REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Corte de Apelación del Circuito Judicial Penal del Edo Delta Amacuro.
Tucupita, 14 de enero de 2011
200º y 151º

ASUNTO PRINCIPAL : YP01-P-2010-001950
ASUNTO : YP01-R-2010-000109


Con Ponencia de la Jueza Superiora Suplente
Abg. SAMANDA MARIA YEMES GONZALEZ



En fecha 24 de Noviembre de 2010, el Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, da inicio a Audiencia de Presentación de Imputados en la causa principal YP01-P-2010-001950, dando continuidad a dicha audiencia de presentación en fecha 25 de Noviembre de 2010, fecha en la cual dicta pronunciamiento e impone medida privativa preventiva de libertad a los ciudadanos MARCOS CANELONES, HERRERA GARCIA WUILIANS JOSE, ARISTIGUETA LOBO OSCAR JOSE, HERRERA GARCIA ALEJANDRO JOSE, TONI JOSE CARVAJAL, JONATAHN RENE ROJAS RAMIREZ, CARABALLO JOSE ANGEL, ROJAS RONDON EDER ELADIO, OLIVEROS JOSE ANTONIO, RENGEL LUIS JOSE, GARCIA MARTINEZ WILFREDO ANTONIO, CARABALLO VELASQUEZ ANGEL JOSE, VILANUEVA LOPEZ VICTOR REINALDO, GOMEZ VELASQUEZ WILFREDO JOSE, HERRERA GHARCIA YHONNY ALEJANDRO, SERRA DOUGLAS JOSE GREGORIO, LOPEZ CRUZ SEGUNDO, CASANOVA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, HOVER RAFAEL MENDOZA GONZALEZ, RAMOS DARVI RAFAEL, a quienes se les sigue proceso penal por la presunta comisión del delito HURTO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 453 numerales 3º, 4º y 9º del Código Penal.

Contra el referido fallo recurren los abogados SANTOS JOSE PAREJO MOROCOIMA, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano DARVI RAFAEL RAMOS, titular de la Cédula de Identidad Nº 15030948, en la causa YP01-R-2010-000109; así como el el Abogado HERNAN TRUJILLO BOADA, en representación de los ciudadanos MARCOS CANELONES, HERRERA GARCIA WUILIANS JOSE, ARISTIGUETA LOBO OSCAR JOSE, HERRERA GARCIA ALEJANDRO JOSE, TONI JOSE CARVAJAL, JONATAHN RENE ROJAS RAMIREZ, CARABALLO JOSE ANGEL, ROJAS RONDON EDER ELADIO, OLIVEROS JOSE ANTONIO, RENGEL LUIS JOSE, GARCIA MARTINEZ WILFREDO ANTONIO, CARABALLO VELASQUEZ ANGEL JOSE, VILANUEVA LOPEZ VICTOR REINALDO, GOMEZ VELASQUEZ WILFREDO JOSE, HERRERA GHARCIA YHONNY ALEJANDRO, SERRA DOUGLAS JOSE GREGORIO, LOPEZ CRUZ SEGUNDO, CASANOVA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, HOVER RAFAEL MENDOZA GONZALEZ, en su respectivo orden, en la causa YP01-R-2010-000114.

Se reciben ambos expedientes en la Corte de Apelaciones del Estado Delta Amacuro, en fecha 16 de Diciembre de 2010, designándose Ponente en ambas causas a la Abogada SAMANDA MARIA YEMES GONZALEZ, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

En fecha 21 de Diciembre de 2010, se admiten los recursos de apelación de autos de ambos expedientes, procediéndose posteriormente en fecha 12 de Enero de 2011, a la acumulación de las causas YP01-R-2010-000109 y YP01-R-2010-000114 de conformidad con el artículo 73 del Código Orgánico Procesal Penal, y cuyas apelaciones dirigidas por las Defensas de ambos expedientes van dirigidas a la impugnación de la misma decisión pronunciada por el referido Tribunal en audiencia de presentación de fecha 25 de Noviembre de 2010.


DE LOS RECURSOS DE APELACION

El Abogado SANTOS JOSE PAREJO, en su condición de apoderado judicial del ciudadano DARVI RAFAEL RAMOS, como fundamento a la apelación expuso:

“(…) siendo la oportunidad procesal establecida, para presentar APELACION a la presente DECISIÒN EN AUTO emanada por este tribunal en fecha 24 de noviembre del año 2010, por la comisión del delito HURTO CALIFICADO CON FRACTURA. expongo ante usted; ya que atraves de la documentación, medios de pruebas emanada y sustanciada en la parte investigativa por el cuerpo detectivesco C.I.C.P.C. Y EL MINISTERIO PUBLICO, no fueron las adecuadas y medios convincente, sobre la causa, donde se evidenció que no existió, su evacuación de LOS DOCUMENTOS DE PROPIEDAD Y PERMISOS DE LOS OBJETOS O MAQUINAS LAS CUALES ESTAN EN CONTROVERSIA, proporcionado por el ciudadano JONATHAN RENE ROJAS RAMIREZ, el que estaba a cargo de la mudanza desde maturín-tucupita y contrato a todos los caleteros, taxistas y camioneros según consta en declaraciones los imputados en acta. También no se valorizó dentro del expediente la presunción proporcionalidad, igualdad, motivación, estado de libertad y justicia de los imputados, Basada en los artículos 19, 20, 21, 25, 49 ORDINAL SEGUNDO Y SEXTO DE LA CONSTITUCION BOLIVARIANA DE VENEZUELA. ARTICULO 65, ORDINAL 2, DEL CODIGO PENAL EN CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 8, 243, 244, 245, 256 DEL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL, y de esa misma manera no se tomo en cuenta que mi representado no posee: registro policiales, es el sostén de hogar de familia, se encontraba trabajando como cualquiera persona que desea llevar el sustento a su hogar como taxista, su automóvil no posee ninguna solicitud alguna a nivel nacional, su declaración fue convincente, clara, según en actas del tribunal, confección de parte que fue contratado y la persona contratante JONATHAN RENE ROJAS RAMIREZ afirmando lo expuesto, también se encontraba en la parte exterior del galpón según actas esperando instrucciones cuando llego las autoridades. (…) Por todos los ya expuestos la defensa del ciudadano. DARVI RAFAEL RAMOS, considera que existen muchos atenuantes positivos a favor de el, para que a nuestro defendido se le sea impuesta MEDIDA SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, negando que existe una presunción de fuga, del ciudadano antes mencionado, tiene su domicilio en Maturín, estado Monagas y no tiene las posibilidades económicas existentes para hacerlo (…) Es por eso que fundamentamos esta APELACION en el ARTICULO 452 ORDINAL 2 Y 4 DEL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL, ya que el delito presunto no excede de 10 años en su limite máximo y mi defendido es un delincuente primario dada a este calificativo solicito que sea declarado con lugar y se acuerde una medida menos gravosa contentiva en articulo 256 a los fines continúe sujeta al proceso con tal medida. Ya que es un derecho constitucional y pedimos que se tome en cuenta el grado del presunto delito cometido para que mi defendido imputado en cuestión, salga en libertad bajo la figura de dos fiadores basado en el ARTICULO 256 ORDINAL 3, 4, 8, Y 257, 258 DEL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL mientras se realiza toda la investigaciones procesales y se llegue al final de esta controversia para que podamos vivir en paz y en justicia, y a su vez ponemos en disposición judicial las dos constancias de trabajo, contentiva de nombres de las personas, dirección y teléfonos que pudieran ser fiadores, en original, a si vez acompañamos copia fotostática de los autos celebrados con anterioridad por este tribunal”.


Por su parte, el Defensor Privado HERNAN TRUJILLO BOADA, en su recurso de apelación fundamentó:

“(…) El presente Recurso de Apelación está dirigido contra la decisión que dictó el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, a cargo del ciudadano Juez, ABG. JORGE CÀRDENAS MORA, al término de la Audiencia de Presentación celebrada en fecha 25/11/2010, cuyo inicio tuvo lugar en fecha 24/11/2010, mediante la cual se decretó en contra de mis patrocinados MEDIDA DE PRIVACIÒN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, por la presunta comisión del delito Hurto Calificado con Fractura, previsto y sancionado en el artículo 453, numerales 3, 4 y 9 del Código Penal, sin indicar su grado de participación en el aludido hecho punible; incurriendo el citado órgano jurisdiccional en la flagrante violación de los principios fundamentales al debido proceso, al derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva (…) la franca omisión de calificar previamente la aprehensión en situación de flagrancia de mis defendidos, conforme a lo preceptuado en los artículo 248 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal, circunstancia ésta que es la que en definitiva legitima la detención del imputado cuando es sorprendido infraganti y consecuencialmente llevado ante el órgano jurisdiccional, a tenor de lo consagrado en el artículo 44, ordinal 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ; incurriendo al mismo tiempo en el olvido de darle respuesta a las alegaciones y peticiones invocadas por la defensa durante el desarrollo de la referida audiencia, trasgrediendo con ello lo dispuesto en el articulo 6 del Código Adjetivo Penal in comento, haciendo finalmente que dicho pronunciamiento, se haga acreedor del vicio de inmotivación, cuya consecuencia inmediata e inexorable es la nulidad de la decisión que se cuestiona, por violación flagrante de las garantías al debido proceso, al derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, como se ha destacado ut supra.

(…)Es oportuno resaltar, que uno de los deberes del Juez es motivar sus decisiones determinando y concatenando los fundamentos de hecho y de derecho que lo llevan a dictarla. En ese sentido es clara la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de justicia, cuando mediante sentencia Nº433, de fecha 04/12/2003, estableció como requisito que no deben faltar en la correcta motivación de la sentencia: 1.- la expresión de las razones de hecho y de derecho en que ha de fundarse, según el resultado que suministre el proceso, y las normas legales pertinentes; 2.- Que las razones de hecho estén subordinadas al cumplimiento de las previsiones establecidas en la Ley Adjetiva Penal; 3.- Que la motivación del fallo no debe ser una enumeración material e incongruente de pruebas, ni una reunión heterogénea o incongruente de hecho, razones y leyes, sino un todo armónico formado por los elementos diversos que se eslabonen entre si, que converjan a un punto o conclusión para ofrecer base segura y clara a la decisión que descansa en ella; y 4.- Que en el proceso de decantación, se transforme por medio de razonamiento (…) Por otra parte se observa del análisis del expediente, que el Juez Primero en Funciones de Control que dictó la decisión de privativa de libertad a los imputados, ha debido consignar la DECISIÒN MOTIVADA el mismo día o a mas tardar al siguiente día, lo que a la fecha del día 29 de Noviembre de 2010, y según diligencia consignada por quien aquí suscribe el presente escrito así como de copia certificada del expediente, se evidencia claramente que no lo ha hecho y en dicha diligencia se hacen algunas observaciones al expediente y que, entre otras , se explanan en el presente escrito, consignando copia de la recepción de dicha diligencia así como copia de la misma con su fecha de recepción por parte del Alguacilazgo(…) En tal sentido, han sido reiterativas las decisiones de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal a las apelaciones formuladas por la Defensa Pública, por Abogados Privados y por los mismos Fiscales del Ministerio Público; entre estos últimos, el Fiscal Primero Dr. NOEL RIVAS, que al momento de consignar su escrito y recurrir de la decisión de algun Tribunal de Control y solicitar la falta de motivación de la decisión, se le ha acordado tal solicitud, o sea, la Corte de Apelaciones ha declarado con lugar la apelación, lo que se evidencia que se ha mantenido el criterio reiterado de dicha Corte de Apelaciones en lo que respecta a la falta de motivación y la ausencia de la decisión motivada por parte del Juez (…) PETITUM Vista la decisión del Tribunal Primero Penal en Funciones de Control del Estado Delta Amacuro, es por lo que solicito de la Ilustre Corte de Apelaciones lo siguiente: PRIMERO: DECLARE CON LUGAR el presente Recurso de Apelación a favor de mis defendidos y les otorgue la Libertad sin restricciones. SEGUNDO REVOQUE la medida impuesta de privativa de libertad por estar viciada y adolecer de los requisitos exigidos por el Código Orgánico Procesal Penal que debe tener toda Acta de Presentación, toda vez que no existe el Peligro de Fuga, la Falta de Motivación de la Decisión, la inexistencia de la Decisión motivada, la errónea calificación jurídica por parte del Fiscal Primero del Ministerio Público y la falta de análisis por parte del Juez al momento de tomar la decisión, de los elementos esgrimidos por los co-defensores(…)”.

DE LA RECURRIDA


Observa esta Alzada, que en fecha 24 de Noviembre de 2010, se dio inicio a la Audiencia de Presentación de Imputados por ante el Tribunal Primero de Control de este Circuito Judicial Penal, la cual fue suspendida y concluyó en fecha 25 de Noviembre de 2010, en la cual se lee:

“ (…)Seguidamente el ciudadano Juez entra a decidir: Escuchado el desarrollo de la audiencia de presentación de detenidos, este Tribunal de Control entra a decidir, de conformidad con lo establecido en el artículo 177 del Código Orgánico Procesal Penal, en los términos siguientes: “Resulta acreditado hasta la presente etapa de la investigación la existencia de un hecho punible que merece pena privativa de libertad y cuya acción penal, dada la reciente fecha de su perpetración no se encuentra evidentemente prescrita, lo que se acredita, con la existencia en el presente asunto de la Transcripción de Novedad, de fecha 21 de noviembre de 2010, inserta al folio 1, donde entre otros particulares se lee: “se encuentran varios sujetos quienes violaron los mecanismos de acceso de dicho inmueble y se encuentra cargando dos camiones con las maquinas traga niqueles que están depositadas en dicho lugar…”, de igual manera consta en este asunto y sirve como elemento de convicción para determinar la existencia del delito, el acta de investigación penal, de fecha 21 de noviembre de 2010, suscrita por el funcionario agente de investigación II Edgardo Alfonso, quien estando debidamente juramentado dejó constancia en la referida acta de haberse trasladado hasta el sitio del suceso en compañía de los funcionarios Saúl González, Rafael Sánchez y Francisco Sánchez, sitio en el cual lograron conversar con el ciudadano Fiscal Sexto del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial abogado José Contreras, quien les manifestó: “…que en el referido lugar, donde antiguamente fungía el casino VICTORIA, el cual fue clausurado por no presentar los requerimientos legales necesarios para su funcionamiento, se encuentra un grupo de ciudadanos que estaban hurtando las máquinas traga niqueles, pertenecientes a dicho casino, montándolas a dos camiones que se encontraban frente al local…”, siendo que lo que consta en dicha acta policial, fue practicado en compañía de dos testigos adicionales al referido funcionario Fiscal, en cuya acta consta adicionalmente al vuelto del folio 2, lo siguiente: “…pudimos observar en el interior del mismo a varios ciudadanos violentando y registrando las maquinas de juegos de azar en ambos pisos…”, resultando en esa actuación concretada la detención de los ciudadanos hoy co-imputados, así como ser colectados los activos y pasivos de la perpetración, lo que consta en las diferentes actas de registro de cadena de custodia, reconocimiento legal y acta de avaluó real Nº 100, que riela esta última al folio 36 y 37 del presente asunto, donde consta que los objetos sustraídos del local, tienen un valor que asciende a Cuatrocientos cuarenta y dos mil ochocientos noventa bolívares (442.890,00 Bs.). Así mismo consta en las actuaciones de investigación, producidas por el Fiscal del Ministerio Público acta de inspección Criminalistica Nº 1129, de fecha 1129, que riela al folio 26 y 27, en la cual se deja constancia de la violencia que presento el local inspeccionado, específicamente en los sistemas de seguridad de cerradura de sus puertas, así como marcos de las puertas y ventanas con laminas fracturadas. Consta ciertamente la existencia de los vehículos involucrados, que sirvieron para el traslado de los investigados y para cargar los objetos activos y pasivos de la perpetración, lo cual consta en las experticias realizadas a los seriales e improntas de dichos automóviles, dos de ellos tipo camión de uso carga y dos vehículos tipo sedam, lo cual quedo acreditado con la existencia de las experticias de serial de carrocería y motor, realizadas por el experto Licenciado José Jiménez, que cursa a los folios 42 al 49 ambos inclusive del presente asunto; consta la incautación de los objetos descritos en el acta de investigación penal de fecha 21 de noviembre de 2010, cursante a los folios 30 y 31 del presente asunto, los cuales son instrumentos propios, para abrir y violentar sistemas de seguridad de puertas, rejas, en los inmuebles, conformados estos por el corta pernos marca Truper, comúnmente conocido con sisaya, dos bombonas de gas de oxicorte, herramientas varias, taladro y dinero en efectivo, lo cual constituye para este Juzgador de control, un elemento de convicción, que permite acreditar el cuerpo del delito, por ser considerados instrumentos propios para penetrar de manera violenta a un establecimiento cerrado con puertas, rejas y sistemas de cerradura. Ahora bien, aprecia este Juzgador de control, hasta esta etapa de la investigación, que lo alegado por los investigados en sus declaraciones, no se encuentra debidamente documentado en las actuaciones, es decir, no consta documentalmente, demostrado hasta el día de hoy la existencia de contrato alguno de transporte, tampoco existe contrato para realizar obra alguna y no obstante de sostener los imputados que se trato de una convención verbal, no existe acta de entrevista alguna, distinta a la del ciudadano Ayala Yonni, que exprese la cierta existencia de un acuerdo en este sentido, así pues, el recibo que reconoció la firma como de su autoría, el imputado Jonatan Rojas Ramírez, se encuentra una firma ilegible, la cual dijo ser su propia firma, lo cual, lo correcto debió ser, que el que recibe el dinero, como pago del contrato de flete, ha debido ser quien suscribiera el mencionado recibo, como muestra de recibir el pago. Ahora los elementos que configuran para este Juzgador, el convencimiento para estimar la participación de los hoy coimputados, en el hecho que nos ocupa, lo constituye el dicho del ciudadano Abg. José Contreras, quien ese día, se encargo de llamar por teléfono al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas, a dar noticia de lo que estaba sucediendo y que espero en el sitio a la comisión actuante dando mayores detalles señalando a las personas que allí se encontraban como las mismas que resultaron observadas en el interior del establecimiento violentando y registrando las maquinas, lo cual se hizo en compañía de los ciudadanos Cabrera Gómez Ruperto Antonio y Paisano Dalver Rafael, de los cuales uno de ellos fue entrevistado el día de ayer 24 de noviembre de 2010, por ante el órgano auxiliar de investigación penal. Finalmente esta el acta de entrevista que riela al folio 50 y 51 del presente asunto tomada en la persona del ciudadano Ayala Yonny Agustín, la cual compromete y constituye un elemento de convicción, en lo que respecta a la participación del co-imputado Jonatan Rojas, como la persona que ubico los camiones para hacer el traslado del mobiliario desde Tucupita hasta Maturín. Ahora finalmente, apreciando las circunstancias muy particulares del caso que hoy nos ocupa, dado que el delito de Hurto Calificado, previsto y sancionado en el artículo 453 numerales 3°, 4° y 9° del Código Penal, comporta según el último aparte de dicho artículo una pena de prisión de seis a diez años, por el concurso de dos o más circunstancias, prevalece en el caso que nos ocupa, la presunción legal de fuga; igualmente considerando la magnitud del daño causado, entendido este, por cuanto los bienes que allí se encontraban, estaban a la orden de una representación del Ministerio Público, por una investigación penal, donde el único afectado es el Fisco Nacional, este Tribunal estima que la razón y el derecho acompañan en su petitorio al Fiscal del Ministerio Público y por cuanto están cubiertas las exigencias de los artículos 250, 251 numerales 2°, 3° y parágrafo primero, lo procedente y más ajustado a derecho es declarar CON LUGAR, la petición Fiscal y decretar MEDIDA PRIVATIVA JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, en contra de los ciudadanos MARCOS CANELONES, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 13.858.819, HERRERA GARCIA WUILIANS JOSE, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 13.813.423, ARISTIGUETA LOBO OSCAR JOSE, titular de la Cédula de Identidad Nº V-15.117.520, HERRERA GARCIA ALEJANDRO JOSE, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 17.403.431, TONI JOSE CARVAJAL, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 21.350.210, JONATAHN RENE ROJAS RAMIREZ, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 15.898.993, CARABALLO JOSE ANGEL, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 18.273.053, ROJAS RONDON EDER ELADIO, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 17.933.182, JOSE ANTONIO OLIVEROS, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 20.684.237, RENGEL LUIS JOSE, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 15.030.939, GARCIA MARTINEZ WILFREDO ANTONIO, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 20.647.778, CARABALLO VELASQUEZ ANGEL JOSE, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 18.273.055, VILLANUEVA LOPEZ VICTOR REINALDO, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 20.648.581, WILFREDO JOSE GOMEZ VELASQUEZ, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 15.278.801, HERRERA GHARCIA YHONNY ALEJANDRO, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 15.813.226, SERRA DOUGLAS JOSE GREGORIO, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 18.823.263, LOPEZ CRUZ SEGUNDO, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 8.449.554, CASANOVA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 4.884.752 Y HOVER RAFAEL MENDOZA GONZALEZ, titular de la cedula de identidad Nº V- 12.174.681, RAMOS DARVI RAFAEL, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 15.030.948, plenamente identificados en la presente causa, En consecuencia en el reten policial de Guasina de la Ciudad de Tucupita en consecuencia ESTE TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE DE CONTROL, DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO DELTA AMACURO ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY pasa a decidir de la siguiente manera: Primero; se ordena la aplicación del Procedimiento Ordinario de conformidad con el artículo 373 y 280 del Código Orgánico Procesal Penal. Segundo: PRIVATIVA JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, en contra de los ciudadanos antes mencionados. TERCERO: Líbrese Boleta de Encarcelación a los ciudadanos antes mencionados. Se deja constancia que fue ordenada la salida de la ABG. ROSIBEL BARRIOS de la sala de audiencias, una vez dictada la decisión por realizar esta manifestación de censura en el recinto del tribunal. Quedan notificadas las partes. Se acuerdan las copias solicitadas. Se levantó la audiencia siendo las 05:58 horas de la tarde, se leyó y conformes con el contenido de la presente firman.”




CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:


De las actas procesales se observa que el Juez Primero de Control al verificar y analizar las circunstancias bajo las cuales se produjo la aprehensión de los imputados, apreció las circunstancias del caso, tomando en consideración el delito por el cual se les procesaba, es decir HURTO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 453 numerales 3°, 4° y 9° del Código Penal, el cual según el último aparte de dicho artículo impone una pena de prisión de seis a diez años, por el concurso de dos o más circunstancias, y visto que el Juez consideró que prevalecían en el referido caso, la presunción legal de fuga; e igualmente consideró la magnitud del daño causado, “por cuanto los bienes que allí se encontraban, estaban a la orden de una representación del Ministerio Público, por una investigación penal, donde el único afectado es el Fisco Nacional”, el Tribunal de la Causa estimó que la razón y el derecho acompañaban en su petitorio al Fiscal del Ministerio Público y por cuanto estaban cubiertas las exigencias de los artículos 250, 251 numerales 2°, 3° y parágrafo primero, consideró que lo procedente y más ajustado a derecho era declarar CON LUGAR, la petición Fiscal y decretó MEDIDA PRIVATIVA JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, en contra de los ciudadanos.

Tales exigencias se encuentran expresamente señaladas en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, en los siguientes términos:

Artículo 250. Procedencia. El juez o jueza de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado o imputada siempre que se acredite la existencia de:

1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita;

2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible;

3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación. (Resaltado de la Corte).


De la impugnación de sentencia efectuada por el Abogado SANTOS JOSE PAREJO MOROCOIMA, apoderado judicial de DARVI RAFAEL RAMOS, se observa que el mismo considera que la decisión violentó la “presunción proporcionalidad, igualdad, motivación, estado de libertad y justicia de los imputados, Basada en los artículos 19, 20, 21, 25, 49 ORDINAL SEGUNDO Y SEXTO DE LA CONSTITUCION BOLIVARIANA DE VENEZUELA. ARTICULO 65, ORDINAL 2, DEL CODIGO PENAL EN CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 8, 243, 244, 245, 256 DEL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL, y de esa misma manera no se tomo en cuenta que mi representado no posee: registro policiales, es el sostén de hogar de familia, se encontraba trabajando como cualquiera persona que desea llevar el sustento a su hogar como taxista”, sin embargo, toma en consideración esta Juzgadora, que tal como lo prescribe el artículo 1 de la norma adjetiva penal, “nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado sin dilaciones indebidas, ante un Juez o Jueza, o tribunal imparcial, conforme a las disposiciones de éste Código y con salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido proceso, consagrados en la Constitución de la República, las leyes, los tratados y acuerdos internacionales suscritos por la Republica” (subrayado nuestro)”, y de la redacción de la decisión proferida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control, no se observa que hayan sido violentados los derechos de los imputados, pues no se está emitiendo una sentencia condenatoria, simplemente el Juez tomando en consideración lo prematuro de la investigación dicta medida preventiva de privativa de libertad al imputado DARVI RAFAEL RAMOS, conjuntamente con los ciudadanos MARCOS CANELONES, HERRERA GARCIA WUILIANS JOSE, ARISTIGUETA LOBO OSCAR JOSE, HERRERA GARCIA ALEJANDRO JOSE, TONI JOSE CARVAJAL, JONATAHN RENE ROJAS RAMIREZ, CARABALLO JOSE ANGEL, ROJAS RONDON EDER ELADIO, OLIVEROS JOSE ANTONIO, RENGEL LUIS JOSE, GARCIA MARTINEZ WILFREDO ANTONIO, CARABALLO VELASQUEZ ANGEL JOSE, VILANUEVA LOPEZ VICTOR REINALDO, GOMEZ VELASQUEZ WILFREDO JOSE, HERRERA GHARCIA YHONNY ALEJANDRO, SERRA DOUGLAS JOSE GREGORIO, LOPEZ CRUZ SEGUNDO, CASANOVA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, HOVER RAFAEL MENDOZA GONZALEZ, sólo a los efectos de la investigación, y por encontrarse llenos los extremos legales establecidos en la normativa de los artículos 250, y 251 numerales 2º y 3º y parágrafo primero del Código Orgánico Procesal Penal, ya que obviamente, tocar el fondo del asunto en esta oportunidad para verificar el grado de responsabilidad del mismo, sería entrar en materia propia del Juicio Oral y Público, siendo los puntos impugnados por el apoderado; mera materia probatoria, adecuada a debatirse en el contradictorio. Y ASI SE ESTABLECE.


En cuanto a lo plasmado por el referido apoderado, cuando menciona que existen muchos atenuantes positivos a favor de su apoderado, para que le sea concedido al mismo MEDIDA SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, negando que existe una presunción de fuga, del ciudadano antes mencionado, por cuanto tiene su domicilio en Maturín, estado Monagas y no tiene las posibilidades económicas existentes para hacerlo, sin embargo, de la normativa establecida en el Parágrafo Primero del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, existen una presunción legal que determina que para aquellos hechos punibles con penas privativas de libertad cuyo término máximo sea igual o superior a diez años, es decir que no necesariamente la pena para el delito debe sobrepasar el límite de diez años para que exista la presunción de peligro de fuga, puede ser igual o superior a ese término, considerando esta sentenciadora que la causa se encuentra en una etapa prematura de investigación y es al Fiscal a quien le toca recabar las informaciones para que se determine posteriormente por el Juez el grado de responsabilidad en que pudo haber incurrido el ciudadano DARVI RAFAEL RAMOS, y visto que si hubo por parte del Juez de la Causa valoración de esta circunstancia en la sentencia recurrida, no corresponde el otorgamiento de una medida sustitutiva de libertad al procesado, y considera quien aquí decide que lo más prudente y ajustado a derecho es declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación. Y ASI SE DECIDE.

Y visto, el recurso de apelación planteado por el ciudadano HERNAN TRUJILLO en su condición de Defensor Público de los nombrados ad initio, y analizando lo dicho por el defensor privado que hubo una “(…) flagrante violación de los principios fundamentales al debido proceso, al derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva(…), sería considerar el derecho y el razonamiento judicial de manera caprichosa, pues, con la finalidad de defender a alguien, e impugnar una decisión, solicitando aún la nulidad de la misma, por haberse violentado el debido proceso, es atacar equivocadamente el ritmo del proceso penal, pues el Juez a quo, hizo una valoración de los elementos de convicción presentados por el Fiscal del Ministerio Público, dado que de ello se trata la Audiencia de Presentación, llegando el mismo al pleno convencimiento para estimar la participación de los coimputados, en el hecho que se les imputa, lo plasmado y presentado por la Fiscalía del ministerio Público, quien recibe información suministrada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas, quienes manifiestan lo que había sucedido, además dieron mayores detalles señalando a las personas que allí se encontraban como las mismas que resultaron observadas en el interior del establecimiento violentando y además se lee: “(…)registrando las maquinas, lo cual se hizo en compañía de los ciudadanos Cabrera Gómez Ruperto Antonio y Paisano Dalver Rafael, de los cuales uno de ellos fue entrevistado el día de ayer 24 de noviembre de 2010, por ante el órgano auxiliar de investigación penal. Finalmente esta el acta de entrevista que riela al folio 50 y 51 del presente asunto tomada en la persona del ciudadano Ayala Yonny Agustín, la cual compromete y constituye un elemento de convicción, en lo que respecta a la participación del co-imputado Jonatan Rojas, como la persona que ubico los camiones para hacer el traslado del mobiliario desde Tucupita hasta Maturín”, lo que para esta sentenciadora, es motivación de una decisión de primera instancia, más aún, el Juez de la Causa, observó y determinó dado los elementos de convicción presentados y explanados en la audiencia oral de presentación por parte del Fiscal del Ministerio Público, que llevó a finalidad de dictar a los presuntos implicados medida privativa preventiva de libertad por haber estimado que estaban cubiertas las exigencias de los artículos 250, 251 numerales 2°, 3° y parágrafo primero, y existía peligro de fuga tomando en consideración que el delito correspondiente al hecho punible presuntamente perpetrado por los mismos tiene una penalidad de 6 a 10 años de prisión. Decir que hubo inmotivaciòn en la sentencia, y que el acta está viciada de nulidad, por falta de firmas de la secretaria, en nada ayuda a descartar la presunción de implicados que igualmente pesa sobre los imputados quienes fueron plenamente identificados desde el principio, y en forma flagrante fueron detenidos, por parte de los Organismos Policiales competentes. Considerando esta Alzada, que se falló acertadamente en cuanto a la primera fase procesal, es decir, se cumplieron las normas procesales, cuidando el respeto a las garantías constitucionales y procesales, establecidas el ese artículo 1º del Código Orgánico Procesal Penal, siendo lo más prudente y ajustado a derecho DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado HERNAN TRUJILLO BOADA, en representación de los ut supra mencionados. Y ASI SE DECLARA.


DISPOSITIVA


Por todas las razones de hecho y de derecho ya expuestas, ESTA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO DELTA AMACURO, CON COMPETENCIA MÚLTIPLE EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO, BANCARIO Y PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO DELTA AMACURO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto por el Abogado SANTOS JOSE PAREJO MOROCOIMA, apoderado judicial de DARVI RAFAEL RAMOS, plenamente identificado en autos, no corresponde al procesado el otorgamiento de medida sustitutiva de libertad, por encontrarse dentro la presunción de peligro de fuga, establecida en el artículo 251 parágrafo primero de la norma adjetiva penal, dado el límite máximo de la pena que pudiere llegarse a imponer. SEGUNDO: SE DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÒN interpuesto por el abogado HERNAN TRUJILLO BOADA, en su condición de Defensor Privado de los ciudadanos MARCOS CANELONES, HERRERA GARCIA WUILIANS JOSE, ARISTIGUETA LOBO OSCAR JOSE, HERRERA GARCIA ALEJANDRO JOSE, TONI JOSE CARVAJAL, JONATAHN RENE ROJAS RAMIREZ, CARABALLO JOSE ANGEL, ROJAS RONDON EDER ELADIO, OLIVEROS JOSE ANTONIO, RENGEL LUIS JOSE, GARCIA MARTINEZ WILFREDO ANTONIO, CARABALLO VELASQUEZ ANGEL JOSE, VILANUEVA LOPEZ VICTOR REINALDO, GOMEZ VELASQUEZ WILFREDO JOSE, HERRERA GHARCIA YHONNY ALEJANDRO, SERRA DOUGLAS JOSE GREGORIO, LOPEZ CRUZ SEGUNDO, CASANOVA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, HOVER RAFAEL MENDOZA GONZALEZ, plenamente identificados en autos, por no encontrarse viciada de nulidad la sentencia apelada, considerándose por esta Alzada que hubo respeto de las garantías Constitucionales y Procesales establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal, no siendo procedente el otorgamiento de libertad sin restricciones a los procesados.

Quedando así CONFIRMADA en todas sus partes la decisión apelada.

Notifíquese a las partes, remítanse las presentes actuaciones al Tribunal de la Causa. Déjese copia certificada. Regístrese y Publíquese. Cúmplase.-
Dada, firmada y sellada en la Sala de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Delta Amacuro, con sede en la Ciudad de Tucupita, a los catorce (14) díaz de enero de 2011. Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.

EL JUEZ PRESIDENTE DE LA CORTE DE APELACIONES

ABG. DOMINGO DURAN MORENO

LA JUEZA SUPERIORA SUPLENTE

ABG. SAMANDA YEMES GONZALEZ (Ponente)

EL JUEZ SUPERIOR

ABG. ARTURO GONZALEZ BARRIOS

LA SECRETARIA DE SALA

Abg. MARIAMNYS MARQUEZ FIORE