EXPEDIENTE N° AP42-N-2006-000220
JUEZ PONENTE: ALEJANDRO SOTO VILLASMIL

En fecha 19 de mayo de 2006, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo el Oficio N° 2128 de fecha 6 de marzo de 2006, emanado de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, anexo al cual remitió el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano Richard de Pinho Loureiro, portador de la cedula de identidad N° 6.284.492, actuando en su carácter de Director de la sociedad mercantil ALFOMBRAS THE KING EXPRESS C.A, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 20 de enero de 1995, anotada bajo el número 51, Tomo 13-A-Pro, asistido por el abogado José Antonio Monteiro Da Rocha, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 58.963, contra el SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), adscrito al Ministerio de la Producción y el Comercio, en virtud del Registro N° 041471 de la Resolución N° 001345, de fecha 17 de agosto de 2000 y de la cesión del registro identificada con el N° 27448 de fecha 22 de marzo de 2004, por ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, por haberse efectuado de “mala fe y atentando contra los principios éticos, morales y legales que rigen nuestro ordenamiento jurídico Administrativo y Judicial .”
Dicha remisión se efectuó en virtud de la decisión dictada por la referida Sala mediante la cual declaró que las Cortes de lo Contencioso Administrativo son competentes para conocer del presente recurso contencioso administrativo.
En fecha 30 de mayo de 2006, se dio cuenta a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo y por auto de la misma fecha, se designó ponente al ciudadano Juez Alejandro Soto Villasmil a los fines que dicte la decisión correspondiente.
En fecha 31 de mayo de 2006, se acordó pasar el expediente al Juez ponente.
En fecha 14 de junio de 2006, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, dictó sentencia N° 2006-01846, mediante la cual aceptó la competencia declinada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, para conocer el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido en el presente caso y ordenó remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo a los fines de que examinara las causales de inadmisibilidad previstas en la Ley con excepción de la referente a la competencia, la cual ya había sido analizada por este Tribunal.
El 27 de junio de 2006, se ordenó pasar el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines legales consiguientes.
El 4 de junio de 2006, se pasó el expediente al Juzgado de Sustanciación, de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, siendo recibido en la misma fecha de julio de 2006 en el citado Juzgado.
Por auto de fecha 12 de julio de 2006, el Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, admitió el presente recurso, y ordenó, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 aparte 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, a los ciudadanos Fiscal General de la República, Director del Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual y Procuradora General de la República, citación esta última que se practicaría de conformidad con el artículo 84 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica que rige sus funciones, remitiéndole a dichos funcionarios, las copias certificadas correspondientes.
De igual forma requirió al Director antes mencionado, de conformidad con lo establecido en el aparte 10 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, los antecedentes administrativos del caso para lo cual se le concedió un lapso de ocho (8) días de despacho contados a partir del recibo del oficio respectivo. Finalmente, ordenó librar el cartel al cual alude el artículo 21 aparte 11 de la Ley Orgánica de Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en el tercer (3er) día de despacho siguiente a que conste en autos las citaciones ordenadas, el cual debía ser publicado en el Diario “El Nacional”.
El 13 de julio de 2006, se libraron los Oficios correspondientes.
En fecha 6 de noviembre de 2006, se reconstituyó este Órgano Jurisdiccional, quedando integrado, de la siguiente manera: EMILIO RAMOS GONZÁLEZ, Presidente; ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA, Vicepresidente y, ALEJANDRO SOTO VILLASMIL, Juez.
El 14 de noviembre de 2006, compareció el ciudadano Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Corte consignó la notificación practicada al ciudadano Fiscal General de la República, la cual fue recibida, el 11 de agosto de 2006.
El 21 de noviembre de 2006, compareció el ciudadano alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Corte y consignó la notificación practicada al ciudadano Director del Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), la cual fue recibida el 9 de agosto de 2006.
En esa misma fecha, consignó la notificación practicada al Gerente General de Litigio de Procuraduría General de la República, la cual fue recibida el 14 de agosto de 2006.
En fecha 14 de diciembre de 2006, una vez practicadas todas las citaciones ordenadas en el auto de admisión, se libró cartel de emplazamiento a los interesados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 aparte 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.
Por auto de fecha 6 de febrero de 2007, se ordenó practicar por Secretaría del Juzgado de Sustanciación el cómputo de los días transcurridos desde el 14 de diciembre de 2006, fecha de la expedición del cartel previsto en el referido artículo 21 aparte 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, anteriormente mencionado, hasta la fecha del auto, inclusive.
En esa misma fecha, la Secretaría del Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo realizó el cómputo de los días transcurridos desde el día en que se libró el cartel de emplazamiento a los interesados -14 de diciembre de 2006-, inclusive, hasta esa fecha -6 de agosto de 2006-, inclusive, habiendo transcurrido treinta y nueve (39) días continuos, correspondientes a los días 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de diciembre de 2006; 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, y 31 de enero de 2007; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de febrero de 2007.
En esa misma oportunidad, 6 de febrero de 2007, el Juzgado de Sustanciación dictó auto a través del cual, visto que el lapso de los treinta (30) días continuos a que alude la sentencia N° 05481 de fecha 11 de agosto de 2005, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, venció el día 21 de julio de 2006, y en razón que la parte interesada no retiró el cartel librado por el Juzgado de Sustanciación de esta Corte Segunda en fecha 22 de junio de 2006, ordenó remitir el expediente a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo a los fines de que decidiera sobre el particular.
El 6 de febrero de 2007, se pasó el expediente a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, el cual fue recibido en la misma fecha.
El 7 de febrero de 2007 esta Corte se abocó al conocimiento de la presente causa y se ratificó la ponencia al ciudadano Juez ALEJANDRO SOTO VILLASMIL, a quien se ordenó pasar el expediente a los fines de dictar la decisión correspondiente.
En fecha 9 de febrero de 2007, se pasó el expediente al Juez Ponente.
El 27 de febrero de 2007, se recibió de la abogada Antonieta de Gregorio, inscrita en el Inpreabogado N° 35.990, en su carácter de Fiscal Primera del Ministerio Público, mediante el cual solicitó se declare el desistimiento del presente recurso.
En fecha 11 de octubre de 2011, esta Corte mediante decisión Nº 2007-01710, ordenó reponer la causa al estado en que se inicie el cómputo del lapso para retirar y publicar el cartel de emplazamiento a los terceros interesados, remitir el presente expediente al Juzgado de Sustanciación, y declaró improcedente la solicitud efectuada por la abogada Antonieta de Gregorio.
El 23 de enero de 2008, se pasó el presente expediente al Juzgado de Sustanciación.
En fecha 31 de enero de 2008, el Juzgado de Sustanciación ordenó notificar mediante oficio a los ciudadanos Fiscal General de la República, Director del Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, y Procuradora General de la República, y mediante boleta al ciudadano Richard de Pinho Loureiro.
En fecha 1º de febrero de 2008, se libraron los oficios Nros. JS/CSCA-2008-0119, JS/CSCA-2008-0120 y JS/CSCA-2008-0121.
En fecha 15 de febrero de 2008, se dejó constancia de la notificación practicada al ciudadano Fiscal General de la República, la cual fue recibida por la funcionaria Carmen Mercado, en fecha 14 del mismo mes y año.
En fecha 2 de abril de 2008, se dejó constancia de la notificación efectuada a la ciudadana Procuradora General de la República, la cual fue recibida en la persona del Gerente General de Litigio de la Procuraduría General de la República, en fecha 28 de marzo del mismo año.
En fecha 21 de abril 2008, el Juzgado de Sustanciación dejó constancia de la reanudación de la presente causa.
En la misma fecha, el aludido Juzgado dejó constancia de que se desglosó el cartel librado en fecha 14 de diciembre de 2006.
En fecha 24 de abril de 2008, el abogado José Monterio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 58.963, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte recurrente, consignó diligencia por medio de la cual retiró el cartel librado en fecha 21 de abril de 2008.
El día 14 de mayo de 2008, el abogado José Monteiro, antes identificado, consignó un ejemplar del diario “El Nacional”, en el cual aparecía publicado el cartel de citación librado.
En fecha 16 de mayo de 2008, el Juzgado de Sustanciación ordenó agregar a autos la página del diario “El Nacional”, donde aparecía publicado el cartel librado por el Juzgado de Sustanciación.
En fecha 12 de junio de 2008, la abogada Karla Peña García, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 123.501, actuando con el carácter de apoderada judicial de la República Bolivariana de Venezuela, consignó escrito de promoción de pruebas.
En fecha 19 de junio de 2008, el abogado José Monteiro, antes identificado, consigno escrito de consideraciones.
En fecha 25 de junio de 2008, el Juzgado de Sustanciación declaró improcedente la solicitud de reposición incoada por la parte recurrente.
En fecha 30 de junio de 2008, el abogado José Monteiro, antes identificado, consignó diligencia por medio de la cual apela del auto de fecha 25 de junio de 2008. Asimismo, sustituyó poder pero reservándose su ejercicio en los abogados Antonio Olivo, Enrique Guillen, María Macsotay y Marianna García, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 59.095, 59.63, 108.253, 118.032 y 124.520 respectivamente.
En fecha 30 de junio de 2008, el Juzgado de Sustanciación admitió las pruebas promovidas por la parte recurrente.
En fecha 2 de julio de 2008, la abogada Marianna García, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 124.520, actuando con el carácter de apoderada judicial de la parte recurrente, consignó diligencia a través de la cual solicitó oficiar a la Procuraduría General de la República y al Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual a los fines de determinar en cuál de los organismos reposa el expediente administrativo.
En la misma fecha, el Juzgado de Sustanciación oyó en un solo efecto la apelación ejercida por el apoderado judicial de la parte recurrente, y ordenó remitir el correspondiente cuaderno separado a esta Corte.
En fecha 3 de julio de 2008, el Juzgado de Sustanciación ordenó oficiar a la Procuraduría General de la República y al Instituto Autónomo de Propiedad Industrial (SAPI), a fin de solicitar información sobre la existencia o no de los antecedentes administrativos relacionados con el presente caso en sus archivos.
En fecha 9 de julio de 2008, la abogada María Alejandra Macsotay, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 108.253, actuando con el carácter de apoderada judicial de la parte recurrente, consignó copia certificada del poder original que le fuera otorgado por el abogado José Antonio Monteiro.
En fecha 10 de julio de 2008, el Juzgado de Sustanciación ordenó agregar a los autos las copias certificadas del instrumento poder que acredita su representación.
El día 17 de julio de 2008, se revocó el auto de fecha 12 de junio de 2008, y se ordenó librar oficio al ciudadano Director del Registro de la Propiedad Intelectual del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, ratificando el contenido del oficio Nº JS/CSCA-2006-0538 de fecha 13 de julio de 2006 mediante el cual se solicitaron los antecedentes administrativos relacionados con el presente caso.
En fecha 21 de julio de 2008, se libró el oficio Nº JS/CSCA-2008-735, dirigido al Director de Registro de la Propiedad Intelectual del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual.
El 6 de agosto de 2008, se dejó constancia de la notificación efectuada al ciudadano Director del Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, la cual fue recibida en fecha 5 de agosto de 2008.
En fecha 12 de noviembre de 2008, el abogado Enrique Alberto Gullén Niño, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 59.631, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte recurrente, consignó copia certificada del documento constitutivo de la sociedad mercantil que representaba.
En fecha 17 de febrero de 2009, se dejó constancia de la notificación practicada al ciudadano Director del Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de Propiedad Industrial, la cual el día 12 del mismo mes y año.
En fecha 22 de abril de 2009, se recibió oficio Nº DG200-0346 de fecha 17 de abril de 2009, anexo al cual remitió los antecedentes administrativos relacionados con la presente causa.
En fecha 1º de julio de 2009, la abogada Carmen Alicia Epalza, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 118.032, actuando con el carácter de apoderada judicial de la parte recurrente, solicitó que se oficie al SAPI a los fines de remitir copias certificadas de los ejemplares de unas revistas que reposan en sus archivos.
En fecha 8 de julio de 2009, el Juzgado de Sustanciación ordenó librar oficio dirigido al Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial, a los fines de que remitiera las copias certificadas de los ejemplares de las revistas “Estampas” del Diario “El Universal”, desde la fecha 1º de octubre de 1993, hasta el 12 de diciembre de 1999.
En fecha 20 de julio de 2009, se dejó constancia de la notificación efectuada Director del Registro de la Propiedad Intelectual del Servicio Autónomo de Propiedad Industrial, la cual fue recibida en fecha 10 del mismo mes y año.
En fecha 4 de agosto de 2009, el Juzgado de Sustanciación ordenó remitir el presente expediente a esta Corte, en virtud de haber fenecido el lapso de evacuación de pruebas.
En fecha 3 de febrero de 2010, se recibió oficio S/N de fecha 26 de enero de 2010, emanado del Servicio Autónomo de Propiedad Industrial, anexo al cual remitieron copia certificada de la Revista “Estampas” del Diario “El Universal” comprendida desde el 1º de octubre de 1995, hasta el 12 de diciembre de 1999.
En fecha 11 de febrero de 2010, esta Corte fijó el 3º día de despacho siguiente para que se dé inicio a la relación de la causa. Asimismo, se agregar a los autos la información emanada del Servicio Autónomo de Propiedad Industrial.
En fecha 11 de marzo de 2010, el abogado Enrique Guillén, antes identificado, consignó diligencia a través de la cual solicitó ante esta Corte que se fije la oportunidad para que tenga lugar el acto de informes en forma oral.
En fecha 15 de abril de 2010, se fijó el día 20 de octubre de 2010 la oportunidad para que tuviera lugar la oportunidad para la celebración del acto de informes en forma oral, de conformidad con lo establecido en el artículo 19, aparte 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
En fecha 11 de agosto de 2010, esta Corte revocó el auto de fecha 15 de abril de 2010, de conformidad con lo estatuido en la Cláusula Cuarta de las Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en consecuencia se concedieron 40 días de despachos para que las partes presentaran sus escritos de informes.
En fecha 18 de noviembre de 2010, la abogada Rebeca Roomers, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 144.870, actuando con el carácter de sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República, consignó escrito de informes.
En la misma fecha, la abogada Carmen Alicia Epalza, antes identificada, consignó escrito de informes.
El día 22 de noviembre de 2010, la abogada Antonieta de Gregorio, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 35.990, actuando con el carácter de Fiscal Primera del Ministerio Público, consignó escrito de informes.
En fecha 19 de enero de 2011, se dijo “vistos.”
El día 25 de enero de 2011, se pasó el presente expediente al ciudadano Juez ponente.
El 9 de febrero de 2011, se recibió diligencia del apoderado judicial de la parte recurrente solicitando se dictara sentencia en la presente causa.
Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Corte pasa a decidir previas las siguientes consideraciones:
I
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD
El ciudadano Richard de Pinho Loureiro actuando en su carácter de Director de la sociedad mercantil “Alfombras The King Express, C.A”, asistido por el abogado José Antonio Monteiro Da Rocha, identificado al inicio, fundamentó el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, con base en los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Que su representada “(…) ‘Alfombras The King Express, C.A.’, esta (sic) inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, desde el veinte (20) de enero de mil novecientos noventa y cinco (1995) y desde esa fecha explota el ramo de la compra, venta, representación, reparación y limpieza de alfombras, muebles y tapicería en general, tal y como se desprende de la Asamblea Constitutiva de dicha empresa (...)”. (Resaltado del escrito).
Alegó que “(…) desde esa fecha (enero de 1995), y hasta el mes de julio de Dos Mil Cuatro (2004), [su] representada ‘Alfombras The King Express, C.A.’ publicó de manera semanal, continua y periódica, avisos publicitarios en los que se destaca su nombre comercial The King Express impreso sobre una alfombra enrollada tal y como se desprende de publicaciones efectuadas en la revista Estampa (…)” (Corchetes de esta Corte) (Resaltado del Original).
Arguyó que “(…) el articulo (sic) 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece que la nulidad Absoluta o Relativa puede ser decretada de oficio o a solicitud de cualquier persona, cuando el Registro de Marca se hubiese concedido en contravención a los artículos 134, 135 o 136 de dicha Decisión 486. A todo evento [dejan] claramente acreditado que el legítimo interés que [tienen] para interponer la presente SOLICITUD DE NULIDAD, se deriva del uso y publicación durante más de nueve (9) años continuos de la expresión THE KING EXPRESS, la cual ha venido utilizando [su] representada en forma pacífica, continua y conforme a derecho en el mercado concurrencial (…)”. (Corchetes de esta Corte) (Mayúsculas del Original).
Destacó que “(…) Dicha causal [la mala fe] tiene su base jurídica en que nadie puede pretender la validez de un registro a su favor, a sabiendas que no es el titular originario, ya que estaría engañando al órgano del cual pretende tal protección, al público consumidor en general, y actuando abierta y dolosamente en detrimento del verdadero propietario del signo (…) el solicitante plagió el arte cuyo registro solicitó (…)”. (Corchetes de esta Corte) (Resaltado del Original).
Indicó que del artículo 136 de la decisión 486 de la Comunidad Andina, busca proteger al verdadero propietario de la marca, respecto a terceros que intenten obtener derechos sobre un bien intangible que no les pertenece, cometiendo un acto malicioso, desleal y en definitiva nulo por mandato de la Ley.
Que “(…) el ciudadano José Antonio Abellas Villanueva sorprendió a la Autoridad, solicitando el registro de una marca que pertenece a [su] representada, sin el más mínimo esfuerzo de disimular sus intenciones, sino por el contrario, copiando burda y ociosamente el diseño y la grafía que [su] representada ha empleado durante muchos años para promocionar sus en servicios en el famoso semanario ‘ESTAMPAS’ (…)” (Corchetes de esta Corte) (Resaltado del Original).
Asimismo alegó “(…) el diseño y la grafía no es producto de una simple coincidencia, sino un acto de mala fe por parte del ciudadano José Antonio Abellas Villanueva, quien, no conforme en solicitar para si maliciosamente el logotipo que identifica los servicios que presta [su] representada, utilizó para hacer la correspondiente solicitud de marca, inscripción N° 008175 del once (11) de mayo (05) de mil novecientos noventa y ocho (1998), UN RECORTE HECHO A MANO DE DICHO DISEÑO, TOMADO DIRECTAMENTE DE LA PÚBLICACIÓN QUE [su] REPRESENTADA PUBLICABA EN LA REVISTA ‘ESTAMPAS’ (…)” (Corchetes de esta Corte) (Resaltado del Original).
Agregó “(…) que la expresión ‘THE KING EXPRESS’, antes identificada, así como el diseño que lo caracteriza y la grafía utilizada, y Registrada ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual por el Ciudadano José Antonio Abellas Villanueva, RESULTA SER EXACTAMENTE IGUAL (…). Esta es una situación que no puede ser permitida, considerando la incalculable inversión económica, de esfuerzo y de tiempo, que [su] representada viene empleando desde hace muchos años, para mantener la calidad y prestigio del que actualmente goza su nombre comercial THE KING EXPRESS.” (Negrillas del Original).
Que con miras a obtener un aprovechamiento fraudulento el ciudadano José Antonio Abellas Villanueva, en un acto de evidente mala fe, suscribió contrato de Cesión de Marca, en fecha 19 de marzo de 2004, por ante la Notaria Pública Tercera del Municipio Baruta del Estado Miranda, el cual quedó anotado bajo el número 36 Tomo 20, con la empresa mercantil Importaciones King Express, C.A. sobre el mencionado Nombre Comercial; el precio que establecen en dicha cesión fue por la cantidad de sesenta millones de bolívares (Bs. 60.000.000,00).
Que “(…) En fecha veintinueve (29) de junio de Dos Mil Cuatro (2004), el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas Admitió una demanda por Uso indebido de Marca, incoado por la sociedad mercantil Importaciones King Express, C.A (…)”. (Negrillas del Original).
Que el referido Juzgado en fecha 29 de junio de 2004, decretó medidas cautelares de secuestro y retiro inmediato de todos los productos y servicios que hasta ese momento haya tenido la marca The King Express, y decretó el embargo preventivo sobre los bienes muebles de la propiedad de su representada. Igualmente en fecha 12 de julio de 2004, el Juzgado de Ejecución decomisó todo el inventario de mercancías, retiró la valla comercial y publicidad impresa ocasionándole a su representada un grave y evidente perjuicio económico colocándola en un estado de indefensión jurídica.
Finalmente, solicitó la nulidad del registro número N-041471, correspondiente a la marca nombre comercial The King Express otorgado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, al ciudadano José Antonio Abellas Villanueva; la nulidad de la Cesión celebrada entre el ciudadano José Antonio Abellas Villanueva y la firma mercantil Importaciones King Express C.A, y se ordene al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual libere el nombre comercial The King Express, con la finalidad de que se pueda registrar legalmente ante dicho organismo la titularidad de su nombre y marca comercial.
II
DE LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA
Mediante sentencia de fecha 18 de enero de 2006, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declaró la competencia para conocer del presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, en esta Corte, señalando al efecto que:
“Con relación a las normas citadas [artículos 259 y 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela], este Alto Tribunal estima necesario continuar con el criterio interpretativo aplicado al ordinal 10 del artículo 42 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, referido a que la competencia de esta Sala lo es para conocer de los recursos de nulidad de los actos administrativos dictados por los órganos superiores de la Administración Pública Central, los cuales son el Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva, el Consejo de Ministros, los Ministros o Ministras, los Viceministros o Viceministras, según lo dispone el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.305 del 17 de octubre de 2001; asimismo, le corresponde conocer de los actos emanados de las máximas autoridades de los órganos superiores de consulta de la Administración Pública Central, los cuales según la norma indicada son: la Procuraduría General de la República, el Consejo de Estado, el Consejo de Defensa de la Nación, los gabinetes sectoriales y gabinetes ministeriales.
De forma que, en razón de lo arriba indicado, el caso de autos no se ajusta al supuesto de hecho establecido en las normas transcritas, por cuanto el acto cuya nulidad se pretende fue dictado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, es decir, un órgano desconcentrado a nivel nacional, con autonomía funcional e independencia jerárquica, adscrito al Ministerio de Industria y Comercio, ahora Industrias Ligeras y Comercio, según decreto de creación Nº 1.768, publicado en la Gaceta Oficial Nº 36.192 del 24 de abril de 1997, distinto a los señalados en el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, esta Sala debe mantener el criterio interpretativo aplicado al ordinal 3° del artículo 185 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, ante la ausencia de disposición expresa al respecto en la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; por lo que, esta Sala afirma que corresponde a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, en primera instancia, el conocimiento del presente recurso de nulidad. Así se decide (…)”.
III
DEL INFORME DE LA PARTE RECURRIDA
En fecha 18 de noviembre de 2010, la abogada Rebeca Roomers, en su carácter de sustituta de la Procuradora General de la República, presentó escrito de informes en el cual esgrimió los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Precisó que “(…) se observa que mediante Solicitud de Registro Nº 13030 de fecha 12 de agosto de 2004, suscrita por el ciudadano Richard de Pinho Loureiro como representante de la empresa Alfombras The King Express (hoy accionante) solicita el registro de la marca ‘THE KING EXPRESS’; es decir, que la misma es posterior al registro de marca y cesión que hoy se está demandando en nulidad (…).”
Que “(…) se evidencia que el ciudadano José Antonio Abellas Villanueva; seguió (sic) el procedimiento conforme a lo establecido en la legislación marcaria, tanto para la solicitud del registro de la marca ‘The King Express’, como para la cesión realizada a la empresa Importaciones King Express C.A., de la respectiva marca; de igual manera se comprueba que la empresa Alfombras The King Express, C.A., solicitó el registro de la marca THE KING EXPRESS, fundamentándose en el supuesto uso de esta expresión durante nueve (9) (sic), luego de que la protección de dicha marca fue otorgado al ciudadano antes mencionado por el Servicio Autónomo de Propiedad Industrial (SAPI).” (Mayúsculas del Original).
Precisó que conforme a lo establecido en el artículo 136 de la decisión Nº 486 de la Comunidad Andina de Naciones “(…) se colige que no podrán registrarse marcas cuyo signo afecte indebidamente el derecho de un TERCERO, en el caso concreto no puede atribuirse la empresa Alfombras The King Express, C.A., derechos sobre la marca ‘The King Express’ en virtud de que no realizó el procedimiento de solicitud de registro de la marca ante el Servicio Autónomo de Propiedad Industrial (SAPI), al momento de realizar la la (sic) Inscripción el el Registro Mercantil.”
Solicitó que el presente recurso contencioso administrativo de nulidad, incoado en contra del Servicio Autónomo de Propiedad Industrial, sea declarado sin lugar.
IV
DEL INFORME DE LA PARTE RECURRENTE
En fecha 18 de noviembre de 2010, la abogada Carmen Alicia Epalza, en su carácter de apoderada judicial de la parte recurrente, presentó escrito de informes en el cual esgrimió los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Precisó que “(…) la expresión ‘THE KING EXPRESS’, así como el diseño que la caracteriza y la grafía utilizada, y registrada ente el Servicio Autónomo de Propiedad Industrial (S.A.P.I), por el ciudadano José Antonio Abellas Villanueva, ya identificado, resulta ser exactamente igual al signo distintivo que la sociedad mercantil Alfombras The King Express, C.A., ha venido utilizando en forma continua, pacífica y conforme a derecho, desde 1995, por lo que ni la Ley, ni la autoridad, pueden convalidar tal hecho ilícito y desleal, más aún tomando en consideración la incalculable inversión económica, así como de esfuerzo y tiempo, que [su] representada viene empleando desde hace muchos años, para mantener la calidad y prestigio del que actualmente goza el nombre comercial ‘THE KING EXPRESS’.”
Que “se evidencia que la marca comercial cuya titularidad presume detentar el ciudadano José Antonio Abellas, anteriormente identificado, fue obtenida contraviniendo los literales a, b, c, d, e, f y h del artículo 136 [de la Decisión Nº 486 de la Counidad Andina de Naciones]”. (Corchetes de esta Corte).
Esgrimió que “[i]nfringiendo el literal ‘a’, en virtud que se obtuvo un registro idéntico a una marca anteriormente solicitada para su registro, para los mismos productos y servicios, por cuanto 6 años antes de la solicitud efectuada por el ciudadano José Antonio Abellas Villanueva, suficientemente identificado, [su] representada solicito ante el Servicio Autónomo de Registro de la Propiedad Industrial (S.A.P.I) el registro de la marca; solicitud efectuada en fecha 25 de enero de 1995 e identificada con el Nº 575, y la cual fue designada por [su] representada junto al escrito recursivo (…) evidenciándose de esta manera que al momento de interponer la mencionada solicitud se realizó la búsqueda de parecidos de marcas, requisito indispensable a los efectos de registrar la marca de comercio ‘THE KING EXPRESS’, sin que existiese ningún tipo de coincidencia. (…).” (Corchetes de esta Corte) (Resaltado del Original).
Que “[i]nfringiendo los literales ‘b’ y ‘d’ ya que el registro obtenido por el ciudadano José Antonio Abellas Villanueva, es idéntico o se asemeja a un nombre comercial protegido, o de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación, e idéntico a un signo distintivo de un tercero (…).” (Subrayado del Original).
Que “[i]nfringiendo el literal ‘e’ ya que el registro obtenido por el ciudadano José Antonio Abellas Villanueva, consiste en un signo que afecta la identidad o prestigio de la sociedad mercantil Alfombras The King Express, C.A., por tratarse especialmente de su nombre comercial, pues se observa que la ‘marca’ utiliza el nombre comercial de [su] representada ‘THE KING EXPRESS’ (…).” (Corchetes de esta Corte) (Resaltado del Original).
Precisó que “[i]nfringiendo el literal ‘f’, en razón que el registro obtenido por el ciudadano José Antonio Abellas Villanueva, consiste en un signo que infringe el derecho de autor de alfombras The King Express C.A., quien por efecto de la elaboración y creación del art y su publicación goza de los Derechos de Autor derivados de su creación.”
Que “[i]nfringiendo el literal ‘h’, por cuanto el registro obtenido José Antonio Abellas Villanueva constituye una reproducción de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular es un tercero, causando sin duda alguna riesgo de confusión o de asociación entre [su] mandante y el tercero solicitante obteniendo indefectiblemente un aprovechamiento injusto pues (…) la sociedad mercantil Alfombras The King Express, C.A., utiliza desde la fecha de su constitución la marca o nombre comercial ‘THE KING EXPRESS’, es decir, desde hace más de nueve años, en consecuencia, el uso de la identidad del mencionado nombre comercial por la empresa de Importaciones King Express, C.A., puede generar confusión en el mercado comercial, aunado al hecho que le genera un aprovechamiento económico injusto a la mencionada empresa, cuando es [su] representada quien se ha venido dando a conocer con la referida marca (…).” (Corchetes de esta Corte) (Mayúsculas del Original).
Solicitó a esta Corte que “(…) se sirva a declarar CON LUGAR el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad y en consecuencia, se declare la nulidad del registro N-041471, correspondiente a la Marca-Nombre Comercial ‘The King Express’ otorgado por el Servicio Autónomo de Propiedad Industrial (S.A.P.I), al ciudadano José Antonio Abellas Villanueva, (…) y que fuera concedida mediante Resolución Número 001345 de fecha 17 de agosto de 2000.” Igualmente solicitaron la nulidad de la cesión celebrada entre el ciudadano José Antonio Villanueva y la firma de importaciones King Express, C.A. (Resaltado del Original).
V
DEL INFORME DEL MINISTERIO PÚBLICO
En fecha 22 de noviembre de 2010, la abogada Antonieta de Gregorio, en su carácter Fiscal Primera del Ministerio Público ante las Cortes de lo Contencioso Administrativo, presentó escrito de informes en el cual esgrimió los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Precisó que “(…) del escrito libelar el recurrente no fundamenta el recurso en algún vicio de ilegalidad, se limitó a narrar los hechos y a denunciar que el SAPI incumplió los artículos 135, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.”
Que “(…) no se está atacando el silencio administrativo en que no ha podido incurrir el órgano SAPI, visto que no consta la decisión respecto a la nulidad del registro planteada en sede administrativa. Las dos circunstancias acarrea que el presente recurso sea declarado inadmisible.”
Estimó que “(…) el recurso contencioso administrativo de nulidad, ejercido por el ciudadano RICHARD DE PINHO LOUREIRO, actuando con el carácter de Director de la s.m. ‘ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A.’, contra el Servicio Autónomo de Propiedad Industrial (S.A.P.I) debe ser declarado ‘Sin Lugar’” (Resaltado del Original).
VI
ANTECEDENTES
El 10 de agosto de 2005, el ciudadano Richard De Pinho Lureiro, titular de la cédula de identidad Nº 6.284.492, asistido por el abogado José Antonio Monteiro Da Rocha, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 58.963, interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad ante el Juzgado Cuarto de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 001345 del 17 de agosto de 2000, mediante el cual se acordó el registro de la marca “The King Express” al ciudadano José Antonio Abellas Villanueva; así como la nulidad de la cesión de marca celebrada entre el ciudadano José Antonio Abellas Villanueva y la empresa Importaciones King Express, C.A.
En esa misma fecha el referido juzgado admitió la referida acción a los fines de interrumpir la prescripción, la admitió y ordenó emplazar a la parte demandada. Asimismo, declinó la competencia para conocer del asunto y remitió el expediente al Juzgado Distribuidor de Turno de los Tribunales Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital.
En fecha 14 de noviembre de 2005, el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo se declaró incompetente para conocer de dicho recurso y procedió a plantear de oficio el conflicto de competencia, solicitando así la regulación de la competencia ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
El 18 de enero de 2006, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia dictó sentencia, mediante la cual declaró que correspondía a la Corte de lo Contencioso Administrativo el conocimiento de la presente causa.
El 19 de mayo de 2006, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo recibió oficio Nº 2128 de fecha 6 de marzo de 2006, emanado de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, contentivo del recurso de nulidad interpuesto por la sociedad mercantil Alfombras The King Express contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 001345 del 20 de julio de 2000 y la cesión de marca antes indicada.
En fecha 30 de mayo de 2006, se dio cuenta a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo y por auto de la misma fecha, se designó ponente al ciudadano Juez Alejandro Soto Villasmil a los fines que dicte la decisión correspondiente.
En fecha 31 de mayo de 2006, se acordó pasar el expediente al Juez ponente.
En fecha 14 de junio de 2006, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, dictó sentencia N° 2006-01846, mediante la cual aceptó la competencia declinada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, para conocer el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido en el presente caso y ordenó remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo a los fines de que examinara las causales de inadmisibilidad previstas en la Ley con excepción de la referente a la competencia, la cual ya había sido analizada por este Tribunal.
En fecha 6 de noviembre de 2006, se reconstituyó este Órgano Jurisdiccional, quedando integrado, de la siguiente manera: EMILIO RAMOS GONZÁLEZ, Presidente; ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA, Vicepresidente y, ALEJANDRO SOTO VILLASMIL, Juez.
El 7 de febrero de 2007 esta Corte se abocó al conocimiento de la presente causa y se ratificó la ponencia al ciudadano Juez ALEJANDRO SOTO VILLASMIL, a quien se ordenó pasar el expediente a los fines de dictar la decisión correspondiente.
En fecha 19 de enero de 2011, se dijo “vistos.”
El día 25 de enero de 2011, se pasó el presente expediente al ciudadano Juez ponente, para que dictara la decisión correspondiente.
VII
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Por cuanto esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo se declaró competente para conocer del presente recurso contencioso administrativo de nulidad mediante sentencia Nº 2006-01846 de fecha 14 de junio de 2006, se pasa a decidir la controversia planteada previa las consideraciones siguientes:
El ámbito del presente recurso está dirigido a impugnar el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 001345 de fecha 17 de agosto de 2000 contenido en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 441 del 17 de agosto de 2000, mediante el cual el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) acordó el nombre comercial “The King Express” al ciudadano José Antonio Abellas Villanueva; así como la solicitud de cesión de marca Nº 27.448 de fecha 22 de marzo de 2004, en virtud del contrato de cesión de marca celebrado entre el ciudadano José Antonio Abellas Villanueva y la empresa Importaciones King Express, celebrado ante Notaría Pública Tercera del Municipio Baruta del Estado Miranda, el 19 de marzo de 2004, inserto bajo el Nº 36, Tomo 20 del Libro de Autenticaciones.
Determinado lo anterior, esta Corte pasa a analizar cada una de las denuncias planteadas en el escrito del recurso, a saber:
- De la nulidad de la concesión marcaria
• Punto previo: De la caducidad del recurso de nulidad incoado.
Esta Corte estima oportuno advertir que, tal como lo ha establecido la jurisprudencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, las causales de inadmisibilidad constituyen materia de orden público y por tanto son revisables de oficio en cualquier estado y grado de la causa.
En este sentido, en la sentencia Nº 522 del 29 de abril de 2009, la Sala Político-Administrativa estableció:
“No obstante, visto que la existencia de causales de inadmisibilidad constituyen materia de orden público, revisables en cualquier estado y grado de la causa, y en tal sentido que este máximo órgano de la jurisdicción contencioso-administrativa ha establecido que aun cuando el ente público demandado no apele del auto de admisión emanado del Juzgado de Sustanciación, la “propia Sala quedará autorizada -de oficio- para pronunciarse en relación al auto proferido por dicho Juzgado y, consecuentemente, también quedará autorizada para revocar el referido auto de admisión y declarar inadmisible esa demanda”
Ahora bien, apuntado lo anterior, antes de pasar a realizar las consideraciones acerca de la solicitud de nulidad absoluta de la Resolución Nº 001345 de fecha 17 de agosto de 2000 contenida en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 441 del 17 de agosto de 2000, mediante el cual el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) acordó el nombre comercial “The King Express” al ciudadano José Antonio Abellas Villanueva; así como de la solicitud cesión de marca Nº 27.448 de fecha 22 de marzo de 2004, esta Corte estima necesario hacer las siguiente consideraciones:
La publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial es lo que marca el inicio del lapso para la interposición de los recursos, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Sala Político-Administrativa, por cuanto dichos actos, en virtud de su efecto erga omnes, pueden ser atacados por todos aquellos quienes consideren lesionados sus derechos e intereses, independientemente de que sean o no los destinatarios directos de los actos administrativos.
En efecto, la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 29 de octubre de 1990, (Caso: Aluminium Company of Canada Limited vs. Ministerio de Fomento) señaló lo que a continuación se transcribe:
“1. Como punto previo se hace necesario pronunciarse sobre la caducidad alegada por el tercero opositor, en el sentido de que el recurso fue intentado fuera del lapso de 6 meses a que se refiere el artículo 134 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
Al respecto se observa que la fecha a partir de la cual debe computarse el inicio del lapso de 6 meses es a partir de su publicación en el respectivo órgano oficial o a su notificación al interesado. En los casos contemplados en la Ley de Propiedad Industrial el órgano oficial de publicación es el Boletín de la Propiedad Industrial, conforme a lo previsto en el artículo 54 eiusdem. En efecto de tal publicación, de acuerdo al artículo 56 de dicho cuerpo normativo, es que los actos que la misma contenga entren en pleno vigor y, por tanto, adquieran plena eficacia jurídica. Consecuencialmente, la fecha (de publicación señalada en tal Boletín) es aquella a partir de la cual deben ser contados los lapsos para interponer los recursos, en concordancia con el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos”. (Resaltado de esta Corte).

Asimismo, en sentencia Nº 01818 del 13 de marzo de 2006, (Caso: Chanel), la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia expuso lo siguiente, citando una decisión de fecha 19 de marzo de 1991, (Caso: Elio Rodríguez León vs. Ministerio de Fomento), de la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia:
“Consta que la Resolución No. 2395 del Ministerio de Fomento, de fecha 31 de julio de 1989, que declaró inadmisible el recurso de reconsideración en contra del acto del Registrador de la Propiedad Industrial, de fecha 24-03-88 (Resolución No. 503), fue notificada el 02-08-89, y posteriormente publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial de fecha 11-05-90, es decir, con posterioridad a la demanda original.
Ahora bien, por mandato del artículo 56 de la Ley de Propiedad Industrial, en concordancia con el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, los efectos de los actos en materia de propiedad industrial se producen a partir de su publicación, no en cualquier órgano oficial, sino en el Boletín de la Propiedad Industrial y no, con su notificación personal, como ocurre con los demás actos de efectos particulares”. (Resaltado de esta Corte).
Así, por mandato del artículo 56 de la Ley de Propiedad Industrial (publicada en la Gaceta Oficial Nº 25.227 del 10 de diciembre de 1956), en concordancia con el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, los efectos de los actos en materia de propiedad intelectual se producen a partir de su publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial, tal como lo ha establecido la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en las sentencias anteriormente citadas.
De manera que los efectos de dichos actos no se producen ni con su publicación en cualquier órgano oficial ni con la notificación personal del interesado, como ocurre con los demás actos de efectos particulares. Los anteriores artículos rezan de la siguiente manera:
Artículo 56 de la Ley de Propiedad Industrial: Los actos y resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial tendrán autenticidad y vigor desde que aparezcan en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos: Los actos administrativos de carácter general o que interesen a un número indeterminado de personas, deberán ser publicados en la Gaceta Oficial que corresponda al organismo que tome la decisión.
Ahora bien, conforme a los anteriores argumentos relativos al momento en el cual los actos administrativos en materia de propiedad industrial surten efectos, esta Corte observa lo siguiente:
Consta al folio 31 del expediente administrativo el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 441 del 17 de agosto 2000, contentivo de la Resolución Nº 001345 del 20 de julio de 2000, mediante el cual el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual concedió el registro marcario del nombre comercial “The King Express” a su solicitante el ciudadano José Antonio Abellas Villanueva, cuya nulidad hoy se pretende.
También consta al folio 1 del expediente judicial la interposición del presente recurso de nulidad contra el acto administrativo de concesión de registro marcario por ante el Juzgado Cuarto de Municipio del Área Metropolitana de Caracas en fecha 10 de agosto de 2005.
Verificados los hechos en las actas correspondientes, esta Corte estima pertinente traer a colación los artículos 121 y 134 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (derogada por la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.942 del 20 de mayo de 2004), aplicable en el caso de autos ratione temporis por haberse dictado los actos administrativos hoy impugnados durante su vigencia:
Artículo 121. La nulidad de actos administrativos de efectos particulares podrá ser solicitada sólo por quienes tengan interés personal, legítimo y directo en impugnar el acto de que se trate.
Artículo 134. Las acciones o recursos de nulidad contra los actos generales del Poder Público podrán intentarse en cualquier tiempo, pero los dirigidos a anular actos particulares de la Administración, caducarán en el término de seis meses contados a partir de su publicación en el respectivo órgano oficial, o de su notificación al interesado, si fuere procedente y aquélla no se efectuare. Sin embargo, aún en el segundo de los casos señalados, la ilegalidad del acto podrá oponerse siempre por vía de excepción, salvo disposiciones especiales.
El interesado podrá intentar el recurso previsto en el artículo 121 de esta Ley, dentro del término de seis meses establecidos en esta disposición, contra el acto recurrido en vía administrativa, cuando la Administración no haya decidido el correspondiente recurso administrativo en el término de noventa días consecutivos a contar de la fecha de interposición del mismo.
Cuando el acto impugnado sea de efectos temporales, el recurso de nulidad caducará a los treinta días. (Resaltado de esta Corte).
De acuerdo con lo establecido en los artículos anteriores, durante la vigencia de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de nulidad contra un acto administrativo de efectos particulares caducaba a los seis (6) meses luego de su publicación en el órgano oficial correspondiente.
Así las cosas, en el caso de autos se observa que al acto administrativo de concesión marcario contenido en la Resolución Nº 001345 del 20 de julio de 2000, inserto en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 441 del 17 de agosto de 2000, surtió efectos a partir de la fecha de su publicación en dicho Boletín, esto es, el 17 de agosto de 2000.
Ahora bien, visto que la interposición de la demanda en la cual se pretendió la nulidad del registro marcario es de fecha 10 de agosto de 2005, esta Corte observa que el referido recurso fue interpuesto con posterioridad al lapso de seis (6) meses a que alude la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable al caso de autos ratione temporis, motivo por el cual esta Corte observa que ha operado la caducidad de la acción.
En virtud de los razonamientos expuestos, esta Corte debe declarar la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra el acto administrativo de registro marcario contenido en la Resolución Nº 001345 del 20 de julio de 2000, publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 441 del 17 de agosto del 2000, conforme a lo previsto en el artículo 134 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable ratione temporis. Así se declara.
- De la nulidad de la “solicitud de cesión marcaria”
Ahora bien, observa esta Corte que riela al folio 24 de dicho expediente copia fotostática simple de la solicitud de cesión marcaria presentada al SAPI Nº 27448 y con fecha 22 de marzo de 2004, en la cual se aprecia que el cedente es el ciudadano José Antonio Abellas Villanueva y el cesionario la empresa Importaciones King Express. También riela al folio 23 copia fotostática simple del documento autenticado en el cual consta la celebración de dicho contrato de cesión por ante la Notaria Pública del Municipio Baruta, de fecha 19 de marzo de 2004 bajo el Nº 36, Tomo 20, de los Libros de Autenticaciones de dicha Notaría.
En relación con lo anterior, esta Corte advierte que la nulidad solicitada por la accionante bajo este punto se ejerció contra un mero requerimiento realizado por un particular a la Administración, a los fines de que otorgara la modificación de la propiedad de la marca “The King Express”, en los términos que refleja el contrato, vale decir, el traspaso o cesión de la marca por parte del ciudadano José Antonio Abellas.
Vista la situación, es preciso acotar que ésta se trata de una mera solicitud, no susceptible de crear estado jurídico en materia de propiedad intelectual, por lo cual resulta improcedente pretender su nulidad mediante el presente recurso.
Dicha solicitud de cesión, por razones obvias, no comporta la concesión de derecho alguno en materia intelectual por parte del SAPI, y no consta en autos ninguna decisión o acto administrativo definitivo emanado de la Administración en relación a dicha solicitud, ya sea acordándola o negándola, de tal manera que no tiene relevancia jurídica –la solicitud- porque no crea estado, y por ello no otorga derecho marcario alguno al cesionario.
De ese modo, es preciso señalar que el control jurisdiccional puede ejercerse sobre actos definitivos o perfeccionados y excepcionalmente sobre actos de mero trámite, pero no sobre meras solicitudes o requerimientos que no producen efectos jurídicos como en la solicitud de cesión cuya nulidad se pretende.
A mayor abundamiento, es preciso señalar que de las actas que cursan en el presente expediente, así como del escrito contentivo del recurso de nulidad, se desprende que la verdadera intención del recurrente es la impugnación del acto primigenio, esto es, el acto administrativo a través del cual se acordó la concesión de la marca al solicitante José Antonio Abellas, cuya pretensión de nulidad fue declarada caduca en las líneas anteriores por este mismo Órgano Jurisdiccional.
Así, de los dichos del recurrente en su escrito recursivo puede inferirse que efectivamente, el supuesto daño que desde el punto de vista comercial alega como consecuencia de la concesión del registro marcario, no obstante haber usado el recurrente -según sus afirmaciones- dicho nombre comercial desde un periodo anterior, y explotando así la actividad económica de la cual se beneficiaba.
Finalmente, es importante reiterar que de los argumentos expuestos por el recurrente en su recurso de nulidad se observa que el acto que en todo caso podría haber afectado su esfera jurídica es aquél en el cual se acordó la concesión del registro marcario al solicitante José Antonio Abellas Villanueva. Sin embargo, dicho acto no puede ser revisado por esta Corte, por cuanto operó la caducidad, como causal de admisibilidad para conocer de la pretensión de nulidad.
En vista de los argumentos anteriormente expuestos, esta Corte declara inadmisible la pretensión de nulidad contra la solicitud de cesión marcaria Nº 27.448 del 22 de marzo de 2004, incoada por el recurrente. Así se declara.

VIII
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1. INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano Richard de Pinho Loureiro, en su carácter de Director de la firma mercantil ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 20 de enero de 1995, bajo el Nº 51, Tomo 13-A-Pro., asistido por el abogado José Antonio Monteiro Da Rocha, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 001345 del 20 de julio de 2000, inserta en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 441 del 17 de agosto de 2000, y contra la solicitud de la cesión marcaria Nº 27.448 de fecha 22 de marzo de 2004, dictados ambos por el SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI).
2. Se REVOCA el auto de fecha 12 de julio de 2006, dictado por el Juzgado de Sustanciación de esta Corte Segunda, mediante el cual se admitió la presente acción.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia de la presente decisión. Remítase el expediente al Juzgado de origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los veintiún (21) días del mes de febrero del año dos mil once (2011). Años 200° de la Independencia y 152° de la Federación.

El Presidente,


EMILIO RAMOS GONZÁLEZ



El Vicepresidente,


ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA
El Juez,


ALEJANDRO SOTO VILLASMIL
Ponente


La Secretaria,


MARÍA EUGENIA MÁRQUEZ TORRES


EXP. Nº AP42-N -2006-000220
ASV/44

En fecha ______________ ( ) de _____________ de dos mil once (2011), siendo la(s) _____________de la _______________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° 2011-__________.

La Secretaria,