REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CORTE SEGUNDA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Caracas, __________ ( __ ) de _________ de 2012
Años 201° y 153°


En fecha 8 de mayo 2008, en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, se recibió escrito contentivo de la demanda por ejecución de hipoteca mobiliaria y fianza interpuesta conjuntamente con medida de embargo ejecutivo, por la abogada Grecia Bellatriz Hernández Romero, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Número 30.392, en su carácter de Presidenta de la Asociación Cooperativa Llano Alto 202, R.L., inscrita ante el Registro Inmobiliario del Sexto Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital en fecha 12 de marzo de 2004, bajo el Número 2, Folio 24, Protocolo Primero, actuando en este acto dicha Asociación como representante legal del FONDO DE CRÉDITO INDUSTRIAL (FONCREI), Instituto Autónomo por Ley de fecha 22 de mayo de 1978, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 2.254 Extraordinaria de esa misma fecha adscrito al Ministerio para la Economía Popular, contra la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA AGROINDUSTRIAL MARACAIBO C.A., (DIAIMCA), inscrita el 26 de marzo de 2002, ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, bajo el Número 02, Tomo 15-A.

En fecha 10 de junio de 2008, se dio cuenta a la Corte. Por auto de esa misma fecha, se designó ponente al ciudadano Juez Emilio Ramos González, a quien se ordenó pasar a los fines de que la Corte dicte la decisión correspondiente.

En fecha 16 de junio de 2008, se pasó el expediente al Juez ponente.
En fecha 16 de julio de 2008, se dictó decisión número 2008-01344, mediante la cual esta Corte se declaró Incompetente para conocer en primera instancia de la demanda que versa sobre una ejecución de hipoteca inmobiliaria, anticresis, hipoteca mobiliaria y fianza interpuesta conjuntamente con medida de embargo ejecutivo, por la abogada Grecia Bellatriz Hernández Romero, en su carácter de Presidenta de la Asociación Cooperativa Llano Alto 202, S.R.L., actuando en este acto dicha Asociación como representante legal del Fondo de Crédito Industrial (Foncrei) contra la sociedad mercantil Distribuidora Agroindustrial Maracaibo C.A. (Diaimca) y ORDENÓ la remisión del presente expediente al Juzgado de Primera Instancia Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

En fecha 29 de septiembre de 2009, se ordenó notificar a las partes de la decisión dictada por esta Corte en fecha 16 de julio de 2008, para lo cual se libraron oficios Nros. CSCA-2009-4169, CSCA-2009-4170, CSCA-2009-4171 y boleta, dirigidos al Juzgado Segundo del Municipio Maracaibo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, a los fines que notifique a la parte demandada, a la Procuradora General de la República y al Presidente del Fondo de Crédito Industrial (Foncrei), respectivamente.

En fecha 2 de noviembre de 2009, compareció ante esta Corte el ciudadano Alguacil, consignando notificación firmada por el Presidente del Fondo de Crédito Industrial Foncrei, de fecha 30 de octubre de 2009.

En fecha 12 de noviembre de 2009, compareció ante esta Corte el ciudadano Alguacil, consignando oficio de comisión dirigido al Juez Primero del Municipio Maracaibo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, la cual fue enviada por la valija de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, el 2 de noviembre de 2009.

En fecha 18 de enero de 2010, compareció ante esta Corte el ciudadano Alguacil, consignando notificación firmada y sellada por el Gerente General de Litigio de la Procuraduría General de la República en fecha 15 de diciembre de 2009.

En fecha 9 de agosto de 2010, se recibió del abogado Hugo Rafael Guedez Laguna, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 71.982, actuando con el carácter de apoderado judicial del Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI), diligencia mediante la cual solicitó la remisión del expediente al Tribunal distribuidor con competencia en lo Civil a los fines de la continuación del proceso, asimismo consignó copia simple del poder que acredita su representación.

En fecha 13 de diciembre de 2011, se recibió de la abogada Magaly Curra Espejo, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 62.699, actuando con el carácter de apoderada judicial del Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI), escrito mediante el cual solicitó se revoque por contrario imperio la decisión de fecha 16 de julio de 2008 y acuerde remitir las actuaciones a un Tribunal Superior en materia Contenciosa Administrativa, igualmente consignó copia certificada del poder que acredita su representación.

En fecha 28 de febrero de 2012, se recibió de la apoderada judicial del Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI), diligencia mediante la cual solicitó a esta Corte emita pronunciamiento sobre el escrito presentado en fecha 13 de diciembre de 2011.

En fecha 6 de marzo de 2012, se dictó auto mediante el cual se ordenó pasar el expediente al Juez Ponente, a los fines que se dicte la decisión correspondiente.

En fecha 7 de marzo de 2012, se pasó el expediente al Juez ponente.

I
ANTECEDENTES

En fecha 8 de mayo de 2008, la abogada Grecia Bellatriz Hernández Romero, en su carácter de Presidenta de la Asociación Cooperativa Llano Alto 202, R.L., actuando en este acto dicha Asociación como representante legal del Fondo de Crédito Industrial (FONCREI), interpuso demanda por ejecución de hipoteca mobiliaria y fianza contra la sociedad mercantil Distribuidora Agroindustrial Maracaibo C.A. (Diaimca).

En fecha 16 de Julio de 2008, esta Corte dictó decisión número 2008-01344, mediante la cual se declaró incompetente para conocer en primera instancia de la demanda por ejecución de hipoteca inmobiliaria, anticresis, hipoteca mobiliaria y fianza interpuesta conjuntamente con medida de embargo ejecutivo y ordenó la remisión del presente expediente al Juzgado de Primera Instancia Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

II
DE LA SOLICITUD DEL ESCRITO

En fecha 13 de diciembre de 2011, se recibió de la abogada Magaly Curra Espejo, actuando con el carácter de apoderada judicial del Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI), escrito mediante el cual solicitó se revoque por contrario imperio la decisión de fecha 16 de julio de 2008 y acuerde remitir las actuaciones a un Tribunal Superior en materia Contenciosa Administrativa. Tal solicitud obedece a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en fecha 22 de junio de 2010 “(…) en dicho instrumento normativo se establecen o crean tres procedimientos: 1.- Procedimientos común a las demandas de Nulidad, Interpretación y Controversias administrativas 2.- Procedimiento breve y, 3) Demanda de Contenido Patrimonial. (…)”. (Negrillas del original).

II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Previo:

Mediante Gaceta Oficial Nº 5.890 de fecha 31 de julio de 2008, se publica el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Supresión y Liquidación del Fondo de Crédito Industrial (FONCREI), el cual tiene por objeto la supresión y liquidación del referido fondo creado mediante Ley de fecha 22 de mayo de 1978 y la consolidación de una institución única, orientada al fortalecimiento de la pequeña y mediana industria y demás unidades de producción social, a través de la transferencia de sus activos y pasivos al Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI). Razón por la cual, la defensa en la presente causa la debe asumir el mencionado Instituto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 numeral 7 del referido Decreto.

El ámbito objetivo del presente asunto, lo constituye la demanda por ejecución de hipoteca inmobiliaria, anticresis, hipoteca mobiliaria y fianza interpuesta conjuntamente con medida de embargo ejecutivo interpuesta por la abogada Grecia Bellatriz Hernández Romero, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Número 30.392, en su carácter de Presidenta de la Asociación Cooperativa Llano Alto 202, R.L., actuando en este acto dicha Asociación como representante legal del Fondo de Crédito Industrial (Foncrei), contra la sociedad mercantil Distribuidora Agrondustrial Maracaibo C.A., (Diaimca).

Ahora bien, vista la solicitud planteada en fecha 13 de diciembre de 2011, pasa esta Corte a revisar si es procedente la competencia alegada por la representación de la demandante:

Resulta necesario puntualizar previamente que con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.451 de fecha 22 de junio de 2010, en el artículo 24 se establecieron las siguientes competencias para los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa aún Corte Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo: 1. “(…) Las demandas que se ejerzan contrala República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación, en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía excede de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T) y no supera setenta mil unidades tributarias (70.000 U.T), cuando su conocimiento no esté atribuido expresamente a otro tribunal, en razón de su especialidad. 2. Las demandas que ejerzan la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación, en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía excede de las treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T) y no supera setenta a unidades tributarias (70.000 U.T), cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad (…)”.

Alegó la parte demandante que “(…) con la creación o establecimiento legislativo del recurso o Demanda de Contenido Patrimonial donde tiene parte el Estado venezolano, ha ocurrido lo que se denomina en doctrina un caso de “Competencia Sobrevenida” razón por la cual de la manera más respetuosa estimo que, sería contrario al espíritu de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa dar cumplimiento a lo decidido por esta Corte a su cargo en fecha 16-07-2008, en razón como [dijo] anteriormente (…) le otorgó competencia por la materia para conocer a los Tribunales de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa (…)”. [Corchetes de esta Corte].

Asimismo, se constata que la demanda fue estimada en la cantidad de Ochocientos Treinta y Nueve Mil Seiscientos Noventa y Ocho Bolívares con sesenta céntimos Bs. (839.698,60) lo cual se traduce aproximadamente en dieciocho mil doscientas cincuenta y cuatro unidades tributarias 18.254 U.T, puesto que el valor de la unidad tributaria era de 46, 00 Bs. en consecuencia, se evidencia que en principio esta Corte es competente por la cuantía para conocer de las demandas de contenido patrimonial.

Sin embargo, es oportuno señalar que los artículos 67 y 69 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión establecen lo siguiente:
“Artículo 67: Sin perjuicio de los procedimientos previstos en la legislación nacional, las ejecuciones hipotecarias y pignoraticias se regirán por los que se establecen en la presente ley.
(…Omissis…)
Artículo 69 En caso de que no se haya hecho elección de domicilio, conocerá de este procedimiento el juez con jurisdicción en lo mercantil que sea competente por razón de la cuantía en el lugar en donde se haya registrado el documento constitutivo del gravamen”. (Negrillas de esta Corte).

De las normas precedentemente transcritas, se observa un régimen especial de competencia que asigna el conocimiento de las demandas interpuestas para la ejecución de hipotecas mobiliarias y prendas sin desplazamiento de posesión, a la jurisdicción mercantil, cuya competencia territorial se determinará: 1) por el lugar donde se haya registrado el documento constitutivo de gravamen; o, 2) por la elección del domicilio realizada por las partes al momento de suscribir el documento hipotecario (Vid. sentencia Número 2008-000828 de fecha 15 de mayo de 2008, emanada de esta Corte, caso: Fondo de Crédito Industrial vs. sociedad mercantil Danamar) .

Ello así, es oportuno traer a colación la sentencia Número 20 de fecha 2 de junio de 2010, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual resolvió un conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, donde declaró competente al referido Tribunal Mercantil para conocer la demanda de ejecución de hipoteca mobiliaria interpuesta por el Banco Industrial de Venezuela, C.A., contra la sociedad mercantil Frigorífico Punto Azul C.A., en razón del principio del juez natural y de la elección del domicilio especial realizada por las partes en el contrato cuyo cumplimiento se demandaba. Criterio reiterado en la sentencia Número 00849, emanada de la misma Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 31 de mayo de 2007, (caso: Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) vs. Cooperativa Integración Cooperativa de Avicultura Endógena ‘Alimentos, Ciencia y Dignidad).

Por las consideraciones antes expuestas esta Corte desecha la solicitud realizada por la parte demandante mediante la cual solicitó se revoque por contrario imperio la decisión de fecha 16 de julio de 2008 y acuerde remitir las actuaciones a un Tribunal Superior en materia Contencioso Administrativa.

Con base en lo expuesto, en estricta aplicación del principio del juez natural y, de acuerdo con la elección del domicilio especial realizada por las partes en el contrato cuyo cumplimiento se demanda, la competencia para conocer la presente demanda por ejecución de hipoteca mobiliaria y fianza, le corresponde a un Tribunal de Primera Instancia Civil y Mercantil del Área Metropolitana de Caracas, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley del Fondo de Crédito Industrial (FONCREI) y, de acuerdo los artículos 67 y 69 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión; en consecuencia, esta Corte declara improcedente la solicitud realizada por la parte demandante y ordena remitir el expediente al Tribunal de Primera Instancia Mercantil del Área Metropolitana de Caracas, a quien le corresponda previa distribución, dado que las partes eligieron como domicilio especial la ciudad de Caracas, Distrito Capital, según la cláusula décima novena del aludido contrato. Así se declara.

III
DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se declara:

1- IMPROCEDENTE la solicitud de fecha 13 de diciembre de 2011, realizada por la abogada Magaly Curra Espejo, actuando con el carácter de apoderada judicial del Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI), mediante el cual solicitó se revocara por contrario imperio la decisión de fecha 16 de julio de 2008 y se acordara remitir las actuaciones a un Tribunal Superior en materia Contenciosa Administrativa.

2- ORDENA la remisión inmediata del presente expediente al Juzgado de Primera Instancia Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, quien ejerza funciones de Juzgado Distribuidor.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.

El Presidente


EMILIO RAMOS GONZÁLEZ
Ponente
El Vicepresidente


ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA

El Juez


ALEJANDRO SOTO VILLASMIL


La Secretaria Accidental,


CARMEN CECILIA VANEGAS SALAS


Exp N° AP42-G-2008-000038
ERG/08


En fecha _____________ (___) de ____________de dos mil doce (2012), siendo la (s) ___________ de la_____________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el Nº ________.

La Secretaria Accidental