REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Superior del Trabajo de la Coordinación Laboral del Estado Aragua
Maracay, veintitrés de febrero de dos mil once
200º y 152º

ASUNTO : DP11-R-2011-000002

PARTE ACTORA: El ciudadano JESUS LUIS SIERRA BOLIVAR, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-14.060.806, y de este domicilio.
APODERADAS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: Las abogadas ROSA MARIA PLESSMANN ROTONDARO, ROSMAR TAHIS GOMEZ PLESSMANN, y ARACELIS CECILIA BARRIOS ACOSTA, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros.17.691, 78.647, y 36.977, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: La Empresa CADENA DE TIENDAS VENEZOLANAS (CATIVEN,S.A.), inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 20 de Diciembre de 1994, bajo el Nro16, Tomo 258-A-Sgdo.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: Los abogados PEDRO JULIO HERNANDEZ SCANNONE, PEDRO AUGUSTO HERNANDEZ HIDALGO, y EUGENIA SUSANA OCHOA SEGUIAS, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 62.998, 0397, y 63.013, respectivamente.
MOTIVO: RECURSO DE APELACION.


En el procedimiento por Cobro de Prestaciones Sociales, que sigue el ciudadano JESUS LUIS SIERRA BOLIVAR en contra de la empresa CADENAS DE TIENDAS VENEZOLANAS (CATIVEN),S.A., el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en La Victoria, dicto sentencia en fecha 28 de octubre de 2010, declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda.
El día 24 de Enero de 2011, se recibió el expediente, procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en la ciudad de La Victoria, con motivo del Recurso de Apelación ejercido por la parte accionante, y por la parte demandada en contra de la sentencia de fecha 28 de octubre del año 2010.
En fecha 09 de febrero del año 2011, a las nueve y treinta de la mañana (9:30 a.m.), oportunidad fijada para que tuviera lugar la celebración de la Audiencia Oral, constituido el Tribunal, se dejó constancia de la comparecencia de la abogada ROSMAR GOMEZ PLESSMAN, Inpreabogado Nro.78.647, en su carácter de apoderada judicial de la parte accionante y apelante, y de la comparecencia del abogado PEDRO HERNANDEZ, Inpreabogado Nro.62.998, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, también apelante
Escuchados los alegatos de las partes, su réplica y contrarréplica, dado lo complejo del asunto, fue diferido, el pronunciamiento del fallo, para el día 16 de febrero del 2011 a las 10:30 a.m., oportunidad en la que se dejó constancia de la comparecencia de la abogada ROSMAR GOMEZ PLESSMANN, Inpreabogado Nro. 78.647, en su carácter de apoderada judicial de la parte actora y apelante. Asimismo se deja constancia de la comparecencia del abogado PEDRO JULIO HERNANDEZ, Inpreabogado Nro. 62.998, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, y apelante, declarándose PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta por la parte actora, y SIN LUGAR la apelación interpuesta por la parte demandada.
Este Tribunal, vista la exposición oral realizada por las apelantes, y hecha la revisión respectiva del expediente, observa, que se trata de un recurso de apelación que intentaran ambas partes, el cual fue declarado Parcialmente Con Lugar, y Sin Lugar en fecha 16 de febrero del 2011, razón por la cual, atendiendo al mandato contemplado en el primer aparte del artículo 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, procede a reproducir, y a publicar la sentencia en comento.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACION DE LA PARTE ACTORA:

Apela de la sentencia de fecha 28 de octubre del 2010, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en la ciudad de La Victoria, que declaro: Parcialmente Con Lugar la demanda y alegó la existencia de una omisión con respecto al punto previo determinado por auto de fecha 27-11-2009 y que cursa en los autos con respecto a la suscripción del escrito de pruebas presentado por la parte accionada luego de haber sido agregados al expediente.
Continúa expresando la abogada de la parte actora y apelante,(…) procedo a ejercer el recurso en virtud de la contradicción que existe con respecto a la valoración de las pruebas y el dispositivo y la motiva del fallo, porque al momento de establecer los hechos controvertidos y no controvertidos dentro del juicio, procede a valorar, entre ellos, una constancia de trabajo, alegando que no se encontraban contradichos los bonos que le eran cancelados al trabajador, evidenciándose una contradicción con respecto al dispositivo.
Luego señala, la recurrente, que en la sentencia se desaplica la fuente del derecho del trabajo de la convención colectiva en su totalidad, en virtud de que al momento de determinar el pago por la diferencia de los beneficios demandados como es el pago de las vacaciones y de las utilidades de los años en la que el trabajador prestó su relación laboral, el Juzgado determinó que estaban absolutamente canceladas, siendo que estaban reclamando la diferencia del pago y la aplicación de la contratación colectiva de la que era beneficiario el demandante, en virtud del principio de no exclusión y de la progresividad, del orden público y de la irrenunciabilidad de los derechos.
Manifiesta, la abogada de la parte actora y apelante, que la recurrida incurre en omisión al no establecer la oportunidad en la que debió presentar la constancia de trabajo que fue solicitada en el libelo.
Finaliza expresando la parte actora recurrente, que la a quo no estableció el pago de los intereses del fideicomiso.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACION DE LA PARTE DEMANDADA:

Apela de la sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en la ciudad de La Victoria, de fecha 28 de octubre del 2010.
Alega, el apoderado judicial de la parte demandada y apelante, la existencia de un salario de eficacia atípica, y la aplicación de una convención colectiva de la que no era beneficiario el trabajador, y lo hizo en los siguientes términos: ”(…) Se produce la controversia en razón del salario que señaló la parte actora para el cálculo de las prestaciones sociales, la inclusión dentro de ese salario de elementos o de fracciones que no tiene carácter salarial en razón de que fueron excluidos como salarios de eficacia atípica conforme consta en los autos, e igualmente la pretensión de que se aplique una convención colectiva de trabajo que no es aplicable al trabajador actor.
Fundamentalmente, nuestro recurso de apelación versa sobre el hecho de que la recurrida consideró que sí es aplicable la convención colectiva, cuando no lo es.
Por qué hemos sostenido nosotros en el transcurso del proceso que no es aplicable, porque la convención colectiva que se alega en la demanda es una convención colectiva celebrada por mi representada Cadena de Tiendas Cativen, y el Sindicato de Trabajadores de su centro de distribución, ubicado en la ciudad de Cagua.
El actor, el señor Sierra, prestó servicios para un atienda al detal de mi representada, un establecimiento distinto al centro de distribución, el señor Sierra no estaba afiliado al Sindicato signatario de esa convención colectiva, y por tanto, de acuerdo con los propios términos de la convención, de acuerdo con sus definiciones, y con su ámbito de aplicación, esa convención colectiva no le es aplicable, y no debe serle aplicable, no solamente por establecerlo la propia convención, sino porque, de conformidad con el artículo 148 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, es posible que una convención colectiva, que en principio debe regir, y debe surtir efectos frente a todos los trabajadores de una empresa, en razón de la distinta naturaleza de los servicios que se prestan de los trabajadores, algunos sean beneficiarios de esa convención colectiva o no (…)”

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR:

Vistos los argumentos planteados por los apelantes, pasa este Juzgador a hacer las siguientes consideraciones: Con respecto a los alegatos y defensas de la parte actora, se observa que los mismos son genéricos, indeterminados, lo que dificulta su solución, aún así, pasa a resolverlos así, con relación al primer alegato de la parte actora recurrente, referido a la omisión con respecto al punto previo determinado por auto de fecha 27-11-2009 y que cursa en los autos con respecto a la suscripción del escrito de pruebas presentado por la parte accionada luego de haber sido agregados al expediente, de los autos consta que la Jueza de Juicio estableció, en auto de fecha 27 de noviembre del 2009, folio 396 de la pieza 1, “(…) TERCERO: En cuanto al escrito presentado por la parte actora, este tribunal se pronunciará como punto previo en la oportunidad de dictar sentencia en la presente causa. Es todo.”, sin que conste que se hubiese pronunciado al respecto, lo que hace procedente el alegato de la parte actora. Se declara Con Lugar la presente defensa. Así se decide.
De conformidad con el principio finalista del proceso, debe esta Alzada resolver la omisión de la a quo, pronunciándose al respecto.
Ahora, si bien la a quo no se pronunció al respecto, lo cierto es que, en primer lugar, no tenía competencia para pronunciarse sobre el hecho denunciado, tal y como lo señaló en su auto del 27 de noviembre del 2009, contentivo de sus consideraciones; luego, porque el supuesto hecho irregular ocurrió en un tribunal ajeno al suyo.
Para la solución del hecho denunciado se determina, que el escrito de pruebas al que hace alusión la parte actora fue consignado por ante el Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución en fecha 05 de diciembre del 2008, y es hasta el 16 de noviembre del 2009, luego de transcurridos once (11) meses, y 11 días, desde la oportunidad de la supuesta ocurrencia del hecho, cuando la parte actora la denuncia, folios, del 385, al 392 de la pieza 1. En segundo lugar, los documentos consignados, carecen de valor probatorio, por ser copias simples, sin fecha cierta, cuyo origen no puede ser determinado.
Por las razones expuestas se declara inadmisible, por improcedente, la denuncia formulada por la parte actora en su escrito de fecha 16 de noviembre del 2009. Así se declara.
Con respecto al segundo alegato de la parte actora, referente a la contradicción que existe con respecto a la valoración de las pruebas y el dispositivo y la motiva del fallo, porque al momento de establecer los hechos controvertidos y no controvertidos dentro del juicio, procede a valorar, entre ellos, una constancia de trabajo, alegando que no se encontraban contradichos los bonos que le eran cancelados al trabajador, evidenciándose una contradicción con respecto al dispositivo, el mismo es muy general, impreciso, porque existen varias constancias de trabajo, porque ciertamente los bonos, su existencia, no fue contradicha, la contradicción existe en cuanto a si deben ser excluidos para determinar el salario del demandante, y para finalizar, no señala la parte actora apelante cual es la contradicción entre la motiva y la dispositiva del fallo, que a juicio de quien decide no existe, razón por la cual se declara sin lugar la presente denuncia. Así se decide.
A la denuncia de la parte actora recurrente, sobre la desaplicación de la fuente del derecho del trabajo de la convención colectiva en su totalidad, en virtud de que al momento de determinar el pago por la diferencia de los beneficios demandados como es el pago de las vacaciones y de las utilidades de los años en la que el trabajador prestó su relación laboral, el Juzgado determinó que estaban absolutamente canceladas, cuando lo que estaban reclamando era la diferencia del pago y la aplicación de la contratación colectiva de la que era beneficiario el demandante.
Al respecto, pudo evidenciar, esta Superioridad, que la ciudadana Jueza declara improcedente el pago correspondiente a los periodos 2001-2002, 2002-2003 y 2003-2004, al constatar que en los recibos de pago aportados dichos periodos se encontraban debidamente cancelados, por lo cual solo acuerda el pago de las vacaciones anuales comprendidas en el periodo 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, de conformidad con lo contemplado en las clausulas 85, y 39 de las convenciones colectivas correspondientes a los períodos 2000-2003, y 2004-2006.
Del libelo de la demanda se tiene, que ciertamente, el demandante reclama el pago de la diferencia de lo que le correspondería por concepto de vacaciones, y utilidades, y no su cancelación. Ahora bien, habiendo acordado, la a quo, la cancelación de las utilidades correspondientes a los períodos del 2004 al 2007 aplicando las convenciones colectivas de trabajo, criterio que comparte esta Alzada, los conceptos cuya diferencia de pago se reclama deben ser cancelados según lo establecido en dichas Convenciones, así: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS BOLIVARES FUERTES CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS (Bs. F. 1.332,93), por la diferencia correspondiente a los años, del 2001, al 2004, al salario normal que devengaba el demandante para la oportunidad en la que le nació el derecho al disfrute y cobro de las vacaciones y del bono vacacional, y según los recibos de pago que rielan en autos, y de conformidad con la correspondiente cláusula de la convención colectiva de trabajo; y DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 12.352,00), correspondiente a las vacaciones anuales y bono vacacional de los años 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, y la fracción del año 2007, según lo decidido por la a quo en su sentencia, que no fue atacada por la parte demandada. Se declara Con Lugar la presente denuncia. Así se decide.
En lo referente al pago de las utilidades, que la a quo en la sentencia declaro improcedente, se reitera el criterio explanado para la cancelación de las vacaciones supra señalado visto que lo reclamado es la diferencia de lo pagado por este concepto, y no su pago total, y se ordena el pago de la cantidad de NUEVE MIL OCHOCENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLIVARES FUERTES CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS (Bs. F. 9.854,69), al salario integral que devengaba el demandante para la oportunidad en la que le nació el derecho al cobro de las utilidades, y según los recibos de pago que rielan en autos, y de conformidad con la correspondiente cláusula de la convención colectiva de trabajo. Se declara Con Lugar la presente denuncia. Así se decide.
Sobre la manifestación de la abogada de la parte actora y apelante, en la cual señala que la recurrida incurre en omisión al no establecer la oportunidad en la que debió presentar la constancia de trabajo que fue solicitada en el libelo, de los autos, en la oportunidad de promover las pruebas no consta que hubiese solicitado dicha exhibición. Se declara Sin Lugar la presente apelación. Así se decide.
Ahora bien, en lo que respecta al alegato de que la demandada no estableció el pago de los intereses del fideicomiso, se verifico que en el curso del presente juicio se oficio al Banco Provincial para que suministrara información referente al fideicomiso del accionante, constatándose que la referida Institución Bancaria informo que por instrucciones de la empresa accionada se aperturó un fideicomiso a favor del demandante, pero no consta de documento alguno, que al demandante le hubiesen satisfecho los intereses del fideicomiso, razón por la cual se ordena el pago de los intereses sobre el fideicomiso reclamados, los cuales se pagarán conforme a lo calculado en el libelo de la demanda, que riela a los folios nueve (9), y diez (10) de la pieza 1, que esta Alzada estima ajustados a derecho, y que alcanzan la suma de DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS BOLIVARES FUERTES CON SETENTA Y UN CENTIMOS (Bs. F. 10.816,71). Se declara Con Lugar la presente defensa. Así se decide.
Por las razones previamente expuestas, se declara Parcialmente Con Lugar la Apelación de la parte actora. Así se decide.
En lo concerniente a los alegatos de la parte demandada, observa este sentenciador que no existe prueba alguna que contenga el acuerdo entre el demandante y al demandada de excluir, para el cálculo de la prestaciones sociales, los denominados salarios de eficacia atípica, por lo que se declara Sin Lugar la presente defensa. Así se decide.
Sobre la defensa opuesta por la parte demandada, relacionada con la aplicación de la convención colectiva, alegando que no es aplicable, porque fue celebrada entre Cadena de Tiendas Cativen, y el Sindicato de Trabajadores de su centro de distribución, ubicado en la ciudad de Cagua, y que el actor prestó servicios para una tienda al detal, que es un establecimiento distinto al centro de distribución, y que además no estaba afiliado al Sindicato signatario de esa convención colectiva, y que, de acuerdo con los propios términos de la convención, y según sus definiciones, y su ámbito de aplicación, esa convención colectiva no le es aplicable, y no debe serle aplicada, no solamente por establecerlo la propia convención, sino porque, de conformidad con el artículo 148 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, es posible que una convención colectiva, que en principio debe regir, y debe surtir efectos frente a todos los trabajadores de una empresa, en razón de la distinta naturaleza de los servicios que se prestan de los trabajadores, algunos sean beneficiarios de esa convención colectiva o no. Ahora bien, sobre la defensa de la prestación del servicio en un establecimiento distinto al centro de distribución, el artículo 513 de la Ley Orgánica del Trabajo reza:

“Artículo 513.- Cuando una empresa tenga departamentos o sucursales en localidades que correspondan a jurisdicciones distintas, la convención que celebre con el sindicato que represente a la mayoría de sus trabajadores se aplicará a los trabajadores de esos departamentos o sucursales”

Y el artículo 148 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo establece:

“Artículo 148.- La convención colectiva que se celebre con el sindicato que represente a la mayoría absoluta de los trabajadores y trabajadoras regirá en los diversos de departamentos o sucursales de la empresa, salvo que expresamente se pactare lo contrario en atención a las peculiaridades del trabajo que se ejecuta en dichas áreas.”

Visto, que la parte demandada no demostró que el establecimiento, o tienda en la cual prestó sus servicios el demandante, fuese una empresa que formara parte de un grupo de sus empresas; visto, que todos los documentos producidos por ambas partes, recibos de pago, constancias de trabajo, estados de cuentas bancarias, fideicomisos, están relacionados solo y nada más con la empresa demandada, forzoso es concluir en que el demandante prestó sus servicios en un establecimiento que se califica como departamento, o en todo caso, sucursal de la demandada; visto que no está estipulado en alguna de las convenciones colectivas la exclusión de trabajadores atendiendo a las peculiaridades del trabajo que ejecutaban; visto el alegato de la no afiliación del demandante al sindicato signatario de la convención colectiva de trabajo, el artículo 508 de la Ley Orgánica del Trabajo dispone que los trabajadores, aún los no sindicalizados gozan de los beneficios de la convención colectiva de trabajo. Por las razones expuestas, y para este caso en particular, se declara, que el demandante sí era sujeto de la aplicación de las convenciones colectivas de trabajo. Así se decide.
Visto lo anteriormente expuesto este Juzgado desecha las defensas opuestas, y declara Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada. Así se decide.

DECISIÓN:

Este Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta por la abogada ROSMAR GOMEZ PLESSMAN, Inpreabogado Nro.78.647, en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, en contra de la sentencia de fecha 28 de octubre del 2010, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en la ciudad de La Victoria. SEGUNDO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado PEDRO HERNANDEZ, Inpreabogado Nro.62.998, en su carácter de apoderado judicial de la parte accionada, en contra de la sentencia de fecha 28 de octubre del 2010, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en la ciudad de La Victoria, en el juicio que por Cobro de Prestaciones Sociales, sigue el ciudadano JESUS LUIS SIERRA en contra de la empresa CADENA DE TIENDAS VENEZOLANAS (CATIVEN), S.A. TERCERO: SE CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en la ciudad de La Victoria, dictada en fecha 28 de octubre del 2010, en el juicio que por Cobro de Prestaciones Sociales, sigue el ciudadano JESUS LUIS SIERRA en contra de la empresa CADENA DE TIENDAS VENEZOLANAS (CATIVEN), S.A. CUARTO: SE REFORMA la sentencia proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en la ciudad de La Victoria, dictada en fecha 28 de octubre del 2010. QUINTO: SE CONDENA a la parte demandada, la empresa CADENA DE TIENDAS VENEZOLANAS (CATIVEN), S.A., ya identificada, a pagar, al ciudadano JESUS LUIS SIERRA, ya identificado, la cantidad de SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLIVARES FUERTES CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS (Bs. F. 62.354,52), por los conceptos establecidos en la motiva del presente fallo, y en la dispositiva de la recurrida. SEXTO: SE CONDENA a la parte demandada, la empresa CADENA DE TIENDAS VENEZOLANAS (CATIVEN), S.A., ya identificada, a pagar al ciudadano JESUS LUIS SIERRA, ya identificado, los intereses de mora, y la corrección, o indexación monetaria, conceptos que deberán ser calculados de conformidad con los términos y condiciones establecidos en la dispositiva del fallo recurrido.
De conformidad con lo contemplado en los artículos 59, y 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se condena en costas a la parte demandada.
De conformidad con el artículo 97 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República se ordena notificar a la Procuradora General de la República Bolivariana de Venezuela.
Remítase copia certificada de la presente decisión, al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en la ciudad de La Victoria.
Se ordena remitir el expediente, y copia certificada de la presente decisión, al Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en la ciudad de La Victoria, a los fines de su ejecución.

PUBLIQUESE, REGISTRESE, DEJESE COPIA CERTIFICADA.

Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en Maracay a los veintitrés (23) días del mes de febrero del año dos mil once (2011).

EL JUEZ SUPERIOR,


DR. JOSE FELIPE MONTES NAVAS

LA SECRETARIA,


ABOG. E. MILENE BRICEÑO


En esta misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las 09:06 a.m.


LA SECRETARIA,


ABOG. E. MILENE BRICEÑO




JFMN/MB/meh