JUEZ PONENTE: EFRÉN NAVARRO
EXPEDIENTE N°: AP42-N-2010-000128

En fecha 11 de marzo de 2010, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, oficio Nº 0816 de fecha 26 de febrero de 2010, emanado de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, anexo al cual remitió el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo cautelar por el Abogado José Ángel Trejo Rodríguez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) bajo el Nº 34.853, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana BEATRIZ JOSEFINA RUÍZ MARÍN, contra el acto administrativo Nro. 923-09 de fecha 8 de julio de 2009, emanado de la CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO GUÁRICO, con sede en San Juan de los Morros, “ (…) el cual tuvo su origen [en] la reunión plenaria de fecha 07 de julio de 2009, celebrada por los miembros del referido ente jurisdiccional, integrada por los ciudadanos abogados: YAJAIRA MARGARITA MORA BRAVO, MIGUEL ÁNGEL CÁSSERES GONZÁLEZ y EVELYN DAYANA MENDOZA HIDALGO, cuyo acto se efectuó de conformidad con lo estatuido en el artículo 536 del Código Orgánico Procesal Penal, donde se aprobó el programa de rotación anual de Jueces para el lapso comprendido del 13/07/2009 al 13/07/2010, habiéndole correspondido ser asignada a [su] representada (…) a la Función de Control Nº 2 de ese mismo Circuito, extensión Calabozo (…)”. (Negrillas y mayúsculas del recurso).

Dicha remisión se efectuó en virtud de haberse atribuido la Competencia para conocer de la presente demanda a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, mediante la sentencia dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 13 de enero de 2010.

En fecha 15 de marzo de 2010, se dio cuenta a la Corte y se ordenó notificar a las partes y por cuanto las mismas se encuentran domiciliadas en el Estado Guárico, de conformidad con lo previsto en el artículo 234 del Código de Procedimiento Civil, se comisionó al Juzgado Primero del Municipio Roscio de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, a los fines que practique las diligencias necesarias para notificar a las partes. Igualmente se acordó solicitar al Presidente de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico la remisión de los antecedentes administrativos, de conformidad con el aparte 10 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

En fecha 3 de junio de 2010, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, de la Corte de Apelaciones Penal de San Juan de los Morros, oficio Nº 3853 de fecha 18 de junio de 2010, anexo al cual remitió antecedentes administrativos del caso.

En fecha 12 de julio de 2010, se designó Ponente al Juez EFRÉN NAVARRO, a quien se ordenó pasar el presente expediente.


En esa misma fecha, se pasó el expediente al Juez Ponente.

En fecha 29 de noviembre de 2010, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, diligencia presentada por la recurrente en la cual solicita se dicte sentencia.

En fecha 26 de abril de 2011, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, diligencia presentada por la recurrente en la cual solicita se dicte sentencia.

Realizado el estudio individual de las actas procesales que conforman el presente expediente, pasa esta Corte a decidir, previa las siguientes consideraciones:

I
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD
INTERPUESTO CONJUNTAMENTE CON ACCIÓN DE AMPARO CAUTELAR

En fecha 30 de noviembre de 2009, el Abogado José Ángel Trejo Rodríguez, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana Beatriz Josefina Ruiz Marín, interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con acción de amparo constitucional, contra el acto administrativo Nro. 923-09 de fecha 8 de julio de 2009, emanado de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, mediante el cual se le comunicó que, “…de conformidad con el artículo 536 del Código Orgánico Procesal Penal, aprobó el Programa de Rotación Anual de Jueces, para el lapso comprendido del 13/07/2009 al 13/07/2010, habiéndole correspondido a usted ser asignada a la función de Juez de Control Nº 02 del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, extensión Calabozo”, con base en las siguientes razones de hecho y de derecho:

Comenzaron señalando que, “Con basamento legal, según lo establecido en los artículos 2, 3, 7, 19, 21 numerales 1 y 2; 22, 23, 25, 27, 29, 46 numerales 1 y 4; 4; 83, 87, 89 numerales 1, 2, 4 y 5; 137. 138, 139, 254 en su introducción, 255, 333 y 334 Constitucional, en relación lo estatuido en los artículos 1, 2, 3, 5, 7, 9 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en concordancia con los artículos 56, 105, 106, 107, 529, 530 y 535 del Código Orgánico Procesal Penal, aunado con los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 28 y 29 de la Ley de Carrera Judicial, vinculado con los artículos 1, 18 literal g y 20 literal g del Estatuto del Personal Judicial; afirmo que el acto administrativo antes descrito es NULO DE NULIDAD ABSOLUTA por contener SERIOS VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD E ILEGALIDAD…”.

Que, “…las razones por la cual dicho acto administrativo lo considero ilícito es porque SE DESNATURALIZA EL FIN U OBJETO QUE PERSIGUE EL PROGRAMA ANUAL DE ROTACIÓN DE JUECES, (…) cuando del contenido acto se observa, que no se está rotando a mi representada en sus funciones como Jueza de Primera Instancia en lo Penal, sino que se esta REMOVIENDO Y TRASLADANDO A OTRA Ciudad del mismo estado, por voluntad unilateral de un órgano (Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico con sede en San Juan de Los Morros) QUE NO TIENE COMPETENCIA LEGAL PARA ELLO y entre cosas, en flagrante ABUSO DE FUNCIONES Y DE LA AUTORIDAD que representa dicho ente del Poder Judicial, cuestión esta que VIOLA TAMBIÉN LA JURISDICCIÓN Y LA COMPETENCIA TERRITORIAL QUE DEBE TENER MI PODERDANTE EN SU CONDICIÓN DE JUEZA TITULAR de Primera Instancia en lo Penal, en el ejercicio de sus funciones”.

Manifestó que, “…el artículo 535 ibídem (Código Orgánico Procesal Penal) en relación con los artículos 56, 106, 107 y 530, del mismo Código Orgánico, se refieren, entre otros aspectos, a los diferentes tipos de funciones que ejercen los Jueces de Primera Instancia en materia Penal Ordinario y como debe ser la rotación en sus funciones, mas nunca indica el Legislador, que los Jueces tengan que rotarse (a criterio que quien suscribe ‘traslado’) de Circunscripción Judicial o sede natural y menos aun del Estado”.

Que, “AL SER TRASLADADO UN JUEZ DE UNA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DETERMINADA DENTRO DE SU NOMBRAMIENTO A OTRA DISTINTA, y, de cumplir el Juez con tal orden ilegal y por demás Inconstitucional, efectuaría a su vez este último, actos con vicios de nulidad absoluta, AL NO TENER JURISDICCIÓN NI COMPETENCIA POR EL TERRITORIO PARA DICTARLOS, debido a que la competencia viene dada por el límite de la Jurisdicción, aunado a que NINGÚN FUNCIONARIO PÚBLICO DEBE CUMPLIR CON ACTOS U ÓRDENES QUE CONTENGAN VICIOS DE NULIDAD ABSOLUTA, esto último, refiriéndome al contenido del acto administrativo que aquí me ocupa y al cual se quiere obligar el dar estricto cumplimiento por parte de mi mandante, y que de acatarse tal orden, se estaría encuadrando (en materia civil o administrativa) o tipificando (en materia penal) su actuación en lo que establece el constituyente en su artículo 25 de nuestra Carta Magna.

Alegó que en el acto emitido por la Corte de Apelaciones, se le violó el derecho a la estabilidad laboral, por cuanto “…se ordena a mi poderdante su separación del cargo que como Juez de Primera Instancia venía ejerciendo en Funciones de Control (Nº 1) del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, con sede en San Juan de los Morros, para que se traslade y/o remueva al Juzgado de Control No 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico en la ciudad de Calabozo de ese mismo Estado”.
Adujo la interferencia e injerencia directa en contra de la Independencia del Juez, señalado que “El acto administrativo emitido por la LA CORTE, implica la cesación de las funciones de mi representada en sede natural, esto es, en la ciudad de San Juan de los Morros (violación a la jurisdicción y competencia territorial), dentro del período 13/07/2009 al 13/07/2010, interponiéndose LA CORTE DE APELACIONES, de una manera intempestiva, en la normal ejecución de su trabajo, en el Juzgado que devenga bajo su responsabilidad, produciéndose una grave crisis en las causas que se encontraban bajo su responsabilidad…, ya que fue notificada de manera intempestiva, en la tarde del miércoles 8 de julio de 2009, para que se separara de su cargo el día 10 de julio de 2009, según la orden in comento”.

Destacó que, el acto administrativo incurre en una errónea confusión en los términos rotación y traslado ya que a su entender, “…la rotación a la que se refieren los artículos 56, 106, 107, 530 y 535 del Código Orgánico Procesal Penal, como alternativa, es decir Variar (sic) las acciones… o haciendo ya unas cosas, ya otras, y repitiéndolas sucesivamente. Hacer…o desempeñar un cargo varias personas por turno. Que en el oficio se confunden con Traslados. Llevar o cambiar a una persona o cosa de un lugar a otro”.

Manifestó que, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal “…integrada por la ciudadana abogada, YAJAIRA MARGARITA MORA BRAVO, en su carácter de Presidenta (E) del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, quien conjuntamente con los demás miembros…”, incurrieron en Abuso de Autoridad y de Poder, “…al disponer de un traslado de personal, ya que tengo conocimiento que lo mismo sucedió y fue participado, de manera parcial, a otros de los Jueces titulares que integran el Circuito Judicial donde se desempeña mi poderdante, quien al igual que ella, fueron trasladados y removidos desde la sede natural con destino a otra localidad, constituye un acto inconstitucional, ilegal y excesivo abuso de las atribuciones que la Ley le confiere, tal como se desprende entre otras normas, del numeral 2 del artículo 533 del Código Orgánico Procesal Penal, que dispone que sus atribuciones es la de dirigirse a los Jueces del Circuito solo a los fines administrativos…”.

Alegó que, “….el acto administrativo contenido en el Oficio objeto comentario, no se adecua de modo alguno con el supuesto de hecho y con los fines de la norma invocada en su texto (artículo 536 del Código Orgánico Procesal Penal), como fundamento para la orden impartida.

Señaló, que la Corte de Apelaciones incurrió en error inexcusable “…al ordenar la remoción y traslado de un Juez autónomo e independiente, sobre una norma errónea en la que hizo su fundamento legal, que en modo alguno comprende la orden emitida, por cuanto dicha norma dispone exclusivamente lo relacionado con Servicios Administrativos, la división de los servicios y la Dirección que de esta le corresponde al Director de Servicios Administrativos y por la otra parte violando el procedimiento para traslados de funcionarios”.

Expresó, que la Corte de Apelaciones vulneró la sede natural del Juez, la cual fue fijada para la recurrente, “…en la ciudad de San Juan de Los Morros, según resolución No. 96, de fecha 19/07/99, dictada por el hoy extinto Consejo de la Judicatura y sin que se haya producido decisión alguna que la haya modificado y que hubiese emanado de las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia”.

Que, con la “…remoción y traslado, sin que medie la voluntad de quien suscribe, a prestar servicios en la ciudad de Calabozo del Estado Guárico, la obligan a ejecutar una erogación de recurso adicionales y no previstos, para destinarlos a gastos de traslado, viáticos e incluso hospedajes, que se vería obligada a contratar en la ciudad de destino”.

Que, “Al ejecutar las labores en lugar distinto a su domicilio, tendría que confrontar situaciones que perjudicarían no solo su estado de salud mental, incluso su estado físico”.

Adujó la violación del derecho a la igualdad, “En el sistema de rotación anual de Funciones de los Jueces, la cual fue tomada y efectuada como una Orden de Remoción y de Traslado del Personal de Jueces Titulares, no se incluyó a todos los Jueces Titulares ni tampoco a todos los Jueces Provisorios o Temporales, sino a un grupo solamente, entre ellos, mi representada, los cuales integran y forman parte del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, con sede de (sic) San Juan de Los Morros”.

Denunció, que por la alteración de las condiciones existentes del trabajo, la cual en su criterio violó el derecho a la estabilidad laboral, se incurrió en un Despido Indirecto, es vista que, “…el traslado diario del lugar en el que mi mandante tiene fijada su residencia, desde la ciudad de San Juan de Los Morros hasta la ciudad de Calabozo, la (sic) cuales distan de aproximadamente de ciento veintiocho kilómetros (128 Km)….”.

Manifestó que, “En fecha 04 de Septiembre de 2009, mi representada se dio por notificada formalmente, mediante dos (2) escritos, uno, ante el Presidente y demás Magistrados integrantes de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y el otro ante la Inspectoría General de Tribunales de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, página www.tsj.gov.ve , donde se lee textualmente, en la parte de las designaciones de cargos, lo siguiente: “EN SESIÓN DE FECHA 20-07-2009 LA COMISIÓN JUDICIAL ACORDÓ SUSPENDER SIN GOCE DE SUELDO A LA DRA. BEATRIZ RUIZ MARIN COMO JUEZA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO GUÁRICO HASTA TANTO LA INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES PRESENTE EL RESPECTIVO ACTO CONCLUSIVO”.

Que, “…mi representada, se encontró de reposo médico, como ya lo dije antes, con motivo a todo el stress entre otros, generado por todos los antecedentes laborales anteriormente explanados, a partir del día 10/07/2009 hasta el día 04/09/2009, ambos períodos inclusive, de manera ininterrumpida…”.

Solicitó amparo cautelar con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 14, 15, 21, 30 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, señalando lo siguiente:

Solicitó, “…se sirva decretar con lugar, previo a la resolución del fondo del asunto, la presente acción de amparo como medida cautelar, que al efecto en este mismo libelo interpongo, a los fines de que sean restituidos todos los derechos y garantías constitucionales que le asisten a mi representada y se restablezca en su cargo originario y natural dentro de la Jurisdicción bajo la cual fue nombrada dentro del Poder Judicial; esto es, como Jueza Titular de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, con sede en San Juan de Los Morros (Circunscripción Judicial debida), con la oportunidad y legal rotación anual en sus funciones que le correspondería, esto es, en las FUNCIONES DE JUICIO.

Se acogió, “…en este caso en concreto, a la reiterada doctrina de la Sala Constitucional, fijada en Sentencia Nº 156 del 24-03-2000, ratificada Nº 1020 del 11-05-2006, relacionada con el hecho de que ‘…no puede exigírsele al accionante que demuestre una presunción de buen derecho, bastando la ponderación por el juez del fallo impugnado…’ así como ‘el periculum in mora’, está consustanciado con la naturaleza de la petición de amparo, que en el fondo contiene la afirmación que una parte está lesionando a la otra, o que tiene el temor que lo haga y, que requiere que urgentemente se le restablezca o repare la situación. De allí, que el juez de amparo, para decretar una medida preventiva, no necesita que el peticionante de la misma le pruebe los dos extremos señalados con antelación en ese fallo, ni el temor fundado de que una de las partes pueda causar a la otra lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra, ya que ese temor o el daño causado a la situación jurídica del accionante es la causa del amparo”.

Finalmente, solicitó que el presente recurso contencioso administrativo de nulidad sea declarado con lugar en la sentencia definitiva y en consecuencia se declare la nulidad del acto administrativo de fecha 14 de octubre de 2009, dictado por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico.

II
DE LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA

En fecha 13 de enero de 2010, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, declaró que la competencia para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo constitucional, corresponde a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, fundamentándose en lo siguiente:

“Conforme a la jurisprudencia reiterada de este Órgano Jurisdiccional, cuando el recurso contencioso administrativo de nulidad sea ejercido conjuntamente con la solicitud cautelar de amparo constitucional, esta última se convierte en accesoria de la acción principal, en virtud de lo cual, la competencia para conocer de ambos asuntos será determinada por las reglas aplicables a la acción principal. (Vid. TSJ/SPA. Sentencias Nros. 064747 y 01118 de fechas 7 de diciembre de 2005 y 29 de julio de 2009, respectivamente).

Así las cosas, el numeral 31 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el primer aparte de ese mismo dispositivo legal, es competencia de esta Sala: ‘Declarar la nulidad, cuando sea procedente por razones de inconstitucionalidad o de ilegalidad, de los actos administrativos generales o individuales de los órganos que ejerzan el Poder Público de rango Nacional’. (Destacado de la Sala).

En tal sentido, se debe precisar que en el caso de autos se ha interpuesto recurso contencioso administrativo de nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad conjuntamente con acción de amparo constitucional, contra el acto administrativo de fecha 8 de julio de 2009 emanado de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, en ejercicio de sus funciones administrativas, conforme al artículo 535 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual dispone que: “Corresponde a la Corte de Apelaciones, en reunión plenaria, previa propuesta del Juez Presidente del Circuito, aprobar anualmente el programa de rotación de los jueces del Tribunal de Primera Instancia y el sistema de distribución de causas’. (Destacados con negrillas y subrayado de la Sala).

De lo descrito indubitablemente se constata que el acto administrativo impugnado emana de un órgano diferente a los integran el Poder Público de rango Nacional, y por consiguiente el asunto de autos no se ajusta al supuesto jurídico-fáctico establecido en el supra transcrito numeral 31 del artículo 5 de la Ley Orgánica que rige las funciones de este Alto Tribunal; razón por la cual esta Sala debe declararse incompetente para conocer del asunto planteado. Así se decide.

Ahora bien, por cuanto el acto administrativo de efectos particulares cuya nulidad se pretende emana de una autoridad distinta a las señaladas en la norma antes evaluada, esta Sala, a los fines de establecer cuál es el órgano competente para conocer del recurso de nulidad ejercido conjuntamente con amparo cautelar, observa lo siguiente:

Si bien se aprecia del correspondiente estudio del escrito recursivo, los alegatos esgrimidos respecto al acto administrativo de suspensión sin goce de sueldo que recae contra la recurrente de autos, emanado de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, se debe señalar que su existencia no resulta determinante para establecer la competencia en el caso que nos ocupa, toda vez que contra dicho acto administrativo no se ha ejercido recurso contencioso administrativo de nulidad alguno.

Siendo así, conforme al criterio jurisprudencial establecido mediante sentencia N° 02271 de fecha 24 de noviembre de 2004, caso: Tecno Servicios Yes’ Card, las Cortes de lo Contencioso Administrativo son competentes para conocer: (…) 3.- De las ‘acciones o recursos de nulidad que puedan intentarse por razones de ilegalidad o inconstitucionalidad contra los actos administrativos emanados de autoridades diferentes a las señaladas en los numerales 30 y 31 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, si su conocimiento no estuviere atribuido a otro Tribunal”.

Con fundamento en el criterio precedentemente expuesto, y por cuanto no se advierte en el ordenamiento jurídico disposición normativa o jurisprudencial que atribuya el conocimiento de los casos como el presente a otro Tribunal de la República, esta Sala considera que la competencia en primera instancia corresponde a las Cortes de lo Contencioso Administrativo para conocer y decidir el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar por el apoderado judicial de la abogada Beatriz Josefina Ruíz Marín, en su condición de Jueza de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, contra el acto administrativo de fecha 8 de julio de 2009 emanado de la Corte de Apelaciones del referido Circuito Judicial Penal. Así se establece”.

III
DE LA COMPETENCIA

Corresponde a esta Corte pronunciarse con relación a su competencia para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto y a tal efecto, observa lo siguiente:

En fecha 16 de junio del presente año, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.447 de la misma fecha, reimpresa en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 de fecha 22 de junio de 2010, la cual en su artículo 24 estableció un nuevo régimen de competencias, que inciden en el funcionamiento de esta Corte en ejercicio de su labor jurisdiccional.

Al respecto, los artículos 2 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagran derechos y principios que resguardan los valores que deben imperar en la sociedad, como es el reconocimiento del Estado de Derecho y de Justicia, lo que garantiza en el proceso una justicia expedita y sin reposiciones inútiles.

Visto lo anterior, con fundamento en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, según el cual: “La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa”, aplicable por mandato del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la competencia se determina de acuerdo a la situación de hecho existente para el momento en que es presentada la demanda, pudiendo ser modificada posteriormente sólo por disposición de la ley.

Al respecto, la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, estableció las competencias que habían sido atribuidas jurisprudencialmente a esta Corte, pero no previó ninguna norma que ordenase se desprendiera del conocimiento de aquellas causas que se encontraban en curso.

Dadas las consideraciones anteriormente expuestas, se evidencia que en el en el presente caso se ha interpuesto recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con solicitud de medida de amparo cautelar, contra el acto administrativo de fecha 8 de julio de 2009 emanado de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Guárico.

Conforme a la competencia residual establecida en la sentencia Nº 2.271 de fecha 24 de noviembre de 2004, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (caso: Tecno Servicios Yes’Card, C.A.), en la cual se reguló de manera transitoria, hasta tanto se dicte la Ley que organice la jurisdicción contencioso administrativa, las competencias de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, se observa para el caso de autos lo siguiente:

“…Así, atendiendo a las recientes sentencias dictadas por esta Sala en las cuales se ha regulado transitoriamente la competencia de jurisdicción contencioso-administrativa, considera la Sala que las Cortes de lo Contencioso Administrativo son competentes para conocer:
(...)
3. De las acciones o recursos de nulidad que puedan intentarse por razones de ilegalidad o inconstitucionalidad contra los actos administrativos emanados de autoridades diferentes a las señaladas en los numerales 30 y 31 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, si su conocimiento no estuviere atribuido a otro Tribunal…”.

Por su parte, el artículo 44 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública (publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.890, extraordinario del 31 de julio de 2008), establece como órganos superiores de la Administración Pública Nacional, el Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva, el Consejo de Ministros, los Ministros o Ministras, los Viceministros o Viceministras, las altas autoridades regionales, así como las máximas autoridades de los órganos superiores de consulta de la Administración Pública Nacional, constituidos por la Procuraduría General de la República, el Consejo de Estado, el Consejo de Defensa de la Nación, las Juntas Sectoriales y las Juntas Ministeriales.

Por lo tanto, visto que el acto recurrido emana de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Guárico, se observa que no forma parte de las autoridades supra mencionadas; asimismo, se observa que el control jurisdiccional de los actos dictados por el referido órgano no se encuentran atribuidos a ninguna otra autoridad judicial, en consecuencia, esta Corte ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA efectuada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto. Así se declara.

IV
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

De la admisión

Determinada como ha sido la competencia de esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo para conocer el recurso interpuesto, si bien correspondería pasar el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de decidir sobre su admisibilidad, se observa en el caso particular, que dicha remisión retrasaría innecesariamente el pronunciamiento sobre el amparo cautelar solicitado por la parte accionante, por lo que en atención a los principios constitucionales de tutela judicial efectiva e instrumentalidad del proceso, consagrados en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente, esta Corte pasa a analizar la admisibilidad del presente recurso contencioso administrativo de nulidad y al respecto, observa lo siguiente:

El artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.447, de fecha 16 de junio de 2010, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de fecha 22 de junio de 2010, establece lo siguiente:

“La demanda se declarara inadmisible en los supuestos siguientes:
1. Caducidad de la acción
2. Acumulación de pretensiones que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles.
3. Incumplimiento del procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, los estados, o contra los órganos o entes del Poder Público a los cuales se le atribuya tal prerrogativa.
4. No acompañar los documentos indispensables para verificar su admisibilidad.
5. Existencia de cosa juzgada.
6. Existencia de conceptos irrespetuosos.
7. Cuando sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley.”

A tenor de la norma transcrita y de lo previsto en los artículos 33 y 36 eiusdem, esta Corte constata, prima facie, que el presente recurso no se encuentra incurso en alguna de las causales de inadmisibilidad establecidas en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, excepción hecha de la causal relativa a la caducidad, cuya verificación se exime en esta fase del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 5, Parágrafo Único de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, razón por la cual se Admite la presente acción, sin perjuicio del examen de dichas causales en el transcurso del procedimiento, dado su carácter de orden público. Así se decide.

Una vez admitido el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, se pasa a emitir pronunciamiento sobre la solicitud de amparo cautelar de conformidad con el artículo 103 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para lo cual se estima necesario señalar que en esta materia el juez constitucional no sólo está habilitado para “suspender” los efectos del acto, sino que puede acordar incluso todas las medidas pertinentes y adecuadas para la efectiva tutela de derechos y garantías constitucionales.

En este sentido, la Sala Político Administrativa en sentencia del 20 de marzo de 2001 (caso: Marvin Enrique Sierra Velasco), ha sentado la tesis del carácter, naturaleza y esencia cautelar del amparo conjunto, concluyendo que debe dársele el mismo tratamiento sustantivo y procedimental de las medidas cautelares y en consecuencia, la revisión de sus respectivos requisitos de procedencia, de la siguiente forma:

“…es menester revisar el cumplimiento de los requisitos que condicionan la procedencia de toda medida cautelar, adaptados naturalmente a las características propias de la institución del amparo en fuerza de la especialidad de los derechos presuntamente vulnerados. Dicho lo anterior, estima la Sala que debe analizarse en primer término, el fumus boni juris, con el objeto de concretar la presunción grave de violación o amenazas de violación del derecho constitucional alegado, por la parte quejosa y que lo vincula al caso concreto; y en segundo lugar, el periculum in mora, elemento éste determinable por la sola verificación del requisito anterior, pues la circunstancia de que exista presunción grave de violación de un derecho de orden constitucional, el cual por su naturaleza debe ser restituido en forma inmediata, conduce a la convicción de que debe preservarse ipso facto la actualidad de ese derecho, ante el riesgo inminente de causar un juicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la violación…”.

Así, ante la interposición de un recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con solicitud de amparo cautelar, el juez constitucional debe entrar a conocer de la presunta lesión constitucional denunciada, no así, de aquéllas otras denuncias o alegatos referidos a la legalidad administrativa infringida, -que no tengan relación directa con la lesión constitucional invocada-, pues éstas deben resolverse en el proceso contencioso de nulidad y no por vía del procedimiento de amparo, con lo que queda de relieve, sin perjuicio del carácter accesorio e instrumental que tiene el amparo cautelar respecto de la pretensión principal debatida en el proceso contencioso administrativo, la dimensión constitucional del objeto del amparo de conformidad con lo preceptuado en el artículo 27 de la Lex Fundamentalis la protección del goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aún de aquellos inherentes a la persona, no regulados expresamente en la Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

En tal sentido, se considera posible asumir la solicitud de amparo en los mismos términos de una medida cautelar, con la diferencia de que la primera alude exclusivamente a la violación de derechos y garantías de rango constitucional, circunstancia que por su trascendencia, hace aún más apremiante el pronunciamiento sobre la procedencia de la medida solicitada.

Es así, como el fumus boni iuris, consiste en el presente caso, en la existencia de una situación constitucionalmente tutelada, es decir, que la parte interesada invoque derechos y garantías constitucionales presuntamente infringidos, por lo que ha sido reiterada la jurisprudencia al establecer en interpretación de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales que “la procedencia del amparo cautelar está supeditada a la existencia de una presunción grave de violación o de la amenaza de violación constitucional”.

De modo que, el fumus boni iuris constitucional implica que existe una presunción cierta y grave de que ha sido menoscabado un derecho constitucional, en virtud de una actuación o de una omisión de la Administración. Así, cuando el juez constitucional constata la presunción de una violación a un derecho constitucional, éste debe declarar la procedencia del amparo cautelar solicitado.

Con relación a la solicitud cautelar realizada, aprecia esta Corte que el recurrente fundamentó de forma genérica el fumus boni iuris, al señalar que “Con fundamento en los establecido en los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 14, 15, 21, 30, todos de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en razón de las antes mencionadas Violaciones a Derechos y Garantías Constitucionales y Legales en contra de mi representada, Beatriz Josefina Ruiz Marín, en su condición de Jueza Titular de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, domiciliada en la ciudad de San Juan de los Morros de esa misma entidad territorial, las cuales están previstas tanto en nuestra Carta Fundamental como en las Leyes de la República, solicito muy respetuosamente a ese órgano jurisdiccional, se sirva a decretar con lugar, previo a la resolución del fondo del asunto, la presente acción de amparo como medida cautelar…”.

No obstante ello, este Órgano Jurisdiccional observa que la parte recurrente alegó a lo largo de su escrito libelar que el acto administrativo recurrido violentó sus derechos constitucionales a la salud, al trabajo, a su integridad, a la no discriminación, a la libertad de opinión y a la defensa y al debido proceso. A los fines de conocer sobre la procedencia o no de las presuntas violaciones alegadas y de otorgar la cautela solicitada, esta Corte pasa a analizar las mismas de la manera siguiente:

De la presunta lesión al derecho constitucional a la salud:

Con relación al derecho a la salud, observa esta Corte que el mismo se encuentra previsto en el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual señala lo siguiente:

“Artículo 83. La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República”.

De la disposición constitucional citada, se evidencia el reconocimiento del derecho fundamental a la salud, como parte del derecho a la vida, constituyendo éste el derecho esencial del ordenamiento jurídico constitucional, en cuanto es el supuesto ontológico sin el cual los demás derechos no tendrían existencia alguna. Por ello y tratándose de la proyección de un bien jurídico supremo -como lo es la vida humana-, el ordenamiento jurídico vincula a los órganos del Poder Público en el sentido de que éstos deben adoptar todas las medidas necesarias a fin de preservar la garantía del derecho a la vida y los demás derechos fundamentales que lo componen de cualquier amenaza o violación.

En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha precisado mediante sentencia del 6 de abril de 2001 (caso: Glenda González y otros), lo siguiente:

“En cuanto a la denuncia de infracción al derecho a la salud, el mismo se encuentra recogido en el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo texto dispone lo siguiente:
(…)
De la redacción de la norma antes transcrita, puede colegirse que el derecho a la salud como parte integrante del derecho a la vida, ha sido consagrado en nuestra Carta Magna como un derecho social fundamental (y no como simples «determinaciones de fines de estado»), cuya satisfacción corresponde principalmente al Estado, cuyos órganos desarrollan su actividad orientados por la elevación (progresiva) de la calidad de vida de los ciudadanos y, en definitiva, al bienestar colectivo. Ello implica que el derecho a la salud, no se agota en la simple atención física de una enfermedad a determinada persona, sino que el mismo se extiende la atención idónea para salvaguardar la integridad mental, social, ambiental, etcétera, de las personas e incluso de las comunidades como entes colectivos imperfectos, en tanto que no están dotadas de un estatuto jurídico especial que les brinde personería en sentido propio...”.

En ese mismo orden y dirección, la referida Sala estableció en sentencia Nº 1.286 de fecha 12 de junio de 2002 (caso: Francisco José Pérez Trujillo), que:

“…el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el derecho que tienen todas las personal [sic] a la salud, el cual fue configurado por el constituyente como un derecho social fundamental, garantizado por el Estado a través de la [sic] fomento y ejecución de políticas encaminadas a mejorar el nivel de vida personal, el bienestar general y el disfrute de los servicios públicos.
De acuerdo a lo anterior, el derecho a la salud se encuentra concebido como un derecho positivo o derecho exigencia, que se caracteriza por venir teleológicamente ordenado a la satisfacción de una obligación para el Estado que se traduce en el deber de intervención, a los fines de crear y sostener las condiciones necesarias para el disfrute de este derecho fundamental, así como, el de remover los obstáculos que impidan o dificulten su cumplimiento.
En tal sentido, la tutela judicial de este derecho constitucional, sólo es posible cuando el que la reclama demuestra que se encuentra en una situación jurídica concreta, derivada, de manera directa, de la actividad garantística que el artículo 83 de la Constitución encomienda al Estado, la cual, pueda verse amenazada o lesionada por el presunto hecho, acto u omisión señalado como dañoso”.

En virtud de los criterios jurisprudenciales expuestos, se observa que la tutela judicial del derecho a la salud, sólo será posible cuando quien alegue la violación demuestre comprobar que se halla, de manera directa, involucrado en una situación donde pueda verse afectado por el presunto hecho, acto u omisión, devenido de la actividad garantista del Estado. Ello así, visto que del análisis preliminar de las actas procesales no se evidencia que en el presente caso se dé esta situación, esta Corte debe desechar la presente denuncia. Así se decide.
De la presunta lesión al derecho constitucional al trabajo y a la estabilidad laboral:

Con relación a la presunta violación de los derechos constitucionales al trabajo y a la estabilidad laboral, esta Corte observa que dichos derechos se encuentran contenidos en los artículos 87 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales prevén lo siguiente:

“Artículo 87. Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa, que garantice el pleno ejercicio de este derecho…”.

“Artículo 93. La Ley garantizará la estabilidad en el trabajo y dispondrá lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado. Los despidos contrarios a este Constitución son nulos” (Destacado de esta Corte).

De las normas constitucionales antes expuestas, se desprende que toda persona tiene derecho de acceder a un trabajo digno con el cual logre tener una ocupación productiva que le permita tener las condiciones óptimas que garanticen su pleno desarrollo en el ejercicio de dicha ocupación laboral. Asimismo se desprende que el Estado a través de la Ley garantizará la estabilidad de las personas en sus puestos de trabajo disponiendo de todos los medios adecuados para limitar toda forma de despido no justificado.

En ese sentido, este Órgano Jurisdiccional estima prima facie que mal se puede considerar que el acto administrativo recurrido desmejoró las condiciones laborales de la recurrente, ya que el mismo sólo ordenó su traslado dentro del mismo Circuito Judicial Penal donde se desempeña, debiendo señalarse que en virtud de la función especial que ejerce la recurrente, la misma queda sometida a limitaciones más estrictas en sus derechos y se le exige un mayor grado de dedicación y entrega a sus labores. En virtud de lo anterior, se debe desechar la alegada violación al derecho al trabajo. Así se decide.

De la presunta lesión al derecho constitucional a la integridad personal.

En ese sentido, la parte recurrente denunció que “…el acto administrativo bajo estudio (…) fue el DETONANTE QUE INESTABILIZÓ no solo SU SITUACIÓN LABORAL, ECONÓMICA, PSÍQUICA, EMOCIONAL, además incremento el daño a su SALUD, como CONSECUENCIA DE SITUACIONES DE HECHOS PREVIOS, ya que desde el primer momento en que la ciudadana Yajaira Margarita Mora Bravo, asumió la Presidencia del Circuito Judicial Penal, ha ejecutado actos irregulares y anormales de atropello, vejación, humillación, persecución, de terrorismo psicológico, entre otros, de manera continua y recurrente, tanto en el ámbito particular que afectaron a mi mandante, como en el colectivo; que constituyen hechos públicos y notorios dentro del ámbito de trabajo; actos que han desestabilizado el ambiente laboral, siendo afectados compañeros de trabajo, entre ellos, jueces secretarios, asistentes, alguaciles y terceros (defensores públicos, fiscales, abogados en ejercicio, entre otros) que están dispuestos a rendir testimonio en la oportunidad que se les solicite”.

Al respecto, el artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece lo siguiente:

“Artículo 46. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, en consecuencia:
1. Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda víctima de tortura o trato cruel, inhumano o degradante practicado o tolerado por parte de agentes del Estado, tiene derecho a la rehabilitación.
(…)
4. Todo funcionario público o funcionaria pública que, en razón de su cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado o sancionada de acuerdo con la ley”.

De la norma transcrita se desprende que el derecho a la integridad personal, comprende la prohibición de penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; asimismo, implica que todo funcionario público que, en razón de su cargo, cause o tolere maltratos físicos o mentales a cualquier persona deberá ser sancionado de acuerdo con la ley.

Ello, esta Corte considera oportuno traer a colación el criterio expuesto por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, mediante sentencia Nro. 952, del 24 de mayo de 2007, (caso: Ricardo Justo y otros), en la cual se sostuvo lo siguiente:

“En cuanto a los tipos de ‘tratos’ la jurisprudencia se refiere a un ‘maltrato’ que alcance un nivel mínimo de severidad y que implique un daño corporal real o sufrimiento físico o mental intenso. Cuando el trato humilla o denigra a un individuo demostrando una falta de respeto, o menoscabando su dignidad humana u ocasionando sentimientos de temor, angustia o inferioridad capaz de quebrar la resistencia física y moral de un individuo, puede ser caracterizado como degradante…”.


En virtud de lo anterior, esta Corte observa que la parte recurrente precisó que el trato degradante proviene de la actuación de la Presidenta del Circuito Judicial Penal del estado Guárico.

Al respecto, esta Corte considera necesario destacar que no cursa en autos elemento de prueba alguno que permita tener una presunción del buen derecho constitucional invocado; ello así, debe señalarse que no es suficiente el sólo alegato de la conducta que pudiera haber sido considerada como violatoria del derecho a la integridad personal, sino que la misma debe ser probada, dado lo cual, esta Corte debe desestimar la denuncia que sobre dicho particular fue formulada. Así se decide.

De la presunta lesión del derecho constitucional a la igualdad.

En ese sentido, aduce la parte recurrente, que las rotaciones de jueces dentro del Circuito Judicial Penal del estado Guárico, se han venido haciendo de forma desigual ya que a algunos jueces se les rota únicamente en las funciones de juicio y ejecución, mientras a otros jueces, como en su caso, se les mantiene exclusivamente en funciones de control.

Ahora bien, esta Corte observa que el principio de igualdad se encuentra contenido en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual es del tenor siguiente:

“Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley; y en consecuencia:
1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.
2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.

De la norma transcrita se desprende, que el principio de igualdad debe interpretarse como aquel que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas a que no se establezcan privilegios que favorezcan a unos y excluyan a otros, a través de un trato desigual y discriminatorio.

En ese sentido, esta Corte considera pertinente hacer mención al criterio fijado por la Sala Político Administrativa en sentencia Nº 213, de fecha 18 de febrero de 2009 (caso: La Oriental de Seguros, C.A. vs. Ministerio del Poder Popular para las Finanzas), con relación al principio de igualdad, el cual es del tenor siguiente:

“A los efectos de analizar la presente denuncia cabe reiterar lo expresado por esta Sala con relación a la vulneración del derecho a la igualdad contemplados en el artículo 21 de la Constitución:
‘(…), resulta menester señalar que el derecho a la igualdad debe interpretarse como aquel que tienen todos los ciudadanos a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros; asimismo, ha precisado la jurisprudencia que la discriminación también existe cuando situaciones análogas o semejantes se deciden de manera distinta o contraria sin aparente justificación. Es por ello, que se ha sostenido que para acordarse la tutela requerida en caso de violación del invocado derecho, resulta necesario que la parte presuntamente afectada demuestre la veracidad de sus planteamientos, toda vez que sólo puede advertirse un trato discriminatorio en aquellos casos en los cuales se compruebe que frente a circunstancias similares y en igualdad de condiciones, se ha manifestado un tratamiento desigual’. (Vid. Sentencias de esta Sala Nros. 51, 587, 1.450 del 15 de enero de 2003, 7 de junio de 2006 y 24 de abril de 2007, respectivamente).
Siendo así, se colige que en toda denuncia dirigida a demostrar la vulneración del derecho a la igualdad, la parte que lo alega debe probar que estando en un mismo supuesto fáctico y jurídico, la Administración le dio un tratamiento diferente” (Destacado de esta Corte).

Del criterio jurisprudencial se colige que para que se configure la violación del derecho a la igualdad resulta necesario que la parte presuntamente afectada demuestre la veracidad de sus planteamientos, toda vez que sólo puede acreditarse un trato discriminatorio por parte de la Administración, si se comprueba que frente a circunstancias similares y en igualdad de condiciones, se ha manifestado un tratamiento desigual.
Ello así, esta Corte aprecia de la revisión de los elementos cursantes en autos, que la parte recurrente se limitó a denunciar la violación del derecho a la igualdad, omitiendo consignar en los autos algún elemento probatorio demostrativo de que situaciones similares a la de su poderdante hayan sido resueltas de manera distinta. Así, en el presente caso la parte recurrente tenía la obligación de alegar y demostrar que a otras personas, encontrándose en su misma condición, se les dio un trato diferente, carga esta que no fue cumplida por el accionante.

En ese sentido, aprecia esta Corte de la revisión de las actas que conforman el expediente, que los apoderados judiciales de la parte recurrente se limitaron a denunciar la violación del derecho a la igualdad, omitiendo consignar en los autos algún elemento probatorio demostrativo de que situaciones similares a la suya hayan sido resueltas de manera distinta, no pudiendo realizarse en consecuencia un análisis minucioso de las características particulares de las otras personas que se desempeñan como Jueces en el Circuito Penal del estado Guárico, las cuales, a decir de la parte recurrente, gozan de un trato preferencial por parte de la Presidenta del Circuito. En virtud de lo anterior, esta Corte desecha el alegato esgrimido por la parte recurrente, referido a la presunta violación del principio de igualdad. Así se decide.

Ahora bien, con respecto a las presuntas violaciones a derechos constitucionales relacionadas con la suspensión sin goce de sueldo recaída sobre la recurrente, esta Corte considera necesario señalar que dado que en el presente recurso contencioso administrativo funcionarial no se está dirimiendo la legalidad y constitucionalidad de dicho acto administrativo no es menester analizar dichas denuncias.

De todo lo anterior, esta Corte observa de las actas que conforman el expediente, que no se vislumbra prima facie una probabilidad o presunción grave de amenaza o lesión a los derechos constitucionales denunciados como infringidos, por lo cual, a juicio de esta Corte, no se ha dado cumplimiento a la condición del fumus boni iuris constitucional o presunción grave del buen derecho. Así se decide.

En consecuencia, no habiéndose configurado el requisito del fumus boni iuris, debe considerarse innecesario evaluar los argumentos sobre el periculum in mora en atención a que la configuración del fumus bonis iuris constitucional lleva aparejada la constatación del periculum in mora lo cual no ocurrió en el presente caso, por tal razón debe esta Corte declarar IMPROCEDENTE el amparo cautelar solicitado. Así se decide.

Desestimado el amparo cautelar, se observa que el acto impugnado fue dictado en fecha 7 de julio de 2009 y notificado a la parte recurrente en fecha 8 de julio de 2009; asimismo, se observa que el presente recurso fue interpuesto en fecha 30 de noviembre de 2009, por lo que debe considerarse que el mismo fue ejercido dentro del lapso de los seis (6) meses al cual hacía referencia el aparte 20 del artículo 21, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Así se decide.

En virtud de lo anterior, este Órgano Jurisdiccional Colegiado ordena la remisión del presente expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de que el recurso contencioso administrativo de nulidad continúe su curso de ley. Así se decide.






V
DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

1. ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA efectuada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión de fecha 12 de enero de 2010, a los fines de conocer el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo cautelar, por el Abogado José Ángel Trejo Rodríguez, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana BEATRIZ JOSEFINA RUÍZ MARÍN, contra el acto administrativo Nro 923-09 de fecha 8 de julio de 2009, emanado de la CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO GUÁRICO.

2. ADMITE el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto.

3. IMPROCEDENTE la acción de amparo cautelar.

4. ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de la continuación del procedimiento.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.

Dada, sellada y firmada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los ____________ ( ) días del mes de _______________de dos mil once (2011). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia de la presente decisión. Remítase el expediente al Juzgado de origen. Cúmplase lo ordenado.

El Juez Presidente,


ENRIQUE SÁNCHEZ






El Juez Vicepresidente,


EFRÉN NAVARRO
Ponente

La Juez,



MARÍA EUGENIA MATA



La Secretaria,


MARJORIE CABALLERO

EXP. Nº AP42-N-2010-000128
EN/


En Fecha________________________ ( ) de __________________________________ de dos mil once (2011), siendo la (s) _________________ de la ___________________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° ___________________.

La Secretaria.