió la referida Directora de la Inspectoria Nacional y Otros Asuntos Colectivos de Trabajo del Sector Privado del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social. Que se lesiona el derecho de todos los trabajadores de participar en la negociación colectiva y se desconoce el derecho de los mismos a participar en asociaciones de carácter social y participativo, es decir, que los trabajadores de BLINZOCA y DOMESA de Maracaibo y Ciudad Ojeda, tienen que ser representados por las organizaciones sindicales cuyo ámbito de actuación se circunscribe exclusivamente al Área Metropolitana de Caracas y a los Estados Aragua, Carabobo y Lara; todo esto porque a la ciudadana Directora de Inspectoria Nacional se le ocurrió que había un problema de representatividad que debía ser resuelto mediante una consulta refrendaria, cuando lo único que estaba en discusión era determinar cuál Proyecto de Convención Colectiva debía ser discutido entre los dos (2) que fueron presentados ante su Despacho por ambas coaliciones sindicales. Que la discusión del referido proyecto debía realizarse con el grupo de empresas SERPAPROCA y sus empresas filiales TRANEX, BLINCOSA, BLINDORSA, BLINZOCA, BLINPASA y DOMESA, pero respetando el apoyo que los trabajadores habían dado a cada una de las organizaciones donde estaban afiliados o que en definitiva, a su libre albedrío habían decidido apoyar en el ámbito de la jurisdicción local. Que ninguna de las organizaciones que se propone discutir un Proyecto de Convención Colectiva con las referidas empresas tiene (cualquiera sea la coalición a la que pertenezcan) afiliados o apoyantes a nivel nacional, todas son organizaciones sindicales de ámbito local y sindicatos de empresa, que se trata de organizaciones sindicales de base u organizaciones sindicales locales, como las define el artículo 416 de la Ley Orgánica del Trabajo, aquellas cuyo ámbito de acción se circunscribe a determinada o única localidad y/o entidad federal, atendiendo a una clasificación geográfica. Que ninguna de las Organizaciones que se proponen negociar ese Proyecto de Convención con las referidas empresas tienen afiliados o apoyantes a nivel nacional, pues todas son Organizaciones de Ámbito Local y Sindicatos de Empresa “SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCIÓN C.A.”Que la conducta de la ciudadana Directora de la Inspectoria Nacional y Otros Asuntos Colectivos de Trabajo del Sector Privado, violentó los principios en que se fundamentan las actuaciones de la Administración Pública y el Derecho de los ciudadanos, para estar informados verazmente sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados y para conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Que como antecedentes del caso, se tiene que en fecha 24 de marzo de 2010, se dio la presentación del Proyecto de Convención Colectiva en la Inspectoria Nacional por la Unión Sindical, identificado con la nomenclatura N° 082-2010-04-00013, que está apoyado por las siguientes organizaciones sindicales: SERPAPRO, BLINPASA, BLINCOSA y DOMESA, con sus respectivos sindicatos; y en fecha 26 de marzo de 2010 se dio la presentación del Proyecto de Convención Colectiva en la Inspectoria Nacional por la Unión Sindical, identificado con la nomenclatura Nº 082-2010-04-00016, que está apoyado por las organizaciones sindicales: SERPAPRO y TRANEX, BLINCOSA, BLINZOCA, BLINPASA, BLINDORSA y DOMESA. Que el 13 de abril de 2010 representantes del Bloque Sindical presentaron un documento dirigido a la Directora de Inspectoria Nacional del Trabajo del Sector Privado solicitando la Convocatoria formal para la negociación de la nueva Convención Colectiva; que en fecha 23 de abril del mismo mes y año, representantes del bloque sindical, presentaron documento dirigido a la Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, solicitando audiencia para tratar asuntos relacionados con la nueva Convención Colectiva. Que el día 03 de mayo de 2010, representantes del Bloque Sindical, dieron inicio al proceso de recolección de firmas para que los trabajadores aprobaran los preacuerdos alcanzados entre ellos y la empresa, recolectándose aproximadamente un total de 2.500 firmas. Que el 17 de mayo de 2010, luego de varios intentos por tener una cita con la Directora de Inspectoria Nacional del Trabajo del Sector Privado, se logró una Audiencia en la que la titular del Órgano Administrativo señaló que se encontraba en proceso de revisión de la legalidad de las distintas Juntas Directivas de los Sindicatos que confirman el Bloque Sindical y la Unión Sindical. Que en fecha 25 de mayo se sostuvo una reunión entre la empresa y representantes de la Unión Sindical, con la intención de invitarlos a instalar la mesa de negociación con participación de ambas coaliciones sindicales y la empresa; sin embargo, los dirigentes de la Unión Sindical manifestaron su renuncia a reunirse antes que fueran convocados formalmente por la Inspectoria Nacional del Trabajo. Que en junio de 2010, la Inspectoria del Trabajo emanó oficios dirigidos a todas las organizaciones sindicales que aspiraban negociar la nueva Convención Colectiva de Trabajo de SERPAPROCA y sus filiales, para corregir temas de forma y fondo relacionados con la documentación acompañada al momento de la presentación de los proyectos de la convención colectiva de trabajo. Que el día 27 de julio de 2010, se produjo la instalación de la negociación del proyecto de Convención Colectiva de Trabajo de la Unión Sindical, que en ese mismo acto, la Empresa presentó escrito de excepciones y defensas que no han sido resueltas aún, posteriormente, y a pesar que la Inspectoria Nacional también convocó formalmente a la Empresa y al Bloque Sindical a la instalación de su mesa de negociación, intespectivamente, la Inspectoria Nacional suspendió la reunión y en fecha 12 de agosto de 2010, dictó resolución en el que ordenó la celebración de un referéndum sindical para determinar cuál de las 2 coaliciones sindicales cuenta con el respaldo mayoritario de los trabajadores para poder negociar la nueva Convención Colectiva de Trabajo. Que el 17 de septiembre de 2010, la Inspectoria del Trabajo convocó a las partes involucradas (coaliciones sindicales y empresa) y les presentó la propuesta de cronograma y preguntas para el referéndum sindical, la cual fue aceptada por las partes. Que en esa reunión, se depuró la nómina a fin de excluir a los trabajadores que ocupan puestos de confianza y/o dirección. Que en fecha 07 de octubre de 2010 se produjo la primera fase del proceso de consulta refrendaria, esta vez en la Jurisdicción del Área Metropolitana. Que en fecha 14 de octubre de 2010 se produjo la segunda fase del proceso de consulta refrendaria, en los Estados Aragua y Carabobo. Que en fecha 19 de octubre de 2010 el SIMPROTRAVIZU, presentó desistimiento por escrito el Proyecto contenido en el Expediente Nº 082-2010-04-00016, para adherirse al Proyecto de Convención Colectiva que riela al Expediente No. 082-2010-04-00013. Que el día 20 de octubre de 2010, la Directora de Inspectoria Nacional, dictó Resolución negando al Sindicato SINPROTRAVIZU, el Desistimiento a la consulta refrendaria y señalando que la adhesión es una potestad de la Unión Sindical y no de los trabajadores, ni del Ministerio para el Poder Popular, siendo este el acto que contiene el Agravio contra el cual se ejerce la presente Acción de Amparo. Que en fecha 21 de octubre de 2010 se produjo la tercera fase del proceso de consulta refrendaria, en la Jurisdicción del Estado Zulia, muy a pesar del desistimiento formulado a esa consulta y la adhesión que habían producido al Proyecto de Convención Colectiva contentiva en el expediente No. 082-2010-04-00013. Que es importante recalcar que la normativa constitucional violada no es una mera trasgresión, sino una significativa violación al debido proceso y a la legalidad de las competencias asignadas legalmente a los órganos que ejercen el poder público, esto, ya que la Directora de la Inspectoria Nacional asumió violando a todas luces la Constitución Nacional y demás leyes en la materia, funciones que no le están ni constitucionalmente ni legalmente asignadas a ella como órgano del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social. Que estos hechos constituyen una violación flagrante del derecho a la libertad sindical establecido en el artículo 112 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo que instituye el derecho de los trabajadores a organizarse en la forma que estimen conveniente y a ejercer la acción sindical sin más restricciones que las surgidas de la ley. Que el artículo 113 ejusdem, consagra el derecho a la libertad sindical en su esfera individual y colectiva, que comprende entre otros, el derecho a la negociación colectiva. Que la funcionaria agraviante se tomó la atribución de decidir por los trabajadores que se requería de un Referéndum Sindical, cuando cada sindicato representado en la mesa de negociación tiene bien definido su esfera de jurisdicción y de representatividad, queriendo constituir así, la Directora de Inspectoria Nacional y Otros Asuntos, un problema de representatividad que no existía para justificar su decisión de iniciar una consulta refrendaria, cuando ese no era el mecanismo idóneo para definir cuál de los proyectos presentados debía constituirse con el grupo de empresas convocadas. Que es fundamental hacer referencia en cuanto a la orden emitida por la Directora de Inspectoria Nacional, en fecha 12 de agosto de 2010, donde dicho auto reposa en los expedientes Nos. 082-2010-04-00013 y 082-2010-04-00016 según la nomenclatura de la Dirección de la Inspectoria Nacional, que se materializa causando el agravio, cuando pese a lo solicitado por la Organización Sindical SINPROTRAVIZU, el día 19 de octubre de 2010, de no participar en la consulta y de adherirse en representación de los trabajadores del Estado Zulia al Proyecto que estimara negociar la coalición de organizaciones sindicales representadas por la opción Nº 1 en el referéndum convocado, aún así insiste en celebrar la consulta en este Estado, jurisdicción en la que se configura y