EXPEDIENTE N° AP42-G-2011-000049
JUEZ PONENTE: ALEJANDRO SOTO VILLASMIL

En fecha 27 de abril de 2011, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, demanda de nulidad interpuesta por los abogados Desmond Dillon Mcloughlin, Marianella Villegas Salazar, María Fernanda Pulido, María Daniela Rivero y Carlos Rodríguez Estanga, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 41.6196, 70.884, 97.725, 124.494 y 150.327 respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil SIDERÚRGICA DEL TURBIO, S.A., sociedad ésta domiciliada en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, inscrita en el Registro de Comercio llevado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Trabajo del Estado Lara en fecha 2 de marzo de 1972, bajo el Nº 41, folios 91 al 98 del libro adicional Nº 1, contra la Providencia Administrativa Nº 422 de fecha 2 de noviembre de 2010, contentiva de medida preventiva de Ocupación y Operatividad Temporal, así como de designación de la Junta Administradora, dictadas por el INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS) contra la referida empresa.
En fecha 28 de abril de 2011, se dio cuenta a la Juez del Juzgado de Sustanciación de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.
En fecha 4 de mayo de 2011, el Juzgado de Sustanciación declaró competente a esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo para conocer y decidir en primer grado de jurisdicción del recurso contencioso administrativo de nulidad incoado, admitió el aludido recurso, ordenó notificar a la ciudadana Fiscal General de la República, Presidenta del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), Presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (ANAUCO), Procuradora General de la República y a la Ministra del Poder Popular para el Comercio. Asimismo, ordenó librar el cartel de emplazamiento a los terceros interesados una vez constara en autos la última de las notificaciones ordenadas, y se dejó constancia de que una vez que constaren en autos la última de las notificaciones ordenadas se remitiría el expediente a esta Corte a los fines de que se fije la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio, ello de conformidad con lo estatuido en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En fecha 5 de mayo de 2011, se libraron los oficios Nros. JS/CSCA-2011-0533, JS/CSCA-2011-0534, JS/CSCA-2011-0535, JS/CSCA-2011-0536, JS/CSCA-2011-0537 y JS/CSCA-2011-0538, dirigidos a los ciudadanos Procuradora General de la República, Fiscal General de la República, Presidente del Instituto para la Defensa en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), Presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (ANAUCO) y Ministra del Poder Popular para el Comercio, respectivamente.
El día 22 de junio de 2011, se dejó constancia de la notificación efectuada a la ciudadana Procuradora General de la República, la cual fue recibida en fecha 2 del mismo mes y año.
En la misma fecha, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación consignó copias de los oficios de notificación dirigidos al Presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) y a la ciudadana Ministra del Poder Popular para el Comercio, las cuales fueron recibidas el día 8 del mismo mes y año.
En fecha 22 de junio de 2011, se dejó constancia de la notificación practicada a la ciudadana Fiscal General de la República, la cual fue recibida el día 1º del mismo mes y año.
En esa misma fecha, se dejó constancia de la notificación practicada al Presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (ANAUCO), siendo recibida el día 8 de junio de 2011.
En fecha 13 de julio de 2011, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 80, 81 y 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el Juzgado de Sustanciación libró el cartel de emplazamiento a los terceros interesados.
En fecha 14 de julio de 2011, la abogada Marianella Villegas, antes identificada, actuando con el carácter de apoderada judicial de la parte recurrente, consignó diligencia a través de la cual retiró el cartel de emplazamiento librado por el Juzgado de Sustanciación de esta Corte el día 13 de ese mismo mes y año.
En fecha 18 de julio de 2011, el Juzgado de Sustanciación ordenó notificar nuevamente al Presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), ello en atención al vencimiento del lapso de 10 días de despacho para la remisión de los antecedentes administrativos relacionados en la presente causa, concedidos en el oficio Nº JS/CSCA-2011-0536 de fecha 5 de mayo de 2011.
En fecha 21 de julio de 2011, la abogada Marianella Villegas, antes identificada, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte demandante, consignó el cartel de emplazamiento debidamente publicado en el diario “El Universal”.
El día 25 de julio de 2011, el Juzgado de Sustanciación de esta Corte ordenó agregar a autos la página del diario “El Universal” en donde aparece publicado el cartel de emplazamiento librado por el aludido Juzgado.
En fecha 26 de julio de 2011, se dejó constancia de la notificación practicada al Presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), la cual fue recibida el día 22 del mismo mes y año.
En fecha 4 de agosto de 2011, el Juzgado de Sustanciación de este Órgano Jurisdiccional ordenó practicar por Secretaría el cómputo de los días de despacho transcurridos desde la fecha de la publicación del Cartel de Emplazamiento, 18 de julio de 2011, exclusive, hasta el día 4 de agosto de 2011, inclusive, arrojando dicho cálculo que“desde el día 18 de julio de 2011, exclusive, hasta el día de hoy, inclusive, han transcurrido once (11) días de despacho correspondientes a los días 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 de julio y 01, 02, 03 y 04 de agosto del año en curso”.
En fecha 4 de agosto de 2011, el Juzgado de Sustanciación ordenó remitir el presente expediente a esta Corte a los fines de que fijara la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio, ello de conformidad con lo estatuido en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En fecha 19 de septiembre de 2011, se designó como ponente al ciudadano Juez Alejandro Soto Villasmil, y se fijó para el día 5 de octubre de ese mismo año la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En fecha 5 de octubre de 2011, siendo el día y la hora fijados para que tuviera lugar la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio en la presente causa, se dejó constancia de que estaba presente la abogada Marianella Villegas, antes identificada, actuando con el carácter de apoderada judicial de la parte demandante, el abogado Juan Betancourt, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 44.157, actuando con el carácter de Fiscal Segundo del Ministerio Público. Asimismo, se dejó constancia de la incomparecencia de la parte demandada.
De igual manera, a partir de esa misma fecha, comenzó a transcurrir el lapso de 5 días de despacho para que las partes presenten sus informes en forma escrita, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Posteriormente, el día 18 de octubre de 2011, se dejó constancia del vencimiento del referido lapso, en consecuencia, en esta última fecha se ordenó remitir el presente expediente al ciudadano Juez ponente a los fines de que esta Corte dictara la decisión correspondiente.
En fecha 27 de octubre de 2011, se pasó el presente expediente al Juez ponente.

I
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD
En fecha 27 de abril de 2011, la representación judicial de la parte recurrente interpuso el recurso contencioso administrativo de nulidad contra el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (INDEPABIS), exponiendo los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Relataron que “[…] luego que el 31 de octubre de 2010 el Presidente de la República anunciara en su programa de televisión dominical que SIDETUR sería objeto de una adquisición forzosa, el 1º de noviembre de 2010 se presentaron varios funcionarios del INDEPABIS en la Planta de SIDETUR ubicada en Antímano, […] señalando que tenían instrucciones de practicar una inspección directamente vinculada con la orden de expropiación dada por el Presidente de la República, a fin de supuestamente evitar cualquier paralización, irregularidad o mal funcionamiento de la Planta justamente a raíz de la inminente expropiación” [Corchetes de esta Corte].
Señalaron que en dicha inspección, los funcionarios del INDEPABIS dictaron una medida preventiva de ocupación y operatividad temporal “[…] la cual ratificada en Providencia Administrativa Nº 422 de fecha 2 de noviembre de 2010 de la Presidenta del INDEPABIS, designándose además una Junta Administradora que estaría conformada por representantes de ese Instituto y del Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería para la ejecución de la medida […] [debemos] señalar, que dicha medida, formalmente adoptada y en plena vigencia no ha sido ejecutada en la práctica” [Corchetes de esta Corte]
Recalcaron que el aludido Acto Administrativo “[…] se encuentra viciado de nulidad absoluta, al violar en forma flagrante los derechos constitucionales de SIDETUR, además de otros vicios propios del acto, pues se fundamenta en unos hechos que fueron tenidos por ciertos y comprobados luego de una mera inspección, a pesar de que se necesitaba de una base probatoria que revelara al menos un indicio de la supuesta falta de operatividad de la Plata [sic] Antímano de SIDETUR” [Corchetes de esta Corte].
Que “[mediante] una errada e inmotivada percepción de los hechos y sin ningún tipo de explicación, se decidió imponer una medida preventiva que prejuzga como definitiva, sin que las defensas de SIDETUR respecto al no incumplimiento de alguna disposición legal fuesen tomadas en cuenta” [Corchetes de esta Corte].
Además, manifestaron que “[…] no se le otorgó a [su] representada una mínima oportunidad de defensa previo al acto, ratificándose dicha medida y dándole un carácter además de medida definitiva, ya que coincide con aquellas que pueden dictarse al final del procedimiento sancionatorio […] [asimismo señaló que] […] al día siguiente en que se dicta la medida preventiva por las funcionarias que realizaron la inspección de defensa para [su] representada” [Corchetes de esta Corte].
Sostuvieron que resulta “[…] insólito imponer una medida preventiva como la impuesta a SIDETUR, sin al menos verificar, con certeza y responsabilidad, la supuesta presunción de la existencia de un ilícito, lo que hubiese implicado, […] la necesidad de realizar varias visitas o inspecciones, el análisis de los procesos de producción, la verificación de los pedidos y despachos de la mercancía, en fin, muchos otros elementos que permiten verificar la producción de los productos que fabrica SIDETUR” [Corchetes de esta Corte].
Indicaron que “[…] [su] representada cumple con todos los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico para el ejercicio de su actividad económica, cumpliendo a cabalidad con todas las regulaciones relacionadas con el control de precio y elaboración y distribución de productos de primera necesidad y otros que no lo son. De allí, que el acto administrativo impugnado también incurrió en una errada apreciación de los hechos, al pretender imputarle a SIDETUR afirmaciones que no son ciertas y que más bien son contrarias a los intereses económicos de la propia empresa […]”. [Corchetes de esta Corte].
Manifestaron que “[…] INDEPABIS incurrió en violación flagrante del derecho a la defensa de SIDETUR, al limitarse a declarar que [su] representada incurrió en ‘incumplimiento de la capacidad operativa’ y, por consiguiente, en la inobservancia de las obligaciones que como productor de bienes tiene según la Ley de INDEPABIS, sin atender a los alegatos y pruebas ofrecidas por los representantes de SIDETUR en el momento de la inspección, a efectos de evitar la imposición de medida alguna. También se violó el derecho a la defensa de SIDETUR cuando no se le otorgó la más mínima oportunidad de defensa frente a una medida que solo podía ser impuesta luego de la sustanciación de un procedimiento sancionatorio. Y, por último, cuando existe una inmotivación respecto a los supuestos de derecho que dice contener la medida impugnada […]” [Corchetes de esta Corte y mayúsculas del original].
Sostuvieron que “[…] la Planta Antímano estaba en pleno funcionamiento y que el inusual número de trabajadores se debió a la asamblea extraordinaria que, en ejercicio de derechos constitucionales, realizaban durante la inspección un importante número de trabajadores afiliados al Sindicato de la compañía, […]” [Corchetes de esta Corte].
Que “[…] la violación del derecho a la defensa se produce no sólo porque el INDEPABIS no tomó en cuenta los alegatos presentados al momento de la inspección respecto a una disminución en su personal -que por demás no afectaba las operaciones-, así como los documentos que demostraban la total capacidad productiva de la empresa ofrecidos a SIDETUR en dicho momento (mal puede considerarse que la simple anotación, parcial y sin referencia alguna al respaldo probatorio mostrado en el Acta de Inspección Nº G-022768, por parte de las funcionarias actuantes, es una muestra de respeto y garantía de tal derecho constitucional); también se produce la violación del derecho a la defensa, cuando la Providencia Administrativa ordena la Intervención de almacenes, depósitos, industrias, comercio, transporte de bienes o cualquier otra de las fases o etapas de la cadena productiva y de la prestación de servicios, a través de una medida preventiva, a pesar de que el artículo 125 de la Ley de INDEPABIS es contundente al señalar que ello sólo procede como medida sancionatoria” [Corchetes de esta Corte].
Agregaron que “[…] otra de las formas en que el INDEPABIS violó el derecho a la defensa de SIDETUR se pone de manifiesto al evidenciar la ausencia de motivación en los fundamentos de derecho del acto […] [ya que] el acto cuya nulidad se pide […] contiene la información mínima indispensable para concluir que cumple con el requisito de la motivación […] [debido a que no argumenta como] es que la supuesta ausencia de personal en las instalaciones de la Planta y el supuesto incumplimiento de la capacidad productiva se subsumía en los numerales 1, 6 y 11 del artículo 111 […] [de la Ley del INDEPABIS] […]” [Corchetes de esta Corte].
Arguyeron que la “[…] ‘medida preventiva’ adolece de una insuficiente motivación, o más simplemente, que está inmotivada, por no especificar los motivos de Derecho en los que se fundó, lo que impide a SIDETUR y sus representantes conocer cuáles fueron las razones normativas que llevaron a su aplicación por el INDEPABIS […]” [Corchetes de esta Corte].
Destacaron que “[…] INDEPABIS incurrió en violación flagrante de la presunción de inocencia de SIDETUR, pues a través del Acta de Inspección Nº G-022768 y en la Providencia Administrativa Nº 422, el INDEPABIS en ningún momento usó expresiones que permitan concluir que su apreciación fue sólo preliminar, sujeta a confirmación, temporal y esencialmente revocable […]” [Corchetes de esta Corte].
Que “[…] la adopción de una medida preventiva en los términos realizados por INDEPABIS, sin ningún tipo de trámite del procedimiento legalmente establecido, no sólo implica una violación del derecho a la defensa y al debido proceso; sino que además constituye una vulneración del derecho a la presunción de inocencia […]” [Corchetes de esta Corte].
Consideraron que “[en] el presente caso, estamos en presencia de una apreciación errada y alejada de la realidad, toda vez que [su] representada nunca ha dejado de producir en forma permanente los productos que son considerados de primera necesidad […]” [Corchetes de esta Corte].
Expresaron que “[…] el acto cuya nulidad se demanda está fundado en motivos falsos, téngase igualmente en cuenta que los funcionarios ni siquiera llegaron a preguntar cuál era, según la nómina de la Planta, el numero [sic] de trabajadores que laboran en cada turno. Ninguno de ellos hizo esa pregunta, no consta en el Acta levantada, de modo que ni siquiera sabían el número total de empleados para en función de ese dato concluir si habían o no suficientes empleados […] [fue] simplemente una valoración subjetiva que hicieron las funcionarias que ejecutaron la inspección” [Corchetes de esta Corte].
Que “[…] es falso que los representantes de SIDETUR, durante la inspección del 1º de noviembre de 2010 se hayan negado a presentar a las funcionarias del INDEPABIS los libros y registros de contabilidad, alguna documentación comprobatoria de un asunto por ellas examinado o que no se les hayan proporcionado las informaciones relativas a las operaciones registradas, y que dichas funcionarias se hayan topado con irregularidades que les hayan imposibilitado el conocimiento cierto de las operaciones realizadas en la Planta Antímano de SIDETUR” [Corchetes de esta Corte].
Insistieron que la falta de empleados en la empresa al momento de realizar la Administración Pública la inspección fue debido a la “[…] asistencia de la mayor parte de los trabajadores a una asamblea extraordinaria convocada por el Sindicato de Trabajadores ante el anuncio presidencial de expropiación de SIDETUR, hecho en su programa del domingo 31 de octubre de 2010, y a la ajustada a derecho reducción de turnos de trabajo para cumplir con las exigencias de racionamiento de energía eléctrica” [Corchetes de esta Corte].
Que “[…] cabe afirmar que el acto contentivo de la ‘medida preventiva’ cuya nulidad se demanda fue dictada por el INDEPABIS sin apreciar todos los hechos expuestos con anterioridad, es decir, éstos fueron ignorados por completo, razón por la cual, la ‘medida’ así adoptada se halla afectada por el vicio de falso supuesto de hecho […]” [Corchetes de esta Corte].
Manifestaron que “[…] no se verifican en el caso examinado ninguno de los supuestos contemplados en el encabezado y en el numeral 1º del artículo 111 de la Ley de INDEPABIS para la procedencia de las medidas preventivas previstas a su vez en el artículo 112 del mismo texto legal, y que por el contrario, está suficientemente demostrado que la Planta de Antímano de SIDETUR no estaba el 1º de noviembre de 2010 incursa en ninguno de ellos, lo que muestra el falso supuesto de hecho en que incurrió el INDEPABIS al adoptar la ‘medida preventiva’ […]” [Corchetes de esta Corte].
Destacaron que “[…] es indudable que la inspección Nº. 01111-19, del 1º de noviembre de 2010, fue efecto del anuncio de expropiación de SIDETUR por parte del Presidente de la República, es decir, una acción realizada por el INDEPABIS en relación al anuncio presidencial, a efectos de cumplir con una orden impartida por el Presidente en esa misma ocasión, de proceder a la toma y control inmediato de todas las instalaciones y bienes de las diferentes plantas o bienes cuya expropiación ordenó […]” [Corchetes de esta Corte].
Señalaron que “[a] todas luces, la verdadera finalidad de la ‘medida preventiva’ cuya nulidad se demanda no era otra que adelantar, a través de un procedimiento que no está previsto en la ley para ello, la toma de posesión con fines de uso, goce y disposición por parte del Ejecutivo Nacional de la Planta de Antímano que se persigue a través de la medida de expropiación anunciada el pasado 31 de octubre de 2010, antes, mucho antes, de que se sustancien y culminen las etapas de las fases administrativas y judicial de la expropiación […] [en consecuencia] esta representación considera que estamos ante el vicio de desviación de poder […]”. [Corchetes de esta Corte].
Que “[…] la Ley del INDEPABIS no habilita en ninguno de sus artículos, en especial, en ninguno de los numerales de su artículo 112, al INDEPABIS a proceder a la designación de Juntas Administradoras o Interventoras de entidades privadas sujetas a su supervisión e inspección” [Corchete de esta Corte].
Alegaron que en la aludida Providencia Administrativa el INDEPABIS le violó a su representada los derechos a la libre empresa y a la propiedad privada ya que “[…] se usó la figura de las ‘medidas preventivas’ previstas en el artículo 112 de la Ley de INDEPABIS para un fin distinto para el cual están previstas en ese texto legal (su fin es impedir la paralización o afectación de la continuidad del proceso de producción de bienes, no permitir la toma de posesión con ánimo de usar, gozar y disponer de bienes propiedad privada por parte del Ejecutivo Nacional) […]” [Corchetes de esta Corte].
Indicaron que en el presente caso “[…] INDEPABIS, no obstante carecer de competencia para ello por estarle tal potestad atribuida únicamente al Poder Judicial, incluso en casos de expropiaciones, como consta en la ‘medida preventiva’ cuya nulidad se pide, acordó designar una Junta Administradora para que, sin control judicial previo de ninguna clase, esa instancia no acompañe sino que sustituya plenamente la gerencia de la Planta Antímano de SIDETUR y ejerza todas las ‘… actividades necesarias a objeto de procurar la continuidad de la prestación del servicio o de las fases de la cadena de producción […]” [Corchetes de esta Corte].
Esgrimieron que el “[…] INDEPABIS, al acordar la conformación de una Junta Administradora para ejecutar la medida preventiva de ocupación y operatividad temporal, incurrió en usurpación de funciones, al asumir una competencia que no tiene, y que correspondería en todo caso al Poder Judicial” [Corchetes de esta Corte].
Que “[…] la acordada y en vigor, pero no puesta en práctica aún, ‘ocupación y operatividad temporal’ así como el acuerdo de designación de una ‘Junta Administradora’ de la Planta de Antímano es una medida ilegal, contraria a la Constitución de 1999, que se aplica de manera arbitraria por el INDEPABIS y que puede estar generando daños y perjuicios al patrimonio de SIDETUR, al tiempo que puede también terminar generando lesiones a otros derechos constitucionales de la misma jerarquía que la libertad de empresa y la propiedad privada, como son los derechos de los trabajadores de la Planta y los derechos como consumidores de los bienes que producen en ella, por interrupciones o alteraciones en el proceso productivo de los mismos” [Corchetes de esta Corte].
Manifestaron que “[…] el INDEPABIS, al dictar la ‘medida preventiva’ con la extensión (ámbito de aplicación) con que lo hizo en la Providencia Administrativa Nº 422, no respetó la debida concordancia entre el supuesto de hecho que dio lugar al acto administrativo y la finalidad de la norma, motivo por el cual mal puede alcanzar equilibrio alguno en el cumplimiento de los fines de la Administración Pública y, en este caso, el interés público a tutelar, a saber, los derechos e intereses que protege la Ley del INDEPABIS” [Corchetes de esta Corte].
Que “[…] la ‘medida preventiva’ cuestionada en esta demanda no guarda la debida concordancia entre el supuesto de hecho que dio lugar al acto administrativo (supuestas irregularidades detectadas en un establecimiento muy concreto, a saber, la Planta de Antímano de SIDETUR, no en la totalidad de sus Plantas) y la finalidad de la norma (restablecer la continuidad de la producción en la Planta Antímano, no en las restantes, para satisfacer los intereses y derechos que protege la Ley del INDEPABIS), motivo por el cual mal puede alcanzar equilibrio alguno en el cumplimiento de los fines de la Administración Pública y, en este caso, el interés público a tutelar, a saber, los derechos e intereses que protege la LDEPABIS [sic], sin menoscabo de los derechos de SIDETUR” [Corchetes de esta Corte].
Consideraron que la medida preventiva dictada por el INDEPABIS “[…] en este caso, debido a su pretendido ámbito de aplicación (a toda la sociedad mercantil SIDETUR y la totalidad de sus Plantas) es manifiestamente ilegal por desproporcionada […]” [Corchetes de esta Corte].
Finalmente, solicitaron que “[…] se declare CON LUGAR la presente demanda de nulidad contencioso administrativa ejercida en contra de la ‘medida preventiva’ contenida en la Providencia Administrativa Nº 422 de 2 de noviembre de 2010, la cual fue acordada por el INDEPABIS luego de haberse supuestamente constatado el ‘incumplimiento de la capacidad productiva’ en las instalaciones de la Planta de Antímano y la ‘ausencia de personal’; y en consecuencia ANULE dicho acto administrativo” [Corchetes de esta Corte, mayúsculas y negrillas del original].
II
DE LAS PRUEBAS
I.- Pruebas de la parte Recurrente:
1. Pruebas acompañadas con el escrito del recurso:
- Original del poder otorgado por la parte recurrente a sus apoderados judiciales (Folios 41 al 52 del expediente judicial).
- Copia simple del acta de inspección de fecha 1º de noviembre de 2010 emanada por el Instituto por la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (INDEPABIS) mediante la cual se evidenció la ausencia del personal en la empresa SIDETUR (Folios 54 al 58 del expediente judicial).
- Original de la Providencia Administrativa Nº 422 de fecha 2 de noviembre de 2010 emanada de la Presidenta del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) mediante la cual acordó la medida preventiva de ocupación y operatividad temporal sobre la sociedad mercantil Siderúrgica del Turbio S.A. así como la ejecución inmediata de dicha medida la cual quedó a cargo de la Junta Administradora (Folios 60 al 65 del expediente judicial).
- Copia simple del expediente administrativo llevado por el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) (Folios 67 al 225).
III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Con respecto a la competencia, conviene aclarar que el Juzgado de Sustanciación de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo mediante decisión de fecha 4 de mayo de 2011, se pronunció sobre la competencia de este Tribunal para conocer en primer grado de jurisdicción la presente causa, no obstante lo anterior, es menester hacer referencia a lo establecido en el numeral 5 del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 de fecha 22 de junio de 2010, cuyo contenido establece que los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa -aún Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo- son los competentes para conocer de “Las demandas de nulidad de los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por autoridades distintas a las mencionadas en el numeral 5 del artículo 23 de esta Ley y en el numeral 3 del artículo 25 de esta Ley, cuyo conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de la materia”.
Visto lo anterior, se observa que el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), no se perfila como una de las autoridades que aparecen indicadas en el numeral 5 del artículo 23 y en el numeral 3 del artículo 25, ambos de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y, siendo que el conocimiento de la acción sub examine tampoco se encuentra atribuido a otro tribunal, esta Corte ratifica su competencia para conocer de la presente demanda de nulidad. Así se declara.
Determinada la competencia, aprecia esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo que el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la representación judicial de la parte recurrente, se encuentra circunscrito a obtener la nulidad de la Providencia Administrativa Nº 422 de fecha 2 de noviembre de 2010 emanada de la Presidenta del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) mediante la cual acordó la Medida Preventiva de Ocupación y Operatividad Temporal sobre la sociedad mercantil Siderúrgica del Turbio, S.A. (SIDETUR) debido a la falta de capacidad productiva incurrida por la parte actora.
En ese sentido, este Órgano Jurisdiccional a continuación pasa a analizar los argumentos opuestos por la representación judicial de la sociedad mercantil Siderúrgica del Turbio, S.A. relativos a: 1) Presunta violación al derecho a la defensa y al debido proceso; 2) Violación de la presunción de inocencia; 3) Inmotivación del Acto Administrativo; 4) Falso supuesto de hecho; 5) Desviación de Poder cometido por el INDEPABIS debido a la movilización de los funcionarios de la Guardia Nacional para custodiar las instalaciones de la aludida sociedad mercantil sin base en acto formal alguno; 6) Usurpación de funciones en virtud de que supuestamente la Ley del INDEPABIS no habilita a los funcionarios de dicho ente a designar Juntas Administradoras; 7) Presunta violación de los derechos económicos; y, 8) Desproporcionalidad entre el supuesto de hecho que dio lugar al acto administrativo y la finalidad de la mencionada Ley.
1. De la presunta violación al derecho a la defensa y al debido proceso.
La representación judicial de la parte recurrente alegó que el INDEPABIS “[…] incurrió en violación flagrante del derecho a la defensa de SIDETUR, al limitarse a declarar que [su] representada incurrió en ‘incumplimiento de la capacidad operativa’ y, por consiguiente, en la inobservancia de las obligaciones que como productor de bienes tiene según la Ley del INDEPABIS, sin atender a los alegatos y pruebas ofrecidas por los representantes de SIDETUR en el momento de la inspección, […]” [Corchetes de esta Corte].
Asimismo, señaló que se le violó el derecho a la defensa de SIDETUR “[…] cuando no se le otorgó la más mínima oportunidad de defensa frente a una medida que sólo podía ser impuesta luego de la sustanciación de un procedimiento sancionatorio” [Corchete de esta Corte].
De la misma manera, adujo que “[…] también se produce la violación del derecho a la defensa, cuando la Providencia Administrativa ordena la intervención de almacenes, depósitos, industrias, comercio, transporte de bienes o cualquier otra de las fases o etapas de la cadena productiva y de la prestación de servicios, a través de una medida preventiva, a pesar de que el artículo 125 de la Ley del INDEPABIS es contundente al señalar que ello sólo procede como medida sancionatoria” [Corchete de esta Corte].
En virtud de la denuncia planteada, esta Corte a continuación realizará algunas breves consideraciones sobre la garantía al debido proceso, para lo cual pasa a referirse en primer término a lo establecido en el artículo 49 de nuestra Constitución, que dispone:
“Artículo 49.- El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia:
1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley […]”.


En referencia a esta garantía, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 742 de fecha 19 de junio de 2008 (Caso: Sergio Octavio Pérez Moreno), señaló lo siguiente:

“Al respecto, se observa que en forma reiterada esta Sala ha sostenido que el debido proceso previsto en el artículo 49 del Texto Fundamental, dentro del cual se encuentran contenidos -entre otros- el derecho a la defensa (numeral 1), es un derecho aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas, teniendo su fundamento en el principio de igualdad ante la Ley, en función del cual las partes deben tener las mismas oportunidades, tanto en la defensa de sus respectivos derechos como en la producción de las pruebas destinadas a acreditarlos.
Asimismo, se ha precisado que se trata de un derecho complejo que encierra dentro de sí, un conjunto de garantías que se traducen en una diversidad de derechos para el procesado, entre los que figuran, el derecho a acceder a la justicia, a ser oído, a ejercer los recursos legalmente establecidos, a que la decisión sea adoptada por un órgano competente, independiente e imparcial, a obtener una resolución de fondo fundada en derecho, a un proceso sin dilaciones indebidas, a la ejecución de las decisiones, entre otros, que se vienen configurando a través de la jurisprudencia. Todos estos derechos se desprenden de la interpretación de los ocho numerales que consagra el artículo 49 de la Carta Fundamental. (Vid. Sentencia Nro. 1.976 del 5 de diciembre de 2007, caso Rosalba Gil Pacheco contra Contralor General de la República).” [Destacado de esta Corte].

En este sentido, y específicamente sobre el derecho a la defensa, la referida Sala Político Administrativa en sentencia N° 610 de fecha 15 de mayo de 2008 (Caso: Armando Jesús Pichardi Romero), señaló lo siguiente:

“Sobre el particular debe indicarse, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que el derecho a la defensa se concreta a través de diversas manifestaciones, tales como; el derecho a ser oído, a ser notificado del procedimiento, a tener acceso al expediente, a presentar pruebas, a ser informado de los recursos y medios de defensa disponibles frente a los actos dictados por la Administración, entre otras manifestaciones que la jurisprudencia ha desarrollado. Por otra parte, el debido proceso encuentra su expresión en un grupo de garantías procesales, entre las cuales se destaca el acceso a la justicia y a los recursos legalmente establecidos, así como el derecho a un tribunal competente y a la ejecución del procedimiento correspondiente.” [Destacado de esta Corte].

De los fallos anteriormente citados se desprende que el derecho a la defensa implica necesariamente el derecho a actuar en contradictorio, así como la protección del derecho a ser notificado, el derecho a que se oigan y analicen oportunamente los alegatos de cada una de las partes y de que éstas conozcan tanto dichos alegatos como las pruebas aportadas al proceso, o sea, que se les garantice el acceso a las actuaciones del caso. En consecuencia, existiría una violación del derecho a la defensa, y con ello, violación del debido proceso, cuando el sujeto no conoce el procedimiento que puede afectar sus intereses o cuando se le impide de modo real o manifiesto su participación en el mismo, siendo concebida la decisión que le afecta con total o incontestable estado de indefensión.
Se reitera entonces, que la violación del debido proceso y del derecho a la defensa sólo puede ser considerada una vulneración de trascendencia constitucional cuando se ha causado una lesión considerable en la defensa del particular, lo cual ocurriría cuando la infracción ha supuesto una disminución efectiva, real o insoportable dentro la discusión jurídica que se está llevando a cabo en el procedimiento correspondiente, repercutiendo, como es natural, en la resolución de fondo obtenida y distorsionando el sentido mismo de la decisión rendida.
En concatenación con los anteriores criterios, es pertinente referirse al procedimiento contenido el ordinal 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos lo siguiente:
“Artículo 19. Los actos de la administración serán absolutamente nulos en los siguientes casos: (…) 4. Cuando hubieren sido dictados por autoridades manifiestamente incompetentes, o con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido”.


Del texto de la norma ut supra citada, entiende esta Corte que se estará en presencia de la causal de nulidad establecida en el numeral 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, cuando el acto se haya dictado: a) con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido; b) se aplique un procedimiento distinto al legalmente establecido; o, c) con prescindencia de los principios y reglas esenciales para la formación de la voluntad de la Administración Pública o se vulneren fases del procedimiento que constituyan garantías esenciales del administrado.
No obstante, cuando el vicio del procedimiento no produce una disminución efectiva, real y trascendente de las garantías del administrado, sino que representa sólo fallas o irregularidades parciales derivadas del incumplimiento de algún trámite del procedimiento, la jurisprudencia ha considerado que el vicio en dado caso sólo sería sancionable con anulabilidad.
En este contexto, resulta pertinente traer a colación la decisión N°1970 de fecha 17 de diciembre de 2003, emanada de la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (caso: Municipio Libertador del Distrito Federal), en la cual se indicó lo siguiente:
“En este sentido, cabe destacar que la doctrina y la jurisprudencia contenciosa administrativa progresivamente han delineado el contenido y alcance del referido vicio de procedimiento administrativo, al permitir una valoración distinta de éste en atención a la trascendencia de las infracciones del procedimiento. Así, se ha establecido que el acto administrativo adoptado estaría viciado de nulidad absoluta, cuando: a) ocurra la carencia total y absoluta de los trámites procedimentales legalmente establecidos; b) se aplique un procedimiento distinto al previsto por la ley correspondiente, es decir, cuando por una errónea calificación previa del procedimiento a seguir, se desvíe la actuación administrativa del iter procedimental que debía aplicarse de conformidad con el texto legal correspondiente (desviación de procedimiento); o c) cuando se prescinde de los principios y reglas esenciales para la formación de la voluntad administrativa o se transgredan fases del procedimiento que constituyan garantías esenciales del administrado (principio de esencialidad). Pero cuando el vicio de procedimiento no produce una disminución efectiva, real y transcendente de las garantías del administrado, sino que representa sólo fallas o irregularidades parciales, derivadas del incumplimiento de algún trámite del procedimiento, nuestra jurisprudencia ha considerado que el vicio es sancionable con anulabilidad, es decir, nulidad relativa, ya que sólo constituyen vicios que acarrean la nulidad absoluta del acto aquellos que tengan relevancia y provoquen una lesión grave al derecho de defensa, además de los que representen una arbitrariedad procedimental evidente”.

Aunado a lo anterior, dada la trascendencia e imperiosa necesidad de alcanzar la justicia material en todos aquellos supuestos en que se haya configurado un ilícito administrativo, especialmente en lo concerniente a la prestación de un servicio público, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo tuvo la oportunidad de reflexionar sobre el tema en sentencia Nº 380 de fecha 12 de marzo de 2009, (Caso: Auristela Villaroel de Martínez Vs. Instituto Nacional de la Vivienda) considerando lo siguiente:

“[…] Así las cosas, resulta necesario para determinar si se produjo o no la indefensión como consecuencia de la lesión causada al administrado, el análisis de cuáles fueron las concretas condiciones en las que se desarrolló la participación del interesado, es decir, cuál fue el ambiente en que se desenvolvió la trama procedimental y cómo se incorporó en ella la intervención de los sujetos afectados por las actuaciones, y no sujetándose la interdicción de indefensión únicamente al cumplimiento de consideraciones de índole formal, ritualista.
En este mismo orden argumental, es de advertir que en el análisis de la indefensión administrativa adquiere total relevancia, el carácter de “instrumental” de los diferentes trámites y actuaciones procedimentales preordenados a la protección de las facultades de intervención de los interesados. Característica ésta que según lo afirmado por Cierco Seira, ‘(…) con la que quiere significarse, simple y llanamente, que los diferentes actos intermedios del íter administrativo están animados e inspirados por una concreta finalidad procedimental, (…) ligada a la participación y defensa de los interesados, y que por esta razón, debe ser dicha finalidad la que les otorgue su sentido último. Esto supuesto, parece razonable que si la concreta finalidad garantista o defensiva perseguida con un determinado trámite se ha alcanzado por otros mecanismos o medios, aunque no sean, en puridad, los que en abstracto había previsto el legislador, no resulte necesario –ni tampoco útil-declarar la anulación de la resolución impugnada (…)’ (Ob. Cit. Pág. 335.).
En este mismo orden de ideas ha pronunciado el aludido autor ibérico que ‘(…) Incluso el incumplimiento del trámite más esencial de los posibles puede resultar estéril en orden a invalidar la decisión administrativa cuando en el caso concreto la defensa de los interesados no haya sufrido ningún quebranto’ (Ob. Cit. Pág. 338.).

En concordancia con lo antes expuesto, es preciso señalar que el artículo 31 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos preceptúa el principio de unidad del expediente administrativo, según el cual el expediente comprende un todo unitario en el que las diversas partes se interrelacionan y complementan; esta representación holística del expediente administrativo facilita que los vacíos y defectos de las secuencias procedimentales queden subsanados gracias a la existencia de otros actos intermedios que han reemplazado en ese específico procedimiento administrativo la importancia y el fin que debía ocupar el trámite omitido, de forma tal que la indefensión como acertadamente apunta el autor español T.R. Fernández, deberá hacerse desde una “perspectiva dinámica o funcional’ que permita apreciar el procedimiento como un todo y el acto final como la consecuencia de la unificación de trámites y actuaciones de distintas índoles y procedencia en las que los administrados van teniendo oportunidades continuas para manifestar ante la Administración sus puntos de vistas.

Congruentemente con lo antes indicado, es oportuno señalar que el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana impone la obligatoriedad de no sacrificar la justicia por la omisión de formalidades no esenciales, subrayando así la preeminencia que debe dársele a la justicia material en la interpretación del concepto de justicia por encima de la noción de justicia formal. Sobre este particular la Sala Político Administrativo mediante decisión número 02143 de fecha 7 de noviembre de 2000 (Caso: Alí José Venturini Villarroel vs Municipio Aguasay) declaró lo siguiente:

[…Omissis…]
Asimismo, es preciso señalar que en el contencioso administrativo la verificación de un vicio de indefensión podría excluir la posibilidad de resolver el fondo del asunto de la cuestión planteada; tradicionalmente se le ha dado a la forma en el derecho administrativo un valor excluyente, esto es que la apreciación de un vicio de forma relevante pone fin al debate procesal, generando en consecuencia que el fondo del asunto debatido quedase imprejuzgado; de allí que cobre importancia la instrumentalización de la forma, donde lo verdaderamente significativo es la justicia material en la decisión de fondo de las controversias y no la minuciosa sujeción a las formas prescritas, que por su propia esencia no son más que instrumentos de acceso a esa justicia que también puede alcanzarse por otros cauces distintos (Vid Beladiez R., Margarita. Validez y Eficacia de los Actos Administrativos. Edit. Marcial Pons: Madrid (1994); p.110).
Atendiendo a lo anterior, es de suyo considerar que, de admitir la posibilidad de que existiera un error procedimental (el cual en el presente caso no existió por las razones prolijamente desarrolladas en el presente fallo), sería equivalente a dejar impune la actuación contraria a derecho de la querellante en el marco de las funciones que como funcionario público le fueron encomendadas, como consecuencia de incurrir en un formalismo extremo.
En otros términos, como igualmente se indicará infra, anular un acto administrativo por razones estrictamente formales, sin pronunciarse sobre el fondo de los hechos debatidos, involucraría -al menos en el caso de marras- permitir una conducta contraria a los deberes y obligaciones que debe tener todo funcionario público, poniéndose en riesgo el funcionamiento mismo de la Administración Pública.” [Destacado de esta Corte].


De la decisión parcialmente descrita, aprecia esta Corte que el incumplimiento de formalidades no esenciales en el procedimiento administrativo no necesariamente generará a los particulares una violación al derecho a la defensa, ya que el principio de la unidad del expediente administrativo permite que los defectos que se generen sean subsanados por la existencia de actos intermedios, en consecuencia, resultaría poco importante, anular un acto administrativo únicamente por razones formales.
Ahora bien, a los fines de determinar si en el presente caso existió una violación al debido proceso, esta Corte estima necesario referirse al contenido de las actas del expediente administrativo, del cual se desprende que dando cumplimiento a la orden de Inspección y Fiscalización Nro. 011110-19 de fecha 1º de noviembre de 2010 los funcionarios del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) levantaron el acta de inspección Nro. G-022768 contra la sociedad mercantil Siderúrgica del Turbio, S.A. mediante la cual dejaron constancia del incumplimiento de la capacidad productiva de la Planta Antímano de dicha empresa, ya que a través de un recorrido realizado en dicha planta por los mencionados funcionarios se evidenció la ausencia de personal en dicho establecimiento, en consecuencia, se formularon cargos contra la parte actora por la presunta infracción de los numerales 1, 6 y 11 del artículo 111 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, así como de los numerales 1 y 6 del artículo 112 eiusdem, lo cual devino que la Administración Pública dictara una medida preventiva de ocupación y operatividad temporal.
De igual forma, se desprende del expediente judicial (Folio 67) que en fecha 2 de noviembre de 2010 el Instituto recurrido notificó a la parte actora de la Providencia Administrativa dictada, advirtiéndole a ésta que contra dicho acto podía ejercer oposición dentro de los tres días siguientes a que fuese dictada la medida preventiva o contados a partir del momento de su ejecución, ello en atención a lo previsto en el artículo 113 de la Ley in commento, el cual dispone lo siguiente:

“Oposición a la medida preventiva
Artículo 113. Luego de dictada la medida preventiva por la funcionaria o el funcionario competente, éste deberá de manera inmediata, remitir dicha decisión a la Presidenta o Presidente del Instituto, con la finalidad de que una vez realizada la oposición por la persona afectada, la Presidenta o Presidente del Instituto ratifique, modifique o revoque la medida preventiva adoptada.
Si la persona afectada se encontrara presente se entenderá notificada y podrá oponerse a la medida preventiva adoptada dentro de los tres días siguientes, acompañando para ello las pruebas que considere pertinentes.

Cuando la notificación personal del sujeto afectado no fuere posible, se ordenará la publicación del acto en un diario de circulación nacional y, en este caso, se entenderá notificado el sujeto afectado transcurrido el término de cinco días contados a partir de la publicación, circunstancia que se advertirá en forma expresa, luego de los cuales comenzará a transcurrir el lapso para realizar la oposición a la medida.

En caso de oposición se abrirá una articulación probatoria de ocho días. La Presidenta o Presidente del Instituto, deberá resolver la oposición en un plazo no mayor de veinte días hábiles, sin perjuicio de que la funcionaria o el funcionario prorrogue el lapso por igual término cuando lo considere conveniente para practicar las diligencias necesarias en la búsqueda de la verdad”.


Aunado a lo anterior, se evidencia que no solo en la notificación del acto sino también en el acto administrativo emanado del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios se abrió el lapso de tres días para que la sociedad mercantil recurrente se opusiera al mismo, en consecuencia, resulta incoherente el alegato esgrimido por la parte actora respecto a que la Administración Pública no le otorgó el lapso de oposición a la medida preventiva de ocupación y operatividad temporal, ya que del aludido acto se observa que al local comercial se le respetó en todo momento su derecho a la defensa y el debido proceso. Así se decide.
Por otra parte, es importante destacar que la parte actora en su escrito recursivo de nulidad adujo que la Administración Pública ejecutó de manera inmediata la medida citada anteriormente, al respecto es menester para este Órgano Jurisdiccional recalcar que en la audiencia de juicio efectuada en fecha 5 de octubre de 2011 (Folios 277 y 278 del expediente judicial) la representación judicial de Siderúrgica del Turbio, S.A. afirmó que para esa fecha no había sido todavía ejecutada dicha medida, lo cual evidencia para este Órgano Jurisdiccional cuan contradictorio es el alegato esgrimido por la accionante en este aspecto. Así se decide.
2) De la presunta violación a la presunción de inocencia.
Los apoderados judiciales de la parte actora esgrimieron que “[…] el INDEPABIS incurrió en violación flagrante de la presunción de inocencia de SIDETUR, pues a través del Acta de Inspección Nº G-022768 y en la Providencia Administrativa Nº 422, el INDEPABIS, en ningún momento usó expresiones que permitan concluir que su apreciación fue sólo preliminar, sujeta a confirmación, temporal y esencialmente revocable, […]” [Corchetes de esta Corte].
Asimismo, adujeron que “[…] de una simple revisión del Acta de Inspección Nº G-022768 y de la Providencia Administrativa nº 422 se podrá verificar que se hicieron en ella afirmaciones categóricas, definitivas, conclusivas, nunca hipotéticas, provisionales o preliminares, como correspondería a una ‘medida preventiva’ como la que supuestamente se dictó” [Corchete de esta Corte].
Que “[…] la adopción de una medida preventiva en los términos realizados por el INDEPABIS, sin ningún tipo de trámite del procedimiento legalmente establecido, […] constituye una vulneración del derecho a la presunción de inocencia, el cual se encuentra previsto en el artículo 49. 2 de la Constitución” [Corchetes de esta Corte].
En relación a la denuncia planteada, esta Corte observa que el artículo 49, numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que “Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario”, es decir, nuestra Carta Magna garantiza a los ciudadanos la realización de un procedimiento previo para poder atribuirle la culpabilidad sobre algún hecho, en el cual pueda exponer sus alegatos y defensas que considere pertinente para luego de determinada la culpabilidad o no del imputado, pueda ser desvirtuada la presunción de inocencia si fuera el caso.
Así, en virtud del derecho a la presunción de inocencia una persona acusada de una infracción no puede ser considerada culpable hasta que así lo declare una decisión condenatoria precedida de un procedimiento suficiente para procurar su dimanación, sin embargo, el particular no tiene derecho a la declaración de su inocencia, sino el derecho a ser presumido inocente, lo que equivale a que su eventual condena sea precedida por una actividad probatoria suficiente, lo cual implica, que pueda verificarse si ha existido la prueba de lo que racionalmente resulte, o pueda deducirse motivadamente de ella, el hecho o los hechos que desvirtúen la presunción, que el imputado pueda contradecir dichas pruebas, y que además hayan sido legalmente obtenidas.
Sobre la base de las consideraciones anteriores, observa este Órgano Jurisdiccional que el Instituto recurrido levantó una acta de inspección a los fines de verificar la responsabilidad de la parte actora, mediante la cual tal como se dijo en el capítulo anterior el abogado representante del establecimiento mercantil se opuso a los argumentos esgrimidos por la Administración Pública (Folio 54 del expediente judicial).
Asimismo, a pesar de la oposición realizada por el aludido representante judicial, la Presidenta del INDEPABIS dictó una providencia administrativa en cumplimiento de sus atribuciones debidamente conferidas en el numeral 4 del artículo 106 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) mediante la cual decretó la mencionada medida preventiva, en consecuencia, habría que concluir que no existió un prejuicio de culpabilidad desde el inicio del procedimiento incoado contra la Siderúrgica del Turbio, S.A., ya que, en el acta de inspección levantada por los funcionarios públicos, éstos únicamente describieron la situación que en el momento según ellos evidenciaron.
Además, aprecia esta Corte que las actas de inspección son actuaciones preliminares que realizan los distintos órganos y entes administrativos con la finalidad de que todas las situaciones de hecho evidenciadas en sus inspecciones puedan ser subsumidas en determinadas normas jurídicas, ello pues, para la posterior tramitación un procedimiento administrativo.
Es por ello, que luego de una revisión exhaustiva de los folios que rielan en el expediente, no se aprecia la existencia de pruebas que demuestren que la empresa accionante fue responsabilizada desde el momento en que fue inspeccionada y debidamente fiscalizada, de forma tal que no se le trató como culpable de las infracciones imputadas desde el principio de la investigación; en consecuencia, no es posible asumir la transgresión del derecho a la presunción de inocencia como lo denuncia la sociedad accionante. Así se decide.
3) De la presunta inmotivación del acto administrativo dictado.
La representación judicial de la parte recurrente alegó en su escrito recursivo de nulidad la falta de motivación del acto administrativo en virtud de que la Presidenta del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios “[…] como motivos de hecho afirmó, que en la Planta de SIDETUR de Antímano se verificó ‘incumplimiento de la capacidad productiva y ausencia de personal’, y como motivos de Derecho, invocó, al menos en el Acta de Inspección No. G-022768 de 1° de noviembre de 2010, los artículos 111, numerales 1, 6 y 11, y 112, numerales 1 y 6, de la Ley del INDEPABIS, no así en la Providencia Administrativa N° 422, en la que insólitamente sólo se invoca el artículo 112 de dicha Ley, en la que están los tipos de medidas mas no los supuestos de procedencia en los que éstas pueden dictarse, que están previstos en el artículo 111 eiusdem, el cual no es invocado […] [visto] así, podría considerarse que el acto cuya nulidad se pide […] no contiene la información mínima indispensable para concluir que cumple con el requisito de la motivación” [Corchetes de esta Corte].
Con respecto al vicio de inmotivación, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia estableció en sentencia Nº 806 del 9 de julio de 2008 (Caso: HIDROCAPITAL C.A. vs SENIAT) lo siguiente:
“La motivación viene a instituirse como uno de los principios rectores de la actividad administrativa, lo cual permite adecuar su función dentro de los límites que la ley le impone. Tal exigencia consiste, y así lo ha sostenido la jurisprudencia de este Alto Tribunal, en que los actos que la Administración emita deberán expresar, en cada caso, el fundamento expreso de la determinación de los hechos que dan lugar a su decisión, de manera que el contribuyente pueda conocer en forma clara y precisa las razones fácticas y jurídicas que originaron la decisión administrativa, permitiéndole oponer las razones que crea pertinente a fin de ejercer su derecho a la defensa.
Esta Sala ha reiterado que no hay incumplimiento del requisito de la motivación, cuando el acto no contenga dentro del texto que lo concreta, una exposición analítica que exprese los datos o razonamientos en que se funda de manera discriminada, pues un acto administrativo puede considerarse motivado cuando ha sido dictado con base en hechos, datos o cifras concretas y cuando éstos consten efectivamente y de manera explícita en el expediente, considerado en forma íntegra y formado en función del acto de que se trate y de sus antecedentes, siempre que el administrado haya tenido acceso a ellos.
En efecto, sólo cabe el vicio de inmotivación de los actos administrativos y su consiguiente nulidad, cuando dicho acto no contiene, aunque sea resumidamente, los fundamentos legales y los supuestos de hecho que constituyeron los motivos en que se apoyó el órgano administrativo para dictar la decisión, pero no cuando a pesar de la escueta motivación, ciertamente permite conocer la fuente legal, las razones y los hechos apreciados por el funcionario.
De tal manera, que el objetivo de la motivación es, en primer lugar, permitir a los órganos competentes el control de la legalidad del acto emitido y, en segundo lugar, hacer posible a los contribuyentes el ejercicio del derecho a la defensa.” (Resaltado de esta Corte).


En este sentido, el vicio de inmotivación del acto administrativo se configura cuando no contiene, al menos de manera resumida los fundamentos de hecho y de derecho que tomó en cuenta la Administración para dictar su acto. De manera que no es necesario una exposición minuciosa, sino que basta con que se pueda conocer los fundamentos legales y de hecho, esto es, la fuente legal y los hechos apreciados por la Administración, a los fines de que tal acto pueda ser controlado en base al principio de legalidad.
Aunado a lo anterior, observa esta Instancia Sentenciadora que en el acta de inspección N° G-022768 emanada del INDEPABIS la Presidenta de dicho instituto se basó en disposiciones normativas que hacen alusión a la medida preventiva dictada ya que la aludida acta tuvo por fin evitar un daño o perjuicio a un colectivo determinando, lo cual evidencia para esta Corte que en dicha acta se dictó la medida preventiva de ocupación y operatividad en virtud de que estamos en presencia de una actividad comercializadora de cabillas, las cuales son bienes indispensables para la construcción de viviendas, bienes cuya utilización genera una satisfacción de las necesidades colectivas de la población de nuestro país.
En este contexto, resulta pertinente para esta Corte traer a consideración un extracto de la Providencia Administrativa dictada por el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios en fecha 2 de noviembre mediante la cual señaló lo siguiente:
“Que la Sociedad Mercantil SIDERURGICA DEL TURBIO S.A., (SIDETUR) no cumple con la capacidad de producción requerida lesionando los derechos de las personas en acceder a unos bienes que son declarados de Primera Necesidad como lo es las cabillas, por cuanto no distribuyen el producto en forma efectiva, regular y permanente. Según se evidencia a través del Acta de Inspección realizada por funcionarios del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y SERVICIOS; lo que constituye indicio suficiente para que el (INDEPABIS), adopte medida preventiva, en aras de evitar un daño o perjuicio a un colectivo determinado, garantizado así, los derechos y obligaciones previsto en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios”.

Del acto administrativo parcialmente devengado, aprecia esta Corte que la Administración Pública constató que la sociedad mercantil Siderúrgica del Turbio S.A., lesionaba el interés colectivo ya que no distribuía de manera permanente, eficaz y regular las cabillas, es por ello, que en virtud del grave peligro o daño que se estaba efectuando a la sociedad dictó el aludido acto.
Es por ello, que en opinión de quien decide, no se evidencia la falta de motivación del acto administrativo objeto de impugnación debido a que las cabillas son bienes de interés colectivo, es decir, bienes que son fundamentales para el crecimiento de la construcción, en consecuencia, de una revisión exhaustiva de la providencia administrativa dictada por la Administración Pública se aprecia que se hizo alusión a disposiciones normativas relacionadas al interés que se está protegiendo.
En consecuencia, independientemente de que en dicha providencia no se mencionó cada una de las normas jurídicas que fueron determinantes al momento de levantar el acta de inspección y fiscalización, si se señalaron las disposiciones contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la cual es la norma rectora en materia de los intereses colectivos de nuestro país, además de fundamentarse en la inspección realizada por los funcionarios públicos la cual fue indispensable al decretar la medida preventiva de ocupación y prevención.
En consecuencia, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo observa que el acto administrativo contiene los fundamentos de hecho y de derecho que sustentaron la decisión de la Administración, por tanto, se desestima la denuncia interpuesta. Así se decide.
4) Del falso supuesto de hecho alegado.
La representación judicial de la parte recurrente alegó que “[…] estamos en presencia de una apreciación errada y alejada de la realidad, toda vez que [su] representada nunca ha dejado de producir en forma permanente los productos que son considerados de primera necesidad” [Corchetes de esta Corte].
Asimismo, recalcó que “[…] SIDETUR no cerró, ni abandonó, ni restringió la oferta de los bienes que produce, ni se negó a expender dichos bienes, ni aún menos ha obstaculizado el desarrollo normal de cualquiera de las etapas de la cadena de producción, ni omitió realizar alguna actividad necesaria para el desenvolvimiento normal de su proceso, […]” [Corchetes de esta Corte].
Además, adujo que “[…] afirmar, como lo hizo el INDEPABIS, que había poco personal revela el total desconocimiento por parte de los funcionarios de ese ente que acordaron esa medida, sobre cómo [sic] opera un tren de laminación de una industria siderúrgica” [Corchetes de esta Corte].
Que “[…] es falso que los representantes de SIDETUR, durante la inspección del 1° de noviembre de 2010 se hayan negado a presentar a las funcionarias del INDEPABIS los libros y registros de contabilidad, alguna documentación comprobatoria de un asunto por ellas examinado o que no les
hayan proporcionado las informaciones relativas a las operaciones registradas, y que dichas funcionarias se hayan topado con irregularidades que les hayan imposibilitado el conocimiento cierto de las operaciones realizadas en la Planta de Antímano de SIDETUR” [Corchete de esta Corte].
Aunado a lo anterior, señaló que “[…] la única razón por la cual los funcionarios del INDEPABIS pudieron observar ese 1° de noviembre de 2010 supuestamente un bajo número de empleados en las áreas de producción de la Planta Antímano de SIDETUR, se debió a la […] asistencia de la mayor parte de los trabajadores a una asamblea extraordinaria convocada por el Sindicato de Trabajadores ante el anuncio presidencial de expropiación de SIDETUR, […]” [Corchetes de esta Corte].
En virtud de la denuncia planteada, estima esta Instancia Jurisdiccional prudente reproducir el criterio sostenido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en relación al vicio de falso supuesto, por ejemplo, mediante sentencia Nº 307 de fecha 22 de febrero de 2007 (Caso: Rafael Enrique Quijada Hernández), en la cual señaló que:
“[…] esta Sala ha establecido en reiteradas oportunidades que éste se configura de dos maneras: la primera de ellas, cuando la Administración al dictar un acto administrativo, fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o no relacionados con el o los asuntos objeto de decisión, casos en los que se incurre en el vicio de falso supuesto de hecho; el segundo supuesto se presenta cuando los hechos que dan origen a la decisión administrativa existen, se corresponden con lo acontecido y son verdaderos, pero la Administración al dictar el acto los subsume en una norma errónea o inexistente en el universo normativo para fundamentarlo, lo cual incide decisivamente en la esfera de los derechos subjetivos del administrado, en estos casos se está en presencia de un falso supuesto de derecho que acarrearía la anulabilidad del acto”.

Así pues, queda establecido que el vicio de falso supuesto de hecho alude bien sea a la inexistencia de los hechos que motivaron la emisión del acto, a la apreciación errada de las circunstancias presentes, o a una relación errónea entre la Ley y el hecho, que ocurre cuando se aplica la norma a un hecho no regulado por ella o cuando su aplicación se realiza de tal forma al caso concreto, que se arriba a consecuencias jurídicas distintas o contrarias a las perseguidas por el legislador.
De esta forma, se entiende que el falso supuesto de hecho del acto administrativo es aquel vicio en la causa que da lugar a la anulabilidad del mismo, que consiste en la falsedad de los supuestos motivos en que se basó el funcionario que dictó el acto, en la disparidad de los elementos fácticos con respecto a aquellos que debieron servir de fundamento a la decisión o cuando los hechos no fueron tomados en cuenta por la autoridad administrativa.
Resulta evidente entonces, que este vicio, en sus dos manifestaciones, es producto de una errada apreciación de los elementos materiales existentes en el procedimiento administrativo, de manera que de haberse apreciado correctamente los mismo, la decisión habría sido otra.
Ahora bien, a los fines de determinar si en el presente caso existió el vicio de falso supuesto de hecho esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo estima necesario referirse al contenido de las actas del expediente administrativo, del cual se desprende que en el folio 177 del expediente judicial emana la orden de inspección N° 041110-19 mediante la cual los funcionarios del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (INDEPABIS) estuvieron en la empresa Siderúrgica del Turbio S.A., (SIDETUR) evidenciando que no hubo producción de cabillas en fecha 4 de noviembre del año 2010 debido a que presuntamente a la empresa recurrente no le había llegado la materia requerida.
Asimismo, se observa que los funcionarios públicos que levantaron el acta de inspección constataron que la empresa objeto de inspección presentaba deficiencias en la producción de cabillas, ocasionando así, un severo daño a la construcción de nuestro país, lo que implica un perjuicio a la aceleración en materia de construcción de viviendas para el pueblo venezolano debido a que las cabillas son bienes de primera necesidad declarado así por Decreto Presidencial 2.304, publicado en Gaceta Oficial Nº 37.626 de fecha 6 de febrero del año 2003, igualmente, la Administración Pública en dicha acta (Folio 54 del expediente judicial) dejaron constancia de que la parte recurrente no presentó los documentos e informaciones concernientes a las operaciones realizadas por la aludida empresa originando irregularidades en el buen funcionamiento de la sociedad mercantil.
En virtud de lo anterior, la Administración Pública en la aludida acta de inspección levantada dictó la medida preventiva de ocupación y operatividad temporal debido al temor fundado del poco aprovechamiento de los bienes y servicios del establecimiento, ya que los numerales 1º y 6 del Artículo 112 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios establece que la Administración Pública podrá dictar medidas preventivas en los casos de ocupación y operatividad temporal así como todas aquellas que sean necesarias para garantizar el bienestar de la sociedad.
Como corolario de lo anterior, los mencionados funcionarios al realizar la inspección en el establecimiento comercial dejaron constancia de la poca afluencia de empleados, lo cual, la parte actora no presentó ningún elemento probatorio que realmente constatase la ausencia del personal adscrito a la nómina de trabajadores del local comercial.
Ahora bien, de una revisión exhaustiva de la providencia administrativa objeto de impugnación observa esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo que el INDEPABIS al dictar su acto se fundamentó en todos los hechos evidenciados por los funcionarios de dicho ente administrativo al momento de acudir a la Planta Antímano propiedad de SIDETUR, en consecuencia, este Órgano Jurisdiccional aprecia que la Administración Pública apreció los hechos existentes de una manera correcta y considerada los cuales fueron en su debido momento constatados por el instituto, es por ello, que resulta forzoso para esta Instancia Jurisdiccional desechar los alegatos esgrimidos por la representación judicial de la parte actora relacionados al vicio de falso supuesto de hecho. Así se decide.
5) Desviación de poder.
Aprecia esta Corte, que la parte recurrente en su recurso contencioso administrativo de nulidad alegó que es “[…] indudable que la inspección N°. 01111-19, del 1° de noviembre de 2010, fue electo del anuncio de expropiación de SIDETUR por parte del Presidente de la República, es decir, una acción realizada por el INDEPABIS en reacción al anuncio presidencial, a efectos de cumplir con una orden impartida por el Presidente en esa misma ocasión, de proceder a la toma y control inmediato de todas las instalaciones y bienes de las diferentes plantas o bienes cuya expropiación ordenó” [Corchete de esta Corte].
En ese mismo sentido, arguyó que la Guardia Nacional se movilizó de manera inmediata a los establecimientos de SIDETUR a los fines de vigilar las distintas plantas de la sociedad mercantil recurrente, asimismo, señaló que la medida preventiva dictada “[…] cuya nulidad se demanda no era otra que adelantar, a través de un procedimiento que no está previsto en la ley para ello, la toma de posesión con fines de uso, goce y disposición por parte del Ejecutivo Nacional de la Planta de Antímano que se persigue a través de la medida de expropiación anunciada el pasado 31 de octubre de 2010, antes, mucho antes, de que se sustancien y culminen las etapas de las fases administrativa[s] y judicial de la expropiación” [Corchetes de esta Corte].
De la misma manera, adujo que “[…] con esta medida de ‘ocupación y operatividad temporal’, que no tienen límite temporal alguno en la Ley del INDEPABIS, resulta ya, de cara al interés perseguido por el Estado venezolano (poseer con ánimo de dueño la Planta Antímano de SIDETUR), absolutamente innecesaria la tramitación del procedimiento de expropiación […] [en consecuencia] estamos ante el vicio de desviación de poder, […]” [Corchetes de esta Corte].
Vista la denuncia planteada por el apoderado judicial de la parte recurrente, este Órgano Jurisdiccional debe aclarar que el vicio de desviación de poder se manifiesta cuando el funcionario, actuando dentro en el espectro de su competencia legal, dicta un acto para un fin distinto al previsto por el legislador; es esta última característica, vinculada a la finalidad perseguida por el acto, la que convierte a la desviación de poder en un vicio que debe necesariamente alegado y probado suficientemente por la parte, sin que pueda su inactividad ser subsanada por el juzgador.
Así, se entiende que la Administración incurre en el vicio de desviación de poder cuando actúa dentro de su competencia, pero dicta un acto que no es cónsono con el fin último de la norma, correspondiendo al accionante probar que el acto recurrido, como ya ha sido señalado, persigue una finalidad diferente a la prevista en la Ley.
Lo anterior implica que deben darse dos supuestos para que se configure el vicio de desviación de poder, a saber: 1) Que el funcionario que dicta el acto administrativo tenga atribución legal de competencia; y 2) Que el acto haya sido dictado con un fin distinto al previsto por el legislador.
En esa misma línea argumentativa, este Órgano Jurisdiccional ha analizado en diversas ocasiones el vicio de desviación de poder, señalando lo siguiente:
“En principio, cabe afirmar que efectivamente uno de los elementos sustanciales del acto administrativo lo constituye el fin o la finalidad que persigue la Administración; de allí que el fin sea siempre un elemento reglado, aun en los casos en los cuales exista manifestación del poder discrecional, razón por la cual la Administración se encuentra, siempre, obligada a adecuar la providencia adoptada al fin previsto en la norma. Con base a lo anterior, se configura la desviación de poder cuando el autor del acto administrativo, en ejercicio de una potestad conferida por la norma legal, se aparta del espíritu y propósito de ésta, persiguiendo con su actuación una finalidad distinta de la contemplada en el dispositivo legal” [Véase sentencia Nº 2130 de fecha 4 de julio de 2006 (Caso: Hercilia Esperanza Astudillo Martínez Vs. Ministerio de Salud y Desarrollo Social)].

De lo anterior se colige que el vicio de desviación de poder se presenta cuando en la elaboración de un acto administrativo un órgano del Estado, actuando en ejercicio y dentro de los límites de su competencia, cumpliendo las formalidades de procedimiento y sin incurrir en violación de alguna norma jurídica, utiliza sus poderes y atribuciones con el propósito de buscar una finalidad contraria a los intereses públicos en general o los específicos y concretos, que el legislador justamente reguló para la respectiva competencia.
Ello así, este Órgano Jurisdiccional debe concluir que para probar el vicio alegado se requiere de una investigación profunda basada en hechos concretos, reveladores de las verdaderas intenciones que dieron lugar al acto administrativo dictado de manera que, no basta la simple manifestación sobre la supuesta desviación de poder, razón por la cual debe analizarse detenidamente la situación fáctica objeto de juicio.
Ahora bien, aprecia esta Corte que el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) fiscalizó la sociedad mercantil Siderúrgica del Turbio S.A. (SIDETUR) evidenciando la violación de las normas jurídicas ut supra señaladas, las cuales conceden a los funcionarios públicos autorizados por el mencionado instituto plenas y amplias facultades no solo de verificación y fiscalización de los deberes impuestos en la aludida Ley sino también ejecutar medidas preventivas en aquellos supuestos en los que el requerido haya incumplido con determinadas obligaciones estipuladas en el citado texto normativo.
Aunado a ello, observa esta Instancia Jurisdiccional que lo alegado por la parte actora sobre que el ciudadano Presidente de la República en su programa de televisión de fecha 31 de octubre del año 2010 se pronunció acerca de la expropiación de la aludida empresa, no guarda relación alguna con el procedimiento administrativo que dio origen al acto administrativo impugnado, por ello, no constituye una manifestación del vicio de desviación de poder. Así se decide.
Ahora bien, en cuanto a la movilización de los efectivos de la Guardia Nacional a los distintos establecimientos de la parte actora, esta Corte sólo evidencia que actuaban en protección y resguardo del interés colectivo que trasciende la actividad realizada por esos locales comerciales, ya que, la comercialización de bienes son de tal importancia para la sociedad que requieren la vigilancia de estos efectivos de seguridad ciudadana, en consecuencia, se desestima la denuncia relacionada a la supuesta desviación de poder incurrida por los funcionarios actuantes en la inspección realizada. Así se decide.
6. De la presunta usurpación de funciones.
La representación judicial de la parte actora señaló que la Providencia Administrativa objeto de impugnación “[…] habilitó a una serie de personas, que fungirán como representantes del INDEPABIS y del Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería, a que tomen posesión y se encarguen de administrar y disponer de los bienes propiedad de SIDETUR ubicados en su Planta de Antímano, en ejecución de la ‘medida preventiva’ acordada” [Corchetes de esta Corte].
Asimismo, adujo que “[…] la Ley del INDEPABIS no habilita en ninguno de sus artículos, en especial, en ninguno de los numerales de su artículo 112, al INDEPABIS a proceder a la designación de Juntas Administradoras o Interventoras de entidades privadas sujetas a su supervisión e inspección” [Corchete de esta Corte].
Que “[…] el INDEPABIS, no obstante carecer de competencia para ello por estarle tal potestad atribuida únicamente al Poder Judicial, incluso en casos de expropiaciones, como consta en la ‘medida preventiva’ cuya nulidad se pide, acordó designar una Junta Administradora para que, sin control judicial previo de ninguna clase, esa instancia no acompañe sino que sustituya plenamente a la gerencia de la Planta Antímano de SIDETUR […] [en consecuencia, el INDEPABIS incurre en la usurpación de funciones]” [Corchetes de esta Corte].
Vista la denuncia planteada, esta Corte estima necesario señalar que la competencia es la medida de la potestad atribuida por la Ley a cada órgano, de modo, que no habrá competencia ni, desde luego, actuación administrativa válida, si no hay previamente el señalamiento, por norma legal expresa, de la atribución que se reconoce al órgano y de los límites que la condicionan. En este mismo orden de ideas, si hay inexistencia o falseamiento de los presupuestos fácticos, el órgano no podrá ejercitar el poder que el ordenamiento le ha atribuido y la actuación que cumpla estará viciada de ilegalidad y de nulidad absoluta, acorde con la previsión contenida en el citado numeral 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, declara en su artículo 136 que cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias. Por su parte el artículo 137 determina que la Constitución y la Ley definirán las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realice el Estado. Al respecto, debe destacarse igualmente que el artículo 141 eiusdem proclama que la Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas, y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho (principio de legalidad).
Las normas anteriormente mencionadas contienen los principios fundamentales en que se fundamenta el ejercicio del poder público, siendo el más importante de todos ellos, el que consagra el pleno y absoluto sometimiento de la Administración a la ley y al derecho. De esta manera, los órganos recipiendarios del Poder Público, sea cual fuere su naturaleza, no pueden actuar sino dentro de los límites fijados por el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, toda actuación que trascienda el bloque de la legalidad, es contraria a derecho, y debe ser corregida por los mecanismos ideados por el propio ordenamiento jurídico.
Asimismo, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 00539 de fecha 1° de junio de 2004, caso: Rafael Celestino Rangel Vargas, señaló que dicho vicio podía configurarse básicamente como resultado de tres tipos de irregularidades: por usurpación de autoridad, por usurpación de funciones y por extralimitación de funciones. En tal sentido, se indicó:
“La competencia le confiere a la autoridad administrativa la facultad para dictar un acto para el cual está legalmente autorizada y ésta debe ser expresa, por lo que sólo en los casos de incompetencia manifiesta, los actos administrativos estarían viciados de nulidad absoluta.
En cuanto al vicio de incompetencia, tanto la doctrina como la jurisprudencia de esta Sala, han distinguido básicamente tres tipos de irregularidades: la llamada usurpación de autoridad, la usurpación de funciones y la extralimitación de funciones.
La usurpación de autoridad ocurre cuando un acto es dictado por quien carece en absoluto de investidura pública. Este vicio se encuentra sancionado con la nulidad absoluta del acto. Por su parte, la usurpación de funciones se constata, cuando una autoridad legítima dicta un acto invadiendo la esfera de competencia de un órgano perteneciente a otra rama del Poder Público violentando de ese modo las disposiciones contenidas en los artículos 136 y 137 de la Constitución de la República, en virtud de los cuales se consagra, por una parte, el principio de separación de poderes según el cual cada rama del Poder Público tiene sus funciones propias, y se establece, por otra, que sólo la Constitución y la ley definen las atribuciones del Poder Público y a estas normas debe sujetarse su ejercicio.
Finalmente, la extralimitación de funciones consiste fundamentalmente en la realización por parte de la autoridad administrativa de un acto para el cual no tiene competencia expresa”

En atención al caso sub examine, esta Corte observa que el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios es un Instituto adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Comercio que tiene como finalidad garantizar a todas las personas el acceso a los bienes y servicios mediante la defensa y protección de los derechos individuales o grupales y la gestión transparente de protección de sus derechos divulgando los contenidos de la Ley, los derechos económicos de las personas, con el objeto de generar la transformación cultural, propiciando la mayor suma de justicia social de acuerdo al sistema socio-económico descrito en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Asimismo, dicho Instituto tiene como objeto luchar por el implemento y fortalecimiento de estrategias orientadas a la transformación institucional en aras de crear, mejorar, modernizar y optimizar una capacidad de gestión pública.
Ahora bien, aprecia esta Corte que tal como se dijo en el capítulo anterior el aludido Instituto tiene amplias facultades otorgadas por mandato constitucional para dictar y ejecutar medidas preventivas en virtud de fundarse en un daño o peligro inmediato de la labor que efectúe el establecimiento comercial, es por ello, que en aras de buscar la justicia, la calidad de servicio, y la protección a todos los usuarios y consumidores pueden efectuar dichas medidas.
Así pues, es menester para esta Instancia Sentenciadora traer a consideración lo establecido por el artículo 102 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios, el cual reza lo siguiente:
“De las competencias del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.

Artículo 102. Son competencias del Instituto para la Defensa de las Personas en el acceso a los Bienes y Servicios:
1. Ejecutar los procedimientos de verificación, inspección, fiscalización y determinación, para constatar el cumplimiento o incumplimiento de la normativa prevista en la presente Ley, por parte de los sujetos obligados.
2. Practicar las supervisiones que considere necesarias, a los sujetos obligados al cumplimiento de la normativa prevista en la presente Ley.
3. Sustanciar, tramitar y decidir los procedimientos iniciados de oficio, por denuncia o por solicitud de parte, de conformidad con su competencia para determinar la comisión de hechos violatorios de la presente Ley o de las disposiciones dictadas en su ejecución y aplicar las sanciones administrativas que correspondan, así como las medidas correctivas y preventivas.
4. Coordinar con la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras o la Superintendencia de Seguros, según sea el caso, las acciones tendentes a hacer efectiva la defensa de los ahorristas, asegurados y usuarios de servicios prestados por la banca, las entidades de ahorro y préstamo, las empresas operadoras de tarjetas de crédito, los fondos de activos líquidos y otros entes financieros.
5. Exigir a los sujetos obligados conforme a la presente Ley, o a terceros relacionados con éstos, la exhibición de documentos necesarios para la determinación de la veracidad de los hechos o circunstancias objeto de inspección o fiscalización.
6. Proponer, aplicar y divulgar las normas en materia de la defensa de los derechos de las personas en el acceso a los bienes y servicios.
7. Fundamentar sus actuaciones en los hechos que conozca con motivo del ejercicio de las facultades previstas en la presente Ley o que consten en los expedientes, documentos o registros que lleven o tengan en su poder y los de cualquier otra autoridad pública.
8. Actuar como órgano auxiliar y de apoyo en las investigaciones penales del Ministerio Público y de los tribunales penales competentes sobre los hechos que estén tipificados como delitos conforme a la presente Ley, en el Código Penal y en otras leyes.
9. Establecer centros de información y atención al público en terminales de transporte aéreo, terrestres y marítimos”.


De la norma transcrita, se aprecia que el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios es el órgano de la Administración Pública encargado de fiscalizar e inspeccionar todos aquellos establecimientos comerciales que tienen por finalidad la comercialización de bienes y la prestación de servicios, así como llevar a cabo los procedimientos administrativos en contra de los proveedores que hayan ejecutado determinados ilícitos administrativos.
En virtud de lo anterior, es que resulta incoherente para esta Instancia Sentenciadora el alegato esgrimido por la parte recurrente relacionado a la usurpación de funciones supuestamente incurrido por el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios ya que éste de conformidad con el artículo 111 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios expresamente señala que “las funcionarias o los funcionarios autorizados del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, dispondrán de amplias facultades para proceder a dictar y ejecutar las medidas preventivas”, en consecuencia, es evidente para este Órgano Jurisdiccional que los funcionarios públicos están plenamente habilitados para dictar las medidas preventivas que consideren pertinentes para el caso correspondiente. Así se decide.
Resuelto lo anterior, comporta igual relevancia para este Órgano Jurisdiccional traer a colación lo establecido en el artículo 112 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, el cual reza lo siguiente:
Artículo 112. Las medidas preventivas que podrán ser dictadas conforme al artículo anterior son las siguientes:

1. Ocupación y operatividad temporal, la cual se materializará mediante la posesión inmediata, puesta en operatividad, administración y el aprovechamiento del establecimiento local, bienes y servicios por parte del órgano o ente competente del Ejecutivo Nacional, a objeto de garantizar la disposición de dichos bienes y servicios por parte de la colectividad. El órgano o ente ocupante procederá a realizar el inventario del activo, y ejecutará las acciones necesarias a objeto de procurar la continuidad de la prestación del servicio o de las fases de la cadena de producción y distribución del consumo que corresponda.
2. Tomar posesión de los bienes y utilización de sus respectivos medios de transporte. En aquellos casos que se trate de bienes de primera necesidad el Instituto podrá poner los mismos a disposición de las personas, a través de los mecanismos que se consideren pertinentes.
3. Tomar posesión de los bienes y de los medios de transporte con los que se suponga fundadamente que se ha cometido cualquiera de los supuestos de ilícitos administrativos, previstos en los artículos 65, 66, 67, 68 y 69 de la presente Ley, previo el levantamiento del acta en la cual se especifiquen dichos bienes. En aquellos casos que se trate de bienes, el Instituto podrá poner los mismos a disposición de las personas, a través del comiso inmediato de los bienes u otros mecanismos que se considere pertinentes.
4. Cierre temporal del establecimiento o local, con la finalidad que el presunto infractor subsane los supuestos que motivaron la aplicación de la medida. El lapso fijado podrá extenderse en caso de incumplirse o irrespetarse la medida preventiva.
5. La retención preventiva del medio de transporte cuando existan suficientes elementos de la presunta comisión del delito de contrabando de extracción. El funcionario deberá poner a la orden del Ministerio Público o a la orden de los organismos de seguridad del Estado, al conductor, propietario o cualquier otra persona relacionada con el ilícito, así como el respectivo medio de transporte.
6. Todas aquéllas que sean necesarias para garantizar el bienestar colectivo de manera efectiva, oportuna e inmediata.
Durante la vigencia de cualquiera de las medidas, los trabajadores seguirán recibiendo el pago de salarios y los derechos inherentes a la relación laboral y la seguridad social.
La medida preventiva adoptada surtirá efectos de manera inmediata, aún sin la presencia de la persona afectada.


De la disposición normativa transcrita, se colige las clases de medidas preventivas que pueden dictar los funcionarios autorizados del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios cuando tengan el temor fundado de que exista un peligro o daño a la satisfacción de las necesidades colectivas y al servicio de calidad de manera eficaz y oportuna, especialmente aquellos que tenga una evidente relación al derecho a la vivienda, a la salud y la vida.
Aunado a lo anterior, es importante destacar que el acto administrativo objeto de impugnación señaló que la ejecución de la medida proferida por la Administración Pública “queda a cargo de la Junta Administradora, conformada por representantes del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) y del Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería”, esto en virtud, de los intereses de un colectivo que se encuentran en evidente perjuicio, ya que la actividad a la que se dedica la sociedad mercantil Siderúrgica del Turbio S.A impacta de manera contundente en las áreas estratégicas prioritarias del país, es por ello, que entiende esta Corte que con el amplio poder que le otorga la Ley in commento a la Administración Pública, pueden éstos crear dicha Junta a los fines que se realice de forma eficaz, eficiente, efectiva y pertinente la comercialización de cabillas en el país.
Asimismo, si bien es cierto que dicha Junta estaría no solo formada por funcionarios del INDEPABIS sino también del Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería, esto se debe a que éste es el órgano de la Administración Pública encargado de implementar políticas públicas en los sectores mineros, forestal y de industrias básicas en el país.
En consecuencia, el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios está habilitado para actuar en casos como el de autos, es por ello, que se desecha la denuncia esgrimida por la parte actora relacionada con la presunta usurpación de funciones incurrida por el Instituto señalado anteriormente. Así se decide.
7. De la presunta violación de los derechos económicos.
La parte actora en su escrito recursivo de nulidad alegó que la medida preventiva emanada del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios generó “[…] limitaciones legítimas al ejercicio de los derechos a la libertad de empresa y a la propiedad privada, […] [debido a que origina daños y perjuicios] al patrimonio de SIDETUR, al tiempo que puede terminar generando lesiones a otros derechos constitucionales de la misma jerarquía que la libertad de empresa y la propiedad privada, como son los derechos de los trabajadores de la Planta y los derechos como consumidores de los bienes que producen en ella, por interrupciones o alteraciones en el proceso productivo de los mismos” [Corchetes de esta Corte].
Visto los argumentos esbozados por la parte actora, esta Corte considera oportuno traer a colación el artículo 115 de nuestra Constitución, el cual consagra la libertad económica en los siguientes términos:
“Artículo 115.
Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.” [Destacado y subrayado de esta Corte].

De la anterior norma constitucional se colige que el derecho a la libertad económica, si bien es considerado un derecho fundamental, no es de carácter absoluto, ello debido a que el mismo puede ser objeto de diversas limitaciones y restricciones que persiguen la protección de otros derechos y garantías existentes en nuestro ordenamiento jurídico.
El alcance y limitación del referido derecho ha sido objeto de desarrollo por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, mediante sentencia Nº 462 de fecha 6 de abril de 2001 [Caso: Manuel Quevedo Fernández (GN)], en la cual hizo las siguientes consideraciones:
“Tal como puede inferirse del texto citado, el núcleo del derecho de propiedad está configurado, no sólo por lo que subsiste de la noción individualista que hizo fortuna a la sombra del Estado Liberal, la cual consideraba al derecho de propiedad desde una noción abstracta como mero ámbito subjetivo de libre disposición o señorío sobre el objeto del dominio reservado a su titular, sometido únicamente en su ejercicio a las limitaciones generales que las leyes impongan para salvaguardar los legítimos derechos o intereses de terceros o del interés general. Por el contrario, la Constitución reconoce un derecho de propiedad privada que se configura y protege, ciertamente, como un haz de facultades individuales sobre las cosas, pero también, y al mismo tiempo, como un conjunto de deberes y obligaciones establecidos, de acuerdo con las leyes, en atención a valores o intereses de la colectividad, es decir, a la finalidad o utilidad social que cada categoría de bienes objeto de dominio esté llamada a cumplir.
Esta noción integral del derecho de propiedad es la que está recogida en nuestra Constitución, por lo que los actos, actuaciones u omisiones denunciados como lesivos del mismo, serían aquellos que comporten un desconocimiento de la propiedad como hecho social, a lo que se puede asimilar situaciones que anulen el derecho sin que preexista ley alguna que lo autorice.
En el caso que ocupa a esta Sala, debe tenerse en cuenta que, en el ejercicio de las potestades que el ordenamiento jurídico le fija a la Administración Aduanera, ésta se encuentra frecuentemente obligada a incidir sobre alguno de los atributos que conforman la propiedad; pero no cabe dudas acerca de la utilidad social que tal actividad conlleva, así como del celo que dichos órganos deben desplegar en el ejercicio de tales potestades.” [Destacado de esta Corte].


Queda evidenciado entonces, que el ejercicio de los derechos económicos, como lo es el derecho a la propiedad privada, es susceptible de ser limitado por disposiciones de rango legal que a su vez persigan la satisfacción de otros derechos constitucionales, o por aquellas que sean dictadas por el legislador con el fin de determinar la forma específica en la que debe ejercerse dicho derecho en un determinado contexto, ello, siempre y cuando las disposiciones restrictivas no se tornen excesivas, pues es allí cuando se manifiesta la lesión al derecho constitucional mencionado.
Asimismo, el artículo 112 de nuestra Carta Magna consagra la libertad económica en los siguientes términos:
“Artículo 112: Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país.” [Destacado y subrayado de esta Corte].


De acuerdo a la norma anteriormente transcrita, aprecia esta Corte que el ejercicio de los derechos económicos es susceptible de ser limitado por disposiciones de rango legal que a su vez persigan la satisfacción de otros derechos constitucionales, o por aquellas que sean dictadas por el legislador con el fin de determinar la forma específica en la que debe ejercerse dicho derecho en un determinado contexto, ello, siempre y cuando las disposiciones restrictivas no se tornen excesivas, pues es allí cuando se manifiesta la lesión al derecho constitucional mencionado.
Así, puede concluirse que el catálogo de derechos constitucionales económicos forma parte de la categoría de los llamados derechos relativos, es decir, aquellos cuya libertad de ejercicio no es absoluta por cuanto los Poderes Públicos están constitucionalmente habilitados para limitarlo “[…] por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social […] en consecuencia, toda limitación que esté expresamente estipulada legalmente no constituye una violación del ejercicio de esa libertad.” [Véase sentencia de esta Corte Nº 286 dictada en fecha 7 de marzo de 2007 (Caso: Hotel & Resort Ciudad Flamingo C.A. Vs. Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles)].
Dentro de este orden de ideas, es menester destacar que en casos como el que cursa en autos, la labor de fiscalización que realiza la Administración requiere de consideraciones especiales para su análisis, ello en virtud del artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales rezan lo siguiente:
“Artículo 82: Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos.
El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas, y especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas”.


De las normas anteriormente transcritas, se colige que todas las personas tienen el derecho humano fundamental a una vivienda digna lo cual implica que cuente con todas las comodidades necesarias a los fines de que cada día mejore la vida del ciudadano y las relaciones humanos entre sí, es por ello, que el Estado como garante de los derechos humanos tiene el deber de llevar a cabo distintas políticas públicas que satisfagan los derechos de toda la colectividad.
Expuesto lo anterior, evidencia esta Corte que la sociedad mercantil propiedad de la parte actora realiza la comercialización de cabillas el cual es un producto declarado como bien de primera necesidad mediante el Decreto Presidencial antes aludido, esto en virtud, del control cambiario en el que se encuentra sujeto nuestro país, el cual, en prevención de alzas de precios que pueda originarse de este producto debido a que su consumo es masivo y primordial para el sector constructivo de la Nación.
Es por ello, que si bien es cierto el Estado venezolano otorga a los particulares la potestad de ejercer actividades económicas que implican la comercialización de bienes que hayan sido declarados de primera necesidad, no es menos cierto que existe una fuerte regulación de dichos productos debido al interés colectivo que existe detrás de esos bienes, es por esto, que las propiedades privadas que lleven a cabo estas actividades se encuentran limitadas ya que son materiales que generan amplias satisfacciones de las necesidades de la población en general.
En consecuencia, esta Corte no aprecia que algún momento se le haya violado a la recurrente el derecho a la propiedad privada y a la libre empresa, ya que ésta viene desempeñándose en el mercado de la industria constructora de nuestro país por muchos años, es decir, se le ha permitido a sus propietarios ejercer de una manera amplia dicha actividad, es por ello, que el Estado para lograr el derecho fundamental de la vivienda actúa en determinados casos al observar que el particular no está ejerciendo de una manera eficaz la comercialización correspondiente.
Así pues, al momento de ejecutar sus actividades económicas, la parte actora no sólo debe tener en cuenta el fin lucrativo que persigue a través de su planificación comercial, sino también las ramificaciones de carácter social inherentes a la explotación de rubros concernientes a la construcción.
El trato especial antes referido, emana directamente de la clausula constitucional del Estado Social de Derecho y de Justicia, a un cambio en el paradigma bajo el cual los particulares actúan, ya que los mismos ajustarse a las necesidades sociales, so pena de ser consideradas contrarias al bienestar general y con ello a la Constitución.
En suma de lo anterior, vale citar lo explicado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 1049 del 23 julio de 2009, donde señaló que:
“Hoy por hoy las relaciones de cualquier naturaleza en las que sea necesario establecer un equilibrio entre las posiciones de los que en ellas intervengan, podrán contar con la intervención del Estado, sea a través de su aparato judicial, legislativo o administrativo. El Estado Social es un Estado global, pues en él ‘ya no se trata sólo, como en el pasado, de adoptar medidas concretas y aisladas para remediar la pobreza del proletariado (la llamada ‘política social’) o para corregir algunas desviaciones del sistema económico’; de lo que se trata bajo este modelo es de ‘dirigir la marcha entera de la sociedad, y aun de modificar su estructura misma para hacerla más justa y para extender el bienestar a toda la población’, como lo describe Santamaría Pastor (Cfr: Op. cit., pág. 70). Como Estado global, debe atender a los objetivos de igualdad, equilibrio, justicia, promoción y protección de los derechos fundamentales, de todos, tanto los de libertad, que han devenido en sociales gracias a su influjo, y de los sociales propiamente dichos […]” [Destacado y subrayado de esta Corte].


Queda evidenciado entonces, que en la medida en que los actores privados ejerzan sus actividades económicas con prescindencia de las consideraciones de carácter social que esta pueda implicar, sus intereses serán susceptibles de ser afectados por la fiscalización del Estado, que actúa en tutela de los intereses generales desconocidos.
En consecuencia, esta Corte aprecia que en el presente caso la limitación al derecho de la propiedad y libertad económica se atuvo a los lineamientos constitucionales y a las disposiciones de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, es por ello, que resulta forzoso para esta Corte desechar la presente denuncia. Así se decide.
8. De la desproporcionalidad del acto dictado por el INDEPABIS.
Alegó la parte recurrente que la Administración Pública al momento de dictar la medida preventiva de ocupación y operatividad temporal “[…] no respetó la debida concordancia entre el supuesto de hecho que dio lugar al acto administrativo y la finalidad de la norma, motivo por el cual puede alcanzar equilibrio alguno en el cumplimiento de los fines de la Administración Pública y, en este caso, el interés público a tutelar, a saber, los derechos e intereses que protege la Ley del INDEPABIS” [Corchetes de esta Corte].
De la misma manera, adujo que dada la inspección “[…] y las supuestas ilegalidades detectadas tuvieron lugar en una Planta muy concreta, la de Antímano, y no en el resto de las Plantas de SIDETUR, y dado que el artículo 112 de la Ley del INDEPABIS habla en todos sus numerales de ‘establecimiento’ o ‘local’, y no de empresa o sociedad mercantil, lo proporcional, lo ajustado a los motivos del hecho del caso concreto y al supuesto de hecho abstracto del numeral 1º del artículo 112 de la referida ley, es que la ‘medida preventiva’ cuya nulidad se demanda se limitase a acordar la ocupación temporal y operatividad de la Planta Antímano de SIDETUR, y no de […] las restantes Plantas, o peor aún, de la totalidad de la sociedad mercantil” [Corchetes de esta Corte].
Vistos los argumentos expuestos, estima pertinente esta Corte realizar las siguientes consideraciones relativas la proporcionalidad de los actos administrativos.
Establece el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos lo siguiente:
Artículo 12. Aun cuando una disposición legal o reglamentaria deje alguna medida o providencia a juicio de la autoridad competente, dicha medida o providencia deberá mantener la debida proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho y con los fines de la norma, y cumplir los trámites, requisitos y formalidades necesarios para su validez y eficacia.


Del texto citado, observa este Órgano Jurisdiccional que todos los actos administrativos emanados de los distintos órganos y entes que forman parte de la Administración Pública deberán ser proporcionales al supuesto de hecho y a los fines de las normas jurídicas, para generar así, su plena validez y eficacia.
Expuesto lo anterior y revisadas las actas procesales del expediente judicial, evidencia esta Instancia Sentenciadora que consta en el folio 54 el Acta de Inspección G-022768 levantada por los funcionarios públicos pertenecientes al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) mediante la cual, tal como se dijo en líneas anteriores, se constató la falta de capacidad productiva por el establecimiento comercial Siderúrgica del Turbio Planta Antímano.
Así pues, es menester para este Órgano Jurisdiccional traer a consideración lo establecido en el numeral 1º del artículo 112 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, el cual reza lo siguiente:
“Artículo 112. Las medidas preventivas que podrán ser dictadas conforme al artículo anterior son las siguientes:

1. Ocupación y operatividad temporal, la cual se materializará mediante la posesión inmediata, puesta en operatividad, administración y el aprovechamiento del establecimiento local, bienes y servicios por parte del órgano o ente competente del Ejecutivo Nacional, a objeto de garantizar la disposición de dichos bienes y servicios por parte de la colectividad. El órgano o ente ocupante procederá a realizar el inventario del activo, y ejecutará las acciones necesarias a objeto de procurar la continuidad de la prestación del servicio o de las fases de la cadena de producción y distribución del consumo que corresponda”.

De la norma parcialmente devengada, se aprecia que la Administración Pública tiene la facultad de dictar como medida preventiva la ocupación y operatividad temporal a los fines de que se garantice la comercialización de los bienes y la prestación de servicios a la colectividad.
Así pues, evidencia esta Corte que si bien es cierto, en dicha disposición normativa no se menciona en ningún momento términos tales como sociedad mercantil o empresa, no puede olvidar la parte recurrente que en la aludida norma jurídica solo establece las distintas modalidades de medidas preventivas que pueden ser aplicadas por la Administración Pública, ya que esa disposición deriva del artículo 111 de la aludida Ley, el cual es el texto legal rector de los supuestos en los que procede una medida preventiva.
Asimismo, aprecia esta Instancia Jurisdiccional, que cuando una industria funciona en el mercado nacional, lo hace de una manera general, es decir, se refiere a una persona jurídica que independientemente tenga distintos módulos o plantas, es un solo ente ya que es un solo registro y es una sola representación, es decir, es la misma entidad la que ejerce la actividad económica, y simplemente, tiene varias sucursales que dan cabida en el país, es por ello, que la sociedad mercantil en general, es la que tiene responsabilidad administrativa por cualquier infracción en la que incurra cualquiera de sus dependencias, en consecuencia, esta Corte no observa la desproporcionalidad que supuestamente existe en la Providencia Administrativa dictada por el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (INDEPABIS). Así se decide.
Hechas las consideraciones anteriores, es que resulta forzoso para esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declarar sin lugar el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad ejercido por la sociedad mercantil Siderúrgica del Turbio, S.A. contra el acto administrativo dictado por el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS).
IV
DECISIÓN
Por las razones expuestas esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los abogados Desmond Dillon Mcloughlin, Marianella Villegas Salazar, María Fernanda Pulido, María Daniela Rivero y Carlos Rodríguez Estanga, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil SIDERÚRGICA DEL TURBIO, S.A. contra la Providencia Administrativa Nº 422 emanada del INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS), dictada en fecha 2 de noviembre de 2010, mediante la cual se acordó la medida preventiva de Ocupación y Operatividad Temporal.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los veintiséis (26) días del mes de enero de dos mil doce (2012). Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación.

El Presidente,


EMILIO RAMOS GONZÁLEZ

El Vicepresidente,


ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA

El Juez,


ALEJANDRO SOTO VILLASMIL
Ponente



La Secretaria Accidental


CARMEN CECILIA VANEGAS


Exp. Nº AP42-G-2011-000049
ASV/4




En fecha __________ ( ) de ___________ de dos mil doce (2012), siendo la (s) _______ de la ______________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° 2012-___________.
La Secretaria Acc.