JUEZ PONENTE: ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA
Expediente N° AP42-N-2008-000189

El 30 de abril de 2008, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, Oficio Nº 4.360-07 de fecha 2 de agosto de 2007, emanado del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Central, anexo al cual remitió el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, por los abogados Manuel Angarita y Juan Angulo Godoy, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 3.114 y 10.160, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil ARENERA LA MINA SECA C.A. (ARENAMINCA), inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 9 de noviembre de 1979, bajo el número 49, Tomo 182-A-Pro., contra los actos administrativos Nros. 04-05-02-05-0089 y 005 de fechas 9 de diciembre de 2005 y 12 de febrero de 2007, respectivamente, emanados de la Dirección General Estadal Ambiental del Estado Aragua del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE, mediante la cual, la primera de las nombradas, declaró la prohibición definitiva de toda actividad de extracción de material mineral no metálico, la prohibición temporal de la actividad de procesamiento de material mineral no metálico, ordenando a la referida sociedad mercantil presentar un plan de recuperación del área de explotación dentro de un plazo de treinta (30) días y exhortó a la Dirección de Permisiones, a la revisión del Oficio Autorizatorio Nº 01075 de fecha 13 de julio de 1987, emitido en ese entonces por la Dirección General de Administración del Ambiente, en el cual se le otorgó a la referida sociedad mercantil la realización de actividades inherentes al aprovechamiento de minerales no metálicos; y la segunda de las nombradas -005 de fecha 12 de febrero de 2007-, declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto contra la referida Providencia Administrativa Nº 04-05-02-05-0089 de fecha 9 de diciembre de 2005.
Dicha remisión se efectuó en virtud de la declinatoria de competencia realizada por el referido Juzgado Superior a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, mediante auto de fecha 26 de junio de 2007.
El 7 de mayo de 2008, se dio cuenta a la Corte y se designó ponente al Juez Alexis José Crespo Daza, a quien se ordenó pasar el expediente, a los efectos de que dictara la decisión correspondiente.
El 8 de mayo de 2008, se pasó el expediente al Juez ponente.
Mediante sentencia Nº 2008-1070, de fecha 16 de junio de 2008, esta Corte aceptó la competencia que le fuera declinada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Central, admitió el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, declaró improcedente la referida medida, y ordenó la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de que continuara con la tramitación de la causa.
Mediante auto de fecha 28 de julio de 2008, se ordenó pasar el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de dar cumplimiento a lo ordenado en la anterior decisión.
En la misma fecha se pasó el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, el cual fue recibido el mismo día, mes y año.
Mediante decisión de fecha 31 de julio de 2008, el Juzgado de Sustanciación de esta Corte ordenó la citación mediante Oficio de las ciudadanas Fiscal General de la República, Directora Estadal Ambiental del Estado Aragua, y Procuradora General de la República. Asimismo, se ordenó requerir a la ciudadana Directora Estadal Ambiental Aragua, copia certificada del expediente administrativo relacionado con el presente caso; a tal efecto, se comisionó al Juzgado Tercero de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry del Estado Aragua.
Igualmente, ordenó notificar mediante boleta, a la ciudadana Teotiste Rivas Madriz y a la Comunidad del Barrio “El Beisbol” del Municipio Santos Michelena del Estado Aragua, por cuanto podrían tener interés en el proceso. A tal efecto, visto que no consta en autos el domicilio procesal de los referidos sujetos, se ordenó efectuar la referida notificación mediante boleta fijada en la cartelera de ese Juzgado.
Asimismo, ordenó notificar a la parte recurrente mediante boleta, en la persona de sus apoderados judiciales, informándole que una vez constara en autos la última de las citaciones y notificaciones ordenadas, se expediría el cartel de emplazamiento a los terceros interesados.
Finalmente, ordenó librar al tercer (3er) día de despacho siguiente a que constara en autos la última de las notificaciones y citaciones ordenadas, el cartel de emplazamiento a los terceros interesados.
El 5 de agosto de 2008, se libraron los Oficios Nros. JS/CSCA-2008-842, JS/CSCA-2008-843, JS/CSCA-2008-844, JS/CSCA-2008-845, JS/CSCA-2008-846, dirigidos a los ciudadanos Fiscal General de la República, Procuradora General de la República, Directora Estadal Ambiental de Aragua, y Juez Tercero de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry del Estado Aragua, respectivamente. Asimismo se libraron las boletas dirigidas a la sociedad mercantil Arenera La Mina Seca, C.A., a la ciudadana Teotiste Rivas Madriz y a la Comunidad del Barrio “El Beisbol” del Municipio Santos Michelena del Estado Aragua.
El 5 de agosto de 2008, el Secretario del Juzgado de Sustanciación de esta Corte dejó constancia que en la misma fecha se fijó en la cartelera de ese tribunal la boleta librada a los fines de notificar del auto dictado por este Juzgado el 31 de julio del presente año, a la ciudadana Teotiste Rivas Madriz y a la Comunidad del Barrio “El Beisbol” del Municipio Santos Michelena del Estado Aragua.
El 13 de agosto de 2008, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Corte, dejó constancia de haber enviado a través de la valija oficial de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura el 12 de agosto de 2008, Oficio dirigido al ciudadano Juez Tercero de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry del Estado Aragua.
El 14 de agosto de 2008, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Corte consignó Boleta de notificación dirigida a la sociedad mercantil Arenera La Mina C.A. (ARENAMINCA), por cuanto fue imposible ubicar el domicilio de la referida sociedad.
EL 18 de septiembre de 2008, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Corte consignó Oficio dirigido a la ciudadana Fiscal General de la República, el cual fue recibido el 15 de agosto de 2008.
El 24 de septiembre de 2008, el Secretario del Juzgado de Sustanciación de esta Corte, dejó constancia que en esa fecha se retiró la boleta librada el 5 de agosto de 2008, a los fines de notificar a la ciudadana Teotiste Rivas Madriz y a la Comunidad del Barrio “El Beisbol” del Municipio Santos Michelena del Estado Aragua, al haber transcurrido diez (10) días de despacho desde su fijación en la referida cartelera.
El 21 de octubre de 2008, el Alguacil del referido Juzgado consignó Oficio de notificación dirigido a la Procuradora General de la República, el cual fue recibido en fecha 14 de octubre de 2008.
Mediante diligencia de fecha 25 de noviembre de 2008, el abogado Rommel Eduardo Roomers Ramírez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 124.246, actuando con el carácter de sustituto de la Procuradora General de la República, consignó poder que lo acredita como apoderado judicial de la República Bolivariana de Venezuela, el cual se ordenó agregar a los autos el 26 de noviembre de 2008.
El 10 de marzo de 2009, los abogados Manuel Angarita y Juan Angulo, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 3.114 y 10.160, respectivamente actuando con el carácter de apoderados judiciales de la Empresa Arenera La Mina Seca C.A., consignaron diligencia mediante la cual solicitaron a esta Corte información sobre las resultas de la comisión librada el 5 de agosto de 2008.
El 16 de junio de 2009, se recibió del Juzgado Segundo de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry del Estado Aragua, Oficio Nº 80-09, de fecha 10 de febrero de 2009, anexo al cual devolvió la comisión librada por esta Corte en fecha 5 de agosto de 2008, por estar fuera de su jurisdicción, la cual se ordenó agregar a los autos el 18 de junio de 2009.
Mediante auto del 18 de junio de 2009, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, ordenó comisionar al Juzgado de los Municipios Santiago Mariño y Libertador de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, a los fines que lleve a cabo la citación de la Directora Estadal Ambiental del Estado Aragua.
El 8 de julio de 2009, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Corte, dejó constancia de haber enviado a través de la valija oficial de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura el 1º de julio de 2009, Oficio dirigido al ciudadano Juez de los Municipios Santiago Mariño y Libertador de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua.
El 20 de octubre de 2009, se recibió del Juzgado de Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua, Oficio Nº 0629-09, de fecha 13 de agosto de 2009, anexo al cual remitió la comisión librada por esta Corte en fecha 18 de junio de 2009, la cual se ordenó agregar a los autos el día 21 del precitado mes y año.
El 26 de octubre de 2009, se dejó constancia de haberse librado el cartel de emplazamiento a los terceros interesados, en cumplimiento al auto de fecha 31 de julio de 2009.
El 16 de noviembre de 2009, el abogado Manuel Angarita, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte recurrente, consignó diligencia mediante la cual retiró el cartel de emplazamiento librado en fecha 26 de octubre de 2009.
En la misma fecha, se dejó constancia de la entrega del cartel de emplazamiento al abogado Manuel Angarita, el cual debía ser publicado en el diario “Últimas Noticias”.
Mediante diligencia de fecha 17 de noviembre de 2009, el apoderado judicial de la parte recurrente, consignó el cartel de emplazamiento, el cual fue publicado en el diario Últimas Noticias en la misma fecha.
El 18 de noviembre de 2009, vista la anterior diligencia, se ordenó agregar a los autos la página donde aparece publicado el referido cartel, a los fines legales pertinentes.
El 18 de enero de 2010, el Juzgado de Sustanciación de esta Corte se abocó al conocimiento de la presente causa en virtud de la designación de la ciudadana Mónica Leonor Zapata Fonseca, como Jueza Provisoria de ese Juzgado de Sustanciación. Asimismo, se advirtió que aquedaba abierto el lapso de tres (3) días de despacho a que se refiere el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo vencimiento se reanudaría la causa.
Mediante auto de fecha 28 de enero de 2010, el Juzgado de Sustanciación acordó devolver el presente expediente a este Órgano Jurisdiccional a los fines de la continuación de la causa, en virtud del vencimiento del lapso de promoción de pruebas en la presente causa sin que las partes hicieran uso de tal derecho.
El 28 de enero de 2010, se pasó el expediente a esta Corte, el cual fue recibido en la misma fecha.
Mediante auto de fecha 3 de febrero de 2010, se fijó el 3er día de despacho siguiente para que se diera inicio a la relación de la causa.
El 23 de febrero de 2010, visto que el 9 de febrero de 2010 se dio inicio a la relación de la causa, se fijó la oportunidad para que tuviera lugar el acto de informes en forma oral en fecha 7 de octubre de 2010.
Por auto de fecha 4 de agosto de 2010, de conformidad con la Cláusula Cuarta de las Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se revocó el auto anterior, y se concedieron cuarenta (40) días de despacho para que las partes presentaran sus informes por escrito.
El 2 de noviembre de 2010, la abogado Sorsiré Fonseca, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 66.228, actuando con el carácter de Fiscal del Ministerio Público ante las Cortes de lo Contencioso Administrativo, consignó escrito de opinión fiscal.
El 4 de noviembre de 2010, la representación judicial de la parte recurrente consignó escrito de informes.
El 9 de noviembre de 2010, el abogado José Ángel Estévez Oropeza, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el Nº 141.750, actuando con el carácter de sustituto de la Procuradora General de la República, consignó escrito de informes.
Mediante auto 18 de noviembre de 2010, se dijo “Vistos” en virtud de encontrarse vencido el lapso establecido en el auto de fecha 4 de agosto de 2010.
El 24 de noviembre de 2010, se pasó el expediente al Juez ponente.
Examinadas las actas procesales que conforman el presente expediente, pasa esta Corte a decidir previa las siguientes consideraciones:
I
DEL RECURSO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE NULIDAD EJERCIDO

Mediante escrito presentado el 31 de marzo de 2007, ante el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Central, los abogados Manuel Angarita y Juan Angulo Godoy, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil Arenera La Mina Seca C.A., ejercieron recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, con base en las siguientes razones de hecho y de derecho:
Señalaron, que “(…) la Dirección Estadal Ambiental Aragua (…) notificó en fecha 10/02/06 a nuestra representada de la prohibición definitiva para que la misma cesara toda actividad de extracción de material mineral no metálico, en el cauce de la quebrada Los Patos o Chorreron, ubicada en jurisdicción del Municipio Santos Michelena del Estado Aragua, así como la prohibición temporal de la actividad de procesamiento de mineral no metálico (…) hasta tanto no cumpliera con las medidas contempladas en el Oficio Nº 00771 de fecha 10-06-2004, donde se le otorgó un plazo de 30 días calendario, para la presentación de términos de referencia que permitiera la adecuación de los efluentes generados en la actividad de procesamiento de material mineral no metálico (…)”.
Agregaron, que “En fechas posteriores esa Dirección efectuó diversas inspecciones y nuestra representada a su vez intercambio (sic) comunicaciones señalando que la extracción se hizo dentro de los linderos contemplados en los planos aprobados por ese Ministerio, que no se ameritan obras de conservación, ni planes de recuperación, en vista de que aún no se ha llegado a los taludes definitivos o finales en sus márgenes, por cuanto el ancho autorizado es mucho mayor a lo intervenido (…)”.
Esgrimieron, que la actuación administrativa está viciada de ilegalidad al haber aplicado retroactivamente disposiciones actuales a las conocidas y aceptadas por su mandante en el momento que le fue otorgada la autorización, que con ello se violó lo dispuesto en los artículos 24, 25, 49 numerales 1 y 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referidos al derecho a la defensa, debido proceso y no ser sancionada por actos u omisiones no previstas como infracciones en leyes preexistentes.
Expusieron, que el 2 de marzo de 2006, interpusieron recurso de reconsideración donde su mandante señaló “(…) ‘Que las secciones transversales, de ancho variable entre 6 y 120 metros y la profundidad, fijada en los planos aprobados en su oportunidad aún no han sido alcanzadas con la extracción de arena, ya que desde hace varios años no se laboraba en esta parte de la quebrada Seca en jurisdicción del Estado Aragua, salvo a fines de marzo y principios de abril de 2005, cuando ordenaron paralizar los trabajos mediante boleta de citación de fecha 15/04/05, no obstante estar facultado y autorizado para la extracción de arena y nuestra representada se encontraba dedicada a la ejecución de saneamiento y canalización de la Quebrada Seca, Trapiche y los Araguatos’”.
Señalaron, que desde el 13 de julio de 1987, habían sido autorizados para llevar a cabo “(…) la realización de actividades inherentes al aprovechamiento de minerales no metálicos en el cauce de la Quebrada Seca, ubicada en el Fundo Loma de Los Pérez (…) estableciéndose igualmente que dicha autorización se concedía por el tiempo que durara la explotación a todo riesgo del interesado, dejando a salvo los derechos de terceros (…). Esta autorización ha subsistido en el devenir de los tiempos, cumpliendo nuestra representada fiel y exactamente las condiciones que se le establecieron y en consecuencia las nuevas interpretaciones que pretende dar la Dirección Estadal Ambiental Aragua, Coordinación de Vigilancia y Control Ambiental, adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, son ilegales de toda ilegalidad al tratar de establecer nuevas normas sin haberse incurrido en violación alguna de la autorización original (…)”.
Sostuvieron, que “Evidentemente existe una contradicción, un error de interpretación y un desconocimiento de los principios que rigen el derecho en sentido general, por cuanto las tales normas actuales en la materia de otorgamiento de permiso de extracción de minerales no metálicos, solo (sic) sería válida si a través de otro instrumento igual al emitido en 1987 (…) hubiese sido derogado por esa nueva normativa, todo ello en virtud del principio de que las Leyes solo (sic) se derogan por otras Leyes (…)”.
Adujeron, que se “(…) pretende obligar a nuestra representada a adecuarse a las normas actuales en abierta violación a lo establecido en el Oficio autorizatorio que es Ley entre las partes y al artículo 24 Constitucional (sic) (…) que los actos dictados por lo distintos órganos de la administración pública pueden ser modificados, pero la nueva interpretación no podrá aplicarse a situaciones anteriores, salvo que fueren más favorable a los administrados. En todo caso, la modificación de los criterios no dará derecho a la revisión de los actos definitivamente firmes”.
Denunciaron que los actos administrativos impugnados “(…) violan la cosa juzgada administrativa, cuando resuelve de manera diferente lo ya decidido por actos precedentemente definitivos, creadores y declarativos de un derecho particular establecido a favor de nuestra mandante y en consecuencia son nulos, al pretender reabrir un procedimiento contra un acto administrativo firme, contra el cual no existía recurso alguno. Esta interpretación permite contradecir el considerando que pretende obligar a nuestra representada a que se le apliquen nuevas disposiciones, distintas a las que devienen de la autorización original que se encuentra definitivamente firme, lo que sería ilegal de toda ilegalidad (…)”.
Adujeron, que la prohibición de extracción de materiales es ilegal y violatoria de los numerales 1 y 6 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
De igual modo, expusieron que los actos administrativos impugnados son nulos de nulidad absoluta, por contravenir lo establecido en el Reglamento Interno del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, por cuanto la competencia para la iniciación y sustanciación de expedientes administrativos le corresponde a la Dirección de Fiscalización y Control Ambiental y no a las Direcciones Estadales Ambientales.
Expresaron, que el acto administrativo está suscrito por la ciudadana Lucía Mercedes Vásquez de Urdaneta, en su carácter de Directora Estadal Ambiental de Aragua, sin incluir el número y fecha de Gaceta Oficial de su designación, contraviniendo lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Asimismo, señalaron que “En concordancia con el artículo 43 de Guardería Ambiental que establece el deber para el funcionario que dicte la decisión correspondiente a que esta (sic) sea debidamente motivada y contener los requisitos establecidos en el artículo 18 antes mencionado. Igualmente en dicho acto se debía indicar los hechos constitutivos de la infracción, la responsabilidad de la persona de que se trate, las circunstancias atenuantes o agravantes de la responsabilidad de la persona de que se trate, así como las disposiciones legales y reglamentarias infringidas, las sanciones principales o accesorias impuestas y la decisión sobre las medidas preventivas que se hubieren adoptado en el mismo acto, relativas al curso del procedimiento (…)”.
Refirieron, que con el acto administrativo que decidió el recurso de reconsideración se violó la prohibición de reformatio in peius que “(…) se fundamenta básicamente, en la imposibilidad que existe en que aquél que pretende la revisión de un acto administrativo, como lo fue el recurso de reconsideración, vea deteriorada su situación jurídica al pretender la administración instaurar nuevas reglas y normativas, contrarias a lo establecido en la autorización original (…) que cuando la administración presuma que existen hechos que ameritan la aplicación de cualquier medida o sanción que afecte al particular que introdujo el recurso administrativo (…) debería iniciar un procedimiento administrativo de primer grado o constitutivo para decidir en relación a los hechos sobrevenidos (…) ello por cuanto la administración ambiental ejecutó una serie de actuaciones administrativas que fueron desconocidas durante su tramitación por nuestra representada, no hizo acto de presencia ni se le notificó de la práctica de tales informes, consecuencialmente se le violaron el derecho a la defensa y el debido proceso y tal actuación permite que impugnemos en este acto los informes presentados por los funcionarios del organismo ambiental por escara (sic) viciados de nulidad (…)”.
Precisaron, que la Administración incurrió en falso supuesto de derecho, ya que la resolución impugnada estableció que pasados dos (2) meses a partir de la recepción de la misma, sin consignar lo solicitado, se procedería a declarar la perención del procedimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, siendo lo correcto aplicar -a sus decir- el lapso de seis (6) meses establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, “(…) violando el artículo 19, ordinal (sic) 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, al ser dictado dicho acto con prescindencia total y absoluta del procedimiento legal establecido (…)”.
Apuntaron, que la impugnación de las providencias administrativas recurridas, la hacían de conformidad con lo previsto en el artículo 85 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, toda vez que “(…) ponen fin al procedimiento, ya que impide su continuación, causa indefensión, lesiona derechos e intereses legítimos, personales y directos de mi mandante la decisión de las providencias recurridas. Así como violan del (sic) debido proceso y del (sic) derecho a la defensa y ser las providencias recurridas de imposible e ilegal ejecución”.
Adujeron, que los actos administrativos recurridos, “(…) por tratarse de actos de efectos particulares, no han quedado firmes, y no habiéndose vencido el lapso de caducidad, ya que las mismas fueron notificadas a mi mandante en fecha 26 de febrero de 2007, son por ende susceptibles de ser controlados por la jurisdicción contenciosa administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela (…)”.
Demandaron, la nulidad absoluta de las Providencias Administrativas Nros. 04-05-02-05-0089 y 005 de fechas 9 de diciembre de 2005 y 12 de diciembre de 2007, respectivamente, emanadas de la Dirección General Estadal Ambiental del Estado Aragua, notificadas mediante oficios Nros. 00082 de fecha 11 de enero de 2006 y 00250 del 23 de febrero de 2007 “(…) por razones de ilegalidad, por la inmotivación de que adolecen los actos administrativos, por ser de imposible e ilegal ejecución, por violatorios del debido proceso y del derecho a la defensa, por la indefensión total en que colocaron a mi mandante frente a ellos, por violar normas de rango constitucional (…)”.
Finalmente, solicitaron de conformidad con lo establecido en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, la medida cautelar de suspensión de efectos de las tantas veces nombradas Providencias Administrativas Nros. 04-05-02-05-0089 y 005 de fechas 9 de diciembre de 2005 y 12 de febrero de 2007, respectivamente, toda vez que “(…) nuestra representada al ser cerrada definitivamente por los actos administrativos inconstitucionales e ilegales recurridos, por un lado le ha causado daño material y económico de grandes magnitudes, al punto de que el cierre ocasionó el cese de todas las relaciones laborales que mantenía nuestra representada con sus trabajadores, e igualmente dejar de canalizar la quebrada seca al prohibírsele la realización de cualquier tipo de actividad en la misma, lo cual podría traer consecuencias nefastas para la región, al acumularse los sedimentos en la quebrada pueden producir un desbordamiento deésta (sic) (…) y exigírsele a la vez la presentación de una propuesta de adecuación de los efluentes que necesariamente para poder realizarlo (…) requiere la apertura de las actividades de la empresa. La suspensión del acto administrativo se solicita para prevenir mayores daños de difícil reparación, por cuanto la empresa estando trabajando, puede cumplir con todas las exigencias del ente ambiental (…)”.
Corolario de lo anterior, esta Corte considera pertinente apuntar, que la medida cautelar solicitada, fue declarada improcedente mediante decisión proferida por este Órgano Jurisdiccional el 16 de junio de 2008, publicada bajo el Nº 2008-01070, contra la cual la parte recurrente no ejerció recurso alguno.

II
INFORMES DEL MINISTERIO PÚBLICO

El 2 de noviembre de 2010, la abogada Sorsire Fonseca La Rosa, actuando en su condición de Fiscal Tercera del Ministerio Público, consignó escrito de Informes en los siguientes términos:
Señaló, que “(…) los actos administrativos autorizatorios a los cuales se ha (sic) referencia, no pueden ser considerados como actos definitivos en contra de los cuales no cabe recurso alguno, toda vez que como actos administrativos autorizatorios, están sujetos al cumplimiento de ciertas reglas y normas de carácter técnicas, debiendo adecuarse a la normativa ambiental vigente, que en el caso concreto involucran la protección del medio ambiente, en resguardo del interés colectivo, frente al interés individual de la empresa autorizada. En virtud de ello, la administración y en este caso el Ministerio del Ambiente, está plenamente facultado para revisar dichos actos autorizatorios en cualquier momento, pudiendo dictar las medidas necesarias para evitar o minimizar los daños al ambiente e incluso proceder a revocar dichas autorizaciones si la empresa desarrolla la actividad fuera de los parámetros establecidos, todo ello en ejercicio de su potestad de autotutela, sin que ello pueda ser considerado como una violación de la cosa juzgada administrativa”.
Expresó, que “(…) en el caso de autos no existe violación del principio de la cosa juzgada administrativa, en la medida de que el acto autorizatorio en cuestión estaba sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones y normas técnicas de obligatorio cumplimiento (…) no fueron acatadas por la empresa (…) por lo que la administración ambiental, en ejercicio de sus facultades legales, se encontraba plenamente facultada para dictar las medidas necesarias dirigidas a evitar o suspender los daños causados al ambiente, así como a revisar su acto administrativo, en ejercicio de su potestad de autotutela (…)”. Igualmente señaló, que “(…) la empresa ARENAMINCA al no cumplir en la ejecución de su actividad con la normativa que regula la materia ambiental, afecta de nulidad absoluta el acto autorizatorio, por lo que no es posible hablar de un acto administrativo creador de derechos sobre particulares irrevocable”. (Mayúsculas del texto).
Arguyó, que “(…) no se verifica que la administración haya pretendido, como lo alega la parte recurrente, instaurar nuevas reglas y normativas, contrarias a lo establecido en la autorización original, toda vez que (…) la autorización emanada del Ministerio del Ambiente estaba sujeta al cumplimiento de ciertas normas técnicas dirigidas a evitar daños en el ambiente, las cuales no fueron acatadas por la empresa (…) entre las cuales se encuentra la presentación de un informe a la Dirección Regional del Ministerio del Ambiente, que señale la actividad que realiza, el estado de avance y las medidas de recuperación y saneamiento ambientales adoptadas, obligación ésta que no fue cumplida por la empresa. Asimismo, la administración ambiental verificó que la empresa recurrente incumplió en forma reiterada los oficios autorizatorios, en lo que respecta a la rearborización de las áreas explanadas y removidas en años anteriores, la presentación del informe trimestral con indicación de la ubicación de las labores ejecutadas en el trimestre y por ejecutar y la descripción de las obras de conservación y planes de recuperación, todo lo cual no fue acatado por la empresa (…)”
Manifestó, que “(…) las inspecciones efectuadas por funcionarios adscritos al Ministerio de Ambiente, determinaron que la actividad desarrollada por la empresa estaba produciendo daños en el ambiente, por lo que la administración ambiental estaba obligada a tomar las medidas necesarias para suspender los daños causados y evitar daños ambientales mayores”.
Argumentó, que “(…) la empresa estaba en la obligación de cumplir con las condiciones establecidas en los actos autorizatorios y las normas técnicas que dictara el Ministerio del Ambiente, para regular este tipo de actividad de profundo impacto ambiental, sin que ello pueda ser considerado como una violación de su derecho a la defensa y al debido proceso”.
Refirió, que “En lo que respecta a la denuncia concreta de violación de la prohibición de REFORMATO IN PEIUS (…) esta prohibición no tiene el mismo alcance en materia penal, que en el ámbito administrativo, toda vez que en éste (sic) último la administración siempre goza de la potestad de revisar sus propios actos (potestad de autotutela), aun cuando hayan creado derechos subjetivos sobre particulares, siempre que se encuentren viciados de nulidad absoluta, y en el presente caso, la administración actúo en ejercicio de sus facultades como guardián en materia de protección ambiental, en resguardo de un interés superior”. (Mayúsculas del texto).
Indicó, que “(…) la administración estaba plenamente facultada al conocer y decidir el recurso de reconsideración interpuesto contra la Providencia 0089, del 09 de diciembre de 2005 (…), y que “(…) el acto administrativo recurrido, que declara sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto, no deteriora la situación jurídica de la empresa por la sola interposición del recurso, sólo ratifica en cada una de sus partes el acto administrativo recurrido y le ordena, tal como lo había hecho en el acto constitutivo, presentar a la Dirección Estadal Ambiental una propuesta de términos de referencia, lo cual a juicio del Ministerio Público constituye una medida de control por parte del órgano competente”.
Expresó, que “(…) la administración ambiental al emitir la orden de prohibición temporal de la actividad de procedimiento del material mineral no metálico, está dictando una medida de carácter temporal, suspendiendo provisionalmente la actividad de procesamiento en cuestión hasta tanto la empresa presente los términos de referencia, no obstante, dichos términos de referencia no fueron presentados por la empresa, razón por la cual, el Ministerio del Ambiente, al conocer y decidir el recurso de reconsideración interpuesto en contra de la Providencia 0089, del 09/12/2005, ratifica la orden impuesta, especificando la información que debe contener la propuesta de los términos de referencia, la cual será evaluada por la Dirección Estadal Ambiental”.
Señaló, que “(…) cuando la administración dispone que ‘se procederá a declarar la perención del procedimiento en caso de que la empresa no consigne lo solicitado’, en forma alguna está afectando el derecho a la defensa y al debido proceso de la parte del recurrente, en la medida de que la perención está referida al procedimiento de revisión al cual está sujeta la autorización concedida por el Ministerio del Ambiente a la empresa ARENAMINCA para desarrollar la actividad minera en la zona y que está supeditada al cumplimiento por parte de la empresa de ciertos requisitos para poder seguir desarrollando la actividad y evitar los daños en el ambiente. De tal forma, que si la empresa no cumple con estos requisitos, y específicamente, no representa los términos de referencia, la administración procederá en forma definitiva a declarar la perención del procedimiento y en consecuencia a revocar su autorización, en ejercicio de su potestad de autotutela”. (Mayúsculas del texto).
Manifestó, que “(…) en forma alguna limitan el ejercicio de los recursos administrativos y contencioso administrativo por parte de la empresa, la cual podrá ejercer el recurso jerárquico ante el Ministerio de adscripción, o proceder como lo hizo a ejercer el recurso de nulidad ante tribunal competente, en ejercicio de su derecho a recurrir y en consecuencia de derecho a la defensa y al debido proceso”.
En relación con el argumento de falso supuesto de derecho, por errónea aplicación de la norma, señaló que “(…) la perención administrativa a que alude la decisión recurrida, procederá de acuerdo con la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en el caso de que la empresa no cumpla con su deber de consignar en el plazo indicado los términos de referencia, lo cual evidencia su falta de interés en que se suspenda la medida de prohibición temporal de la actividad de procesamiento de material mineral no metálico. No obstante, es de advertir que el acto administrativo no aplica a la empresa recurrente las consecuencias de la perención administrativa, sólo hace alusión a ésta (sic) figura en el caso de que el interesado no consigne la documentación que se le requiere. Será eventualmente, contra el acto administrativo que decida dicha perención, que el administrado podrá ejercer los recursos pertinentes, en defensa de sus derechos e intereses”.
Finalmente solicitó se declarara sin lugar el presente recurso.





III
INFORMES DE LA PARTE RECURRENTE

El 3 de noviembre de 2010, el abogado Luis Mariano Rodríguez Rojas, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte recurrente, consignó escrito de informes donde expresó, básicamente en igualdad de términos los mismos alegatos explanados en el escrito recursivo.

IV
INFORMES DE LA REPÚBLICA

El 9 de noviembre de 2010, el abogado José Ángel Estévez Oropeza, actuando en su condición de representante legal de la República Bolivariana de Venezuela, consignó escrito de Informes en los siguientes términos:
Refirió, “(…) que los actos administrativos Nros. 04-05-02-05-0089 de fecha 12 de diciembre de 2005, y 005 de fecha 12 de febrero de 2007, que decidieron la prohibición definitiva de toda actividad de extracción de material mineral no metálico, así como la prohibición temporal de la actividad de procesamiento de material mineral no metálico, ordenó a la Referida sociedad mercantil presentar un plan de recuperación en el área de explotación, por lo establecido en el Oficio Autorizatorio ya que, atráves (sic) de una inspección técnica realizada por el Ministerio del Ambiente en fechas 30 de marzo, 14 de abril, 18 de junio, 21 de junio, 1º de septiembre y 21 de septiembre, del 2005 se detectó y comprobó que dicha explotación se venía realizando de una manera inadecuada, ocasionando cambios significativos en el cauce, lo que ha traído como consecuencia el rompimiento del equilibrio dinámico de dicha quebrada”.
Agregó, que la “(…) Dirección Estadal Ambiental Aragua, exhortó a la Dirección de Permisiones, a la Revisión de Oficio, de la Autorización Nº 43-01075 de fecha 13 de julio de 1987 emitida por la Dirección General de Administración del Ambiente, porque se evidenciaba y quedaba demostrado en las Inspecciones realizadas que la sociedad mercantil ARENERA LA MINA SECA C.A., venía incumpliendo de manera reiterada la condición específica establecida en el Oficio Autorizatorio, relativa a la rearborización de las áreas explanadas y removidas en años anteriores, presentación de informe trimestral donde se indique la ubicación de las labores ejecutadas en el trimestre y por ejecutar, descripción de las labores mineras con sujeción al diseño hidráulico del cauce, descripción de las obras de conservación y planes de recuperación ejecutadas y por ejecutar, así como, de la prohibición de la descarga de efluentes líquidos, cuyos parámetros de calidad no cumplan con lo dispuesto en la normativa ambiental vigente”.
En relación con la presunta violación de la cosa juzgada administrativa, señaló, que “(…) el acto administrativo Nº 04-05-02-05-0089 de fecha 12 de diciembre de 2005, no fue dictado por hechos ocurridos anteriormente y los cuales ya habrían sido decididos, sino por la presunta comisión de ilícitos ambientales cometidos por la empresa durante el proceso de extracción de materiales no metálicos del cauce de la quebrada Los Patos o Chorreron tal como consta en los informes de inspecciones Técnicas que cursan en el expediente administrativo, donde constan las actuaciones de los funcionarios públicos que realizaron actividades de Inspección, Fiscalización, Control y Vigilancia en el ejercicio de sus funciones”.
En ese sentido, esgrimió que “(…) la administración ajustó sus actuaciones a lo establecido en la Ley Orgánica del Ambiente, específicamente el artículo 25 numeral 3, y además a lo establecido en la condición específica del Oficio Autorizatorio por lo que, el acto administrativo Nº 04-05-02-05-0089 de fecha 12 de diciembre de 2005, se justifica también en el incumplimiento reiterado de la recurrente de las obligaciones contraídas”.
Manifestó, que “En relación a que el acto administrativo incurrió en la prohibición Reformatio In Peius, esta Representación discrepa de lo expuesto por el recurrente debido a que el Estado no instaura nuevas reglas o normativas que sean contrarias a la autorización original, por cuanto la autoridad administrativa actuó de conformidad con lo establecido en el artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, protegiendo a la población para que se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación”.
Expresó, que “(…) la autorización para la explotación de dicho cauce fue concedida bajo el compromiso de ‘(...) Dar inicio a las obras de conservación y recuperación del área afectada (...)’ compromiso que la referida sociedad mercantil incumplió reiteradamente, según, se evidencia de las inspecciones realizada (sic) por funcionarios adscritos al Ministerio del Ambiente”.
Igualmente, señaló “Con relación a lo alegado por la recurrente sobre la violación del artículo 11 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ésta (sic) representación Judicial considera que no existe Acto Firme anterior, ya que la administración actuó sobre lo establecido en las condiciones establecidas en la autorización concedida, y en nuevos ilícitos ambientales”.
En relación con la presunta incompetencia de la funcionaria que dictó el acto expresó que (…) la parte recurrente pareciera confundir la competencia del Órgano emisor del acto -Ministerio del Ambiente- con la competencia del funcionario firmante del acto recurrido -Directora Estadal Ambiental- funcionaria adscrita a la Dirección Estadal Ambiental Aragua”.
Continuó señalando que “(…) este Ministerio es el Órgano de la Administración Pública Central, que tiene de manera exclusiva y excluyente la competencia para instruir, sustanciar y decidir los procedimientos administrativos sancionatorios que se inicien, con ocación (sic) a las infracciones administrativas que se cometan en contra de lo establecido en el ordenamiento ambiental nacional vigente. De esta forma queda demostrado (sic) la competencia absoluta con que actuó la Directora Estadal Ambiental Aragua para dictar el acto (…)”
Esgrimió, que “(…) en lo referente a la presunta violación del ordinal 7 del artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos esta representación judicial aclará (sic) que la presunta violación es falsa ya que en la Providencia Administrativa Nº 04-05-02-05-0089 de fecha 09 de diciembre de 2005, se indíca (sic) con toda claridad en la providencia administrativa el carácter con que actuó y el número y fecha de la Gaceta Oficial de su designación (…)”.
Finalmente solicitó se declarara sin lugar el presente recurso.

V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Determinada como ha sido, la competencia de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo para conocer en primera instancia del presente asunto, mediante decisión proferida el 16 de junio de 2008, bajo el Nº 2008-01070, siendo la oportunidad de emitir pronunciamiento sobre el mérito del presente asunto, este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir, y a tal efecto observa:
Que el ámbito objetivo del recurso contencioso administrativo de nulidad, está dirigido a impugnar los actos administrativos Nros. 04-05-02-05-0089 y 005 de fechas 9 de diciembre de 2005 y 12 de diciembre de 2007, notificados a la empresa recurrente mediante oficios Nros. 00082 de fecha 11 de enero de 2006 y 00250 del 23 de febrero de 2007, respectivamente, dictados por la Dirección Estadal Ambiental del Estado Aragua, Coordinación de Vigilancia y Control Ambiental del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
Ahora bien, a los fines de enervar los efectos jurídicos de los actos administrativos impugnados los apoderados judiciales de la empresa recurrente, alegaron que la actuación administrativa está viciada de ilegalidad al haber aplicado retroactivamente disposiciones actuales a las conocidas y aceptadas por su mandante en el momento que le fue otorgada la autorización, que con ello se violó lo dispuesto en los artículos 24, 25, 49 numerales 1 y 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referidos al derecho a la defensa, debido proceso y no ser sancionada por actos u omisiones no previstas como infracciones en leyes preexistentes; denunciaron la violación de la cosa juzgada administrativa; incompetencia de la Directora Estadal Ambiental del Estado Aragua para dictar el acto administrativo contenido en el Oficio Nº 000250 de fecha 23 de febrero de 2007; que con el acto administrativo que decidió el recurso de reconsideración se violó la prohibición de reformatio in peius; además del falso supuesto de derecho, al establecer en la resolución impugnada, que pasados dos (2) meses a partir de la recepción de la misma, sin consignar lo solicitado, se procedería a declarar la perención del procedimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; que además los actos administrativos impugnados son nulos “(…) por la inmotivación de que adolecen los actos administrativos, por ser de imposible e ilegal ejecución, por violatorios del debido proceso y del derecho a la defensa, por la indefensión total en que colocaron a mi mandante frente a ellos, por violar normas de rango constitucional (…)”.
Por su parte, el representante judicial de la República, refirió en el escrito de informes, que los actos impugnados fueron dictados en virtud de las inspecciones técnicas realizadas “(…) por el Ministerio del Ambiente en fechas 30 de marzo, 14 de abril, 18 de junio, 21 de junio, 1º de septiembre y 21 de septiembre, del 2005 (…)”, donde “(…) se detectó y comprobó que dicha explotación se venía realizando de una manera inadecuada, ocasionando cambios significativos en el cauce, lo que ha traído como consecuencia el rompimiento del equilibrio dinámico de dicha quebrada”, que por ello fue, que la “(…) Dirección Estadal Ambiental Aragua, exhortó a la Dirección de Permisiones, a la Revisión de Oficio, de la Autorización Nº 43-01075 de fecha 13 de julio de 1987 emitida por la Dirección General de Administración del Ambiente (…)”.
En ese mismo sentido, agregó, que “(…) el acto administrativo Nº 04-05-02-05-0089 de fecha 12 de diciembre de 2005, se justifica también en el incumplimiento reiterado de la recurrente de las obligaciones contraídas”, como lo constituía, el “(...) Dar inicio a las obras de conservación y recuperación del área afectada (...)”.
Por otra lado, la representación del Ministerio Público en su escrito de opinión Fiscal, señaló que el acto administrativo autorizatorio no podía ser considerado como acto definitivo, y que en todo caso “(…) el Ministerio del Ambiente, está plenamente facultado para revisar dichos actos autorizatorios en cualquier momento, pudiendo dictar las medidas necesarias para evitar o minimizar los daños al ambiente e incluso proceder a revocar dichas autorizaciones si la empresa desarrolla la actividad fuera de los parámetros establecidos, todo ello en ejercicio de su potestad de autotutela, sin que ello pueda ser considerado como una violación de la cosa juzgada administrativa”.
Los apoderados judiciales de la empresa accionante acompañaron al escrito libelar, los siguientes instrumentos:
• Copia fotostática del Oficio N° 000250, de fecha 23 de febrero de 2007, suscrito por la ciudadana Lucía Mercedes Vásquez de Urdaneta, en su condición de Directora Estadal Ambiental Aragua del Ministerio del Ambiente, mediante el cual notificó al ciudadano Joao Batista De Jesús Sousa Gomes, representante de la sociedad mercantil Arenera La Mina Seca C.A., del contenido de la Resolución Nº 005 de fecha 12 de febrero de 2007, que declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto contra el acto administrativo Nº 04-05-02-05-0089 de fecha 9 de diciembre de 2005, el cual a su vez, le fue notificado a la empresa recurrente el 10 de febrero de 2006, a través del Oficio Nº 00082 de fecha 11 de enero de ese mismo año, (corre inserto a los folios 10 al 25 del expediente).
• Copia fotostática del Oficio N° 00082, de fecha 11 de enero de 2006, suscrito por el ciudadano Luis Carlos Rodríguez, en su condición de Director Estadal Ambiental Aragua del Ministerio del Ambiente, mediante el cual notificó al ciudadano Joao Batista De Jesús Sousa Gomes, representante de la sociedad mercantil Arenera La Mina Seca C.A., del contenido de la Resolución Nº 04-05-02-05-0089 de fecha 9 de diciembre de 2005, que decidió: (i) la prohibición definitiva de toda actividad de extracción de material mineral no metálico, (ii) la prohibición temporal de la actividad de procesamiento de material mineral no metálico, (iii) se le otorgó un plazo de treinta (30) días calendarios, contados a partir del recibo de la presente notificación, para que presentara un plan de recuperación del área de explotación y (iv) exhortó a la Dirección de Permisiones, a la revisión del Oficio Autorizatorio Nº 01075 de fecha 13 de julio de 1987, emitido en ese entonces por la Dirección General de Administración del Ambiente, adscrita al Ministerio del ramo, en el cual se le otorgó al mencionado ciudadano la realización de actividades inherentes al aprovechamiento de minerales no metálicos, (cursa a los folios 26 al 35 del expediente).
• Oficio Nº 43-01075 de fecha 13 de julio de 1987, suscrito por el ciudadano Evaristo Martínez, en su condición de Director General Sectorial de Administración del Ambiente, a través del cual declaró con lugar el recurso interpuesto contra la Providencia Administrativa Nº 3 de fecha 18 de junio de 1986, emitida por la Coordinación Nº 2 del Ministerio del Ambiente, en consecuencia, ordenó a esa Dirección otorgar la autorización al ciudadano Jorge Nazario Pinto, para “(…) la realización de actividades inherentes al aprovechamiento de minerales no metálicos en el cauce de la Quebrada Seca, ubicada en el fundo ‘LOMA DE LOS PEREZ’, Jurisdicción del Municipio El Concejo Distrito Ricaurte del Estado Aragua (…)” (riela a los folios 36 y 37 del expediente).
• Copia fotostática del Oficio Nº 000256 de fecha 12 de diciembre de 2005, suscrito por el ciudadano Oscar Padrón, en su condición de Director General de Vigilancia y Control Ambiental, mediante el cual remitió al ciudadano Joao Batista De Jesús Sousa Gomes, copia simple de los Informes Técnicos elaborados por funcionarios adscritos a esa Dirección con motivo de las inspecciones realizadas y del Memorando Nº 1391 de fecha 9 de noviembre de 2005, suscrito por el entonces Director General de Vigilancia y Control Ambiental, dirigido a la Dirección Estadal Ambiental de Aragua, (riela al folio 38 del expediente).
• Copia fotostática del Memorando Nº 001391 de fecha 9 de noviembre de 2005, suscrito por el ciudadano Oscar Padrón, en su condición de Director General de Vigilancia y Control Ambiental, dirigido a la Dirección Estadal Ambiental de Aragua, mediante el cual recomendó realizar un alcance a la Orden de Proceder de fecha 30 de julio de 2005, estableciendo los nuevos supuestos de hecho infringido, debiendo para ello realizar la notificación de ese nuevo acto, a los fines de salvaguardar el derecho a la defensa del administrado, para que proceda a consignar las pruebas y alegatos que considere pertinente (cursa al folio 39 del expediente).
• Copia fotostática de la decisión emanada del Juzgado Superior Primero Agrario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 4 de abril de 1995, a través del cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad presentado por el apoderado judicial de la tantas veces nombrada sociedad mercantil, contra el acto administrativo generado por silencio administrativo negativo emanado del Ministerio del Ambiente y de los Recurso Naturales Renovables al no decidir el recurso jerárquico interpuesto contra la Providencia Administrativa Nº 16 de fecha 25 de septiembre de 1989, que decidió negativamente el recurso de reconsideración contra el Oficio Nº 00367 de fecha 28 de julio de 1989, (cursa a los folios 40 al 106 del expediente).
• Copia fotostática de Sentencia dictada el 21 de marzo de 2001, por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, a través del cual declaró extinguido el procedimiento de amparo cautelar interpuesto conjuntamente con recurso contencioso administrativo de anulación, presentado por la sociedad mercantil Agropecuaria Hemisférica C.A., y The King Ranch of Venezuela Corporation contra el acto administrativo DCGARN s/n de fecha 30 de octubre (sin indicación del año), emanada de la Gerencia Territorial del Distrito Federal y los Municipios Sucre, Chacao, Baruta y El Hatillo del Estado Miranda, del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, (cursa a los folios 107 al 115 del expediente).
Planteada en tales términos la presente controversia, este Órgano Colegiado pasa a decidir:

.- De la aplicación retroactiva de disposiciones actuales a las conocidas y aceptadas por su mandante en el momento que le fue otorgada la autorización, y en consecuencia, la violación de la cosa juzgada administrativa.
Del texto del escrito recursivo se observa, que los apoderados judiciales de la empresa recurrente fundamentaron en relación a este punto “que la actuación administrativa está viciada de ilegalidad” al haber aplicado retroactivamente disposiciones actuales a las conocidas y aceptadas por su mandante en el momento que le fue otorgada la autorización, que con ello se violó lo dispuesto en los artículos 24, 25, 49 numerales 1 y 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referidos al derecho a la defensa, debido proceso y a no ser sancionada por actos u omisiones no previstas como infracciones en leyes preexistentes, por lo cual afirmaron, que además “se violó la cosa juzgada administrativa”, al resolver “(…) de manera diferente lo ya decidido por actos precedentemente definitivos, creadores y declarativos de un derecho particular establecido a favor de nuestra mandante y en consecuencia son nulos, al pretender reabrir un procedimiento contra un acto administrativo firme, contra el cual no existía recurso alguno. Esta interpretación permite contradecir el considerando que pretende obligar a nuestra representada a que se le apliquen nuevas disposiciones, distintas a las que devienen de la autorización original que se encuentra definitivamente firme, lo que sería ilegal de toda ilegalidad (…)”.
Adicionalmente, arguyeron que se “(…) pretende obligar a nuestra representada a adecuarse a las normas actuales en abierta violación a lo establecido en el Oficio autorizatorio que es Ley entre las partes y al artículo 24 Constitucional (sic) (…)” por lo que a su decir, “Evidentemente existe una contradicción, un error de interpretación y un desconocimiento de los principios que rigen el derecho en sentido general, por cuanto las tales normas actuales en la materia de otorgamiento de permiso de extracción de minerales no metálicos, solo (sic) sería válida si a través de otro instrumento igual al emitido en 1987 (…) hubiese sido derogado por esa nueva normativa, todo ello en virtud del principio de que las Leyes solo (sic) se derogan por otras Leyes (…)”.
Dentro del contexto de la denuncia planteada, este Órgano Jurisdiccional advierte que el caso de marras, tiene lugar con ocasión de la autorización otorgada por la Dirección General del Ambiente del entonces Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, mediante Oficio Nº 43-01075 de fecha 13 de julio de 1987, “(…) para la realización de actividades inherentes al aprovechamiento de minerales no metálicos en el cauce de la Quebrada Seca, ubicada en el Fundo ‘LOMA DE LOS PEREZ’, Jurisdicción del Municipio El Concejo Distrito Ricaurte del estado Aragua (…)” cuyo texto se transcribe a continuación:

Quien suscribe, actuando de conformidad con las facultades conferidas en el parágrafo Único del Artículo 2 del Reglamento de la Ley Forestal, de Suelos y de Aguas, a tenor de lo resuelto por el ciudadano Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, en: Resolución Nº R.I. 1553 del 09 de Abril de 1987, por la cual se declara con lugar el Recurso interpuesto en contra de la Providencia Administrativa Nº 3 de fecha 18-06-86, emitida por la Coordinación Nº 2 de este Ministerio e igualmente ordena a esta Dirección General se proceda al otorgamiento de la correspondiente autorización; se otorga la presente autorización al ciudadano JORGE NAZARIO PINTO C. Cédula de Identidad N 3.250.371, para la realización de actividades inherentes al aprovechamiento de minerales no metálicos en el cauce de la Quebrada Seca, ubicada en el Fundo ‘LOMA DE LOS PEREZ’, Jurisdicción del Municipio El Concejo Distrito Ricaurte del Estado Aragua, ello bajo las siguientes normas:
NORMAS A CUMPLIR:
1.- La presente autorización solo permite la intervención de las áreas que fueron permisadas, según planos aprobados por este Ministerio, mediante acto administrativo N 82/039 del 26-01-82, debiendo el interesado dar fiel cumplimiento a todas las condiciones establecidas en el mismo, así como a las que a continuación se fijan.
2.- A los fines de garantizar un control sistemático sobre los planes de excavación, procesamiento, obras de conservación y planes de recuperación, deberá presentar, ante la Coordinación Zonal Nº 2 de este Ministerio, un informe trimestral, con fundamento en los planos aprobados, en el cual se indique, entre otros:
- Ubicación, de las labores ejecutadas en el trimestre y por ejecutar en el siguiente trimestre.
- Descripción de las labores mineras con sujeción al diseño hidráulico del canal en el que se consideren los elementos geométricos en f unción de:
a.- El comportamiento del flujo natural de las aguas. b.- La dinámica de la quebrada.
- Descripción de las obras de conservación y planes de recuperací6n ejecutadas y por ejecutar, en el que se indique:
- Tipo y cantidad de obra
- Localización
3.- La disposición de material proveniente del aprovechamiento no debe realizarse sobre drenajes naturales, laderas y barrancas o en áreas susceptibles al arrastre de sedimentos o a la alteración del flujo natural de las aguas, así como al paisaje bio-físico.
4.-Deberá tomar las medidas pertinentes a la minimización de la contaminación o degradación de la calidad del aire, por emisiones de material particulado, provenientes de fuentes fijas y móviles.
5.- Se prohíbe la descarga de efluentes líquidos, cuyos parámetros de calidad no cumplan con lo dispuesto en las ‘Normas sobre Efluentes Líquidos’, publicada en la Gaceta Oficial de la Repb1íca de Venezuela Nº 33232 del 28-05-85.
6.- Una vez terminado las actividades extractivas de un sector, deberá dar inicio a las obras de conservación y recuperación del área afectada. De estas actividades deberán presentarse al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables en el informe trimestral a que se refiere el Punto Nº 2 de la presente autorización.
7.- En los tramos donde se culmine la explotación la conformación final de la topografía debe considerar una sección de canal con características similares, en cuanto al ancho y alineamiento, a las que originalmente presentaba la Quebrada Seca.
8.- Si en la ejecución las labores permisadas surgen, por omisión o negligencia situaciones que ocasionen daños a los recursos naturales renovables o al ambiente, el interesado deberá efectuar todas aquellas labores correctivas, sin perjuicio de las sanciones contempladas en la normativa legal vigente.
La presente autorización se concede por el tiempo que dure la explotación, a todo riesgo del interesado, dejando a salvo derechos de terceros y a los fines de la Ley Forestal de Suelos y de Aguas y Ley Orgánica del Ambiente. En Consecuencia esta autorización se concede bajo la expresa condición de que el interesado acepta todas sus partes, y que si posteriormente surgieren evidencias de ilegitimidad del derecho de propiedad que se atribuye el presente permiso quedará automáticamente nulo y sin efecto alguno, y las obras, mejoras o bienhechurias ejecutadas con fundamento a la autorización otorgado (sic), pasarán automáticamente y sin pago de compensación ni indemnización al patrimonio de la Nación, si resultare que los mismos son baldíos”.
De cara a lo anterior, esta Corte observa, que tanto la doctrina patria, como la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal, en términos generales han definido a los actos administrativos como “toda declaración de voluntad, de juicio o de conocimiento, emanadas de los órganos que integran la Administración, en ejercicio de una potestad administrativa distinta a la potestad reglamentaria, los cuales producen efectos de derecho, generales o individuales en la esfera jurídica de los administrados.” (Vid. Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia Nº 2006, de fecha 25 de septiembre de 2001, caso: PANAMCO DE VENEZUELA, S.A.)
Igualmente, los actos administrativos han sido clasificados por la doctrina de la siguiente manera: a) desde el punto de vista del procedimiento en: actos de trámite, actos definitivos, actos firmes y actos de ejecución; b) por el alcance de sus efectos en: actos generales y actos particulares; c) por la amplitud de los poderes de la Administración en: actos reglados y actos discrecionales; d) desde el punto de vista del contenido en: admisiones, concesiones, autorizaciones y aprobaciones. (Vid. Sentencia supra citada).
Dentro de este contexto, es pertinente señalar que Martín Mateo Ramón, ha apuntado, que debe entenderse “(…) por autorización la declaración administrativa de concurrencia de las condiciones necesarias para el ejercicio de una actividad (…) Sin prejuzgar, pues, la preexistencia de un derecho, su ejercicio vendrá supeditado a la correspondiente declaración administrativa sobre su compatibilidad con el bien público (…)”. (MARTÍN MATEO, RAMÓN. Silencio Positivo y actividad autorizante. Revista de Administración Pública, Nº 48, septiembre–diciembre de 1965, Madrid. P. 214).
En este mismo orden y proyección, el tratadista patrio Eloy Lares Martínez, ha sostenido respecto de los actos autorizatorios, que éstos “(…) hacen posible que la persona ejerza un derecho o un poder que de antemano le pertenecía, pero para cuyo ejercicio existía un obstáculo legal (…) no determina la adquisición de derechos o poderes en la persona que la obtiene, sino que la capacita para el ejercicio de los que ya les pertenecía (…) tiene por efecto suprimir el obstáculo legal para que el poder o derecho preexistentes puedan cabalmente ser ejercidos (…).” (LARES MARTÍNEZ, ELOY. MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO. XII edición. Facultad de Ciencias Jurídica y Políticas. Universidad Central de Venezuela, Caracas. 2001. Págs146 y 147).
En doctrina comparada autores como Santamaría Pastor y Parejo Alfonso, exponen, que “Según la concepción clásica, la autorización administrativa es un acto unilateral de la Administración de carácter declarativo. Por tanto, y como ha venido reiterando nuestro Tribunal Supremo, el acto de otorgamiento de la autorización no implica la constitución ex novo de un derecho, sino simplemente la remoción de los obstáculos, impuestos preventivamente por el ordenamiento jurídico, que limitan el ejercicio de un derecho subjetivo del administrado potencialmente existente (…)”. (SANTAMARÍA PASTOR JUAN ALFONSO Y PAREJO ALFONSO LUCIANO. Derecho Administrativo. La jurisprudencia del Tribunal Supremo. 1ª. Reimpresión. 1992, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid. Pág. Cfr. por MELLADO RUIZ LORENZO, Derecho De La Biotecnología Vegetal La Regulación De Las Plantas Transgénicas. 1º edición. Instituto Nacional de Administración Pública-Ministerio de Medio Ambiente, Madrid. 2002, Pp. 303-304).
En este mismo sentido, afirma Garrido Falla, que “(…) aun reconociendo, según la doctrina tradicional, que la autorización, a diferencia de la concesión, no confiere ningún derecho ex novo al administrado, sino que se limita a remover los obstáculos para el ejercicio de alguno de los que ya estaban dentro de su patrimonio jurídico, (…) en unos casos las facultades de la policía administrativa se limitan a la comprobación de determinadas circunstancias fácticas y predeterminables (…) en otros suponen auténticos poderes de apreciación, de tipo discrecional, frente a los que no cabe esgrimir en vía jurisdiccional un derecho subjetivo”. (GARRIDO FALLA, FERNANDO. Los Medios de la Policía y la Teoría de las Sanciones Administrativas. Revista de Administración Pública, Nº 28, enero–abril de 1959, Madrid. Pp. 26-27).
De igual modo, resulta destacable la posición asumida por la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal, en Sentencia Nº 1664 del 2 de diciembre de 2009, donde precisó, que la técnica más generalizada de control preventivo de la Administración es, precisamente, la autorizatoria, que:
“Con ella se condiciona el ejercicio de la actividad privada a la comprobación previa de su adecuación al ordenamiento jurídico y a la valoración del interés público afectado. De ese modo, cuando se trata de una actividad que se prolonga en el tiempo, se establece una relación duradera entre la Administración autorizante y el particular autorizado que desencadena en una intervención pública sostenida en el tiempo, en virtud de que el órgano administrativo debe comprobar de forma periódica el cumplimiento de tales parámetros.
Esto da cuenta de que las técnicas autorizatorias de actividades que se prolongan en el tiempo son, por definición, temporales, pues la Administración debe comprobar si subsisten: los parámetros técnicos -de haberlos-, los factores de interés público -ya señalados-, y los supuestos de hecho que dieron lugar a la autorización.
Por otra parte, esta temporalidad no sólo opera a favor de la Administración, sino que también está establecida en pro de los administrados al dar certeza sobre el marco temporal del ejercicio del derecho, colocándole límites a la potestad modificatoria de la Administración, exigiéndose que cualquier alteración que se haga del permiso original sea a través de un procedimiento administrativo y, de ser el supuesto, respetando el contenido pecuniario del derecho.
Asunto distinto es el supuesto de que la autorización no tenga mención expresa del lapso de su vigencia, ya que, si como se ha dicho, toda autorización de una actividad que se prolonga en el tiempo es por definición temporal, la omisión del plazo de su vigencia no puede llevar a la conclusión de que la autorización se ha otorgado a perpetuidad, pues, ello conllevaría a un desconocimiento tanto de la adecuación al ordenamiento jurídico como de la valoración del interés público afectado, en virtud de que operaría un desfase entre los extremos que exige en el presente el interés público y los requerimientos que cumple el administrado, autorizado en un contexto distinto; (…)
(…Omissis…)
De ese modo, es cierto que las autorizaciones a las que se refiere el accionante no tenían lapso expreso de vigencia; pero ello no implicaba perpetuidad. Su vigencia perduraba hasta tanto se modificara el ordenamiento jurídico que enmarcó la relación jurídica concreta con ocasión de la cual se otorgaron, que fue lo que le permitió a la accionante explotar la actividad publicitaria por un lapso de veinte (20) años. Al ser así, el accionante no tiene derecho a que el nuevo ordenamiento jurídico le reconozca las autorizaciones otorgadas al amparo del régimen derogado y vigentes sólo bajo la égida de ese régimen por carecer de mención expresa del lapso de vigencia, de suerte que mal puede reputarse a la norma impugnada como retroactiva.
Indudablemente que en el supuesto descrito y en respeto a la seguridad jurídica, el legislador debe establecer un régimen transitorio que le permita a los administrados autorizados bajo tal modalidad tener la opción de adecuarse al nuevo régimen jurídico (…)”. (Negrillas y subrayado de esta Corte, cursivas de la preindicada Sala).

En refuerzo de lo anterior, es destacable citar lo afirmado por el Tratadista español, Fernando Garrido Falla, quien sostiene en “(…) lo que se refiere a la posibilidad de retirar licencias o autorizaciones previamente concedidas, habrá que estar a lo que la teoría general de los actos administrativos determina para estos casos. Así es que si la retirada se realiza por razones de legalidad (…) Tratándose, en cambio, de una revocación, el acto de contrario imperio podrá realizarse sin duda alguna por consecuencia de un cambio por vía legal o reglamentaria de las condiciones y requisitos para el ejercicio de la actividad autorizada”. (GARRIDO FALLA, FERNANDO. Los Medios de la Policía y la Teoría de las Sanciones Administrativas. Revista de Administración Pública, Nº 28, enero-abril de 1959, Madrid. Pág. 29).
Así pues, con base en las consideraciones precedentemente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo advierte que la Administración en labores de actividad administrativa de policía, limitadora de derechos y creadora de deberes, a los fines de encauzar la actividad privada dentro de los parámetros que fija el interés público, en virtud de esa labor, está constreñida a comprobar si el ejercicio de la actividad privada se ajusta al ordenamiento jurídico vigente y de no ser así propender a la adecuación de la actuación de los particulares, pues de no hacerlo la actividad desarrollada por el particular, estaría fuera del orden legal.
Ello así, esta Corte observa que si bien es cierto, que la autorización otorgada por ciudadano Evaristo Martínez, en su condición de Director General Sectorial de Administración del Ambiente, en fecha 13 de julio de 1987, mediante oficio Nº 43-01075, que riela a los folios 36 y 37 del expediente, estableció que la misma fue concedida “por el tiempo que dure la explotación”, no lo es menos, que en aquella oportunidad el entonces Ministerio del Ambiente, dejó salvo los “derechos de terceros y a los fines de la Ley Forestal de Suelos y de Aguas y Ley Orgánica del Ambiente”, donde además se puede apreciar, que la realización de actividades inherentes al aprovechamiento de minerales no metálicos en el cauce de la Quebrada Seca, se condicionó a ciertas circunstancias, al establecer:

“(…) La presente autorización se concede por el tiempo que dure la explotación, a todo riesgo del interesado, dejando a salvo derechos de terceros y a los fines de la Ley Forestal de Suelos y de Aguas y Ley Orgánica del Ambiente. En consecuencia esta autorización se concede bajo la expresa condición de que el interesado acepta todas sus partes, y que si posteriormente surgieren evidencias de ilegitimidad del derecho de propiedad que se atribuye el presente permiso quedará automáticamente nulo y sin efecto alguno, y las obras, mejoras o bienhechurias (sic) ejecutadas con fundamento a la autorización otorgado (sic), pasarán automáticamente y sin pago de compensación ni indemnización al Patrimonio de la Nación, si resultare que los mismos son baldíos (…)”. (Negrillas y subrayado de esta Corte).
Ahora bien, visto que el caso de autos se trata de un acto administrativo autorizatorio, el cual si bien es cierto no tenía lapso expreso de vigencia, ello no debe interpretarse otorgada a perpetuidad; en virtud, que el Derecho es cambiante no es estéril, ni inmutable, pues varía de acuerdo a las necesidades y realidades del momento, al cual debe adaptarse no sólo el actuar del particular sino también de la Administración; y visto que desde la fecha en que fue otorgada la autorización para la realización de actividades inherentes al aprovechamiento de minerales no metálicos en el cauce de la Quebrada Seca, esto es, desde el 13 de julio de 1987, ha entrado en vigencia innumerables instrumentos legales que conllevan la modificación del ordenamiento jurídico que enmarcó la relación jurídica concreta con ocasión de la cual se otorgó la tantas veces aludida autorización, que fue lo que le permitió a la accionante explotar la actividad por un lapso superior a dieciocho (18) años.
Adicionalmente, se debe destacar el rango constitucional otorgado a la protección del ambiente consagrado en el artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los siguientes términos:

“Artículo 127. Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia.
Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley”.

De la anterior disposición, se puede colegir el reconocimiento constitucional de todos a disfrutar de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, individual y colectivo, el cual priva sin que ello implique arbitrariedad alguna por parte de la Administración en ejercicio de las potestades de control o de policía, sobre los derechos individuales no absolutos y que por tanto están sujetos a garantizar la protección del interés general.
En esta perspectiva, es menester señalar que el impacto ambiental ocasionado por la actividad desarrollada por la empresa recurrente en el cauce de la Quebrada Seca, sin el debido cumplimiento de los planes de rearborización de las áreas explotadas, puede conllevar no sólo la posibilidad de devastación de superficies, sino también la modificación de la morfología y curso de los ríos, contaminación del cauce receptor, alteración del balance hídrico y de calidad de las aguas subterráneas, lo cual obra en detrimento del medio ambiente y el equilibrio ecológico, debiéndose observar muy especialmente su implicación respecto del recuso natural de transcendental importancia para todos los seres vivos, como lo es el agua.
Ello así, es necesario recordar que, aunque el agua es el elemento más frecuente en nuestro Planeta Tierra, de acuerdo a lo apuntado en el Primer Informe de Naciones Unidas Sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos del Mundo “únicamente 2,53% del total es agua dulce y el resto es agua salada. Aproximadamente las dos terceras partes del agua dulce se encuentran inmovilizadas en glaciares y al abrigo de nieves perpetuas (…). De todas las crisis, ya sean de orden social o relativas a los recursos naturales con las que nos enfrentamos los seres humanos, la crisis del agua es la que se encuentra en el corazón mismo de nuestra supervivencia y la de nuestro planeta (…)”. (Vid. http://www.un.org/esa/sustdev/sdissues/water).
En refuerzo de lo anterior, es destacable señalar que el agua es indispensable para la vida, el bienestar humano y el desarrollo sustentable del país, así lo ha avizorado el Legislador venezolano, al precisar en el artículo 1 de la Ley De Aguas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.595 del 2 de enero de 2007, que es de carácter estratégico e interés del Estado, y conforme a lo previsto en el artículo 5 eiusdem el agua constituye un derecho humano fundamental, insustituible para la vida, bienestar humano, desarrollo social y económico; es un bien social, de dominio público, de utilidad pública e interés general y su conservación en cualquiera de sus fuentes y estados físicos, prevalecerá sobre cualquier otro interés de carácter económico o social.
En ese mismo orden y proyección, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha publicado un trabajo intitulado “Importancia, contexto mundial y marco analítico del agua” ha referido que “El desarrollo humano, como el proceso de expansión de las capacidades y oportunidades de las personas para vivir la vida que valoran, requiere de condiciones materiales básicas, simples pero esenciales. (…) Como lo señala el Informe sobre Desarrollo Humano 2006 (IDH 2006) del PNUD: ‘El agua condiciona todos los aspectos del desarrollo humano’ (…). El agua posee un valor inestimable, más que un insumo o materia prima para producir bienes e impulsar el desarrollo económico es imprescindible para la vida, para el mantenimiento de los ciclos biológicos, geológicos y químicos que mantienen en equilibrio a los ecosistemas. También constituye un bien social indispensable para una adecuada calidad de vida de la población”. (www.undp.org.py/dh/archivo/informes/.../CapituloA.pdf).
No obstante, debe tenerse en cuenta que muchas veces “El ser humano, con su intervención en la naturaleza, modifica el ciclo hidrológico natural produciendo alteraciones, en algunos casos irreversibles. Una de ellas es la escasez cuantitativa del agua que fluye por ríos y arroyos (agua superficial), que dependen de las lluvias, cuya frecuencia presenta una gran variación (aleatoria) entre las sequías extremas y los períodos húmedos asociados al fenómeno El Niño”. (www.undp.org.py/dh/archivo/informes/.../CapituloA.pdf).
Es precisamente ello, lo que el Estado como garante de la conservación del medio ambiente pretende salvaguardar y evitar a toda costa, ajustando su actuación, claro está, en el marco del ordenamiento jurídico.
En este contexto, es pertinente traer a colación que este Órgano Jurisdiccional se ha pronunciado respecto a la protección constitucional al derecho ambiental, mediante decisión Nº 2008-01007 de fecha 6 de junio de 2008, caso: Compactadora de Tierra C.A. (CODETICA) Vs. Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), en los siguientes términos:

“(…) que el referido Derecho ha sido desarrollado en sentido amplio en el texto constitucional, a través de un capítulo especial dedicado a los Derechos Ambientales, principios que se encuentran previstos en otras disposiciones que tienen como finalidad el desarrollo ecológico, social y económicamente sustentable de la nación. Así se puede ubicar como fundamento, la obligatoriedad de la educación ambiental (Art.107 Constitucional); la limitación a la libertad económica (Art.112); el carácter de dominio público que se le atribuye a las aguas, entre ellas, los ríos, lagos y lagunas como bienes insustituibles para la vida y el desarrollo del ser humano; la referencia a la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo integral, como medio fundamental para asegurar la biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y la efectiva protección ambiental (en los Art. 304 y 305), y la protección del hábitat de los pueblos indígenas (en sus Art. 119 y 120), entre otras múltiples referencias que trascienden a la responsabilidad del hombre y del Estado como garantes de la conservación del medio ambiente. Asimismo, el derecho de las personas a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se presenta como un derecho progresivo transgeneracional que expresan el derecho, pero también el deber de cada generación de proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y el mundo futuro (…)”.

Ahora bien, al circunscribirnos al caso de marras esta Corte observa, que los actos administrativos autorizatorios conforme a las consideraciones expuestas con antelación, pueden ser perfectamente revocados por la Administración, cuando haya lugar a un cambio en las condiciones y requisitos para el ejercicio de la actividad autorizada que dieron lugar a su otorgamiento, ya sea por vía constitucional, legal o reglamentaria; y siendo que en el caso de marras se evidencia que los actos administrativos impugnados tuvieron como fundamento -entre otros- lo establecido en los artículos 24 y 25, numeral 3, de la Ley Orgánica del Ambiente, y en lo señalado en las inspecciones técnicas realizadas por el Ministerio del Ambiente en fechas 30 de marzo, 15 de abril, 18 de junio, 21 de junio, 1º de septiembre y 21 de septiembre, todas del año 2005, -lo cual no fue desvirtuado por la parte recurrente-, lo cual conllevó a que la Administración determinara que la sociedad mercantil Arenera La Mina Seca C.A., “(…) ha incumplido en forma reiterada y continua las condiciones establecidas en los Oficios autorizatorios Nº 82/039 de fecha 26-01-1982 y Nº 01075 de fecha 13-07-1987, específicamente en lo que respecta a la rearborización de las áreas explanadas y removidas en años anteriores, presentación de informe trimestral donde se indique la ubicación de las labores ejecutadas en el trimestre y por ejecutar, descripción de las labores mineras con sujeción al diseño hidráulico del cauce, descripción de las obras de conservación y planes de recuperación ejecutadas y por ejecutar, así como de la prohibición de la descarga de efluentes líquidos, cuyos parámetros de calidad no cumplan con lo dispuesto en la normativa ambiental vigente (…)”.
Así pues, visto que la mencionada prohibición obedeció al incumplimiento por parte de la recurrente de las obligaciones mencionadas en el Oficio Autorizatorio Nº 43-01075 de fecha 13 de julio de 1987, emitido en ese entonces por la Dirección General de Administración del Ambiente, anteriormente mencionadas, por tanto, la imposición de la medida de “prohibición definitiva”, tuvo sustento en el referido incumplimiento, aunado a que la actuación de la Administración en ejercicio de sus potestades, está dirigida a proteger el ambiente, ello con fundamento en la normativa legal y sublegal aplicable, y en ejecución de las normas constitucionales que consagran los derechos ambientales, razón por la cual este Órgano Jurisdiccional desecha el alegato efectuado por los apoderados judiciales de la empresa accionante referentes a “que la actuación administrativa está viciada de ilegalidad” al haber aplicado retroactivamente disposiciones actuales a las conocidas y aceptadas por su mandante en el momento que le fue otorgada la autorización, que con ello se violó lo dispuesto en los artículos 24, 25, 49 numerales 1 y 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referidos al derecho a la defensa, debido proceso y a no ser sancionada por actos u omisiones no previstas como infracciones en leyes preexistentes. Así se declara.
Así las cosas, dada la naturaleza del acto autorizatorio y su posibilidad de revocación, mal pueden sostener los representantes judiciales de la empresa recurrente que “se violó la cosa juzgada administrativa”, al resolver “(…) de manera diferente lo ya decidido por actos precedentemente definitivos, creadores y declarativos de un derecho particular establecido a favor de nuestra mandante y en consecuencia son nulos, al pretender reabrir un procedimiento contra un acto administrativo firme, contra el cual no existía recurso alguno. (Cuando se) (…) pretende obligar a nuestra representada a que se le apliquen nuevas disposiciones, distintas a las que devienen de la autorización original que se encuentra definitivamente firme, lo que sería ilegal de toda ilegalidad (…)”, razón por la cual se desecha el alegato en referencia. Así se decide.

.- De la prohibición de reformatio in peius
En cuanto a la denuncia referida, a que con el acto administrativo que decidió el recurso de reconsideración se violó la prohibición de reformatio in peius, expresaron que “(…) se fundamenta básicamente, en la imposibilidad que existe en que aquél que pretende la revisión de un acto administrativo, como lo fue el recurso de reconsideración, vea deteriorada su situación jurídica al pretender la administración instaurar nuevas reglas y normativas, contrarias a lo establecido en la autorización original (…) que cuando la administración presuma que existen hechos que ameritan la aplicación de cualquier medida o sanción que afecte al particular que introdujo el recurso administrativo (…) debería iniciar un procedimiento administrativo de primer grado o constitutivo para decidir en relación a los hechos sobrevenidos (…) ello por cuanto la administración ambiental ejecutó una serie de actuaciones administrativas que fueron desconocidas durante su tramitación por nuestra representada, no hizo acto de presencia ni se le notificó de la práctica de tales informes, consecuencialmente se le violaron el derecho a la defensa y el debido proceso y tal actuación permite que impugnemos en este acto los informes presentados por los funcionarios del organismo ambiental por escara (sic) viciados de nulidad (…)”.
Ante el aludido alegato, no se puede dejar de observar que de conformidad con lo establecido en el artículo 90 eiusdem, el órgano competente para decidir el recurso de reconsideración o el jerárquico, podrá confirmar, modificar o revocar el acto impugnado, lo cual no es más que una de las manifestaciones de la potestad de autotutela conferida a la Administración Pública en su actuación.
Aunado a lo anterior, es relevante indicar que la Sala Político-Administrativa, en decisión Nº 305 del 22 de febrero de 2007, precisó, que “(…) contrariamente a lo que ocurre en sede judicial, en los procedimientos administrativos de segundo grado (recursos) se ha admitido que la Administración Pública pueda reformar la decisión bajo revisión, desmejorando la condición del administrado”.
En apoyo de lo anterior, en el fallo supra mencionado, la precitada Sala trajo a colación lo señalado por la jurisprudencia al respecto, “Con arreglo al artículo 89 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos ‘el órgano administrativo deberá resolver todos los asuntos que se sometan a su consideración dentro del ámbito de su competencia o que surjan con motivo del recurso aunque no hayan sido alegados por los interesados’. Ha interpretado la doctrina que esta potestad general subrayada por la Sala otorgada por el legislador a la autoridad administrativa, permite a ésta, contrariamente a lo que sucede en el orden judicial, desmejorar la situación del recurrente (reformatio in peius) en vía administrativa si del examen del asunto encuentra razones que justifiquen un cambio en la calificación de los hechos y por ende, sus consecuencias jurídicas”. (Resaltado por la Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Sentencia No. 663 de Sala Político-Administrativa de fecha 4 de octubre de 1994, Caso: Rafael Alcántara Van Nathan).
Ahora bien, circunscribiéndonos al caso bajo análisis esta Corte observa, que en el caso de autos la empresa recurrente interpuso el 2 de marzo de 2006, recurso de reconsideración contra el acto administrativo Nº 04-05-02-05-0089 de fecha 12 de diciembre de 2005, dictado en virtud del procedimiento de primer grado por la Dirección Estadal Ambiental Aragua, que decidió:
“PRIMERO: Ordenar a la empresa ARENA Y PIEDRA LA MINA SECA, C.A., (ARENAMINCA), representada en este acto por el ciudadano SOUSA GOMES JOAO BATISTA DE JESUS, titular de la Cédula de Identidad N° 2.090.188, la PROHIBICIÓN DEFINITIVA DE TODA ACTIVIDAD DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL MINERAL NO METALICO (sic), en el cauce de la Quebrada Los Patos o Chorrerón, ubicada en jurisdicción del Municipio Santos Michelena del Estado Aragua, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 25 numeral 3°, de la Ley Orgánica del Ambiente. SEGUNDO: Ordenar a la empresa ARENA Y PIEDRA LA MINA SECA, C.A., (ARENAMINCA), representada en este acto por el ciudadano (…) SOUSA GOMES JOAO BATISTA DE JESUS, titular de la Cédula de Identidad N° 2.090.188, la PROHIBICIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD DE PROCESAMIENTO DE MATERIAL MINERAL NO METALICO (sic), de acuerdo con lo establecido por el Artículo 25 numeral 3°, de la Ley Orgánica del Ambiente hasta tanto cumpla con las medidas contempladas en el Oficio N° 00771 de fecha 10-06-2004, donde se le otorga un plazo de TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS, para la presentación de Términos de Referencia que permita la adecuación de los efluentes generados en la actividad de procesamiento de material mineral no metálico, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 30 del Decreto 883, de fecha 11-10-1995, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.021, Extraordinario, de fecha 18-12-1995 que establece las ‘Normas para la Clasificación y el Control de los Cuerpos de Agua y Vertidos o Efluentes Líquidos’. TERCERO: Otorgar a la empresa ARENA Y PIEDRA LA MINA SECA, C.A., (Arenaminca) representada en este acto por el ciudadano SOUSA GOMES JOAO BATISTA DE JESÚS, titular de la Cédula de Identidad N° 2.090.188, un plazo de TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS, contados a partir del recibo de la presente notificación, para presentar un Plan de Recuperación del área de explotación, que contemple descripción de las obras de conservación, indicando el tipo y cantidad de obra y su localización en Planos de topografía referenciados a Coordenadas Universal Transverse Mercator. CUARTO: Exhortar a la Dirección General de Permisiones, a la revisión del Oficio Autorizatorio N° 01075 de fecha 13-07-1987, emitido para ese entonces por la Dirección General de Administración del Ambiente, adscrita a este Ministerio, en el cual se otorga autorización al ciudadano Jorge Nazario Pinto C., para la realización de actividades inherentes al aprovechamiento de minerales no metálicos en el cauce la Quebrada Seca. QUINTO: Ordenar la remisión de las actuaciones recogidas en el expediente que se ventila, a la Fiscalía Segunda del Ministerio Público con Competencia Nacional en Materia de Defensa Ambiental, para su información y fines legales consiguientes. SEXTO: Líbrese notificación del presente Acto Administrativo, a la empresa ARENA Y PIEDRA LA MINA SECA, C.A., (Arenaminca), representada en este acto por el ciudadano SOUSA GOMES JOAO BATISTA DE JESUS, titular de la Cédula de Identidad N° 2.090.188, y del contenido de la presente Providencia Administrativa, de conformidad con lo establecido en los Artículos 73 y 75 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, haciendo expresa mención que contra el mismo procede el Recurso de Reconsideración ante quien suscribe, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación, con base a lo dispuesto en el Artículo 94 ejusdem (…)”.
De igual modo, se desprende del dispositivo del acto administrativo identificado con el Nº 005 de fecha 12 de febrero de 2007, suscrito por la Dirección Estadal Ambiental Aragua, Coordinación de Vigilancia y Control Ambiental, notificado a la empresa recurrente mediante Oficio Nº 000250 del 23 de febrero de 2007, a través del cual se declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto por dicha representación el 2 de marzo de 2006, contra el acto administrativo Nº 04-05-02-05-0089 de fecha 9 de diciembre de 2005, del cual fue notificado el recurrente el 10 de febrero de 2006, mediante Oficio Nº 00082 de fecha 11 de enero de 2006, se desprende que en el mismo se decidió:
“PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Reconsideración interpuesto por el ciudadano JOAO BATISTA DE JESÚS SOUSA GOMES, titular de la cédula de identidad Nº 2.092.188, actuando en su carácter de representante de la empresa ARENERA Y PIEDRA LA MINA SECA, C.A. (ARENAMINCA), contra el Acto administrativo No. 04-05-02-05-0089 de fecha 19/12/2005, notificado en fecha 10/02/2006, a través del Oficio Nº 00082 de fecha 11/01/2006 emanado de este Despacho.
SEGUNDO: Ratificar en todas y cada una de sus partes el Acto Administrativo recurrido.
TERCERO: Deberá presentar ante esta Dirección Estadal Ambiental una Propuesta de Términos de Referencia, dicha propuesta incluirá:
d.) La descripción de la actividad incluyendo la localización, insumos, tecnologías, procesos productivos, recursos humanos y servicios.
e.) La descripción de los equipos y procesos generadores de los efluentes.
f.) La propuesta debidamente justificada sobre los objetivos específicos, características, alcances y condiciones del proceso de adecuación.
La Propuesta de Términos de Referencia será evaluada por este Despacho y en caso de no ser considerada adecuada, le será comunicado para que efectué las correcciones correspondientes y proceda dentro de los treinta (30) días consecutivos siguientes a la presentación de una propuesta definitiva de Términos de Referencia; esta propuesta definitiva será evaluada y en caso de ser aprobada fijara (sic) un plazo no mayor de treinta (30) días consecutivos para la presentación de una propuesta de adecuación de los efluentes.
La Propuesta de Adecuación contendrá:
i.) La descripción de la actividad, incluyendo la localización, insumos, tecnologías, procesos productivos, recursos humanos y servicios.
j.) La descripción de los equipos y procesos generadores de los efluentes.
k.) Las características cuantitativas y cualitativas de los efluentes generados, o en su defecto los cálculos teóricos sobre los mismos.
l.) La información disponible sobre las características cualitativas y cuantitativas del cuerpo de agua en el área de la descarga, de estar disponible.
m.) La descripción de las acciones de adecuación a la normativa ambiental en proceso de ejecución.
n.) Los datos disponibles sobre la rentabilidad de la empresa o sector que se estimen necesarios para la toma de decisiones sobre el proceso de adecuación.
o.) La propuesta de un plazo definitivo para el traslado o clausura de la actividad ante la imposibilidad técnica o financiera para la adecuación a la normativa ambiental, de ser el caso.
p.) La propuesta sobre acciones a desarrollar presentadas de un modo cronológico con la indicación de sus fechas de ejecución y resultados esperados del proceso de adecuación.
Pasados dos (02) meses a partir de la fecha de recepción del presente Acto Administrativo, sin consignar lo solicitado, se procederá a declarar la perención del procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
CUARTO: Remitir copia certificada de la presente Decisión a la Fiscal Primera en Materia Ambiental con Competencia a Nivel Nacional con sede en la ciudad de Caracas Distrito Capital para su información y demás fines legales consiguientes.
QUINTO: Líbrese notificación del presente Acto Administrativo al ciudadano JOAO BATISTA DE JESUS SOUSA GOMES, titular de la cédula de identidad N° 2.092.188, actuando en su carácter de representante de la empresa ARENERA Y PIEDRA LA MINA SECA, C.A. (ARENAMINCA) y del contenido de la presente Providencia Administrativa de conformidad con lo establecido en los artículos 73 y 75 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, indicándole que contra este Acto Administrativo procede el Recurso Jerárquico ante la ciudadana Ministra, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación, de acuerdo al artículo 95 ejusdem. (…)”.

Así las cosas, esta Corte observa que en el primer acto administrativo (identificado con el Nº 04-05-02-05-0089 de fecha 12 de diciembre de 2005), se ordenó: (i) la prohibición definitiva de toda actividad de extracción de material mineral no metálico, (ii) la prohibición temporal de la actividad de procesamiento de material mineral no metálico, (iii) se le otorgó un plazo de treinta (30) días calendarios, contados a partir del recibo de la notificación del Oficio Nº 00082 del 11 de enero de 2006, (la cual se verificó el 10 de febrero de 2006), para que presentara un plan de recuperación del área de explotación y (iv) exhortó a la Dirección de Permisiones, a la revisión del Oficio Autorizatorio Nº 01075 de fecha 13 de julio de 1987, emitido en ese entonces por la Dirección General de Administración del Ambiente, adscrita al Ministerio del ramo, en el cual se le otorgó a la sociedad mercantil recurrente la realización de actividades inherentes al aprovechamiento de minerales no metálicos, siendo que en las actas de expediente, no consta que la recurrente haya cumplido con la obligación de presentar el plan de recuperación, aludido en el punto seis (6) del referido Oficio Autorizatorio.
De igual modo, este Órgano Jurisdiccional observa del dispositivo del segundo acto administrativo Nº 005 de fecha 12 de febrero de 2007, que la Administración luego de declarar sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto contra el acto administrativo Nº 04-05-02-05-0089 de fecha 12 de diciembre de 2005, el cual ratificó en todas y cada una de sus partes, y en virtud que en éste se le había concedido a la empresa recurrente un plazo de treinta (30) días calendarios, contados a partir del recibo de la notificación del Oficio Nº 00082 del 11 de enero de 2006, (la cual se verificó el 10 de febrero de 2006), para que presentara un plan de recuperación del área de explotación, la Administración en aras de que la empresa recurrente diera de alguna manera cumplimiento a tal exigencia; le indica de manera más específica los términos en que debía presentar ante esa Dirección Estadal Ambiental una Propuesta de Términos de Referencia, la cual debía contener: la descripción de la actividad incluyendo la localización, insumos, tecnologías, procesos productivos, recursos humanos y servicios; la descripción de los equipos y procesos generadores de los efluentes, además debía estar justificada sobre los objetivos específicos, características, alcances y condiciones del proceso de adecuación.
Asimismo, se les indicó que dicha propuesta sería evaluada por ese Despacho y en caso de no ser considerada adecuada, le sería comunicado para que efectuara las correcciones correspondientes y procediera dentro de los treinta (30) días consecutivos siguientes a la presentación de una propuesta definitiva de Términos de Referencia; que dicha propuesta definitiva sería evaluada y en caso de ser aprobada fijaría un plazo no mayor de treinta (30) días consecutivos para la presentación de una propuesta de adecuación de los efluentes, la cual a su vez debería contener la descripción de la actividad, incluyendo la localización, insumos, tecnologías, procesos productivos, recursos humanos y servicios; la descripción de los equipos y procesos generadores de los efluentes; las características cuantitativas y cualitativas de los efluentes generados, o en su defecto los cálculos teóricos sobre los mismos; la información disponible sobre las características cualitativas y cuantitativas del cuerpo de agua en el área de la descarga, de estar disponible; la descripción de las acciones de adecuación a la normativa ambiental en proceso de ejecución; los datos disponibles sobre la rentabilidad de la empresa o sector que se estimen necesarios para la toma de decisiones sobre el proceso de adecuación; la propuesta de un plazo definitivo para el traslado o clausura de la actividad ante la imposibilidad técnica o financiera para la adecuación a la normativa ambiental, de ser el caso; así como también la propuesta sobre acciones a desarrollar presentadas de un modo cronológico con la indicación de sus fechas de ejecución y resultados esperados del proceso de adecuación. Con la advertencia que transcurridos dos (2) meses contados a partir de la notificación de dicho acto administrativo sin que la empresa recurrente consignara lo solicitado se declararía la perención de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Así pues, dadas las consideraciones que anteceden, esta Corte considera que el acto administrativo que declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto, no deteriora la situación jurídica de la empresa recurrente por el hecho de haber confirmado el acto administrativo Nº 04-05-02-05-0089 de fecha 12 de diciembre de 2005, el cual ratifica en cada una de sus partes y le ordena presentar a la Dirección Estadal Ambiental una propuesta de términos de referencia, lo cual constituye una medida de control, respecto de la cual la Administración, le indicó de manera precisa y detallada, en el particular tercero del acto administrativo Nº 005 de fecha 12 de febrero de 2007, la forma en que la empresa debía presentar dicha propuesta, que en todo caso se equipara al plan de recuperación que la empresa recurrente debía presentar conforme a lo señalado en el particular tercero del acto administrativo de primer grado -signado con el Nº 04-05-02-05-0089 de fecha 12 de diciembre de 2005-, motivos por los cuales se determina que en el caso de autos no se verifica que la parte recurrida haya incurrido en violación de la prohibición de reformatio in peius. Así se decide.

.- Del falso supuesto de derecho
En este respecto, señalaron los apoderados judiciales de la empresa recurrente que la Administración incurrió en falso supuesto de derecho, al establecer en el acto administrativo Nº 005 de fecha 12 de febrero de 2007, que pasados dos (2) meses a partir de la recepción de la misma, sin consignar lo solicitado, se procedería a declarar la perención del procedimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, siendo lo correcto aplicar -a su decir- el lapso de seis (6) meses establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, “(…) violando el artículo 19, ordinal (sic) 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, al ser dictado dicho acto con prescindencia total y absoluta del procedimiento legal establecido (…)”.
Al respecto la Corte observa, que la perención del procedimiento administrativo ha sido regulada de manera general por la norma contenida en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, de acuerdo con la cual “si el procedimiento iniciado a instancia de un particular se paraliza durante dos (2) meses por causa imputable al interesado, operará la perención de dicho procedimiento. El término comenzará a partir de la fecha en que la autoridad administrativa notifique al interesado”.
Asimismo, se trae a colación el contenido del aparte 20 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.942 del 20 de mayo de 2004, aplicable ratione temporis, que disponía:

“‘Artículo 21.- En los juicios en que sea parte la República deberá agotarse previamente el procedimiento administrativo establecido en el Título Cuarto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y supletoriamente se aplicará lo contenido en las normas del procedimiento ordinario, salvo lo establecido en esta Ley.
(…Omissis…)
Las acciones o recursos de nulidad contra los actos generales del Poder Público podrán intentarse en cualquier tiempo, pero los dirigidos a anular actos particulares de la administración caducarán en el término de seis (6) meses, contados a partir de su publicación en el respectivo órgano oficial, o de su notificación al interesado, si fuere procedente y aquélla no se efectuare, o cuando la administración no haya decidido el correspondiente recurso administrativo en el término de noventa (90) días continuos, contados a partir de la fecha de interposición del mismo. Sin embargo, aun en el segundo de los casos señalados, la ilegalidad del acto podrá oponerse siempre por vía de excepción, salvo disposiciones especiales. Cuando el acto impugnado sea de efectos temporales, el recurso de nulidad caducará a los treinta (30) días”. (Negrillas de la Corte).

Conforme a la disposición parcialmente transcrita, el ejercicio de la acción de nulidad contra actos de efectos particulares, está sujeto a un lapso de caducidad de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación del acto o de la notificación al interesado o del vencimiento del lapso en el cual la Administración debe pronunciarse sobre el correspondiente recurso administrativo, incorporando dentro de dicho lapso aquellos casos en los que ha operado el silencio negativo de la Administración, esto es, que no se ha producido una decisión expresa en el término de noventa (90) días contados a partir de la fecha del ejercicio del recurso administrativo.
En el caso que nos ocupa, esta Corte observa que la advertencia de perención aludida en el acto administrativo Nº 005 de fecha 12 de febrero de 2007, estaba referida a la presentación de los términos en que debía presentar ante esa Dirección Estadal Ambiental una Propuesta de Términos de Referencia, toda vez que el mismo en el particular tercero luego de señalar dichos términos, indica que transcurridos dos (2) meses contados a partir de la notificación de dicho acto administrativo sin que la empresa recurrente consignara lo solicitado se declararía la perención del procedimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Ahora bien, siendo que en el caso de autos esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo constata, que la consecuencia prevista en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, está referida a la declaratoria de perención del procedimiento administrativo, que en el caso de autos estaba referido a la presentación de los términos en que debía presentar ante esa Dirección Estadal Ambiental una Propuesta de Términos de Referencia, y dado que los apoderados judiciales de la empresa recurrente interpusieron recurso contencioso administrativo de nulidad de manera tempestiva el 31 de marzo de 2007, contra el acto administrativo Nº 005 de fecha 12 de febrero de 2007, del cual fueron notificados el 26 de febrero de 2007, mediante Oficio Nº 000250 del día 23 de ese mismo mes y año, esta Corte considera que el aludido acto en forma alguna está afectando el derecho a la defensa y al debido proceso de la parte recurrente, y mucho menos está inmerso en el vicio de falso supuesto de derecho denunciado. Así se decide.

.- De la incompetencia de la Directora Estadal Ambiental del Estado Aragua, para dictar el acto administrativo contenido en el Oficio Nº 000250 de fecha 23 de febrero de 2007
Ahora bien, se pasa a revisar el alegato de incompetencia de la Directora Estadal Ambiental del Estado Aragua, ciudadana Lucía Mercedes Vásquez de Urdaneta, para dictar el acto administrativo contenido en el Oficio Nº 000250 de fecha 23 de febrero de 2007, sin incluir el número y fecha de Gaceta Oficial de su designación, contraviniendo lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por lo que con ello se contraviene lo establecido en el Reglamento Interno del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, por cuanto la competencia para la iniciación y sustanciación de expedientes administrativos le corresponde a la Dirección de Fiscalización y Control Ambiental y no a las Direcciones Estadales Ambientales.
En cuanto al alegato de incompetencia de la Directora Estadal Ambiental del Estado Aragua, ciudadana Lucía Mercedes Vásquez de Urdaneta, para dictar el acto administrativo contenido en el Oficio Nº 000250 de fecha 23 de febrero de 2007, por no haber incluido el número y fecha de Gaceta Oficial de su designación en el mencionado acto, esta Corte considera menester traer a colación el contenido del numeral 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el cual señala que:

“Artículo 19.- Los actos de la administración serán absolutamente nulos en los siguientes casos:
(…omissis…)
4.- Cuando hubieren sido dictados por autoridades manifiestamente incompetentes, o con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido”. (Resaltado de esta Corte).

En el caso de autos, esta Corte constató del texto del acto administrativo en referencia que en el mismo se señala lo que a continuación se transcribe:

“(…) quien suscribe, Directora Estadal Ambiental Aragua del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, nombrada mediante la Resolución MARN, N° 210, de fecha 02-05-2006, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.428, de fecha 03-05-2006, con fundamento en lo establecido en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y en uso de las atribuciones que le confieren el artículo 35 del Reglamento Orgánico de este Ministerio, contenido en el Decreto N° 2623 publicado en la Gaceta Oficial N° 5664 de fecha 29/09/2003 DECIDE (…)
(…Omissis…)
De allí pues, que decae de suyo el alegato esgrimido por los apoderados judiciales de la empresa recurrente, referente a la incompetencia de la Directora Estadal Ambiental del Estado Aragua, ciudadana Lucía Mercedes Vásquez de Urdaneta, para dictar el acto administrativo contenido en el Oficio Nº 000250 de fecha 23 de febrero de 2007, por no haber incluido el número y fecha de Gaceta Oficial de su designación en el mencionado acto. Así se decide.
Ahora bien, con respecto a que le corresponde a la “Dirección de Fiscalización y Control Ambiental” la iniciación y sustanciación de expedientes administrativos y no a las Direcciones Estadales Ambientales, esta Corte observa, que el numeral 13 del artículo 33 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.664 de fecha 29 de septiembre de 2003 prevé:
“Artículo 33. Corresponde a la Dirección General de Vigilancia y Control Ambiental:
13. Abrir, sustanciar, decidir y sancionar los expedientes administrativos como consecuencia de la transgresiones a la normativa ambiental; y solicitar la instrucción del expediente penal respectivo, en caso de delitos ambientales (…)”.

De la disposición parcialmente transcrita se colige, que en principio, ciertamente la competencia para iniciar, sustanciar y decidir el procedimiento administrativo sancionatorio en el presente caso, era el Director de Vigilancia y Control Ambiental del entonces Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, sin embargo, en el caso de autos se lee del texto del aludido acto, lo que a continuación se transcribe:

“(…) REPÚBLICA BOLIVARAIANA DE VENEZUELA – MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE – DIRECCIÓN ESTADAL AMBIENTAL ARAGUA COORDINACIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL (…)”.

Ello así, esta Corte observa, que si bien es cierto, que el acto bajo examen fue suscrito por la entonces Directora Estadal Ambiental Aragua, del encabezado del acto se infiere que la Coordinación de Vigilancia y Control Ambiental y la Dirección Estadal Ambiental actuaron como un mismo órgano, adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, aunado a ello es destacable señalar que conforme a lo previsto en el numeral 8, del artículo 35 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, “(…) corresponde a las Direcciones Estadales Ambientales (…) 8. Velar por el cumplimiento, en su jurisdicción, del Plan de Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente, del Plan de Ordenación del Territorio y demás Planes de Recursos Naturales (…)”, razón por la cual, en criterio de este Órgano Jurisdiccional debe desestimarse el alegato de incompetencia. Así se decide.
.- De la inmotivación
Finalmente, toca resolver el alegato de inmotivación de los actos administrativos Nros. 04-05-02-05-0089 y 005, emanados del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente Dirección Estadal Ambiental Aragua, Coordinación de Vigilancia y Control Ambiental, en fecha 9 de diciembre de 2005 y 12 de febrero de 2007, respectivamente, notificados a la empresa recurrente mediante oficios Nº 00082 del 11 de enero de 2006 y 00250 del 23 de febrero de 2007, los cuales a su entender son nulos “(…) por la inmotivación de que adolecen los actos administrativos, por ser de imposible e ilegal ejecución, por violatorios del debido proceso y del derecho a la defensa, por la indefensión total en que colocaron a mi mandante frente a ellos, por violar normas de rango constitucional (…)”.
Ello así, vale destacar lo expuesto por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia sobre la violación del derecho a la defensa y al debido proceso, mediante decisión N° 1159 de fecha 18 de mayo de 2000, (caso: Fisco Nacional vs. DACREA APURE C.A.), señaló lo siguiente:
“La doctrina comparada, al estudiar el contenido y alcance del derecho al debido proceso ha precisado que se trata de un derecho complejo que encierra dentro de sí, un conjunto de garantías que se traducen en una diversidad de derechos para el procesado, entre los que figuran, el derecho a acceder a la justicia, el derecho a ser oído, el derecho a la articulación a un proceso debido, derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos, derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial, derecho a obtener una resolución de fondo fundada en derecho, derecho sin dilaciones indebidas, derecho a la ejecución de las sentencias, entre otros, que se vienen configurando a través de la jurisprudencia. Todos estos derechos se desprenden de la interpretación de los ocho ordinales que consagra el artículo 49 de la Carta Fundamental.
Tanto la doctrina como la jurisprudencia comparada han precisado, que este derecho no debe configurarse aisladamente, sino vincularse a otros derechos fundamentales como lo son, el derecho a la tutela efectiva y el derecho al respeto de la dignidad humana”. (Sentencia del 17 de febrero del año 2000, caso Juan Carlos Pareja Perdomo contra Ministerio de Relaciones Interiores).
De tal forma que debe ser entendido el debido proceso, como un conjunto de garantías que tienen las partes procesales, no sólo de obtener una decisión justa, sino que además constituye el derecho a ser oídos previamente, a promover y evacuar pruebas, a controlar y hacer oposición a los medios probatorios de la otra parte, a que el proceso sea llevado sin dilaciones indebidas, a tener una doble instancia y, en fin, todos aquellos derechos que conlleven dentro del iter procedimental a una perfecta adecuación de la legalidad formal con la legalidad material”.

Jurisprudencialmente nuestro Tribunal Supremo de Justicia ha señalado que el derecho a la defensa es un contenido esencial del debido proceso, y está conformado por la potestad de las personas de salvaguardar efectivamente sus derechos o intereses legítimos en el marco de los procedimientos administrativos o de procesos judiciales, mediante por ejemplo, el ejercicio de acciones, la oposición de excepciones, la presentación de medios probatorios favorables y la certeza de una actividad decisoria imparcial.
Así pues, ha señalado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuáles son los supuestos de violación del derecho a la defensa, y en tal sentido ha establecido que la violación a dicho derecho existe, entre otras razones, cuando los interesados no conocen el procedimiento que pueda afectarlos, se les impide su participación en él o el ejercicio de sus derechos, se les prohíbe realizar actividades probatorias o no se les notifica los actos que los afecten.
Por otro lado, y en lo respecta a la denuncia de violación al debido proceso alegado por la parte solicitante, nuestro Máximo Tribunal se ha pronunciado al respecto y ha establecido que se denomina debido proceso a aquel que reúna las garantías indispensables para que exista una tutela judicial efectiva. Es a esta noción a la que alude el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando expresa que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones administrativas y judiciales, al mismo tiempo que ha establecido como puede manifestarse la violación del debido proceso, y ha establecido que existe violación al debido proceso cuando se prive o coarte a alguna de las partes la facultad procesal para efectuar un acto de petición que a ella privativamente le corresponda por su posición en el proceso; cuando esa facultad resulte afectada de forma tal que se vea reducida, teniendo por resultado la indebida restricción a las partes de participar efectivamente en plano de igualdad, en cualquier juicio en que se ventilen cuestiones que les afecten.
Ahora bien, en torno al tema de la inmotivación de los actos, cabe destacar que es criterio reiterado de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (Vid. Sentencias N° 1.076 del 11 de mayo de 2000 y N° 1.727 del 7 de octubre de 2004) que la motivación del acto atiende a dos circunstancias específicas, a saber: la referencia a los hechos y la indicación de los fundamentos legales en que se basa la Administración, es decir, su justificación fáctica y jurídica, constituyendo un elemento sustancial para la validez del mismo, pues la ausencia de fundamentos da cabida para el arbitrio del funcionario, ya que en tal situación no podrán los administrados saber el por qué de la actuación administrativa. Corolario de lo anotado es que la motivación del acto permite el control jurisdiccional sobre la exactitud de los motivos, constituyéndose en garantía de los derechos de los administrados.
No obstante, cabe señalar que la motivación del acto no implica una exposición rigurosamente analítica o la expresión de cada uno de los datos o de los argumentos en que se funda, de manera extensa y discriminada, ni un minucioso y completo raciocinio de cada una de las normas que le sirven de fundamento al proveimiento, pues basta que pueda inferirse del texto los fundamentos legales y que de éstos se desprenda la motivación fáctica de la actuación administrativa para considerarse motivado el acto.
En definitiva, la motivación insuficiente de los actos administrativos sólo produce la nulidad del acto cuando no permite a los interesados conocer los fundamentos legales y los supuestos de hecho que constituyeron los motivos en los que se apoyó el órgano de la Administración para dictar la decisión, pero no cuando la sucinta motivación permite conocer la fuente legal, las razones y los hechos apreciados por el funcionario. Así, una resolución puede considerarse motivada cuando ha sido emitida sobre la base de hechos, datos o cifras concretas y cuando éstos consten efectivamente y de manera explícita en el expediente. (Vid. Sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia N° 1.156, de fecha 23 de julio de 2003).
Ello así, esta Corte pasa a revisar el contenido de los actos impugnados, de los cuales se desprende:
Del acto administrativo Nº 04-05-02-05-0089 dictado el 9 de diciembre de 2005, por la Dirección Estadal Ambiental Aragua, Coordinación de Vigilancia y Control Ambiental del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, notificado a la empresa recurrente mediante Oficio Nº 00082 del 11 de enero de 2006, el cual cursa a los folios 26 al 35 del expediente, donde se le indicó a la empresa recurrente, que dicho acto había sido dictado con ocasión “(…) del Procedimiento Administrativo Sancionatorio instruido según Orden de Proceder N° 04-05-02-05-0089 de fecha 30-06-2005, a la empresa ARENERA Y PIEDRA LA MINA SECA, C.A. (ARENAMINCA), representada por el ciudadano SOUSA GOMES JOAO BATISTA DE JESUS, titular de la Cédula de Identidad N° 2.090.188, ubicada en el Sector Quebrada Seca, Tejerías jurisdicción del Municipio Santos Michelena del Estado Aragua, por presunta infracción al Artículo 10 del Decreto N°883 de fecha 11-10-1995, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.021, Extraordinario de fecha 18-12-1995, referente a las ‘Normas para la Clasificación y el Control de la Calidad de los Cuerpos de Agua y Vertidos o Efluentes Líquidos’, e incumplimiento de las (sic) numerales 2, 5 y 6 establecidas en el Oficio Autorizatorio N° 01075 de fecha 13-07-1987 emitido por este Ministerio y del Decide (sic) Segundo de la Providencia Administrativa N° 0030 de fecha 04-06-2004, la cual fue notificada a través del Oficio N° 00771 de fecha 10-06-2004, donde se le otorga al ciudadano ya identificado un plazo de TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS, para la presentación de Términos de Referencia que permita la adecuación de los efluentes generados en la actividad de procesamiento de minerales no metálicos a la norma antes citada (sic)”.
De igual modo, se desprende del texto del acto in commento, que el aludido procedimiento tuvo lugar con ocasión de la denuncia interpuesta el 22 de marzo de 2005, por vecinos del barrio El Béisbol ubicado en jurisdicción del Municipio Santos Michelena del Estado Aragua, en la cual manifiestan el debilitamiento de la base del terreno donde están asentadas sus viviendas, como consecuencia de la extracción mecánica de arena.
Que es en virtud de ello que funcionarios adscritos a la Dirección Estadal Ambiental del Ministerio del Ambiente realizan inspecciones técnicas en fechas 30 de marzo, 15 de abril, 18 de junio, 21 de junio, 1º de septiembre y 21 de septiembre, todas del año 2005, a través de las cuales constataron:
Asimismo, del texto del acto administrativo impugnado, se puede leer que en Inspección realizada el 30 de marzo de 2005, se señaló que “(…) actualmente se encuentra operativa la empresa Arenaminca, localizada en el Estado Aragua, Las Tejerías, Quebrada Seca y/o Grande, donde posee un sitio de extracción de arena directamente del lecho y de los laterales de la quebrada antes mencionada. No se observaron sitios de reforestación ni de recuperación ambiental en todo el tramo recorrido (...)”.
Que en Inspección realizada el 15 de abril de 2005, “(...) Se observó la descarga de efluente cargado de sedimento, proveniente de la actividad de procesamiento de material no metálico. La extracción mecánica de material no metálico, sobre un área ubicada en la margen izquierda del drenaje natural conocido como Quebrada Seca, sobre su Zona Protectora, observándose además vestigios recientes de saque de material, a lo largo del cauce de la quebrada, en una longitud aproximada de cien metros (100 m) (…)”.
Que en Inspección efectuada el 18 de junio de 2005, “(…) La comisión en coordinación con los vecinos del sector, se procedió a realizar un recorrido de 1,6 kilómetros aproximadamente, por la parte alta de la margen derecha de la quebrada denominada Los Patos... el sector inspeccionado se encuentra fuertemente amenazado por los problemas de socavación de ambas márgenes, con especial atención de la inestabilidad de los suelos aunado a la temporada de la época de lluvia y el efecto del paso de vehículos de carga que están deteriorando la vía de acceso a esta comunidad, la cual se asienta en la margen derecha de la quebrada denominada Los Patos, trayendo como consecuencia el deterioro de la (sic) viviendas y el posible riesgo de desplazamiento de la vía hacia la quebrada (...)”.
Asimismo, en Inspección efectuada el 21 de junio de 2005, “(…) Se constató la paralización de la actividad de extracción y procesamiento de material no metálico de la empresa ARENAMINCA, por parte de la comunidad que vive en las adyacencias de la misma (...)”.
Que en Inspección efectuada el 1º de septiembre de 2005, “(…) funcionarios adscritos a esta Dependencia Ministerial realizaron inspección técnica de cuyo informe se extrae, ‘...En algunos tramos la explotación de material granular ha alcanzado el tope de roca (esquistos, cuarzos grafitosos), constituyéndose en una rasante obligada para el escurrimiento de este drenaje natural. No se observó área reforestadas en los tramos que fueron explotados en años anteriores, lo que indica el incumplimiento de una de las normas técnicas establecidas en los Oficios Nros. 82/039 y 01075 de fechas 26-01-1982 y 13-07-1987, respectivamente...’. Que en fecha 21-09-2005, funcionarios adscritos de la Dirección General de Vigilancia y Control Ambiental de este Ministerio, realizaron inspección técnica en la Quebrada Seca, ubicada en jurisdicción del Municipio Santos Michelena del Estado Aragua, en la cual se verificó la generación de un impacto ambiental negativo, por la ejecución de la actividad de extracción de material mineral no metálico, por parte de la empresa ARENAMINCA, de cuyo informe se extrae: ‘...Sobre la base del estudio interpretativo de las formas de la tierra presentes tanto de la misión aerofotográfica de 1.951 como del ortofotomapa de 1.994, así como del trabajo de reconocimiento de campo... se llega a las siguientes conclusiones: 1ro. Que la subcuenca de la Quebrada Seca o Chorrerón, ha sufrido cambios significativos en su sección transversal como en su perfil longitudinal de equilibrio, asociados con la profundización de su lecho y el ensanchamiento de su cauce, e inducidos por una sobre explotación de minerales no metálicos (materiales aluvionales), que en ella se contienen. Tal como se evidencia de: La relación contable de la Producción Potencial de Sedimentos (25.105 m3/año) Vs. Taza de Extracción (60.000 m3/año)... Demostrándose, una relación volumétrica de extracción casi tres veces mayor a la capacidad de sedimentación de la subcuenca. Disminución del índice de Sinuosidad, luego de la instalación de los saque de arena. 2do. Que la extracción de material granular, ha ocasionado la activación de procesos de erosión regresiva... 5to. Que la continuación de las actividades de saque de material granular en la red hidrográfica de la subcuenca de la Quebrada Seca o Chorrerón, debe ser paralizada definitivamente, ya que esta actividad ha sustentado su existencia a expensa de los materiales aluvionales que contenían el perfil longitudinal de equilibrio (...)”.
De igual modo, se observa del texto del acto bajo análisis que el 30 de junio de 2005, el ciudadano Joao Batista Sousa Gomes, rindió declaración ante la Oficina de Vigilancia y Control Ambiental del Ministerio, y que en dicho acto le preguntaron, entre otros, “(…) ¿Diga usted, si la empresa ha dado cumplimiento a las normas establecidas en la autorización expedida por este Ministerio, específicamente en lo referente a la presentación de los informes mensuales de actividades realizadas, planes de conservación y planes de recuperación ejecutados y a la prohibición de descargas de efluentes cuyos parámetros de calidad no cumplan con lo dispuesto en la normativa que rige la materia?. CONTESTANDO: Sobre este particular la persona que podrá contestar es el Doctor Sócrates Calderón, que ha estado contratado por mí para representar a la empresa y revisar y tener conversaciones con este Ministerio. PREGUNTANDO: ¿Diga usted, si la empresa ha dado cumplimiento a lo ordenado en el Oficio N° 00771 de fecha 10-06-2004, en lo referente a la presentación de los términos de referencia para la adecuación de los efluentes generados en la actividad de procesamiento de minerales no metálicos? CONTESTANDO: Yo voy a consultar con el Doctor Sócrates Calderón, para que asista a este Ministerio y suministre la información requerida por ustedes (...)”.
También se observa, del texto del referido acto que dicho ciudadano consignó escrito de alegatos el 15 de julio de 2005, el cual la Administración consideró extemporáneos; y que el 5 de agosto de 2005, el ciudadano Joao Batista Sousa Gomes, “(…) titular de la Cédula de Identidad N° 2.090.188, en su condición de representante de la empresa ARENERA Y PIEDRA LA MINA SECA, C.A., (ARENAMINCA), interpuso comunicación en la cual remite Informe de las actividades de extracción de arena en la quebrada ya ubicada, ejecutadas en el segundo trimestre del año 2005, en la cual se expresa lo siguiente: ‘...2. a fines de Mayo y principios de Junio fue que se dio inicio la extracción de material no metálico en el cauce de la quebrada Seca en jurisdicción del estado Aragua... durante el mes de Junio se extrajo arena en un tramo de unos 40 m de longitud, en un ancho variable de 4 a 6 m y en una profundidad entre 40 y 60 cm. La extracción se hizo dentro de los linderos contemplados en los planos aprobados por este Ministerio. No se ameritan obras de conservación ni planes de recuperación, en vista de que aún no se ha llegado a los taludes definitivos o finales en sus márgenes, por cuanto el ancho autorizado es mucho mayor a lo intervenido. El canal hidráulico diseñado y autorizado por el MARN en su oportunidad (véase planos aprobados al efecto) aún no se ha llegado con estas pequeñas extracciones a sus dimensiones establecidas por el mismo Ministerio. No se puede dar cumplimiento a la parte de la Norma N° 2 del oficio preidentificado en cuanto a obras por ejecutar en el siguiente trimestre por estar paralizada y sin saber hasta cuando (…)’”.
Por otra parte, se desprende del texto del comentado acto, que fue luego de “(…) Estudiados y analizados los recaudos que rielan en el Expediente Administrativo del caso, así como la Normativa Ambiental vigente (…)” y que con miras a que “(…) Constituye una obligación del estado Venezolano, contenida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, velar por el cumplimiento de las políticas ambientales. De igual forma, la Ley Orgánica del Ambiente declara de utilidad pública, la conservación, defensa y mejoramiento del Ambiente y, dentro de este concepto, se encuentra comprendido el aprovechamiento racional de los suelos, aguas, flora, fauna, fuentes energéticas y demás recursos naturales, continentales y marinos, en función de los valores del ambiente. Para el caso que nos ocupa, los Artículos 24 y 25 numeral 3º, de la Ley Orgánica del Ambiente (…) Asimismo, los Artículos 30, 31 y 37 del Decreto 883 de fecha 11-10-1995, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.021, Extraordinario, de fecha 18-12-1995 que establece las ‘Normas para la Clasificación y el Control de la Calidad de los Cuerpos de Agua y Vertidos o Efluentes Líquidos’, (…) Visto lo antes expuesto y del análisis del respectivo expediente, consideramos oportuno resaltar que la empresa ARENERA Y PIEDRA LA MINA SECA, C.A., (ARENAMINCA), ha incumplido en forma reiterada y continua las condiciones establecidas en los Oficios autorizatorios Nº 82/039 de fecha 26-01-1982 y Nº 01075 de fecha 13-07-1987, específicamente en lo que respecta a la rearborización de las áreas explanadas y removidas en años anteriores, presentación de informe trimestral donde se indique la ubicación de las labores mineras con sujeción al diseño hidráulico del cauce, descripción de las obras de conservación y planes de recuperación ejecutadas y por ejecutar, así como de la prohibición de la descarga de efluentes líquidos, cuyos parámetros de calidad no cumplan con lo dispuesto en la normativa ambiental vigente (…) Por otra parte, es importante mencionar que durante el proceso de extracción de material mineral no metálico realizada en el cauce de la Quebrada Seca o Chorrerón, por la empresa ARENERA Y PIEDRA LA MINA SECA, C.A., (ARENAMINCA), se detecto (sic) y comprobó que dicha explotación se viene realizando de una manera inadecuada lo que ha ocasionado cambios significativos en su sección transversal y perfil longitudinal de equilibrio (…) lo que trajo como consecuencia el rompimiento del equilibrio dinámico de dicha quebrada. Es así que, en este caso se observa que se pretende contraponer un interés individual en contra del interés público, toda vez que las zonas protectoras, son áreas así determinadas, con el objeto de preservar la integridad de los distintos componentes que la comprenden, en orden al aprovechamiento racional de los recursos naturales y en armonía con el equilibrio ecológico que proporciona un bienestar colectivo, (…). En virtud de lo anterior, es entonces necesario que la empresa ARENERA Y PIEDRA LA MINA SECA, C.A., (ARENAMINCA), ejecute un plan de recuperación del área de explotación (…) Considerando que la empresa (…) incumplió las con las condiciones establecidas (…) ocasionado el desequilibrio de su dinámica fluvial (…)”.
Ahora bien, respecto del acto administrativo Nº 005 de fecha 12 de febrero de 2007, emanado de la Dirección Estadal Ambiental Aragua, Coordinación de Vigilancia y Control Ambiental del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, y notificado a la empresa recurrente mediante Oficio N° 000250, de fecha 23 de febrero de 2007, a través del cual se le notificó al ciudadano Joao Batista De Jesús Sousa Gomes, representante de la sociedad mercantil Arenera La Mina Seca C.A., de la declaratoria sin lugar del recurso de reconsideración interpuesto contra el acto administrativo Nº 04-05-02-05-0089 de fecha 9 de diciembre de 2005, dicho acto corre inserto a los folios 10 al 25 del expediente, del cual se puede extraer que la Administración Ambiental efectuó una narración atinente a los hechos que dieron lugar al inicio del procedimiento de primer grado que culminó con el acto recurrido en reconsideración -acto administrativo Nº 04-05-02-05-0089 de fecha 9 de diciembre de 2005-, así como también de manera sucinta los alegatos esgrimidos por el representante de la empresa recurrente fundamentos del recurso de reconsideración, los cuales se observa fueron desvirtuados por la Administración Ambiental, a saber:
1.- “ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiere sido juzgado anteriormente como lo es el presente caso...”;
2.- Que “(…) en el artículo 13 de la LOPA se prevé que ‘ningún Acto Administrativo podrá violar lo establecido en otro de superior jerarquía’ (…)”;
3.- Que “(…) También es inobservado por la Dirección General Estadal Aragua, el artículo 11 de la LOPA al dictar ‘LA Providencia’ basándose en informes que pretenden establecer criterios con nuevas interpretaciones para modificarlos ya establecidos a mí favor (....)”;
4.- “La Providencia es también absolutamente nula al tenor de lo previsto en el ordinal 2 del artículo 19 de la LOPA cuando resuelvan un caso precedentemente decidido con carácter definitivo y que hayan creado derechos particulares.., la extracción de arena que realiza mi representada en el cauce de la Quebrada Seca en la parte del Estado Aragua es un caso precedentemente decidido y con carácter definitivo cuando el Director de la Zona 2 del MARN el día 26 de enero de 1982 mediante el Oficio N° 82/039 (....) reconoce formalmente por medio de este Acto Administrativo el derecho a explotar”;
5.- Que “Los Actos de la Administración Pública son absolutamente nulos, según el artículo 19 de la LOPA, ordinal 4: ‘Cuando hubieren sido dictados por autoridades manifiestamente incompetentes como es el caso de la providencia suscrita por el Lic. Luís Carlos Rodríguez en su condición de Director (General) Estadal Ambiental Aragua sin ser competente para ello (...)”;
6.- Que “(…) la Providencia es absolutamente nula al ser de imposible e ilegal ejecución (véase ordinal 3 del artículo 19 de la LOPA) toda vez que en el (sic) decide primero ordena (sic) la prohibición definitiva de toda actividad de extracción de mineral no metálico, en el cauce de la Quebrada Los Patos o Chorreón, quebradas que se localizan en el Estado Miranda, fuera de jurisdicción de la DEA Aragua, en las cuales mi representada jamás ha extraído arena (…)”;
7.- Que “(…) los actos de la administración pública son absolutamente nulos cuando hubieren sido dictados con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, como es el caso que nos ocupa toda vez que no solo (sic) fue suscrita por un funcionario no competente para dicha función sino que además violo (sic) el Procedimiento establecido en el Reglamento Sobre Guardería Ambiental el cual dispone que si el funcionario que haya sustanciado el procedimiento no tuviere competencia para conocer de la infracción e imponer la sanción enviara (sic) el expediente a la mayor brevedad posible al funcionario administrativo que tuviese tal competencia (....)”.
Así pues, luego de haber analizado y desechados cada uno de los precitados alegatos, la Administración concluyó, que:
“(…) es importante mencionar que durante el proceso de extracción de material mineral no metálico realizada en el cauce de la Quebrada Seca o Chorrerón, por la empresa ARENERA Y PIEDRA LA MINA SECA, C.A., (ARENAMINCA), se detecto (sic) y comprobó que dicha explotación se viene realizando de una manera inadecuada lo que ha ocasionado cambios significativos en su sección transversal y perfil longitudinal de equilibrio, con profundización del lecho y ensanchamiento de su cauce, todo esto inducido por una taza (sic) de extracción mayor a la producción máxima anual de reposición natural de sedimento de la cuenca, lo que trajo como consecuencia el rompimiento del equilibrio dinámico de dicha quebrada.
Es así que, en este caso se observa que se pretende contraponer un interés individual en contra del interés público, toda vez que las zonas protectoras, son áreas así determinadas, con el objeto de preservar la integridad de los distintos componentes que la comprenden, en orden al aprovechamiento racional de los recursos naturales y en armonía con el equilibrio ecológico que proporciona un bienestar colectivo, que debe ser entendido en sentido amplio y en general, pues redunda en beneficio no solo (sic) de las comunidades circunvecinas sino también de la colectividad en general.
En virtud de lo anterior, es necesario que la empresa ARENERA Y PIEDRA LA MINA SECA, C.A., (ARENAMINCA), ejecute un plan de recuperación del área de explotación, a los fines de minimizar los efectos negativos del impacto ambiental producido por la actividad de extracción de mineral no metálico.
Por todo lo anteriormente expuesto, quien suscribe, Directora Estadal Ambiental Aragua del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, nombrada mediante la Resolución MARN, N° 210, de fecha 02-05-2006, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.428, de fecha 03-05-2006, con fundamento en lo establecido en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y en uso de las atribuciones que le confieren el artículo 35 del Reglamento Orgánico de este Ministerio, contenido en el Decreto N° 2623 publicado en la Gaceta Oficial N° 5664 de fecha 29/09/2003 DECIDE
PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Reconsideración interpuesto por el ciudadano JOAO BATISTA DE JESÚS SOUSA GOMES, titular de la cédula de identidad N° 2.092.188, actuando en su carácter de representante de la empresa ARENERA Y PIEDRA LA MINA SECA, C.A. (ARENAMINCA), contra del Acto Administrativo No. 04-05-02-05- 0089 de fecha 09/12/2005, notificado en fecha 10/02/2006, a través del Oficio N° 00082 de fecha 11/01/2006 emanado de este Despacho.
SEGUNDO: Ratificar en todas y cada una de sus partes el Acto Administrativo recurrido.
TERCERO: Deberá presentar ante esta Dirección Estadal Ambiental una Propuesta de Términos de Referencia, dicha propuesta incluirá:
d.) La descripción de la actividad incluyendo la localización, insumos, tecnologías, procesos productivos, recursos humanos y servicios.
e.) La descripción de los equipos y procesos generadores de los efluentes.
f.) La propuesta debidamente justificada sobre los objetivos específicos, características, alcances y condiciones del proceso de adecuación.
La Propuesta de Términos de Referencia será evaluada por este Despacho y en caso de no ser considerada adecuada, le será comunicado para que efectué las correcciones correspondientes y proceda dentro de los treinta (30) días consecutivos siguientes a la presentación de una propuesta definitiva de Términos de Referencia; esta propuesta definitiva será evaluada y en caso de ser aprobada fijara un plazo no mayor de treinta (30) días consecutivos para la presentación de una propuesta de adecuación de los efluentes.
La Propuesta de Adecuación contendrá:
i.) La descripción de la actividad, incluyendo la localización, insumos, tecnologías, procesos productivos, recursos humanos y servicios.
j.) La descripción de los equipos y procesos generadores de los efluentes.
k.) Las características cuantitativas y cualitativas de los efluentes generados, o en su defecto los cálculos teóricos sobre los mismos.
l) La información disponible sobre las características cualitativas y cuantitativas del cuerpo de agua en el área de la descarga, de estar disponible.
m.) La descripción de las acciones de adecuación a la normativa ambiental en proceso de ejecución.
n.) Los datos disponibles sobre la rentabilidad de la empresa o sector que se estimen necesarios para la toma de decisiones sobre el proceso de adecuación.
o.) La propuesta de un plazo definitivo para el traslado o clausura de la actividad ante la imposibilidad técnica o financiera para la adecuación a la normativa ambiental, de ser el caso.
p.) La propuesta sobre acciones a desarrollar presentadas de un modo cronológico con la indicación de sus fechas de ejecución y resultados esperados del proceso de adecuación.
Pasados dos (02) meses a partir de la fecha de recepción del presente Acto Administrativo, sin consignar lo solicitado, se procederá a declarar la perención del procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
CUARTO: Remitir copia certificada de la presente Decisión a la Fiscal Primera en Materia Ambiental con Competencia a Nivel Nacional con sede en la ciudad de Caracas Distrito Capital pera su información y demás fines legales consiguientes.
QUINTO: Líbrese notificación del presente Acto Administrativo al ciudadano JOAO BATISTA DE JESUS SOUSA GOMES, titular de la cédula de identidad N° 2.092.188, actuando en su carácter de representante de la empresa ARENERA Y PIEDRA LA MINA SECA, C.A. (ARENAMINCA) y del contenido de la presente Providencia Administrativa de conformidad con lo establecido en los artículos 73 y 75 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, indicándole que contra este Acto Administrativo procede el Recurso Jerárquico ante la ciudadana Ministra, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación, de acuerdo al artículo 95 ejusdem. Incorpórese el original de la misma al cuerpo del respectivo Expediente Administrativo”.
En este contexto, se verificó en autos que en los actos impugnados, la Administración indicó de forma detallada cuáles fueron los motivos en los que se apoyó el órgano público para dictar la decisión, observándose que fue en virtud de lo arrojado en las inspecciones técnicas realizadas en fechas 30 de marzo, 14 de abril, 18 de junio, 21 de junio, 1º de septiembre y 21 de septiembre, todas de 2005, por el aludido Ministerio, donde “(…) se detecto (sic) y comprobó que dicha explotación se viene realizando de una manera inadecuada lo que ha ocasionado cambios significativos en su sección transversal y perfil longitudinal de equilibrio, con profundización del lecho y ensanchamiento de su cauce, todo esto inducido por una taza (sic) de extracción mayor a la producción máxima anual de reposición natural de sedimento de la cuenca, lo que trajo como consecuencia el rompimiento del equilibrio dinámico de dicha quebrada (…)”.
Además del incumplimiento en forma reiterada y continua por parte de la empresa ARENAMINCA, C.A., de “(…) las condiciones establecidas en los Oficios autorizatorios N° 82/039 de fecha 26-01-1982 y N° 01075 de fecha 13-07-1987 específicamente en lo que respecta a la rearborización de las áreas explanadas y removida en años anteriores, presentación de informe trimestral donde se indique la ubicación de las labores ejecutadas en el trimestre y por ejecutar, descripción de las labores mineras con sujeción al diseño hidráulico del cauce, descripción de las obras de conservación y planes de recuperación ejecutadas y por ejecutar, así como de la prohibición de la descarga de efluentes líquidos, cuyos parámetros de calidad no cumplan con lo dispuesto en la normativa ambiental vigente (…)”; todo lo cual conllevó a que la Administración Ambiental determinara la prohibición definitiva de toda actividad de extracción de material mineral no metálico, así como también, la prohibición temporal de la actividad de procesamiento de material mineral no metálico, hasta tanto la empresa presentara los términos de referencia, razón por la cual, esta Corte estima que los actos administrativos impugnados no adolecen del vicio de inmotivación denunciado y mucho menos, se evidencia que se le haya conculcado el derecho a la defensa y al debido proceso, en los términos denunciado por la empresa recurrente. Así se decide.
Así pues, efectuado como ha sido el análisis de fondo respectivo que correspondía realizar en la actual controversia, los cuales conllevan a que esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo declare Sin Lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, por los abogados Manuel Angarita y Juan Angulo Godoy, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil Arenera La Mina Seca C.A. (ARENAMINCA), contra los Actos Administrativos Nros. 04-05-02-05-0089 y 005 de fechas 9 de diciembre de 2005 y 12 de febrero de 2007, respectivamente, emanados de la Dirección General Estadal Ambiental del Estado Aragua del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, hoy Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, en consecuencia, se consideran VÁLIDOS los Actos Administrativos impugnados. Así se decide.

VI
DECISIÓN

Por las razones expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, por los abogados Manuel Angarita y Juan Angulo Godoy, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil ARENERA LA MINA SECA C.A. (ARENAMINCA), identificados en el encabezado del presente fallo, contra los actos administrativos Nros. 04-05-02-05-0089 y 005 de fechas 9 de diciembre de 2005 y 12 de febrero de 2007, respectivamente, emanados de la Dirección General Estadal Ambiental del Estado Aragua del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE.
2.- VÁLIDOS los Actos Administrativos Nros. 04-05-02-05-0089 y 005 de fechas 9 de diciembre de 2005 y 12 de febrero de 2007, respectivamente, emanados de la Dirección General Estadal Ambiental del Estado Aragua del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado.
Dada firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en la Ciudad de Caracas a los doce (12) días del mes de abril de dos mil once (2011). Años 200º de la Independencia y 152º de la Federación.
El Presidente,


EMILIO RAMOS GONZÁLEZ

El Vicepresidente,


ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA
Ponente

El Juez,


ALEJANDRO SOTO VILLASMIL

La Secretaria,

MARÍA EUGENIA MÁRQUEZ TORRES




Exp. AP42-N-2008-000189
AJCD/30/29




En fecha doce (12) de abril de dos mil once (2011), siendo la(s) ________________de la ________________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° 2011-______________.

La Secretaria,