REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA


PODER JUDICIAL

Tribunal Superior del Trabajo de Cumaná- Estado Sucre
Cumaná, uno de diciembre de dos mil once
201º y 152º

ASUNTO: RP31-R-2011-000077

SENTENCIA

PARTE DEMANDANTE RECURRENTE: JUAN JOSÉ RAMIREZ, titular de la cedula de identidad Nº V- 3.870.481.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE RECURRENTE: JUAN CARLOS BRAVO y MARCOS RIVAS, abogados en ejercicios inscritos en el inpreabogado bajo los Nº 93.009 y 103.236.

PARTE RECURRIDA: INSPECTORIA DEL TRABAJO DE CUMANA DEL ESTADO SUCRE.

MOTIVO: RECURSO DE APELACION

Se contrae el presente asunto a Recurso de Apelación, interpuesto por la representación judicial de la parte demandante contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre de fecha 10 de Agosto de 2011.
Recibidas las actuaciones ante esta Alzada en fecha 27-09-2011, ME AVOCO al conocimiento de la presente causa, contentivo de Recurso de Apelación contra la decisión emanada del Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre de fecha 10 de Agosto de 2011, decisión dictada en el procedimiento que por motivo de Nulidad de Acto Administrativo, incoado por el ciudadano Juan José Ramírez, en contra de la Inspectoría Del Trabajo De Cumana Del Estado Sucre.
Esta Alzada en la oportunidad legal para publicar el cuerpo completo de la sentencia, procede a hacerlo bajo los siguientes términos y consideraciones:


ANTECEDENTES

En fecha 22-11-2010, en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Laboral de Cumaná, se recibe escrito interpuesto por el Abogado Juan Carlos Bravo, por motivo de Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad con Solicitud de Amparo Cautelar contra el Acto Administrativo de Efectos Particulares Contenido en la Providencia Administrativa signada con el Nº 97-10 de fecha 10 de Mayo de 2010, incoado por el ciudadano Juan José Ramírez. Que riela en el folio (52).
En fecha 29-11-2010, el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, recibe la presente causa contentiva de Nulidad de Acto Administrativo interpuesto por el ciudadano Juan José Ramírez, en contra de la Inspectoría Del Trabajo De Cumana Del Estado Sucre.
En fecha 01-12-2010, el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, una vez visto el Recurso de Nulidad de Acto Administrativo interpuesto conjuntamente con solicitud de Amparo Cautelar y Suspensión de los Efectos del Acto Administrativo de Efectos Particulares. El Tribunal A quo al constatar que el Recurso ejercido conjuntamente con la Medida Cautelar y Suspensión de los Efectos del Acto Administrativo, no es contrario al Orden Público lo ADMITE, cuanto he lugar en Derecho se refiere, dicho Recurso de Nulidad. En cuanto a la Acción de Amparo Cautelar que se ejerce de forma simultanea con una medida de suspensión de los efectos del acto recurrido NIEGA LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL.
En fecha 10-12-2010, el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, ordena librar oficios a la Inspectoría del Trabajo del Municipio Sucre del Estado Sucre, Procurador General de la República, al Fiscal General de la República y cartel de notificación a cualquiera que pueda tener interés en dicho procedimiento.
En fecha 24-03-2011, La Abg. JINEZKHA DUERTO, designada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 27 de Enero de 2011, y juramentada en fecha 01 de Enero de 2011, como Juez Temporal del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre SE AVOCA al conocimiento de la presente causa.
En fecha 08-06-2011, se celebra la Audiencia Oral y Pública de Juicio por motivo de Recurso de Nulidad de Acto Administrativo interpuesto por el ciudadano Juan José Ramírez en contra la Inspectoría Del Trabajo De Cumana Del Estado Sucre, en dicho acto se deja constancia de la presencia de la Parte Demandante Recurrente Juan Carlos Bravo y Marcos Rivas, abogados en ejercicios inscritos en el inpreabogado bajo los Nº 93.009 y 103.236. Y por la parte recurrida Inspectoría Del Trabajo De Cumana Del Estado Sucre, no compareció ni por sí, ni por medio de apoderado judicial alguno. Posteriormente en fecha 10-08-2011 el Tribunal A quo declara: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, interpuesto por el ciudadano JUAN JOSE RAMIREZ, contra el Acto de Providencia Administrativa Nº 97-10, fecha 23-02-2010, contenida en el expediente Nº 021-2010-01-00094, emanada de la Inspectoría Del Trabajo De Cumana Del Estado Sucre, que declaró SIN LUGAR LA SOLICITUD DE REENGANCHE Y PAGO DE SALARIOS CAIDOS incoado por el ciudadano JUAN JOSE RAMIREZ contra la empresa FIPACA, C.A.
En fecha 21-09-11, el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, una vez visto el Recurso de Apelación de fecha 16-09-2011, se oye en Ambos Efectos y ordena remitir el expediente a URDD a los fines de ser enviado a esta Alzada.
En fecha 27-09-11, esta Alzada recibe el expediente contentivo de Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante Juan Carlos Bravo, antes identificado, contra la decisión dictada por el Tribunal A quo de fecha 10-08-2011, para esta misma fecha, ME AVOCO al conocimiento de la presente causa.
En fecha 13-10-11, esta Alzada establece un lapso de Diez (10) días de despacho una vez recibida la presente causa a los fines que la parte apelante deberá presentar escrito con los fundamentos de hecho y de derecho de la apelación. Ahora bien, una vez visto el escrito interpuesto por la parte demandante y recurrente de los fundamentos del Recurso de Apelación, esta Alzada establece un lapso de Cinco (05) días de despacho a los fines que la parte recurrida presente contestación del Recurso de Apelación.

FUNDAMENTO DE LA APELACION

Aduce la representación judicial de la parte demandante hoy recurrente que apela la decisión dictada por el Tribunal A quo de fecha 10 de Agosto de 2011, toda vez que considera que la sentenciadora cometió un error de interpretación de la norma al hacer tal declaratoria SIN LUGAR la nulidad del acto administrativo por presumir y considerar que el alcance intención del legislador en el articulo 39 del Reglamento de la Ley Orgánica del trabajo señala que el gozar del beneficio de pensión de vejez es sinónimo de incapacidad o inhabilitación para el trabajo. Que el gozar del beneficio de pensión por vejez no es sinónimo de incapacidad e inhabilitación para el trabajo, puesto que de ser así debe ser diagnosticado por un especialista en la materia y posteriormente declarado por algún órgano auxiliar especializado y competente para determinar la situación física o intelectual del trabajador.

MOTIVACION PARA DECIDIR

Revisadas las actas procesales y los alegatos expuestos por la parte recurrente desciende esta alzada a la revisión del presente asunto, a los fines de determinar si la decisión proferida por el Tribunal de Primera instancia se encuentra ajustada a derecho.

Así las cosas, expone la parte recurrente en relación a la causal de inhabilitación legal y judicial debe ser declarado o decretado por un juez de conformidad con el articulo 409 del Código Civil Venezolano. Que siempre existe el riesgo laboral y seria absurdo que el simple hecho de su existencia conllevaría a establecer una causa de terminación de la relación de trabajo por causas ajenas a la voluntad de las partes.
En tal sentido, establece el artículo 1 de la Ley del Seguro Social, en cuanto al campo de su aplicación, lo siguiente:
“La presente Ley rige las situaciones y relaciones jurídicas con ocasión de la protección de la Seguridad Social a sus beneficiarios en las contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso.
Considera esta alzada que una pensión, en relación con el seguro social o a la seguridad social, es un pago, temporal o de por vida, que recibe una persona cuando se encuentra en una situación, establecida por ley que la hace acreedora de hecho de una cantidad económica, ya sea de los sistemas públicos de previsión nacionales o de entidades privadas, teniendo el derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
La constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela en su articulo 86 donde establece que toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio publico de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure la protección en contingencia señalando dentro de ellos a la vejez donde el estado tienen la obligación de asegurar la efectividad de ese derecho creando un sistema de seguridad social, integral, unitario eficiente y participativo, que le corresponde a la persona que cumplió con los requisitos de edad y años de servicios para que sea acreedora de tal beneficio de orden social pues su animo es precisamente garantizar la calidad de vida del trabajador o funcionario publico una vez que es pensionado. Es conteste esta reproducir el criterio sostenido por el Aquo, en relación a que se ha entendido que el objetivo de la jubilación es que su acreedor que ceso en sus labores diarias de trabajo por virtud de la pensión de jubilación otorgada mantenga la misma o una mayor calidad de vida a la que tenia producto de los ingresos que ahora provienen de la pensión por ese concepto.
(Sentencia de la Sala de Casación Social de fecha 11/12/03, caso HUGO ROMERO QUINTERO)

La ley establece que se considera justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, que el trabajador del sector privado o servidor público cumpla con los requisitos establecidos para tener derecho a la pensión y que el empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, cuando sea reconocida o notificada la pensión por parte de las administradoras del sistema general de pensiones. Esta circunstancias y a sabiendas que el ciudadano Juan José Ramírez Rodríguez tiene 61 años de edad, que se encuentra disfrutando de su pensión de vejez, que desempeña un trabajo manual de almacenista que es fuerte donde se requiere además del rendimiento para cumplir con lo previsto o establecido en la jornada de trabajo cuyo ejercicio podría acarrear un accidente laboral o de trabajo. Consta de las actas procesales que el ciudadano JUAN JOSE RAMIREZ RODRIGUEZ goza de la condición de Pensionado (Pensión De Vejez) por lo que, el mismo le fue otorgado, en virtud de haber cumplido con los requisitos mínimos exigidos en la Ley del Seguro Social, los cuales señalan como edad mínima sesenta (60) años para el varón y la cotización de 750 semanas cotizadas. En tal sentido, visto lo anterior, concurrió una causa ajena a la voluntad de las partes, para extinguir la relación laboral existente entre la sociedad sociedad mercantil FIPACA, C.A, y el ciudadano JUAN JOSE RAMIREZ RODRIGUEZ.

De manera tal que la sociedad mercantil actúo dentro del marco de legalidad al separar de sus labores al ciudadano JUAN JOSE RAMIREZ RODRIGUEZ, pues al serle otorgada una Pensión de Vejez, el mismo quedó inhabilitado para el ejercicio de sus funciones laborales, por lo que no es obligación de la misma mantener en su plantilla laboral a un trabajador que como ya se ha dicho, tiene la condición de pensionado por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, siendo así, concluye este Alzada que la Administración actuó ajustado a derecho, por lo que se confirma la decisión dictada por el Aquo Y ASI SE ESTABLECE.




DECISIÓN
En consideración a todos los razonamientos de hecho antes expuestos y en atención a los méritos que de ellos se desprenden, este JUZGADO SUPERIOR PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, declara: : PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante contra la decisión dictada por el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha 10 de Agosto de 2011. SEGUNDO: SE CONFIRMA LA DECISIÓN DICTADA POR EL A QUO. TERCERO: NO HAY CONDENA EN COSTAS. CUARTO: REMÍTASE la presente causa en su oportunidad legal al Juzgado de origen.
PUBLÍQUESE - REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA DE LA PRESENTE DECISIÓN.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre. En Cumaná, al primer (01) días del mes de Diciembre del año Dos Mil Once (2011), Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.
DIOS Y FEDERACIÓN
LA JUEZ SUPERIOR

ANA DUBRASKA GARCÍA


LA SECRETARIA

YULIANNI SEIJAS.


NOTA: En esta misma fecha, previa las formalidades de Ley, se dictó y publicó la anterior sentencia.


LA SECRETARIA


YULIANNI SEIJAS